El asalto al trabajo científico y la voluntad política de evitarlo

Los recortes presupuestarios en materia de I+D se han sucedido año tras año desde 2010, y, con ellos, despidos de científicos y técnicos, cabriolas contables para ajustar gastos en las universidades, reestructuración de los centros de investigación, o manifestaciones y otros actos de protesta por parte de la comunidad científica, en demanda por una reversión de la política de austeridad.

A todos estos fenómenos ha venido a sumarse, más recientemente, una nueva problemática: los controles burocráticos ejercidos desde el Ministerio de Hacienda imposibilitan la ejecución del presupuesto ya concedido. Frente a esta situación, se considera que los recortes en el presupuesto público destinado a investigación carecen de razón de ser.

No la tenían antes, en el fragor de la peor crisis económica de los últimos tiempos, pues la ciencia crea riqueza; ni tampoco ahora, cuando las cifras macroeconómicas hablan de recuperación y cada euro público no gastado es un dinero público mal gestionado. Es el interés (o su ausencia) de los gobiernos, y del Ejecutivo nacional, en primer término, el que ha conducido a la institución científica española a su estado actual, rayano a la indigencia. La crisis de financiación pública de la ciencia en el Estado español queda reducida así a una cuestión de voluntad.

Definía Aristóteles la política como “el arte de hacer lo posible”, como las decisiones que la libre disposición del individuo, su voluntad incoercible, adopta ante un conjunto de opciones factibles. Al hacer translación, sería la voluntad de quienes han detentado el poder de Estado en la última década la que explica el curso de la política científica en España, ya se rija aquella por criterios demoscópicos, electorales, o por la espuria e inconfesable pretensión de imponer al país un modelo productivo “de bajo valor añadido”.

La gran virtud de esta interpretación es que siempre deja un resquicio a la esperanza, puesto que si la austeridad presupuestaria en ciencia es fruto del arbitrio: a) la rabia acaba cuando muere el perro; b) el cambio de piezas abre la puerta a la reversibilidad, no ya de los recortes en sí, sino de los efectos postreros que estos han tenido en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT, en lo sucesivo).

Los mismos científicos, con sus sociedades (COSCE) y organizaciones (sindicatos, Jóvenes Investigadores Precarios) al frente, han abrevado en este argumentario durante la época más oscura y tumultuosa de la ciencia en el Estado español, haciéndose con ello un muy flaco favor, y haciéndoselo asimismo al resto de la ciudadanía preocupada por las dificultades que la I+D ha atravesado en los últimos tiempos. Se hace urgente un análisis más detenido respecto de las condiciones históricas en las que la política de austeridad presupuestaria se enmarca, con particular atención a las necesidades que en tal política se materializan y encuentran expresión. Esto, y no más apariciones públicas de los gerifaltes de COSCE pidiendo consenso político y altura de miras, es lo que los trabajadores científicos (entre los que se incluye quien escribe) comenzamos a requerir con urgencia.

Proceso global e histórico

Acicateado por la crisis económica y su corolario necesario en los países del welfare, la crisis de deuda, el Estado hizo recorrer al SNCyT español, en un muy breve lapso de tiempo, el camino que otras potencias habían hollado durante un largo periplo, superior a las tres décadas en algunos casos.

Esta circunstancia ha conferido a los recortes en materia de Investigación y Desarrollo su carácter severo, absurdo, brutal. Pero el objetivo parece haber sido logrado (aunque habrá que dejar transcurrir el tiempo para evaluar el precio total pagado): la austeridad presupuestaria en el ámbito de la investigación ha servido de enzima catalizadora de la transformación del modelo de financiación de la ciencia en el Estado español, proceso este de carácter global por su dimensión y alcance, e histórico por su mismo carácter.

Según las estimaciones, el gasto público real en I+D en el Estado español se ha desplomado un 40% desde 2009. Para los centros públicos, la captación de recursos adicionales resulta poco menos que apremiante

La llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca fue el aldabonazo que anunciaba el cambio de paradigma en la financiación y gobernanza del SNCyT estadounidense. Tras la debacle de Vietnam y la contestación social a la investigación militarizada, Reagan quiso recuperar los niveles de gasto en R&D (Investigación y Desarrollo, por sus siglas en inglés) de etapas pretéritas, pero introdujo un matiz que modificaba por completo el sentido de la política científica: no sería el Estado, sino el sector privado, el que asumiría la mayor parte del esfuerzo financiero.

En 1982, según datos de la OCDE, aquella pretensión cobró forma: por primera vez desde la posguerra, el gasto privado en R&D superó el 50% del total de la inversión nacional, y, con ello, la del sector público. Una nueva etapa histórica para la actividad científica quedaba inaugurada.

