Colombia
La derecha colombiana intensifica su campaña sucia contra Cepeda para evitar su triunfo en la primera vuelta

En las elecciones presidenciales del 31 de mayo se disputa la continuidad del proyecto de transformación social progresista impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. El candidato del Pacto Histórico (PH), Iván Cepeda, es un reconocido intelectual y político de izquierda que ha destacado en su trayectoria profesional por la defensa de los derechos humanos. Y las elecciones se presentan como una reválida de los logros del Gobierno de Petro, y el inicio de un segundo período progresista. Con la ayuda del tirón popular del presidente, el PH espera vencer en primera vuelta.

Cepeda lleva la delantera en casi todas las encuestas, desde las primeras que se realizaron tras el anuncio de su candidatura. Esta se presentó a solicitud de las organizaciones populares que lo apoyan, en particular de los defensores de las víctimas de la violencia, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organismo del que Cepeda fue cofundador en 2005 junto a un amplio espectro de organizaciones de base.

Hay pocas diferencias entre los candidatos de la derecha (Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella), ya que el giro securitario es el principal ‘leit motiv’ de ambas propuestas

Los principales opositores que enfrenta el candidato del PH son la dirigente del Centro Democrático (CD), Paloma Valencia, derechista por linaje familiar y político, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, fundador del movimiento neorreacionario Defensores de la Patria, que aspira a gobernar Colombia con “mano de hierro” y devolver el poder a los grandes hacendados. En este aspecto, hay pocas diferencias entre ambos candidatos de la derecha, ya que el giro securitario es el principal leit motiv de ambas propuestas.

El programa político de Iván Cepeda está a la vista de todos. Consiste principalmente en arraigar y profundizar los avances socio-económicos y los diálogos de paz con organizaciones ilegales que ha desplegado el gobierno de Gustavo Petro, con algunos reajustes de implementación.

En cambio, sus opositores, desde Paloma Valencia hasta Abelardo de la Espriella, no tienen otro programa que el de desandar lo andado y volver a los tiempos “seguros” en los que gobernaba el uribismo. Abelardo de la Espriella propone algo que encantaría a más de un uribista: el fin de los procesos de paz con los grupos armados. En la estela de Trump y de Milei, de la Espriella también propone recomponer las relaciones entre Colombia e Israel, y sacar a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas.

Paloma Valencia se apoya en el ideario tradicional del uribismo, y aunque su compañero de fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, sea abiertamente gay, Valencia declaró en una entrevista televisiva —en la que participaban ambos— su rechazo a la adopción por parte de las parejas homosexuales. No fue este su primer desencuentro con un candidato a vicepresidente que supuestamente debía aportar el caudal de los votos de “centro” para suavizar sus posiciones dogmáticas, y que acabó declarándose inoperante, afirmando que sería la “rueda de repuesto”.

La candidata a la vicepresidencia por el PH, Aida Quilcué, es la antítesis de la candidata uribista: lideresa indígena caucana, perteneciente al pueblo nasa y defensora de derechos humanos

Ideológicamente ultraconservadora, Valencia sugirió en 2015 dividir el departamento del Cauca —del que ella y su familia son oriundos hacendados— entre una región indígena y otra “mestiza”. Además, declaró en una reciente entrevista que no se podía considerar feminista “porque el feminismo es una corriente de izquierda”.

La candidata a la vicepresidencia por el PH, Aida Quilcué, es su más completa antítesis: lideresa indígena caucana, perteneciente al pueblo nasa, defensora de derechos humanos y actual senadora. En 2003 fue nombrada consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), tras haber sido la primera mujer en integrarlo como representante legal. En 2008 fue una de las principales impulsoras de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, movilización indígena que marchó hacia Bogotá para denunciar la conculcación de derechos humanos bajo la política de Seguridad Democrática de Uribe.

El desafío de la macro-corrupción

Uno de los grandes desafíos que proponen todos los candidatos es acabar con la corrupción. Pero el enfoque de este tema crucial aparece siempre distorsionado por el ojo desde el que se mira. La derecha pretende enjuiciar a Petro y sus allegados con acusaciones que ellos mismos han ido a sembrar en Estados Unidos, como supuestos vínculos con narcotraficantes y otras fake news. 

Iván Cepeda formuló su propuesta de emprender una revolución ética para acabar con la corrupción como prioridad de su gobierno. En septiembre de 2025 explicó el enfoque con el que abordaría este problema endémico enquistado en la historia de Colombia desde hace muchas décadas. Cepeda presentó un plan de cinco puntos basado en tratar la corrupción con “una mirada estructural”, la creación de un Sistema Nacional contra la Macro-corrupción, la creación de una Unidad de Investigación, un fondo de reparación de víctimas de la corrupción y el fortalecimiento de la Sociedad de Activos Especiales para recuperar el dinero robado. 

