Colombia se estanca en su camino hacia la paz

A más de 12 meses del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un informe del Observatorio de Seguimiento de Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP), señala que solo se ha cumplido un 18,3% de los puntos pactados en La Habana.

Además, a cuatro días de cumplirse el primer año de la apertura de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aún no se ha firmado su continuidad, aunque ambas partes confían en poder ratificarlo. Todo en un semestre que estará marcado por las elecciones presidenciales de mayo.

2018 se avizora como un año clave para que Colombia defina si camina definitivamente hacia la paz o se estanca en la perpetuidad de la violencia estructural. Los números no son alentadores: desde enero de 2016 a enero de 2017, 199 líderes sociales han sido asesinados, una cifra especialmente preocupante, si se tiene en cuenta que las FARC estaban en tregua unilateral desde el 20 de diciembre de 2015 y que el ELN lleva desde el 7 de enero de 2017 sentado a la mesa de negociación con un pacto de cese bilateral del fuego.

El próximo 27 de mayo el presidente Juan Manuel Santos se juega su futuro político en unas elecciones presidenciales y al Congreso, las primeras desde la firma de estos acuerdos que contarán con la participación en las urnas del otrora grupo guerrillero. Enfrente tendrá a Iván Duque, el candidato presidencial del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe. Esta fuerza política se ha manifestado claramente en contra de la inclusión de las FARC en la política, y en el Congreso está siendo un verdadero obstáculo para sacar adelante algunos de los acuerdos firmados.

La Paz en deuda

En el marco de la reunión del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que se realizó el miércoles 3 de enero, el presidente Santos conoció los contundentes datos del informe La Paz en deuda de la OIAP: solo se ha cumplido el 18,3% de la totalidad “de la implementación normativa” de los Acuerdos de Paz firmados el 24 de noviembre de 2016.

En el encuentro, del que formaron parte los expresidentes de España y Uruguay, Felipe González y Pepe Mujica, respectivamente, en el rol de verificadores internacionales, los realizadores del informe recomendaron a Santos la necesidad de una implementación “contundente e intensa” de los acuerdos firmados. “El acuerdo firmado representa un compromiso de Colombia con la comunidad internacional”, advierte la OIAP.

El documento señala que apenas han sido aprobadas 10 iniciativas sobre un total de las 24 pactadas. Entre ellas no está incluida la denominada “Reforma Rural Integral”, considerada clave para el objetivo de alcanzar una paz estable y duradera. En torno a ella, preocupa muy especialmente que la discusión sobre sus alcances y aprobación coincida con la campaña electoral que ocupará gran parte del primer trimestre de este año.

El conflicto por la tierra ha sido una de las causas fundamentales de la violencia que viene asolando a Colombia desde hace al menos cincuenta años. Los millones de personas que han padecido –y padecen–el desplazamiento forzoso son solo una muestra de ello, aunque quizá la imagen más desgarradora de todas.

La Reforma Rural Integral era el primer punto del acuerdo, y a un año de su firma, el informe revela que “no hay avances legislativos” respecto a la formalización del acceso a la tierra. Es sabido por todos los actores del conflicto que la transformación estructural del campo, el acceso a las tierras y la sustitución de cultivos de uso ilícito (incluidos en el punto 4 de los acuerdos) son tres condiciones estrictamente necesarias para profundizar la paz.

“No es posible sustituir eficazmente cultivos de uso ilícito sin asumir la transformación estructural del campo, las iniciativas para cerrar las brechas entre campo y ciudad y la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural en las zonas más afectadas por el conflicto que contempla el punto 1 del Acuerdo”, señala el informe.

La sustitución de cultivos se precia fundamental para diezmar el flagelo de las drogas, y según denuncia la OIAP el programa respectivo ha tenido una aplicación normativa del 20%, aunque otros programas relacionados, como el de prevención y tratamiento de la salud pública al consumo de drogas, se ha quedado en un cero por ciento.

Tal como adelantamos en El Salto en noviembre, el enfoque de género que fue enérgicamente defendido en las negociaciones de la Paz, sigue encontrando también serios obstáculos en la tramitación legislativa de los acuerdos alcanzados.

Entre los datos más esperanzadores, no obstante, destacan el fin del conflicto, con un 33%, y el cese bilateral del fuego y la delación de armas (100 %). También la inclusión de la ex guerrilla a la política a través del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que ya ha elegido a su histórico líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, como candidato presidencial para los comicios de 2018.

