Opinión
La alianza campesina e indígena en Colombia que tiene en jaque a la papelera más grande del mundo

Fue un 27 de julio de 2021 cuando, tanto indígenas de los pueblos misak y nasa, como campesinos organizados dentro del Coordinador Nacional Agrario (CNA), entraron a varias fincas de monocultivo de pino y eucalipto para, a golpe de machete y hacha, materializar una de sus reivindicaciones históricas: “La tierra no se vende, se cuida y se defiende”. De esta manera, reivindicaban su legítima propiedad frente a la fraudulenta venta y arriendo de esas tierras a las empresas madereras llevada a cabo décadas atrás mediante el abuso y la coacción empresarial, sumadas a la connivencia política de los gobiernos de la época.

Corría el año 1986 cuando la empresa de origen irlandés Jefferson Smurfit Corporation entró a territorio colombiano gracias a la adquisición de la Container Corporation of America, propietaria de Cartón de Colombia. Tamaña operación fue únicamente posible gracias a la emisión de bonos basura o junk bonds por parte del banco norteamericano Morgan Stanley, que permitió la financiación de esa otrora imposible adquisición. Tal y como adelantaba Vladimir Ilich 70 años antes, la tendencia a la concentración monopolista de toda empresa capitalista era facilitada por la fusión de su capital industrial con el bancario, siendo estas características inherentes a la nueva fase de acumulación desde finales del siglo XIX: la fase imperialista.

Siguiendo esta lógica y tras constantes adquisiciones a lo largo de los años, el 5 de julio de 2024, la irlandesa Smurfit-Kappa y la norteamericana Westrock se fusionaron, para, esta vez sí, lograr ser la mayor empresa del mundo en embalajes de papel y cartón. Hoy día, esta transnacional está presente en más de 40 países y sus beneficios se cuentan en millones de dólares gracias a la explotación del territorio y la mano de obra barata de, sobre todo, países del Sur global.  

Desde el inicio de la recuperación, cuando a los cinco días un joven campesino fue asesinado por las balas del Escuadrón Móvil Antidisturbios

Además de todo ello, en dichas tierras ha ido sustituyendo los bosques nativos por los monocultivos de pino y eucalipto, generando multitud de efectos desastrosos a nivel ambiental. Por un lado, la lenta descomposición de las acículas u hojas de pino forma una especie de tapete en el suelo, dificultando el intercambio de nutrientes y desecando el terreno. Todo ello termina disminuyendo el nivel freático del agua, es decir, la superficie superior del agua subterránea va haciéndose cada vez más profunda, desertificando el lugar. Asimismo, las acículas sufren un proceso de fermentación que acidifica la tierra y, junto a todo lo previo, se termina imposibilitando la convivencia de la flora y la fauna del lugar, además de generar daños irreparables en la tierra. 

En Cajibío, además de las consecuencia ambientales y globales, el acaparamiento de tierras cultivables por parte de la transnacional ha desplazado de las mismas a las comunidades campesinas e indígenas cajibianas, las cuales se han visto despojadas de su principal fuente de supervivencia y reproducción. Todo ello ha ido generando la destrucción del tejido social y comunitario anteriormente presente en el territorio, acentuando aún más la conflictividad de un departamento como el Cauca colombiano, donde tanto paramilitares como grupos guerrilleros se han disputado históricamente el control territorial. 

Frente a ello, y tras varios intentos fallidos de negociación con la multinacional, las organizaciones indígenas AISO (pueblo misak) y CRIC (pueblo nasa) decidieron articularse con la campesina CNA y, mediante la acción directa de la recuperación de tierras, conformaron el territorio interétnico, cuyo principal estandarte es la defensa de la vida, la tierra y el territorio frente al extractivismo. A día de hoy, ya son más de 3.000 las hectáreas recuperadas, en las cuales buscan garantizar su soberanía alimentaria mediante la siembra de cultivos de pancoger, es decir, aquellos cultivos que satisfacen las necesidades de la comunidad como la yuca, el plátano, el maíz, etc. 

Sin embargo, no siempre es posible cosechar lo sembrado, ya que la represión que enfrentan es constante. Desde el inicio de la recuperación, cuando a los cinco días un joven campesino fue asesinado por las balas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía, la represión no ha cesado. Muestra de ello son dos hechos recientes: en marzo de este año, ataques del ejército hirieron de bala a uno de los recuperadores y, más recientemente, el 7 de julio, centenares de trabajadores de la empresa, acompañados de policía y ejército entraron a una de las fincas recuperadas arrasando con todo: arrancaron y fumigaron cultivos, además de prender fuego a las cabañas de los recuperadores. Asimismo, son varios los líderes sociales que han sido amenazados por grupos armados como los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia(AGC). 

Como se puede apreciar, el conflicto por la tierra en Cajibío no se trata de un problema ambiental o local aislado, sino que representa un ejemplo más del conflicto estructural entre el capital y la vida. Por todo ello, tratándose de un conflicto global, el pasado 6 de agosto se lanzó la Alianza por la Vida, la Naturaleza y el Territorio: una red de más de 15 organizaciones, tanto colombianas como internacionalistas que apoya la acción sociopolítica del TEVIIC. Esta alianza busca ser un espacio de articulación desde el que tejer las luchas contra la explotación de las transnacionales, reivindicando el derecho fundamental a la tierra y la territorialidad de los pueblos, consignándose como primer reto el seguir visibilizando y denunciando la situación de Cajibío para poder garantizar la recuperación de las tierras históricamente despojadas.