Colombia
El caso de José Vicente Murillo: ocho meses en la cárcel por ser líder social en Colombia

José Vicente Murillo, líder social de origen campesino del departamento de Arauca, lleva más de ocho meses privado de libertad en la prisión La Picota de Bogotá. En diciembre pasado fue objeto de una espectacular detención cuando salía de una reunión en Saravena. Fue llevado en un helicóptero Black Hawk a la ciudad de Arauca y, después de pasar varios días detenido, trasladado en un operativo militar a Bogotá. La carretera fue militarizada hasta el aeropuerto donde le esperaba un avión de la policía nacional con los motores encendidos que le llevó a la base militar de Catam dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá y de ahí a la prisión.

Desde entonces, Murillo permanece recluido en un pabellón de alta seguridad y procesado por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y secuestro, acusado de ser un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región que habría utilizado su condición de líder social y su afinidad con la gente para poner esas actividades del movimiento social al servicio de la guerrilla. Entre las acusaciones en su contra estarían las de organizar atentados con explosivos y participar en el secuestro de un funcionario de la empresa Ismocol, contratista de Ecopetrol.

Murillo, dirigente del Congreso de los Pueblos y del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente, es contundente al definir su situación:

“Estoy secuestrado por el Estado Colombiano como consecuencia de un falso positivo judicial orquestado por la estructura de apoyo de Arauca, que es una figura de la fiscalía que funciona en las unidades militares y que financieramente depende de la plata que le inyectan por compañías mineras petroleras, transnacionales, prueba de ello la podemos encontrar en muchos los convenios que desde el 2001 han venido financiando este tipo de estructuras especializadas de la fiscalía”.

El nombre de la prisión La Picota, aunque evoca el de los antiguos castigos consistentes en atar a los campesinos a estacas o postes, realmente guarda relación con el del barrio en el que se construyó. En todo caso, la situación que atraviesan Murillo y otros líderes sociales, como Jorge Niño, también de Arauca y con el que comparte cargos en el procedimiento judicial, expuestos ante la prensa como terroristas tras su detención por las autoridades no dista mucho de esa finalidad de deshonra y castigo que se buscaba en el pasado con la pena de exhibición en que consistía la picota.

La construcción de la Picota data de 1940 y como aparece en publicaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se dio en un momento de auge de construcciones penitenciarias en el país como “dispositivos de control social por el desarrollo del capitalismo”, toda una declaración de principios que aclara el papel del sistema carcelario en el país desde hace décadas.

“En Colombia la persecución al movimiento social, la criminalización de la protesta social, la negación a la oposición política, ha llevado a unos niveles de guerra sucia y terrorismo de Estado alarmantes, en donde no escatiman esfuerzos por meter a la cárcel a quien no pueden matar. Nosotros, como región del Centro Oriente colombiano, tenemos cerca de 20 casos de personas judicializadas desde septiembre de 2018 a la fecha, eso sin contar con el resto de detenidos de procesos sociales en otras partes del país, es una práctica sistemática, reiterativa, una política de Estado, independiente de Uribe, Santos, Duque. Esa práctica va a continuar, no hay un compromiso del Estado colombiano con el respeto a los derechos humanos y la garantía a la oposición política”.

Murillo sabe por experiencia propia de lo que habla. De 2003 al 2006 fue detenido tres años y medio en un “tour carcelario” por diferentes instituciones de alta seguridad. Fue objeto de un falso positivo judicial, práctica conocida en la que se encarcela durante años a líderes sociales acusándolos de pertenecer a la insurgencia guerrillera, sin recibir finalmente juicio alguno, o abriéndose el juicio sin evidencias ni pruebas acusatorias.

“Uno encuentra que no es el único detenido injustamente, hay otras personas que han sufrido el terrorismo judicial, los falsos positivos judiciales, tenemos casos de personas detenidas injustamente, incluso personas condenadas, así que no tengan nada que ver con lo que se les está acusando que llevan más tiempo que uno, eso nos llena de nostalgia y a la vez de fortaleza, no somos los únicos y entre todos nos vamos dando ánimos”.

La abogada de Murillo, Olga Marcela Cruz, aclara que en Colombia es usual que a los líderes sociales se les procese por el delito de rebelión, pero que desde hace unos años, los fiscales especializados añaden la imputación por la comisión de otras conductas como secuestro, extorsión, concierto para delinquir y homicidio. Y precisa que “el caso de Murillo obedece a un patrón de la fiscalía, a una política criminal que es ejecutada por ésta pero que tiene su origen en los conflictos económicos que se producen en el territorio, en el caso de José tiene que ver con la protesta social, con actividades de exigencias de derechos fundamentales que las comunidades han realizado en contra de las compañías petroleras principalmente, y del Gobierno regional y nacional, y la persecución se origina en esa actitud de liderar protestas por parte de la comunidad”.

