Centros de Internamiento de Extranjeros
La hostilidad hacia las personas migrantes sigue rigiendo los CIE

Felipe es colombiano y lleva más de dos décadas residiendo en España. Un día de 2021 es detenido es detenido y trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Alucha, el motivo, una orden de expulsión dictada dos años atrás, que está en vía de recurso. Mientras está en el centro, presencia cómo agentes de policía se enfrentan con un interno que no habla castellano. El colombiano intenta interceder: Los agentes lo reducen, le golpean una vez está en el suelo, y lo dejan esposado e inmovilizado. Después lo llevan al servicio médico del CIE. Allí, es atendido frente a los ojos de dos agentes, situación que le disuade de narrar lo que acaba de suceder, por lo que achaca sus golpes a una falsa caída desde las escaleras. Cuando el interno decide llamar al 112 por fuertes dolores en la cadera y así poder denunciar lo sucedido, el CIE no autoriza la entrada de los servicios de emergencia. Finalmente, Felipe denunció la agresión ante los juzgados de control del CIE y el de guardia. Dos días después volaba a Colombia, se le había expulsado sin llegar a tomarle declaración. El proceso penal sigue abierto.

El caso de Felipe es una de las situaciones de vulneraciones de derechos humanos que se pueden encontrar en el informe del Servicio Jesuita Migrante (SJM) Territorio Hostil. Formas diversas de hostilidad en los CIE, que fue presentado ayer 6 de junio en el Senado. La experiencia de Felipe ilustra dos de las formas de hostilidad de las que habla el informe: Agresiones policiales y deficiencias en los servicios médicos sanitarios. La tercera, los obstáculos a las visitas de las organizaciones de la sociedad civil, posibilita que estas vulneraciones puedan darse en lo que el SJM, que aglutina a su vez a varias entidades en todo el estado, define como un ámbito dominado por la opacidad. Una opacidad que han podido experimentar a la hora de redactar el informe de este año, para el que la Comisaría Central de Policía no ha facilitado los datos solicitados sobre las personas internas en los centros y sus circunstancias, pese a la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La poca información que han podido obtener, denuncian, ha sido gracias al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una falta de transparecia que no parece tener consecuencias. 

“El título Territorio Hostil nos remite a una realidad que constatamos de manera cotidiana que es como los CIE son un lugar de hostilidad hacia las poblaciones extranjeras”

El informe presentado, recordaba la coordinadora de SJM, Mª Carmen de la Fuente, en rueda de prensa, es el número 12 de los que realiza esta entidad, cuyos voluntarios y voluntarias visitan regularmente a las personas internas en los CIE. “El título Territorio Hostil nos remite a una realidad que constatamos de manera cotidiana que es como los CIE son un lugar de hostilidad hacia las poblaciones extranjeras”. Prueba de esta hostilidad, argumentaba, es el hecho de haber mantenido los CIE abiertos tras el confinamiento, aunque no fuera posible acometer expulsiones dado que muchas fronteras siguieron cerradas por la pandemia. También la opacidad y dificultad para realizar las visitas, o la intención de construir nuevos CIE o reformar los existentes para perpetuar este modelo. Un modelo, que enunció De la Fuente, debe cambiar, pasando por el cierre de estos centros y sustituyendo “hostilidad por hospitalidad”.

“Nos tratan como delincuentes”

“El trato que nos dan aquí es lo peor. Aquí hay policías que te miran como si fueran mucho mejores que tú, personas superiores a ti. Te humillan, te degradan... Nos tratan como delincuentes, y nosotros no hemos cometido ningún delito”, el testimonio recogido en el informe es de William, otro interno colombiano del CIE de Madrid. Más allá de las agresiones físicas que se dan en los CIE “el propio sistema policial que rige toda la vida dentro del CIE y la perspectiva de seguridad que lo impregna todo potencian el clima hostil”, se reflexiona en el informe. En este clima, recuerdan, es necesario un esfuerzo para garantizar la “prevención, vigilancia e investigación”. Por ello, consideran indispensable que desde los CIE se aprueben protocolos de tramitación de quejas y denuncias, que incluya tres elementos: “realización de una investigación efectiva, que no se expulse a un interno o interna mientras se determina si existen indicios de que ha sido víctima de un hecho disciplinariamente reprochable o delictivo, y que se remitan toda la información al juzgado de guardia y al juzgado de control correspondiente y al órgano administrativo competente”.

“Las quejas por los malos tratos, no son algo nuevo, ‘nos tratan peor que a los perros o siempre nos hablan a gritos’ son cosas que siempre nos dicen”, explicaba en rueda de prensa Ana Bosch, abogada en el CIE, integrante de Pueblos Unidos. Coautora del informe, Bosch recordaba que según constata el Defensor del Pueblo, son muy pocas las denuncias que se tramitan.

Otra de las falencias que apuntalan la hostilidad en los CIE, denuncian, tienen que ver con la atención médica, la ausencia de protocolos que permitan que la información sanitaria sobre los internos circule entre la administraciones, o la deficitaria atención de la salud mental. “Los problemas observados en 2021 que destaca este informe no revelan simplemente la necesidad de mejorar el trabajo de los servicios médico-sanitarios,

sino unos planteamientos políticos de mínimos de dichos servicios que no dan respuesta a los problemas de salud de cierta envergadura salvo que tengan manifestaciones críticas, y que no facilitan la detección de lesiones fruto de agresiones”, denuncian en el documento.

