Chile
Pablo Abufom: “El ensayo constituyente ha fracasado, pero el proceso de cambio sigue abierto”

Entre finales de 2019 y principios de 2020, un estallido social sacudió Chile y lo cambió todo. La historia de la revuelta chilena es la historia de “un pueblo que se volvió a encontrar”, que consiguió superar su parálisis histórica después de décadas de dictadura y de herencia de dictadura pinochetista, cuenta a El Salto Pablo Abufom, responsable internacional del movimiento Solidaridad, editor de la revista Posiciones, revista de Debate Estratégico y parte del colectivo editorial de Jacobin América Latina. 

Este activista y traductor recorrió de la mano de la organización Anticapitalistas decenas de ciudades españolas en una gira en la pudo profundizar en los orígenes de la revuelta, en la historia de cómo un proceso destituyente se convirtió en un proceso constituyente y qué puede pasar ahora que la primera propuesta de Constitución ha sido rechazada por la mayoría de la población chilena. 

El estallido chileno sorprendió al mundo. ¿Había elementos que permitían ver que se estaba fraguando una revuelta social de esa magnitud?
En Chile y en todos los lugares, los sectores populares participan en la historia como actores secundarios. Y en la revuelta iniciada en octubre de 2019, los sectores populares se volvieron protagonistas. O al menos pudieron tomar la iniciativa y plantear cosas por las que venían luchan años, décadas. Hubo algo de sorpresa en la revuelta, pero era algo que se venía fraguando desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, las luchas contra la privatización de la educación y por el endeudamiento de los hogares de 2006 y 2011 fueron muy importantes.

“El estallido cambió la conciencia o el sentido común con respecto a que las cosas se pueden cambiar

La precarización del empleo había sido muy significativa, y había habido también un creciente camino de movilización con trabajadores subcontratados del sector de la minería, con trabajadores y trabajadoras en los sectores públicos, en los servicios de salud. En 2016 hubo un mini estallido por las pensiones, con un sistema privatizado que venía ya agotándose definitivamente, con pérdidas significativas para las pensiones de las familias trabajadoras. Y luego, sobre todo, desde 2018 en adelante, se produjo una explosión feminista muy fuerte en las universidades y en los institutos. A partir de entonces distintos movimientos sociales comenzaron a articularse en torno al feminismo. Y el 8 de marzo de 2019, con la convocatoria de la huelga general feminista, quizás se asoma el estallido, porque aparece por primera vez una movilización de millones de personas en todo Chile, dirigida por un sector muy dinámico que logra articular a muchas fuerzas sociales que venían luchando todas estas décadas. 

Crece la idea de que hay que sacrificar algunas de las demandas del movimiento feminista y de los pueblos indígenas para que la Constitución sea aprobada. Sin embargo, su papel parece que fue fundamental en que haya habido un estallido y un proceso constituyente.
Sin esa potencia del movimiento indígena y del movimiento feminista no se hubiese producido el estallido. Todas las movilizaciones previas eran capas de sedimento de lucha que se venían acumulando y, por lo tanto, cuando se produce el estallido del 18 de octubre de 2019, lo que tenemos es un pueblo que vuelve a recuperar experiencias de lucha, tácticas y las combina todas con elementos de visiones de cambio, horizontes de transformación que se conectan todos juntos. Pero, además, lo que marcó la diferencia es que ya no eran solo los sectores organizados de alguno de esos movimientos o de la izquierda, sino que se sumaron sectores del pueblo que no estaban movilizados activamente.

Por otro lado, el movimiento indígena desempeñó un papel muy importante. Quizás uno de los primeros momentos en los que se ya mostraba una crisis total del régimen fue el 14 de noviembre de 2018, cuando la policía militarizada del sur asesinó a un comunero mapuche y eso genera movilizaciones también de solidaridad, de resistencia en distintos lugares de Chile. Y además le pone una presión política muy fuerte al Gobierno de [Sebastián] Piñera que de algún modo lo debilitó de cara al momento de la revuelta. Y después, en el proceso constituyente, también estos sectores —el movimiento feminista, el movimiento indígena y también los sectores de movimiento social ecologista— representaron la vanguardia programática en el proceso constituyente.