En abril del año pasado ante una serie de seguimientos, en lugar de esconderse o huir, Murillo se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía en Bogotá para averiguar si existía alguna investigación en su contra y ponerse a disposición de las autoridades.

“En febrero de 2019 eleve un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, en el que preguntaba si se me estaba adelantando algun procedimiento judicial en mi contra para comparecer y ejercer el derecho de defensa, por unos seguimientos, y en el mes de abril en el marco del refugio humanitario que se hacía en Bogotá y acompañado con organizaciones sociales, me presenté en el búnker de la fiscalía a ver si me necesitaban o qué, ya que a todas luces era evidente que había seguimientos, que estaban fraguando un montaje judicial, no tengo nada que esconder, ahí me dieron una constancia de que no había nada”.

El dirigente manifiesta que él habría preferido afrontar el proceso en libertad, o al menos con detención “domiciliaria, por mis condiciones de salud y por las condiciones de los líderes sociales, que no nos vamos a volar [escapar], ser líder social no es un delito, ni nos debe costar la libertad... al menos que nos hubieran dejado en Arauca”.

Y es que el distanciamiento es una forma adicional de castigo: “El alimento diario de un preso es poder hablar con su familia, de vez en cuando poder verla, y en el caso de nosotros que en carro son más de 12 horas para que un familiar venga a visitarle, unido a lo costoso de los pasajes, aquí nos toca cada 20 días, o cada mes, y ahora con el coronavirus la situación en la cárcel se hace mucho más caótica y dura, con las visitas familiares suspendidas, llevamos más de seis meses sin poder ver a nuestros familiares, eso indiscutiblemente es un doble carcelazo”.

El golpe de volver a la cárcel, a 600 kilómetros de la familia, fue más fuerte con la llegada de la pandemia que se ha extendido por todo el sistema penitenciario de Colombia por la ineptitud de las autoridades penitenciarias, que a pesar de las advertencias de los presos y sus familiares, realizaron una serie de traslados desde la prisión de Villavicencio que “regó” la pandemia al interior de otras cárceles del país, incluidas las de Bogotá.

“Los índices de hacinamiento son más del 54%, el precario y lucrativo negocio de salud en las cárceles, como en el resto de la sociedad colombiana, hace que no haya atención sanitaria ni en las más mínimas patologías, a los presos nos ha correspondido pelearnos para que nos dejen entrar unas encomiendas, con productos de plantas medicinales y medicamentos básicos, para nosotros mismos atender las contingencias del coronavirus. En el patio 12 del ERON Picota, al 99% le ha dado Covid, están en estos momentos de recuperación a punta de agua limón, aspirina, agua de jengibre, ajo, manzanilla, eucalipto, lo que podamos entrar en las encomiendas o comprar, si esperamos a que nos atienda el INPEC ahí nos vamos a morir, porque si no nos dan nada en situación normal ahora menos, gracias a la iniciativa de los presos, a la resistencia y organización social de los presos, si uno esta enfermo se le atiende con medicamentos, entre los propios presos se resuelve porque del INPEC no se puede esperar nada, podemos esperar y nos morimos, una situación que estamos resolviendo por nosotros mismos, pero no deja de ser una falencia del estado, que ha sacado muchos decretos, pero que muy pocos tienen que ver con el tema de verdaderamente atender a la gente para que beneficie a la población, el resto ha sido en función de atender a la clase adinerada del país y capital transnacional”.

Las cárceles de Colombia padecen una crisis estructural desde hace años y con la pandemia los presos y sus familiares organizaron unas protestas pacíficas para evitar que la privación de libertad se transformara de facto en una condena a muerte al interior de las prisiones.

“En marzo, a raíz de la cuarentena y de las problemáticas estructurales que vienen de décadas se adelantaron unos cacerolazos y plantones, al interior y por fuera de las cárceles, en las que, como resultado, el INPEC cometió la fatídica masacre de La Modelo de Bogotá con 23 muertos y más de 50 heridos, en un acto de represión y barbarie contra la protesta pacífica de los internos en más de 13 cárceles del país. La respuesta del Gobierno ha sido paliativa, sacó el decreto de respuesta carcelaria, de emergencia carcelaria, para ayudar a resolver los problemas estructurales y generar condiciones que permitieran salvar vidas frente al tema del Covid-19, pero eso no ha sucedido. Los decretos y medidas han sido insuficientes. Habían establecido que no se hicieran traslados y desde la primera cárcel del país donde hubo muertos, en Villavicencio, desde ahí fue desde donde hicieron traslados a La Picota que junto con el personal de custodia se convirtieron en el vector transmisor de la enfermedad. Sumado a eso, no dan atención a los presos y se hace más caótica la situación pero tampoco permiten el ingreso de medicamentos, la respuesta del Gobierno en lo material no ha resuelto en nada el problema de los presos”.