La adjudicataria de los servicios médicos en los CIE era en 2021 la empresa Clínica Madrid SA beneficiaria de dos contratos, uno del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2021, y otro desde esta fecha hasta el 31 de mayo de 2023, cada uno de ellos por 3.280.000 euros, en cuya ejecución se detectan los siguientes problemas: “La falta de coordinación interadministrativa para conocer el historial clínico de internos derivados de otras instituciones; las atenciones médico-sanitarias en presencia de agentes de policía, las atenciones sin asistencia de intérprete y/o en las que se observan formas de menosprecio; el régimen de aislamiento en casos de COVID-19; la falta de atención a los problemas relacionados con la salud mental; y falta de emisión y envío de partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente”. EL SJM en su informe invita a la Administración a modificar el pliego para próximos contratos incorporando las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de los jueces de control, en lo referente a la salvaguarda de la salud de las personas internas, así como a la investigación de agresiones.

“En los CIE las jornadas son eternas, no tienen actividades programadas, solo tienen las visitas”. Las restricciones a las visitas en el marco de la crisis sanitaria suponen otra forma de hostilidad que se ha manifestado de manera pronunciada en el CIE de Barcelona 

Las mismas condiciones de internamiento suponen una amenaza para la salud mental. Así explicaba Elena Davara, voluntaria de Pueblos Unidos, durante la rueda de prensa, cómo encontraba a las personas visitadas. “La mayoría de los que veo llegan de Argelia o Marruecos, vienen en patera, aterrizan en un calabozo antes de ser llevados al CIE de Aluche. En Aluche las jornadas son eternas, no tienen actividades programadas, solo tienen las visitas”.

Las restricciones a las visitas en el marco de la crisis sanitaria suponen otra forma de hostilidad que se ha manifestado de manera pronunciada en el CIE de Barcelona.  El coautor del informe y abogado en el CIE de Zona Franca, Josetxo Ordóñez, narraba en la rueda de prensa cómo antes de la pandemia, su organización, Migra Studium, podía visitar con normalidad, hasta 6 días a la semana a las personas internadas en el CIE. Tras la pandemia y hasta junio de 2021, se impidieron las visitas presenciales, que sin embargo se retoman con numerosas restricciones. Por un lado sanitarias: imponiendo visitas solo dos días a la semana que no pueden durar más de media hora. Por otro lado operativas: obligando a la petición de cita previa, que debe de ser activada por los internos, en trámites por escrito para cada visita. Un sistema que restringe radicalmente el acceso a las personas internas, y para el que a veces se requieren hasta 15 días desde que se solicitó la visita: “tres internos que habían solicitado visita el 29 de noviembre cuando llegamos allí, el 15 de diciembre, ya habían sido expulsados”, explicaba Ordóñez.

En base a esta situación acudieron a los jueces de control para que se acabara el sistema de cita previa, y consiguieron al menos que solo fuera necesario autorizar la primera cita con un interno. “Esto que puede parecer una anécdota es una cuestión de derecho”, apuntó el abogado. “Si alguna función cumple el informe es recordar que estamos acompañando las circunstancias personales de los internos que están en privación de libertad, asistimos a los vulnerables, hacemos asistencia jurídica y acompañamiento, sin desmedro de quienes ya trabajan en el centro, y sí, somos fiscalizadores, pero también somos colaboradores”.

Las visitas, se defiende en el informe, tienen tanto una función preventiva de eventuales vulneraciones de derechos de las personas migrantes,  como una función correctiva sobre situaciones que se dan. El equipo de visitas de Pueblo Unido, por ejemplo, constató, según relata en el informe, cómo muchas de las personas internas con causa de expulsión por estancia irregular, contaban con órdenes dictadas al principio del confinamiento. Tras la reapertura de las fronteras, internar a estas personas  “fue como desquitarse una vez que dejaron de ser inexpulsables en la práctica”.

No parece que este entorno hostil de los CIE vaya a desaparecer. Como explicaba el sacerdote jesuita Josep Buades de la Asociación Claver-SJM, también autor del informe, observando la Ley General de presupuestos del Estado, para evaluar los planes de creación de CIE, este año les han sorprendido dos cosas: Una inversión “enorme” en el CIE de Botafuegos en Algeciras, que choca con la dimensión anunciada del CIE que contaría con 500 plazas, y otra para reformar el CIE de Matorral, en Fuerteventura, que fue clausurado por sus malas condiciones, y que revela, explicaba Buades, “una obstinación en que haya CIE sí o sí”.

Desde la base que lo que piden las organizaciones no es una mejora de los CIE, si no su cierre, el informe apunta una serie de recomendaciones para garantizar los derechos de las personas internas. Primero, “aceptar y aplicar las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo, así como las resoluciones de los jueces de control sobre El derecho a la salud física y psíquica de las personas internas, y modificar en consecuencia el pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato de asistencia médico-sanitaria”,  incidiendo también en el derecho a la integridad de las personas internas extremando la prevención, detección, investigación y sanción de agresiones en los CIE, especialmente de los agentes de policía”