Sin esa potencia del movimiento indígena y movimiento feminista no se hubiese producido el estallido. Todas las movilizaciones previas eran capas de sedimento de lucha que se venía acumulando

¿Con qué momentos de los seis meses de revuelta te quedas?
La primera semana, donde se iba incubando el estallido, fue muy importante porque se vio primero a estudiantes secundarios movilizándose por un alza en la tarifa de metro que no les afectaba directamente a ellos mismos y se estaban movilizando en clave solidaria por su comunidad. Eso fue algo muy significativo. Luego vimos que ya no eran solo estudiantes secundarios los que se movilizaban, sino también adultos, trabajadores y trabajadoras y empezaba a sonar la canción “El pueblo unido jamás será vencido”. Fue algo que a mí me marcó mucho. Mi sensación era que algo estaba pasando, algo distinto a una movilización estudiantil. Y luego, cuando ya el Gobierno declaró la guerra y estábamos con los militares en la calle, en el bus alguien puso en el celular [móvil] la canción de Víctor Jara “El derecho a vivir en paz” y se empezó a sentir como un murmullo de la gente cantando. Yo recuerdo haberme alejado del bus emocionado, haberle mandado un audio a mi familia que vivía en otra ciudad, y sentir que algo se estaba moviendo muy profundamente, que estábamos reviviendo y abriendo traumas de la dictadura, que es algo que vivieron sobre todas las generaciones mayores, que estábamos ante un pueblo que se está volviendo a encontrar.

Otro momento clave fue la huelga del 12 de noviembre. A casi un mes del comienzo de la revuelta, la crisis no parecía resolverse con las medidas del gobierno: eliminar el alza del pasaje del metro, cambio de gabinete, estado de emergencia, toque de queda, represión con policías y militares. Las protestas seguían en las principales ciudades y las asambleas territoriales profundizaban su trabajo de organización barrial y debatían abiertamente los cambios sociales y políticos a los que aspiraban. Los principales movimientos sociales y sindicatos convocaron  una huelga general para el 12 de noviembre. La huelga fue efectiva en puertos y minas, y hubo acciones masivas que interrumpieron durante horas la actividad normal del país. El Gobierno, como era de esperar, respondió con más represión y una nueva condena cerrada de la protesta social.

Pero el efecto político de la huelga del 12 de noviembre fue que los partidos partidos políticos tomaron la decisión de fraguar un acuerdo para cerrar la compuerta de la crisis. La madrugada del 15 de noviembre, la mayoría de los partidos políticos anunciaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que abrió la fase institucional del momento constituyente inaugurado por la revuelta.

Ahora mismo estamos viviendo una disputa por el significado de la revuelta. A tres años, los sectores de los partidos del establishment político plantean que se trató exclusivamente de una ola de violencia que quería destruirlo todo sin sentido

¿Hasta qué punto crees que el estallido cambió la mentalidad o el sentido común de la población chilena? 
Ahora mismo estamos viviendo una disputa por el significado de la revuelta. A tres años, los sectores de los partidos del establishment político plantean que se trató exclusivamente de una ola de violencia que quería destruirlo todo sin sentido. O algunos reconocen que había algo como una crisis que había que resolver o que habían demandas, pero yo creo que efectivamente cambió la sensación de un país que, sobre todo durante los 90 y los 2000, había vivido una cierta impotencia, que creía que no se podían cambiar las cosas. Y de ahí el cambio constitucional aparece como relevante porque la Constitución de Pinochet había sido un recordatorio constante de que no se pueden cambiar las cosas. Ante cualquier demanda aparecía la idea de que el cambio era inconstitucional. El estallido cambió la conciencia o el sentido común con respecto a que las cosas se pueden cambiar. Ahora, eso no siempre es bueno y hay muchos sectores que tienen mucho temor, sobre todo en tiempos de crisis, porque los cambios pueden ser para peor. Por lo tanto, lo que hizo el estallido fue abrir algo, no necesariamente abrirlo en una dirección específica, pero abrió los horizontes. Y eso significa que la crisis quedó disponible para ser disputada y está siendo abiertamente disputada por sectores nuevos de la política, primero por una extrema derecha nueva que viene a representar un retorno al pinochetismo, y por otro lado, las nuevas derechas. 