En la actualidad, en la Picota los presos han tenido que auto-organizarse ante la incapacidad del sistema penal para evitar la propagación de la pandemia y atender a los presos, razón por la cual ellos se encargan de sus propios cuidados.

“Al principio había unas áreas de aislamiento para los contagiados, inadecuadas e insuficientes, y se les realizaba las pruebas a algunas personas, pero esa situación se desbordó y ahora han sellado y aislado completamente patios enteros. El preso desde un comienzo entendió que no había condiciones para la atención en salud y muchos presos toman la decisión de ni siquiera avisar que están enfermos. La mayoría de compañeros y amigos conocidos han presentado los síntomas y han sido tratados con tratamientos alternativos, populares, hemos tenido la suerte de que no se han agravado, y ninguno ha necesitado atención urgente por problemas respiratorios, u otro tipo de patologías, todos han evolucionado satisfactoriamente”.

Si en libertad, pero después de tantos meses de pandemia, la neurosis puede afectar a las personas que no pueden hacer una vida normal, en la cárcel las reacciones son más acusadas.

“Las reacciones son diversas, de temor, miedo, zozobra, pánico, que generan el clima de tensión al interior de los patios, porque todo el mundo empieza a sugestionarse. Ante cualquier estornudo o síntoma de gripa lo asocian al coronavirus. Si fuera la población en libertad que padece esta enfermedad se muere, al preso, en estas condiciones, le va a dar más duro. Así las afectaciones psicológicas, traumáticas, hacen que las personas acudan a muchas supersticiones de remedios caseros, que puede que con un poco de fe puede tengan efectos positivos”.

Ese aislamiento afecta también a las garantías procesales de los presos, tanto de los que están pendientes de juicio como de los condenados. Murillo ha tenido que “renunciar al derecho de participar virtualmente en las audiencias, para que se pudiese avanzar el proceso porque en el penal había sido declarado en cuarentena todo el pabellón de alta seguridad y el área de audiencias virtuales no estaba disponible”. Esta situación afecta a los procesos, al derecho a la defensa, su abogada recuerda que “los procesados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias que se den en el proceso penal” y que “en la última audiencia él no pudo estar presente porque no se hacen traslados o remisiones a las despachos judiciales, se hacen audiencias virtuales y en La Picota como hay casos de coronavirus los presos han tomado la decisión de no comparecer porque el solo hecho de trasladarse les pone en riesgo la salud”, además el propio “INPEC sacó una resolución que impide el traslado de los patios y la consecuencia es que las diligencias se celebran en ausencia del procesado”.

Durante la pandemia el sistema carcelario evidencia sus falencias y las personas presas las tienen que enfrentar reafirmando los lazos de solidaridad que “se fortalecen mucho más, porque como nos afecta a todos igual las situaciones podemos juntarnos, y juntar voluntades, entusiasmos, y el día que una persona está triste entonces el otro le alegra el día con un chiste, con un cuento o con las diferentes actividades que se pueden desarrollar en el marco de cotidianidad de estos lugares, hay mucha unión compañerismo, fraternidad, solidaridad, cuando a alguien le falta algo el otro le presta regla, a ayuda, y así sucesivamente, eso es el cultivo de una serie de valores de principios que desde afuera los vivimos a diario pero que aquí se fortalece mucho mas dadas las precarias situaciones en las que nos encontramos”.

El compañerismo y la organización de los propios presos es lo que llevó a que se movilizaran y consiguieran arrancar del Estado el decreto presidencial 546 con el que se pretendía lograr un deshacinamiento. Sin embargo, como explica la abogada de Murillo, esta medida “no ha tenido ningún efecto concreto en su caso ni en la mayoría de personas privadas de libertad, porque las condiciones para acceder son demasiadas, hay muchos delitos excluidos, incluidos por los que esta siendo investigado y por eso muy poca gente tuvo la posibilidad de acceder a ese beneficio”. El propio Murillo afirma que “las cifras pueden ser mancilladas o acomodadas a convivencia, en el patio se ve que personas salen en libertad pero en el marco del proceso judicial que cada uno tiene pero no en el marco del decreto”.