La voz de las FARC

Las FARC han aprovechado el año de los acuerdos de paz y la presentación del informe de a OIAP para dar a conocer en un comunicado su visión sobre lo que considera “uno de los momentos más difíciles” desde la firma del Acuerdo Final en La Habana.

“La Jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del Acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes. La Reforma Política se hundióen el convulso mar de la politiquería”, denuncian.

Al respecto detallan que “no mejores suertes corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más de 600 integrantes de las FARC. La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. Sin Reforma a la ley 152 no tenemos un Plan Marco de Implementación; no hay desembolsos para impulsar proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de excombatientes y líderes sociales no cesan. En este ambiente, sentimos que los Acuerdos de Paz de La Habana no han tenido un compromiso del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto de la institucionalidad”.

Asimismo, lamentan la coincidencia “como una maldición” del cierre de las negociaciones de La Habana con el comienzo de la campaña electoral en Colombia. “Para nuestra desgracia, el ejercicio sublime de consagrar la paz como derecho superior exacerbó en las cámaras legislativas las más bajas y repudiables conductas de la politiquería: un mercado de transacciones de vicios y de ambiciones, de chantajes al gobierno para votar cada norma, terminaron distorsionando la letra y el espíritu de lo pactado”, acusan.

El comunicado, que tiene formato de carta y va dirigida a todos los actores nacionales e internacionales involucrados en el proceso de paz, recuerda que “el Estado, respecto al cumplimiento de lo acordado, ha adquirido unas obligaciones internacionales que no puede ignorar” y agrega que “ni los legisladores, ni los poderes institucionales pueden soslayar que el Acuerdo de paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso de la República, y que fue investido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, por lo tanto no puede ser modificado a rajatabla, antojo y capricho del Fiscal, de un grupo de parlamentarios, o por conceptos contradictorios de la misma Corte. Los acuerdos son para cumplirlos. Pacta SuntServanda”, sentencia.

Todo el mundo pide paz

Más de 200 intelectuales, académicos y empresarios han hecho pública una carta solicitando al presidente Santos y al líder del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, la prórroga del acuerdo bilateral de cese del fuego pactado en los dialogos de Quito, Ecuador, el 9 d enero de 2017. Se suman así al pedido de 186 organizaciones sociales que en el transcurso de la semana habían hecho la misma solicitud.

“Pedimos a ustedes que mantengan la decisión de continuar los diálogos en medio de un cese bilateral, haciendo los ajustes que se requieran, pero sin dejar espacio a la guerra”, dice la carta, y agrega que “una ruptura del cese al fuego distanciaría a las partes de la negociación, significaría muerte, dolor y desplazamiento para la población civil que suele ser la más afectada del conflicto, desmotivaría la participación de la sociedad, y daríamás excusas a los enemigos de la paz que hacen de la guerra una bandera electoral”.

El pasado 29 de diciembre, en un vídeo difundido por el ELN, Gabino adelantaba que la mesa de diálogo “no puede ser interrumpida” por el hecho de que el acuerdo culmine, y aclaró que “por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada”.

El exvicepresidente de Colombia, Gustavo Bell, fue recientemente elegido por Santos como nuevo “jefe negociador”. En declaraciones a Radio Caracol, Bell afirmóque el acuerdo de cese del fuego “ha sido positivo”, aunque no perfecto. “Si bien no es perfecto, ha sido positivo. Y vamos a trabajar para mejorarlo y prorrogarlo en enero”, aseguró. El ELN recibió con satisfacción su designación. “Esperamos que traiga también un renovado impulso a la mesa para trabajar hacia una paz completa”, expresó en su cuenta de Twitter.

Según reveló el pasado 3 de diciembre el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, en los últimos 22 meses habían sido asesinados “199 líderes sociales”, una cifra que preocupa pero que, según el propio funcionario, “podría ser mucho mayor”, sino se hubieran alcanzado los acuerdos de paz.

“Son defensores del agua, son defensores para que no haya minería ilegal; son defensores para que no haya reclutamiento (de menores), son defensores para que no se cultive hoja de coca en sus zonas", afirmó Negret sobre las razones de muerte de estas personas.