¿El proceso constituyente fue una victoria del movimiento iniciado el 18 de octubre o llevó a la desmovilización?
Claramente hay una continuidad: el proceso constituyente fue abierto por la revuelta o fue hecho posible por la revuelta. Si no hubiese sido por esas movilizaciones de meses, con mucha organización popular, con mucha radicalidad en las calles, incluso con acciones de violencia política llevadas a cabo masivamente, no hubiese sido posible un proceso constituyente. De algún modo la revuelta se transmuta en un proceso constituyente porque las propias debilidades de los sectores populares organizados y desorganizados hizo que no pudieran ir más allá. Es decir, no cayó Piñera, a pesar de que una de las demandas principales era la renuncia del presidente; no hubo un corte en la impunidad o en la represión, a pesar de que eso también era una demanda importante. Y lo que logró entrar era la tercera demanda política, una nueva Constitución. Pero a su vez eso fue a través de un acuerdo entre los partidos políticos con características restringidas en términos de la forma y del contenido de lo que se podía discutir. Y por lo tanto, efectivamente, hay una transmutación de una cosa en la otra, y que es muy difícil, además, asociarlo a una desmovilización, porque entre medias vino la pandemia. 

La última gran movilización de la revuelta fue la huelga general feminista de 2020, que fue una movilización masiva, quizás la más masiva en todo Chile desde el comienzo del estallido. Eso fue el 8 de marzo y ya el 16 o 17 estábamos entrando en procesos de cuarentena y encierro, y por lo tanto no podemos saber cómo hubiese seguido. De hecho, la sensación era que con marzo se venía de nuevo la energía de la revuelta y entonces, en la medida en que golpea la pandemia, de algún modo la coyuntura política de la revuelta, de un proceso destituyente y constituyente empieza a competir con la coyuntura de la crisis que trae la pandemia. Yo creo que eso es lo que realmente desmoviliza, porque en la medida de que la crisis sigue abierta, la necesidad de movilizarse por un cambio sigue abierta. 

 Yo recuerdo haberme alejado del bus emocionado, haberle mandado un audio a mi familia que vivía en otra ciudad, y sentir que algo se estaba moviendo muy profundamente, que estábamos reviviendo y abriendo traumas de la dictadura

¿Las demandas de la revuelta se vieron reflejadas en el proceso constituyente?
La propuesta de Constitución recoge décadas de lucha. En su texto se expresa también el contenido no solo de la revuelta, sino de una larga trayectoria de lucha. Quizá pensábamos que el proceso constituyente iba a estar acompañado por movilizaciones que iban a lograr presionar para llevar su contenido más allá o lograr limitar, incluso, la fuerza de los sectores de centro, más reaccionarios o más conservadores dentro de la Convención Constitucional. Esa fue una limitación. En el plebiscito de salida [en el que ganó el “rechazo” con el 61,89%], se evidenció la diferencia clara de poder mediático, de control político, incluso de mirada estratégica que tiene la derecha con respecto a la izquierda y los movimientos sociales. 

¿La victoria de Boric sirvió para reforzar el camino iniciado con la revuelta y el proceso constituyente?
La relación entre el Gobierno de Boric y el proceso constituyente es íntima e indisoluble. El destino de ambos también está muy vinculado. Por un lado, el Gobierno de Boric le convenía que se aprobara el proceso constituyente porque le suponía un importante impulso y un sostén constitucional para aprobar proyectos de ley relevantes para cumplir con su programa. Y por otro lado, al proceso constituyente le convenía más, por supuesto, un gobierno progresista que la alternativa de la ultraderecha que ganó en la primera vuelta. Esta vinculación entre Boric y el proceso constituyente es un arma de doble filo, porque si al proceso le va mal, al Gobierno le va mal y viceversa, que fue de algún modo lo que lo que terminó ocurriendo. Tanto las dificultades que ha tenido el Gobierno para cumplir su programa, como los errores que ha cometido —errores muy estratégicos de tender hacia el centro en busca del apoyo del centro izquierda neoliberal para poder viabilizar su programa— han significado un debilitamiento del proceso de cambio. Por otro lado, la derrota del proceso constituyente ha sido interpretada por la derecha derecha como una derrota brutal del Gobierno y le ha cerrado las puertas para la negociación en el Parlamento. Hay un vínculo muy fuerte entre el momento actual que vivimos de intento de cierre del proceso de cambio con el resultado del plebiscito. 