En cambio, otras medidas como el no ingreso del personal del cuerpo de custodia, principal vector de contagio, en los patios para realizar los recuentos o que la interacción con ellos sea a través de las rejas siguiendo un protocolo elemental de medidas como el uso del tapabocas y el lavado de manos se mantienen en el patio 12 fruto de las protestas de los presos.

Murillo con su abogada han presentado diferentes iniciativas para que le concedan prisión domiciliaria por tratarse de un líder social reconocido en su comunidad que goza de la presunción de inocencia y que no debería estar recluido en una cárcel que no le garantiza las medidas de prevención mínimas para sobrevivir a la pandemia, un riesgo que se incrementa en su caso por padecer obesidad mórbida que es un factor de riesgo y vulnerabilidad ante la pandemia. Ni las tutelas judiciales ni las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para cambiar su situación de privación de la libertad han tenido de momento éxito.

En cambio, otro ilustre vecino de esta prisión el ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, que estaba condenado por parapolítica y por homicidio a 27 años de prisión, recibió a finales de julio el beneficio de casa por cárcel, habiendo cumplido solo nueve años de la condena. En Colombia es famosa la frase “la justicia es para los de ruana” que refiriéndose a la popular prenda campesina hace alusión a que los ricos y poderosos evaden una justicia que solo se aplica a los pobres. El 4 de agosto pasado, llegó la noticia de la detención domiciliaria del ex presidente Uribe, investigado por soborno de testigos, y que esta se cumplirá en la finca “el Ubérrimo” de unas 1.500 hectáreas de superficie, situada en el departamento de Córdoba y que es famosa porque a sus puertas el paramilitarismo tenía sus centros de entrenamiento y cometía sus masacres. De nuevo las diferencias en el tratamiento de los casos sonrojan y para el “Matarife”, como se conoce últimamente al ex-presidente en Colombia, se le impone una medida de aseguramiento en la hacienda agropecuaria donde pasaba sus vacaciones y largos periodos de descanso.

Pero a Murillo no le sorprenden estas noticias “la justicia en este país está en función de los gobiernos de turno, los fiscales son fiscales de bolsillo, y todo el cuerpo de justicia es financiado en el marco de los acuerdos con las empresas. Quienes representan un obstáculo a los intereses del gran capital son los líderes sociales y el pueblo organizado y por eso se les persigue y se les mata, por eso las prebendas judiciales y las prerrogativas jurídicas siempre están en favor de las personas que ostentan el poder y de las personas que se benefician de las estructuras de la guerra sucia, siempre van a estar al servicio de ellos. Esa situación solo la pueda cambiar la solidaridad del pueblo colombiano, el acompañamiento de la comunidad internacional, visibilizar la problemática que ocurre en Colombia, desenmascarar la mentira que el gobierno le ha vendido al mundo de que en Colombia no pasa nada, que no hay conflicto armado, demostrar cuales son las causas reales de ese conflicto, armado, social y político, qué dinámicas se mueven detrás del encarcelamiento y muertes, qué intereses se mueven y a quienes benefician esos encarcelamientos y muertes, para que se sepa la verdad en el mundo, y se genere toda una opinión de presión al gobierno colombiano para haya unas garantías mínimas al respecto a los derechos humanos, a la población y a sus territorios, al derecho a ejercer la oposición política”.

Recientemente llegó a Bogotá una marcha procedente de Arauca denominada “Ruta Libertadora” entre cuyas reivindicaciones figuraba la liberación de Murillo, los presos políticos y el cese de la criminalización de los líderes sociales, preguntado cómo se viven desde el interior de las cárceles estas expresiones de solidaridad finaliza su relato:

“Todo acto de lucha, de resistencia de las comunidades, de protesta del pueblo, es un aliento para nosotros, la metida en la cárcel y la matada de lideres sociales tiene un propósito que es neutralizar, inmovilizar, llenar de terror y miedo a la población, a las organizaciones sociales, que en el marco de la cuarentena, pandemia, de los asesinatos lideres, de la encarcelación de lideres sociales. Aún así que la población esté dispuesta y decidida a seguir protestando, reclamando sus derechos, a no permitir que se le sigan cercenando los derechos, eso es una voz de aliento, el mejor alimento que puede uno recibir estando uno detenido porque nos da moral y nos demuestra que la gente no tiene porque doblegarse, someterse, claudicar, una voz de aliento muy importante que nos anima a seguir resistiendo en estas condiciones carcelarias”.