“Son conocidos los casos de corrupción que se presentaron en distintas áreas del Ejecutivo, y eso es lo que yo he llamado [la obligación de] la revolución ética”, declaró Cepeda

La lucha contra la corrupción se convirtió así en uno de los principales lemas de campaña del PH. Siete meses después de su presentación, el candidato “verde” Sergio Fajardo plagió punto por punto las ideas de Cepeda para enfrentar este problema crucial en la percepción de la sociedad colombiana sobre el desempeño político de sus dirigentes. Fajardo no aporta ninguna idea original, y a diferencia de Cepeda, evita considerar la macro-corrupción como un problema sistémico.

Asumiendo que algunas formas de corrupción han afectado a funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, Cepeda dijo al formular su propuesta en Cali: “Nos duele y nos avergüenza que en nuestro Gobierno hayan ocurrido hechos como los que involucran al señor Olmedo López. No hay eufemismos posibles, es un proceder abiertamente criminal”. Olmedo López fue el principal protagonista del episodio de corrupción que involucró a la UNRD, en el cual las investigaciones judiciales apuntan al desvío de fondos públicos aprobados para la compra de carrotanques para la Guajira, hacia el pago de sobornos a congresistas para que apoyasen las reformas sociales del Gobierno. Y durante toda la campaña volvió insistentemente sobre este problema. Por ejemplo, en una entrevista concedida un mes antes de las elecciones, afirmó: “Son conocidos los casos de corrupción que se presentaron en distintas áreas del Ejecutivo, y eso es lo que yo he llamado [la obligación de] la revolución ética”.

Otro asunto espinoso para el candidato del PH es el debate sobre los resultados de la Paz Total, es decir, el éxito o fracaso de las políticas de diálogo con los grupos armados organizados durante estos años de Gobierno progresista. En el tramo final del Gobierno de Petro, muchos medios de comunicación —colombianos e internacionales— califican como un “fracaso” su política negociadora con los grupos armados, sin ahondar en este diagnóstico apresurado.

Por su parte, Iván Cepeda admitió en una reciente entrevista con Noticias Caracol que si bien es cierto que el Clan del Golfo ha crecido durante el gobierno del PH, también “creció en el Gobierno de Duque y creció en el anterior Gobierno”. En su opinión, no es que las fuerzas militares hayan perdido el control de los territorios que ocupan estos grupos, porque en realidad “nunca lo han ejercido”. “Es una falacia decir que la Paz Total es la que los ha hecho crecer”, dijo Cepeda, y a la pregunta que él mismo formuló de por qué están creciendo esos grupos, respondió: “La desigualdad que hay en el crecimiento de las economías en algunos territorios, donde el narcotráfico y la minería ilegal del oro particularmente tienen un desarrollo que es a la velocidad de la luz”.

Una de las fake news más difundidas por la derecha es que Iván Cepeda es “el heredero de las FARC”. Para dar forma a este mensaje se manipularon y descontextualizaron fotografías

A pesar de las críticas que lo sitúan como responsable de las medidas de cese el fuego que habrían permitido la reconfiguración de fuerzas criminales en los territorios, Cepeda insiste ante todo en que su Gobierno “va a tener una política de paz”. Esta la enfoca en campaña mucho más en el desarrollo territorial de las cinco o seis regiones castigadas por la violencia que en el debate sobre eventuales conversaciones de paz.

La propaganda tóxica: “El heredero de las FARC”

Los adversarios al Pacto Histórico tienen una enorme influencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, con influencers prepagos, algunos de ellos con promesas de futuras prebendas si la derecha gobierna. La propaganda tóxica contra el presidente Petro y los candidatos del PH fluye sin pausa a través de los canales de desinformación de masas.

Una de las fake news más difundidas por la derecha es que Iván Cepeda es “el heredero de las FARC”. Para dar forma a este mensaje se manipularon y descontextualizaron fotografías en las que Cepeda aparece junto a un líder de esa guerrilla, pero en medio de las conversaciones de paz desplegadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos. El plan de desinformación incluido en el ‘Proyecto Júpiter’, lanzado por la derecha uribista, busca presentar a Cepeda como “heredero del terrorismo”, “aliado del narcotráfico”, “enemigo del pueblo” y hasta “asesino”, con teatralización incluida de la candidata del CD cuando le gritó en el Senado: “No me vaya a mandar a matar”.

El siguiente intento de desprestigio contra Cepeda de la candidata del CD le salió francamente muy mal. Paloma Valencia quiso involucrar a la Defensoría del Pueblo para calumniar a Cepeda, asegurando que esta institución había “denunciando la coacción de los electores a favor del PH”. A lo cual respondió inmediatamente la Defensora del Pueblo, Iris Marín, con una negativa contundente, informando que la Defensoría del Pueblo “no ha publicado ningún informe ni comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”.