Este desplazamiento del “sector de financiación” público por parte de la iniciativa privada es la primera y principal característica del nuevo paradigma de financiación de la praxis científica. Ello equivale a una reducción real del gasto público en I+D, al menos, en relación al total de la inversión nacional. La distribución promedio de la inversión entre los dos grandes “sectores de financiación” se sitúa en la actualidad en un 60–40 a favor del ámbito privado, con casos remarcables como los de Israel o Corea del Sur, cuyos guarismos alcanzan o superan el reparto 70–30 (datos de Eurostat).

A este respecto, la incidencia de los recortes presupuestarios en el SNCyT español se verifica inmediatamente: el equilibrio precedente en la contribución de organismos públicos y entidades privadas, quedó definitivamente quebrado a partir del 2013, año con menor gasto público en ciencia de la serie histórica 2009–2016.

Los datos revelan que la tendencia no ha dejado de consolidarse a lo largo del último lustro. La retracción de los recursos públicos despeja el terreno y abre la senda para la inversión privada, alimentada, a su vez, por los créditos blandos a las empresas innovadoras y las exenciones fiscales por inversión en actividades de I+D.

La aquiescencia mostrada por el Estado en relación a la penetración del capital privado en el quehacer científico, conduce al segundo plano de este fenómeno, el cambio de orientación de la política pública en la asignación y emplazamiento de recursos.

Tres son sus aspectos esenciales:

1. La financiación discrecional e incondicionada (block finances) que el Estado entregaba a universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI), se reemplaza progresivamente por convocatorias competitivas, a las que los proyectos han de concurrir si desean captar recursos. Es éste un procedimiento tan sencillo como efectivo para aherrojar a las instituciones de ciencia a los designios de la política científica.

2. Con el argumento de la racionalización del gasto público por bandera, y el “impacto social” como blasón en ella impreso, la política científica hace un uso extensivo e intensivo de indicadores de productividad para condicionar una parte creciente de la ayuda discrecional (las block finances ya referidas, que sirven para sustentar la actividad básica de las instituciones, comenzando por los salarios) al cumplimiento de ciertos objetivos por parte de los centros públicos de investigación (CPI), tales como el número de patentes generadas, las empresas spin-off alumbradas, o los proyectos de investigación que han logrado financiación en convocatorias europeas. Ello lanza a las entidades de investigación a una guerra sin cuartel entre sí por ganar una porción adicional de un pastel en franca merma.

3. Se promueve la “transferencia del conocimiento” entre centros de docencia y ciencia públicos y empresas, esto es, la comercialización por parte de los primeros de sus equipos, capacidades técnicas de su personal y resultados de la investigación. Amén del beneficio que pueda reportar a la industria el acceder a unos conocimientos y capacitaciones que, de otro modo, no podría generar por sí misma (dado el coste inasumible), se pretende que los CPI hallen fuentes de ingresos adicionales a las subvenciones públicas, vía el incremento de relaciones contractuales con entidades empresariales. Pero la “transferencia del conocimiento” repercute costes para universidades y Organismos Públicos de Investigación; y, dígase al pasar, no es nada barata. Infraestructuras indispensables para atraer el interés empresarial y favorecer esos vínculos, tales como las incubadoras de empresas o las oficinas para la gestión de la política de transferencia institucional (conocidas como OTRIs en España), corren a cargo del erario público. Lejos de paliar las graves dificultades de tesorería de las entidades científicas, las relaciones con la industria están empobreciendo aún más a estas.

Según las estimaciones que se conocen, el gasto público real en I+D en el Estado español se ha desplomado un 40% desde 2009. Para los centros públicos de investigación, la captación de recursos adicionales resulta poco menos que apremiante. Si a ello se suma que la misma política científica exhorta al establecimiento de tales vínculos contractuales con las empresas, la «transferencia del conocimiento» deja de ser una opción para convertirse en una necesidad ineluctable.

La ciencia y el capital

De lo anterior se colige que la transformación del modelo de financiación de la ciencia ha resultado en beneficio de los intereses privados. Pero, volviendo al principio, ¿es esto cuestión de voluntad política? Para dilucidar tal cuestión, conviene contravenir la definición dada por Aristóteles sobre la política con aquella que, veinte siglos después, aportase Vladimir Ilich Ulianov, más conocido como Lenin. Para el líder de la Revolución de Octubre, la política es “el arte de hacer posible lo necesario”.

Matiz sutil, pero de la mayor relevancia. Conforme a esta consideración, las decisiones políticas dejan de ser el producto de la voluntad incoercible del individuo, para convertirse en expresión de una necesidad, materialización de intereses determinados que a los sujetos se imponen con la fuerza, con la inexorabilidad de una ley natural. Y si hay una necesidad a la que el nuevo paradigma de la financiación de la actividad científica pretende dar satisfacción, ésta es la de la acumulación del capital.