Entre las explicaciones más extendidas del “no” a la Constitución destaca que era una Constitución demasiado avanzada para la población chilena. 
Esa es la explicación más peligrosa y más conservadora, porque lo que plantea es que hay que abandonar ese programa, supuestamente, demasiado radical porque el pueblo de Chile querría un cambio gradual, incluso tendría un compromiso existencial con la propiedad privada, la patria, la familia y la religión católica, cosa que es evidente que no es así. El pueblo se ha movilizado masivamente por la garantía de derechos sociales, un proceso de democratización profunda, de reconocimiento de derechos políticos de los pueblos indígenas, contra la violencia de género, por la nacionalización de los recursos naturales. Yo creo que esa interpretación lo que busca es apropiarse por la derecha de lo que significó el resultado del proceso constituyente. Y viene de sectores que siempre estuvieron en contra de cambiar la Constitución o de consolidar esos derechos, ya sea por vía de reforma o por un proceso constituyente. 

Los errores estratégicos que ha cometido el Gobierno de Boric —tender hacia el centro en busca del apoyo del centro izquierda neoliberal para poder viabilizar su programa— han significado un debilitamiento del proceso de cambio

Hay una interpretación que plantea que esto es un gran triunfo de las noticias falsas y del poder mediático de la derecha. En gran medida lo es porque muestra el poder que tiene la comunicación de masas en un contexto de crisis. Pero, sobre todo, lo que muestra es que hay una fragmentación social muy importante, una carencia de tejido que haga posible resistir la noticia falsa. En el contexto de la revuelta, las noticias falsas estaban presentes, pero no tenían el mismo efecto. Por lo tanto, lo que hace la diferencia no es la existencia de noticias falsas o las campañas dirigidas por los poderosos para, entre comillas, engañar a las personas, sino la capacidad del pueblo de resistirse a eso y comunicarse directamente no mediado por los grandes medios de comunicación. 

Lo que mejor explica el resultado del 4 de septiembre son dos cosas: primero, una postura muy vacilante por parte del Gobierno, que no asume un compromiso profundo, consistente y consecuente con la propuesta de nueva Constitución. Y, en segundo lugar, que estamos ante un pueblo precarizado durante décadas, golpeado profundamente por una crisis pandémica, que percibe este cambio como una amenaza. Porque ese pueblo que no tiene organizaciones sociales fuertes y cerca, que está desorganizado y, que se relaciona con la sociedad política a través de los medios de comunicación, fue lo que percibió. Lo que entiende es que se viene un proceso de cambio que puede amenazar sus condiciones de vida. En el fondo, es un triunfo de la precarización y de algún modo ratifica que la crisis sigue ahí, que puede ser que el primer ensayo constituyente de este gran proceso de cambio haya fracasado, pero el proceso de cambio sigue abierto. 

Para los sectores del poder político y económico excluir a los sectores populares más dinámicos y movilizados y sus reivindicaciones es lo central

¿La solución pasa por quitar las partes que se supone que son menos aceptadas —ciertas demandas del feminismo o del movimiento mapuche— y volver a votar? 
Pareciera ser que esa solución sería posible, pero muy poco deseable. Y parece que el Gobierno se está inclinando por esa vía. Ahora, la pregunta, ante eso, es cómo generar desde la experiencia de los movimientos sociales y la izquierda y los pueblos en lucha una alternativa que pueda presentar un camino distinto a esa salida. Esto ahora no existe y probablemente sea el mayor drama en Chile actualmente. 