Abelardo de la Espriella también basa sus ataques en la definición ideológica de su principal contrincante. Dice que es preciso “destripar” a “los señores de la izquierda” y asegura que “a esa plaga hay que erradicarla”. No concibe a Cepeda como su contendiente en campaña, sino como un enemigo. Y no como su enemigo, sino como “enemigo de la patria”. Tal como ha señalado Ariel Ávila, analista política y dirigente de los Verdes, esa expresión remite a la retórica de las dictaduras militares del Cono Sur, que se ensañaron con el llamado “enemigo interno” (izquierdistas, comunistas…), iniciando una política de masacres genocidas que años después llegó a Colombia con el exterminio de miles de militantes de la Unión Patriótica (UP), entre ellos el padre de Iván Cepeda.

Violencia orquestada para sacudir la campaña

La derecha uribista es experta en convocar a las ‘fuerzas ocultas’ para crear escenarios violentos en las campañas electorales. La cadena de atentados que sacudieron entre el 24 y el 26 de abril a los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, con resultado preliminar de 20 personas muertas y 38 heridos, muestra el sello de marca de la ultraderecha, que actuaría a través de bandas criminales que están bajo su influencia.

Los atentados se atribuyeron a las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, que después de abandonar hace dos años los diálogos de paz, fue señalado por el Gobierno de Petro como un alto jefe del narcotráfico internacional, a la altura de los principales comandantes narcoparamilitares del Clan del Golfo. Uno de los 27 atentados realizados en 72 horas fue un ataque con explosivos en el tramo de la vía Panamericana que une Cali con Popayán, un nudo de comunicación importante en el que se detonaron 300 kg de explosivos. El gigantesco socavón que provocó el atentado afectó el abastecimiento y la movilidad en una de las rutas clave para el comercio nacional. Simultáneamente, se produjeron ataques con drones y acciones contra bases militares, sin que se reportasen bajas.

La candidata Paloma Valencia respondió inmediatamente a la cadena de atentados con una idea que no parece improvisada: nombrar a su mentor, Álvaro Uribe, como ministro de Defensa

Iván Cepeda se presentó inmediatamente en la región para solidarizarse con las víctimas: “En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo del Cauca y del Valle del Cauca ante la cadena de actos terroristas que tienen por blanco civiles y que han dejado numerosas personas muertas y gravemente heridas. El objeto de estas acciones está a la vista: de lo que se trata aquí es de provocar el máximo miedo, desestabilización, y generar la sensación de que se requiere volver a las fórmulas tantas veces fracasadas de militarizar a ultranza los territorios. Buscan favorecer, digámoslo con claridad, el proyecto político de la extrema derecha”.

Las reacciones siempre previsibles de la derecha confirman rotundamente sus palabras. La candidata del CD, Paloma Valencia, respondió inmediatamente a la cadena de atentados con una idea que no parece improvisada: nombrar a su mentor, Álvaro Uribe, como ministro de Defensa. Por ironías de la historia, ese mismo día la JEP anunciaba un gran salto en la cifra de ‘falsos positivos’ documentados, que desde los 6.402 casos ya conocidos se incrementó hasta alcanzar las 7.837 víctimas, según las investigaciones más recientes. Todos ellos secuestrados por el Ejército o por grupos paramilitares para producir “resultados” en la lucha contra las guerrillas, en circunstancias cuya máxima responsabilidad como gobernante se atribuye a Uribe.

A modo de contrapunto, Iván Cepeda presentaba ese día, en la Feria del Libro de Bogotá, la octava edición de su libro A las puertas del Ubérrimo, escrito hace 18 años en coautoría con Jorge Rojas, en el que se abordan los vínculos de los hermanos Uribe con los paramilitares.

El Gobierno de Gustavo Petro consiguió neutralizar la violencia de las mayores organización paramilitares durante la campaña electoral, a través de diálogos con el Clan del Golfo y los Pachenca, entre otros grupos criminales. Pero los acuerdos con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) que dirige Mordisco se rompieron dos años atrás, y sin que hubiera voluntad de negociación por parte de esta exguerrilla volcada al narcotráfico, el presidente ordenó al Ejército su persecución y el bombardeo de las zonas en que se esconderían sus dirigentes.

El respaldo popular al Gobierno progresista

Las disidencias de las FARC y el ELN tienen muy poco predicamento entre la población colombiana, salvo allí donde su presencia armada impone obediencia. Pero como dicen los más jóvenes, el pueblo ya “no come cuento”. El Gobierno del PH ha generado un cambio de mentalidad en los sectores populares a partir de medidas concretas, como el salario mínimo vital y móvil, o los beneficios sociales para mujeres de familias monoparentales, por citar solo dos ejemplos. La reforma laboral, pensional, tributaria y de la salud, obstaculizadas por la oposición, también se identifican como grandes activos del Gobierno de Petro. Y la entrega de tierras a campesinos y víctimas del conflicto armado, unas 750.000 hectáreas, recuperadas de narcotraficantes o adquiridas a hacendados por el gobierno, fue la mayor reforma agraria pacífica de la historia continental.

