Chalecos amarillos
Chalecos amarillos: ¿pueblo o proletariado?

La movilización de carácter espontáneo de los chalecos amarillos está en su semana vigésimo primera y cubre el conjunto del territorio francés. Se organiza esencialmente alrededor de rotondas y procede al bloqueo de las vías de comunicación. A diferencia de las manifestaciones tradicionales, organizadas por los sindicatos, este movimiento se lanzó inicialmente y se desarrolla principalmente a través de Internet y de las redes sociales.Cada sábado se suceden manifestaciones nacionales en numerosas ciudades desde el 17 de noviembre de 2018. Los chalecos amarillos encuentran un eco importante tanto en las zonas periurbanas como en las mismas ciudades. Dada la informalidad de la organización, así como el desarrollo de diferentes acciones, es difícil calcular el número de participantes con precisión. Para el sindicato Policiers en colère [Policías en Ira], el número de manifestantes varía, según las semanas, entre 90.000 y 1.300.000. Estas cifras contrastan con las del ministerio de Interior, que habla de 30.000 a 280.000 manifestantes. Este último número está enormemente infradimensionado pues a menudo ya solo el número de policías movilizados es superior a esas cifras.

Una movilización sobre el territorio 

Los chalecos amarillos se caracterizan por la entrada en la lucha de capas periféricas al proletariado. Ya no son los trabajadores que disfrutan de una relación de fuerza importante que, en esta ocasión, constituyen el desencadenante y punta de lanza del movimiento, sino esencialmente obreros y empleados de las periferias urbanas y las zonas rurales, que trabajan en la pequeña empresa. Se trata de un movimiento proletario que está desarrollando reivindicaciones que focalizan en la reproducción de la fuerza de trabajo y no de una opción obrera que ponga el foco en el salario directo y la condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en el seno de la empresa.La movilización no se organiza en los centros de producción sino que se desarrolla fuera de la empresa y del horario laboral. Como no tienen la capacidad de bloquear, ni siquiera parcialmente, la producción, el movimiento se arma en torno a las rotondas, organizando barricadas, filtrando y frenando la circulación de bienes y personas. La estructura de la lucha se desplaza así del lugar de la producción al lugar de la circulación. Una segunda característica es que los trabajadores en lucha no se dirigen a la patronal, que puede de esta forma quedarse al margen, sino directamente al Estado. Se trata justamente de su único interlocutor al que proponen sus reivindicaciones salariales. Estas no van dirigidas al salario directo remunerado por la empresa, sino al salario reglamentado por el Estado y el salario indirecto gestionado por los poderes públicos.

Lucha de clases

El carácter proletario del movimiento, el hecho de que se trate de capas sociales que cuentan con una posición relativamente débil en las relaciones de fuerza, que se organizan en el territorio y no en las empresas, tiene como efecto que los chalecos amarillos se expongan a acciones contundentes por parte las fuerzas del orden. Vehículos blindados de la gendarmería están presentes en sus movilizaciones, una medida excepcional en la Francia urbana. La represión es importante. Según las cifras del gobierno, al 24 de marzo de 2019, entre todos los manifestantes detenidos, más de 8.700 fueron puestos bajo custodia policial, 2.000 han sido condenados, 1.400 están en espera de juicio y 390 están en prisión.Las violencias contra los manifestantes y los periodistas son de un nivel inédito en las últimas cinco décadas. Sufren heridas ocasionadas por el uso de armas que están proscritas en el resto de Europa: balas defensivas, Flash-Ball y granadas de aturdimiento. Desde noviembre del 2018 hasta el principio de marzo de 2019, el periodista David Dufresne ha contabilizado 483 casos de violencias policiales graves. Ha relevado también 202 heridas en la cabeza, 21 personas que perdieron un ojo, y cinco manos arrancadas.

Disolver el proletariado en el pueblo

Como se renuncia al sustantivo proletariado por parte de los medios y de los manifestantes mismos, usándose preferencialmente el término “pueblo”, el lugar de la confrontación política se ha desplazado. La lucha contra el Estado, como capitalista colectivo, puede subvertirse en una demanda de democratización de las instituciones, especialmente para la adopción de un mecanismo de referéndum popular. Se niega el carácter de clase del Estado, aún actuando éste en la primera línea en la disminución del salario y la transferencia de riqueza a las empresas. Si las clases sociales existen en función de sus relaciones de lucha, la noción de pueblo neutraliza toda oposición de clase, es una representación que suprime la diferencia rechazando toda separación con los poderes constituidos.

La disolución de las reivindicaciones propias en una demanda abstracta de democratización del Estado puede fácilmente transformarse en su contrario, en un refuerzo del poder ejecutivo. El referéndum de iniciativa ciudadana, una reforma que podría establecer una “relación” directa entre el presidente y el “pueblo”, podría favorecer una presidentalización creciente del régimen político, una concentración de poderes todavía más radical en las manos del ejecutivo.

Negación del carácter político de la lucha salarial

Todo esto nos lleva también a una negación del carácter directamente político de la lucha salarial, que en el contexto actual, afronta globalmente una acumulación del capital basado, ya no principalmente en el aumento de la producción de plusvalía relativa, sino de un nuevo crecimiento de la plusvalía absoluta.
En Occidente, y por tanto en Francia, en una estructura de muy débil crecimiento, el aumento de la productividad del trabajo no es el vector principal del aumento de la explotación, sino que lo son la bajada de los salarios directos e indirectos así como el aumento de las jornadas laborales o su flexibilidad. La lucha por el salario mínimo se vuelve directamente política, porque toda valorización de la fuerza de trabajo pone directamente en causa un sistema de explotación basado esencialmente en la caída del valor absoluto de la fuerza de trabajo. La función del Estado como capitalista colectivo es hoy central en el desmantelamiento de las garantías que permiten a los trabajadores defender sus salarios y sus condiciones de trabajo. Toda lucha por el salario deviene en una lucha directamente política.