El establishment político lo que quiere son dos cosas: que quienes escriban la Constitución sean los partidos políticos que están en el Parlamento y excluir a los movimientos sociales, a los independientes y a los pueblos indígenas. Y están en proceso de negociación para lograr eso. Y también quieren una Constitución mínima que modernice ciertos elementos del Estado más que garantizar derechos ampliamente, que es lo que buscaban los sectores populares de la revuelta y en el proceso constituyente. Para los sectores del poder político y económico excluir a los sectores populares más dinámicos y movilizados y sus reivindicaciones es lo central. Por el contrario, para los movimientos sociales y la izquierda, la paridad sustantiva, la participación de independientes y de movimientos sociales, así como los escaños reservados para pueblos indígenas, son mínimos democráticos, no solo para un proceso constituyente, sino para todos los procesos políticos venideros. En la medida en que hay una crisis social y política abierta, lo que necesitamos es una salida consecuente a eso que efectivamente resuelva la crisis y no una salida a medias que reproduzca el mismo patrón neoliberal y de democracia restringida. Por lo tanto, efectivamente, un nuevo proceso constituyente o la continuidad del proceso de cambio requiere recoger de manera aún más profunda y más verdadera esas demandas. 

¿Y ahora qué?

Hay un bloqueo por parte de los partidos, que están negociando un acuerdo entre ellos, aunque ni siquiera se logran poner de acuerdo dentro de los sectores de la derecha, entre su sector pinochetista y el centro derecha más moderno, ni tampoco dentro del oficialismo, porque hay múltiples almas en cada una de esas coaliciones. Y lo que estamos viendo es que los sectores de movimientos sociales y la izquierda están excluidos de esos procesos de deliberación por parte de los partidos y están haciendo un camino propio. Estamos haciendo un camino propio, primero para evaluar todo lo que fue el proceso y luego para empezar a pensar cómo lograr constituir una alternativa política desde esa experiencia de la revuelta y del proceso constituyente. Porque efectivamente los sectores de la derecha y del oficialismo no están logrando dar con la solución a la crisis. Más bien están atrapados en una búsqueda de acuerdos, como si el consenso político parlamentario fuese un fin en sí mismo y no la necesidad de buscar salidas consecuentes a la crisis. 

Si no se modera la propuesta de Constitución. ¿Cuál es la otra salida?  
La pregunta es qué se rechazó cuando se rechazó la Constitución. Hay personas que rechazaron el texto como un voto de castigo al Gobierno por no entregar ayudas en contexto de la crisis pandémica o por no cumplir con sus promesas de campaña de que las cosas iban a cambiar. Hay un sector que votó porque era obligatorio y nunca habían participado en actos electorales. Hay un sector que efectivamente votó en contra del contenido de la Constitución, pero probablemente ese sea un sector minoritario, la base dura de la derecha conservadora. Según los estudios y las encuestas que se hicieron después, cuando se preguntaba por qué habían votado ‘rechazo’ era porque querían mejores pensiones, que estaban garantizadas en la nueva Constitución. O era porque querían un sistema de salud gratuito, un derecho que también estaba garantizado. Entonces la pregunta es dónde está la falla, dónde estuvo la desconexión.

El establishment político quiere que quienes escriban la Constitución sean los partidos políticos que están en el Parlamento y excluir a los movimientos sociales, a los independientes y a los pueblos indígenas

Puede ser que el ensayo constituyente haya fracasado, pero el proceso de cambio sigue abierto. Y puede ser que el proceso de cambio ya no continúe por la vía constitucional. Puede ser que continúe por la vía de una lucha por la posibilidad de ciertas reformas que puedan establecer trincheras de cambio en términos de condiciones de vida, de condiciones de trabajo o de lucha, por ejemplo, la negociación sindical. Puede ser que también estos sectores que lograron auto representarse en la Convención Constitucional busquen disputar políticamente también un proceso de cambio y por lo tanto, que vayamos a ver un proceso múltiple, no solo en un terreno, el constitucional, como había sido hasta ahora, sino en varios terrenos. Puede ser incluso que el acuerdo parlamentario sea que no haya un proceso constituyente nuevo y que haya una reforma hecha por el Congreso. Eso es un riesgo real. Por lo tanto, en Chile no podemos pensar que el único camino es el proceso constituyente para cambiar la Constitución. Ahora ya puede ser que tengamos que esperar algunos años para el cambio constitucional, pero en la medida que la Constitución en sí misma expresa una correlación de fuerzas, puede que sea incluso favorable para los sectores populares acumular mayor capacidad de fuerza política y social para que ese cambio constitucional efectivamente consolide los cambios que busca. 