En efecto, el curso histórico de la política científica ya descrito ha permitido conformar las condiciones para la penetración del capital en un ámbito que, no mucho tiempo atrás, tenía completamente vedado. La actividad científica conquistada se convierte en una esfera productiva adicional para la extracción de plusvalía —léase, generación de beneficio. Pero conviene precisar que no es el conocimiento mismo, en tanto que producto del trabajo científico, el que se somete a la égida capitalista. De hecho, esto es únicamente posible en tanto que el capital logra subsumir también, y, en primer término, al mismo trabajo científico a su voluntad e interés, sin otro propósito que no sea el de movilizarlo para que le reporte beneficio económico.

Parafraseando a Marx, podría decirse que, por mediación del nuevo paradigma de financiación de la ciencia, la esfera de la producción científica se ha bañado en los colores que son propios de la organización social capitalista; ha adquirido la forma que al capital resulta adecuada. Ello se constata no sólo al analizar en sus determinaciones específicas la actividad científica que los empresarios movilizan de un modo directo (contratando personal investigador o financiando proyectos), sino que se puede verificar asimismo allí donde su dominio es meramente formal, donde la subsunción del trabajo científico a los designios del capital no es todavía completa.

La austeridad presupuestaria en I+D de los últimos años, sumada a las iniciativas de estímulo a la inversión privada, ha allanado el terreno para la culminación de la obra que se inició tres décadas atrás en Estados Unidos

Más aun, es en el segundo nivel de la transformación del modelo de financiación de la ciencia, en la mal denominada “ciencia pública”, donde la lógica capitalista imprimida a la generación del conocimiento científico se revela con toda su crudeza: puesto que los centros públicos de investigación cifran la subsistencia a su capacidad de generar productos o servicios comercializables y atraer, así, la inversión empresarial, el trabajo de su personal se orienta a la generación de mercancías, a la producción de aquel conocimiento potencialmente explotable en el mercado.

Lo que haya de “científico” en su producto importa si y en tanto pueda reportar un retorno económico. Por consiguiente, incluso en aquellos ámbitos de la producción científica donde el capital no alcanza a llegar, o lo hace de una manera muy débil, la plusvalía, el beneficio, se convierten en perpetuum mobile de la investigación.

Pero los cambios no se detendrán en este punto. Algunos instrumentos de comercialización del conocimiento ya permiten atisbar el futuro que a la “ciencia pública” le depara, pues el capital no se va a conformar con esa dominación indirecta, formal, del trabajo científico.

Tal es el caso de las Empresas de Base Tecnológica (EBT) o empresas spin-off académicas, como también se conocen. Son éstas entidades empresariales que los propios científicos constituyen para la explotación, con fines de lucro privado, de aquellos resultados de investigación obtenidos gracias al dinero público (invertido en instalaciones, instrumentación y maquinaria, o trabajo).

Lejos de poner coto a semejante drenaje de recursos públicos que sólo al beneficio empresarial sirve, universidades y OPIs contribuyen activamente a su alumbramiento y desarrollo, proveyéndoles de “capitales semilla”, de alojamiento en sus instalaciones y facilidades en el uso de su equipamiento, o de licencias sobre patentes propiedad del alma mater. En algunos casos, incluso, el mismo centro público de investigación pasa a formar parte del accionariado de la spin-off. Un análisis más detenido de tales mecanismos de “transferencia del conocimiento”, así como el tratamiento mediático por ellos recibido, puede encontrarse en el artículo Representación mediática de las empresas spin-off académicas.

A modo de conclusión

En el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología español, dos grandes barreras imposibilitaban la emergencia y consolidación del nuevo paradigma de financiación de la ciencia: por un lado, se partía de una base de inversión (tanto pública como privada) tan baja, que se requirieron dos décadas de escalada ininterrumpida del gasto público para lograr una consolidación mínima de las estructuras de investigación; por el otro, el predominio absoluto de las pequeñas en la estructura productiva nacional, menos propensas a la inversión en actividades de I+D.

Ante tales dificultades, la austeridad presupuestaria en I+D de los últimos años, sumada a las iniciativas de estímulo a la inversión privada, ha allanado el terreno para la culminación de la obra que se inició tres décadas atrás en Estados Unidos, como parte del proceso de reestructuración global que el capital hubo de acometer tras la crisis económica de finales de los 70, a fin de retomar la senda de la acumulación.

En resumidas cuentas, la austeridad presupuestaria en el gasto público que el SNCyT español ha sufrido desde 2010, y que no parece encontrar término, tiene por objetivo la dominación completa del trabajo científico por parte del capital, para satisfacer su insaciable apetito de plusvalía. No se trata en absoluto de una cuestión de voluntad, pues no hay voluntad encaramada al poder de Estado, por más incoercible que se pretenda, que ante las necesidades de la acumulación capitalista no se doblegue. Lo que sí constituye un problema de voluntad, y de primer orden, además, es seguir sin comprender este extremo.