En la última encuesta de la consultora Invamer, conocida a solo un mes de las elecciones, Cepeda crece en intención de voto desde el 37,1% en febrero pasado, hasta el 44,3% en abril

En la última encuesta de la consultora Invamer, conocida a solo un mes de las elecciones, Cepeda crece en intención de voto desde el 37,1% en febrero pasado, hasta el 44,3% en abril, acercándose cada vez más a su deseo de ser elegido en primera vuelta. Entre los dos principales candidatos de la derecha apenas superan el 41% de la intención de voto. Entre ambos ‘polos’ se sitúan formaciones de centro y centro-derecha que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado si hay segunda vuelta.

Otra encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicada por Cambio sitúa a Iván Cepeda en el 37,2% de intención de voto, y entre los dos candidatos de ultraderecha apenas suman el 36%, con ventaja para Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia.

La encuesta encargada por el diario El Tiempo reduce las distancias entre Cepeda y la suma de ambos candidatos de la derecha, sugiriendo que en una hipotética segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, saldría ganadora la candidata del CD, Paloma Valencia. Sin embargo, estos supuestos contrastan con los apoyos que ha venido recibiendo la candidatura de Cepeda por parte de la población y de dirigentes de otros partidos que se sitúan en un espectro de centro-izquierda, como es el caso de la Alianza Verde, que a finales de abril ha brindado su apoyo colectivo al candidato del PH en la primera vuelta. Las direcciones de ambos partidos alcanzaron acuerdos de gobierno significativos. Hay total acuerdo en la lucha contra la corrupción y otros temas, y alguna discrepancia entre la dirección de los Verdes y el PH respecto de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, impulsada por Gustavo Petro.

El discurso presidencial del 1 de mayo fue el pistoletazo de salida para la recogida de cinco millones de firmas que acompañarán el proyecto de reforma constitucional, que se radicará el 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso, elegido en marzo. La reforma constitucional no pretende alterar los cimientos de la Constitución vigente, consensuada en 1991, sino acoplar dos capítulos sustanciales: reglamentar los derechos fundamentales y los derechos sociales con reformas estructurales, y transformar en profundidad el sistema político y judicial.

La ofensiva desinformativa de la ultraderecha

La campaña sucia contra Iván Cepeda se modula en las ofensivas coordinadas de la derecha nacional y las ultraderechas internacionales. Dos episodios significativos fueron la visita de Álvaro Uribe al presidente Noboa, y el brutal incremento de aranceles a las importaciones de Colombia que impuso inmediatamente Ecuador, y la revelación de una campaña de desprestigio contra los gobiernos de Colombia y México por parte de una trama que involucraría a miembros del gobierno de Donald Trump, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el presidente argentino Javier Milei —que aportaría 350.000 dólares a un nuevo medio digital de ultraderecha— y representantes del Gobierno de Israel. Hernández fue condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico y conspiración para traficar armas de fuego e indultado por Trump en noviembre de 2025, a pocos días de las elecciones en Honduras, que ganó su delfín y valedor. Según la fiscalía estadounidense, durante su presidencia Honduras operó como un narcoestado, al facilitar el tráfico de drogas con la ayuda de las fuerzas de seguridad estatales. Todos ellos se habrían confabulado en la tarea de “atacar y extirpar el cáncer de la izquierda” en el continente, una misión encomendada directamente por Trump, en palabras de Hernández.

A este entramado internacional se suma la denuncia de una gran operación de desinformación orquestada en Colombia, el llamado Proyecto Júpiter, que busca desprestigiar al candidato del PH y fortalecer la posición de la candidata uribista, Paloma Valencia. La revista Raya reveló a fines de abril la existencia y los pormenores de este plan “financiado por los más ricos empresarios del país, para influir y manipular las elecciones presidenciales”. Instrumentado a través de medios de comunicación digitales como La Silla Vacía, el plan promueve la creación de “talleres democráticos” para los trabajadores en sus lugares de trabajo, con claros fines de adoctrinamiento y de intimidación para ejercer su derecho al sufragio, y “la producción masiva de contenido de desinformación en las redes sociales para moldear la opinión pública”. Este último aspecto concuerda plenamente con los objetivos de la campaña antes mencionada, y podría estar articulado con la ofensiva de la ultraderecha internacional que promueven Trump, Milei, Netanyahu y el narcopolítico hondureño indultado Juan Orlando Hernández, intermediario entre todos ellos.