¿Qué errores ha cometido el Gobierno de Boric? ¿Ha hecho algo bien? 
El Gobierno lo ha tenido muy difícil por razones estructurales, tanto nacionales como internacionales, la crisis, la pandemia, la guerra… Por otro lado, se trata de un momento político desordenado, sin mayorías claras en el Parlamento. Y la opción que vieron como útil para poder viabilizar el programa fue aliarse con los sectores de la centroizquierda, la vieja Concertación que había gobernado y administrado el neoliberalismo antes. Nosotros creemos que fue uno de los primeros —no sé si errores porque era una estrategia— flancos abierto problemáticos para el Gobierno, porque significaba que los mismos sectores que no querían el cambio que estaba en el programa estaban en el Gobierno supuestamente para implementar el programa, y eso es una tensión muy difícil de resolver. 

En segundo lugar, el Gobierno de Boric llegó con mucho entusiasmo ciudadano, pero se fue desinflando rápido porque tomó la decisión de algún modo de guardar los mejores momentos o elementos del programa para el segundo año, cuando fuese posible dar una discusión de presupuesto, que es lo que está ocurriendo ahora, cuando se pudiera consolidar la reforma tributaria. Entre las pocas cosas que se han hecho, está el aumento del salario mínimo, que fue significativo, pero que en un contexto de aumento de la inflación al 13% se va perdiendo. También ha habido un despliegue muy significativo de la agenda feminista y de género desde el Gobierno, algo que nunca habíamos visto. Eso yo creo que son dos elementos importantes, pero al mismo tiempo está en proceso de aprobar el Acuerdo de Modernización con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico - TPP11, un acuerdo que el partido de Boric había prometido rechazar en su programa. Esto significa una derrota, porque el Gobierno tiene que concederle a la derecha y a los sectores de centro que la única manera de llevar el desarrollo en Chile es por la vía de la globalización neoliberal, que es todo lo contrario a lo que ellos planteaban. 

Por otro lado, la militarización y el avance de la represión también ha sido un elemento de continuidad de Estado que este Gobierno no le queda otra que asumir y que ha profundizado, tanto en la frontera sur con territorio indígena como la frontera norte, donde se ha concentrado una buena parte de la crisis migratoria. Y en este Gobierno este aspecto se ha ido profundizando en contra de su propio programa o avanzando, incluso, en elementos del programa de la derecha. Todo eso configura un escenario de mucha debilidad política para un Gobierno que parece no tener iniciativa. 

Lo que hace la diferencia no es la existencia de noticias falsas o las campañas dirigidas por los poderosos, sino la capacidad del pueblo de resistirse a eso y comunicarse directamente no mediados por los grandes medios

¿Qué diferencias ves entre esta ola de gobiernos progresistas (México, Bolivia, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Chile) con respecto a la anterior ola de la primera década del siglo?
Hay dos diferencias muy claras. La primera ola había estado acompañada por un aumento del precio de las materias primas, que son la fuente de renta principal en América Latina. Y eso le daba a esos gobiernos progresistas o populares un empuje muy fuerte, sobre todo para consolidar su posición en el Gobierno a través de programas sociales y de sacar a importantes sectores de la población de la pobreza, como fue el caso de Brasil o Venezuela. Por otro lado, la diferencia política fundamental es que las fuerzas progresistas hoy en día ya no gobiernan solas, sino que lo hacen con los sectores de centroizquierda ante los cuales se habían rebelado antes. El Frente Amplio nace para rebelarse contra la Concertación y hoy día gobierna con la Concertación cada vez más dentro, cada vez más cerca del corazón del Gobierno. Pareciera que va a ser un ciclo más corto, que se va a agotar más rápido en un momento de mayor inestabilidad nacional, regional y global. También con una amenaza de la nueva derecha y de la extrema derecha que antes tampoco estaba tan fuerte, tan a la vuelta de la esquina.