Centroamérica
Guatemala sueña con una nueva “primavera democrática”

Son las ocho de la mañana en Ciudad de Guatemala y el tráfico es un caos. Norah, de 57 años, espera el bus que la lleva a la zona 14, una de las áreas más exclusivas de la ciudad, donde trabaja como reponedora en un centro comercial. “Ahora solo nos queda confiar en Dios y pedir misericordia, porque en Guatemala las cosas están muy mal”. Norah decidió su voto por el presidente Bernardo Arévalo una hora antes de la segunda vuelta. “A los demás ya los conocía”, dice levantando las cejas. “Ahora no espero mucho. O sí, que baje la canasta básica, porque en este país a la carne solo le enseñamos los dientes”. 

Los muros que circundan el camino que lleva de Ciudad de Guatemala a Antigua, la ciudad colonial al oeste de la capital, están plagados de pintadas: “Guate es del pueblo, no de los corruptos”, “Fuera Consuelo”, “Traidores y enemigos del pueblo”.

Para Hudiel, la victoria de Arévalo tiene una sola explicación: el hartazgo de la sociedad guatemalteca frente al “pacto de corruptos” que en los últimos años ha descompuesto al país

“Yo no lo voté pero espero que le vaya bien”, dice Hudiel, con una sonrisa amplia y amable, y una gorra azul con la que se protege de un sol penetrante. “No lo conocí, pero dicen que su padre fue el mejor presidente que tuvo el país”. Hudiel tiene 52 años y vive en San Luis Las Carretas, un pueblo ubicado a unos siete kilómetros de Antigua. Todos los días se monta en su bicicleta y recorre esta distancia para ofrecer tours como guía. En Antigua, la mayoría de la población que vive es extranjera. Los habitantes autóctonos que vivían allí, muchos de ascendencia maya, se trasladaron a pueblos cercanos y vuelven a la ciudad solo para trabajar. La mayor parte sobrevive de la venta ambulante. 

Hace un año Bernardo Arévalo y su partido Movimiento Semilla no aparecían en las encuestas. Ni él mismo se imaginaba presidente. Hasta la primera vuelta, la disputa electoral era un escenario reñido entre caras conocidas de la vieja política con poco respaldo. Tanto así, que el voto nulo fue el gran ganador en esa instancia. Superó a todos los candidatos. 

“En Antigua hicimos manifestaciones para sacar a Giammatei, pero no pudimos. Fue el peor gobierno. Durante la pandemia se robó todo”. Para Hudiel, la victoria de Arévalo tiene una sola explicación: el hartazgo de la sociedad guatemalteca frente al “pacto de corruptos” que en los últimos años ha descompuesto al país. “Era como una bola imparable, ahora veremos qué pasa, porque todo es muy difícil”. 

El “pacto de corruptos” es como se conoce en Guatemala a la red de complicidades empresariales, políticas, judiciales y militares que desde hace años tiene cooptado al Estado. Un problema endémico. Aunque el último gobierno del presidente Alejandro Giammatei (2020-2024), de la mano de la fiscal Consuelo Porras en el Ministerio Público, sobrepasó de manera descarada todos los límites: malversó fondos, bloqueó investigaciones anticorrupción, criminalizó jueces, persiguió opositores, montó casos, intervino la universidad pública. El último golpe: trató de impedir con todo tipo de artilugios la asunción de Arévalo.

¿Una nueva primavera democrática?

Arévalo es un rara avis en Guatemala. Su carrera profesional y política está impoluta. Tiene el sello de calidad de ser hijo de Juan José Arévalo, uno de los padres de la “primavera democrática” que, entre 1944 y 1951, amplió derechos, promulgó la ley de ocho horas, el derecho a huelga, el salario mínimo, la reforma agraria o la creación del Instituto Nacional Indígena, una etapa de florecimiento que la población guatemalteca añora. 

Además, viene de un partido relativamente nuevo, el Movimiento Semilla, que emergió durante las protestas anticorrupción de 2015. Ese año, miles de guatemaltecos y guatemaltecas salieron a las calles a manifestarse pacíficamente exigiendo la salida del expresidente Otto Pérez Molina, que renunció envuelto en un escándalo de defraudación y asociación ilícita. 

Arévalo es un rara avis en Guatemala. Su carrera profesional y política está impoluta. Tiene el sello de calidad de ser hijo de Juan José Arévalo, uno de los padres de la “primavera democrática” (1944 y 1951)

Las protestas de 2015 son referencia permanente del pueblo guatemalteco como ejemplo de lucha ciudadana. Un momento de la historia reciente en el que la dignidad colectiva logró detener los abusos de los poderosos en el país. Aunque también es recuerdo de un período en el que se ilusionaron con un cambio y fueron defraudados. 

Los siete pueblos 

En Santiago Atitlán, un pueblo maya ubicado a las orillas del lago Atitlán, en el departamento de Sololá, Doña Leti saca de una cubeta que sostiene en la cabeza un ramo de bananos y los coloca sobre una mesa. Su puesto, ubicado en la puerta del mercado, tiene una manta tupida de frutas ordenadas en tonos degradé. “Guatemala es el país de los ricos, no de los pobres, mucho menos de los pueblos indígenas”. A diferencia de otros municipios de la zona, en Santiago Atitlán la mayoría de la población es indígena. “Arévalo asumió gracias a los 48 Cantones. Eso no se puede olvidar”, dice doña Leti. 

Los 48 Cantones de Totonicapán es una organización indígena perteneciente al municipio de Totonicapán, ubicado en el altiplano occidental del país. Con una larga historia de resistencia pacífica y gran capacidad de acción a nivel nacional, fue la organización que lideró el potente movimiento de los siete pueblos indígenas que, durante 106 días, hizo guardia frente a la sede del Ministerio Público para defender los resultados electorales. 

Los 48 Cantones, junto con el Parlamento Xinka, los Ixiles, y las comunidades de Sololá, Santa Lucía Utatlán, San Cristóbal Totonicapán y Chichicastenango, pedían también la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, y de los fiscales y jueces Rafael Kurruchiche, Fredy Orellana y Cinthia Monterroso, señalados como los responsables de las acciones judiciales que buscaron perjudicar y dejar sin efecto las elecciones.

No es común que las autoridades ancestrales tengan una participación activa en los procesos electorales. De hecho, fue la primera vez que los siete pueblos se articularon en defensa de una sola causa

En Guatemala no es común que las autoridades ancestrales tengan una participación activa en los procesos electorales. De hecho, fue la primera vez que los siete pueblos se articularon en defensa de una sola causa. “La toma de posesión no se hubiese logrado sin el levantamiento y la articulación de los pueblos. Pero no fue un apoyo al partido Semilla, sino la necesidad de garantizar que se respetara la voluntad del pueblo”, dice a El Salto Jovita Tzul, abogada maya kich'e, coordinadora jurídica del Bufete para Pueblos Indígenas de Guatemala. 

Luego de la asunción del nuevo presidente, las autoridades ancestrales retornaron a sus territorios con la misión de discutir la creación de una organización nacional que haga seguimiento al Gobierno. “¿Cuál va a ser la política frente al extractivismo? ¿Y el modelo energético? Son temas que están en disputa y que siguen afectando fuertemente a los pueblos, como el tema de la tierra que es un conflicto histórico”, señala la abogada, originaria de Totonicapán.

En Guatemala algunos finqueros registran como propias tierras donde viven desde hace varias generaciones comunidades indígenas, para luego interponer una querella penal por usurpación, lo que termina provocando el desalojo de pueblos ancestrales. “Ojalá que en este tiempo se dé la discusión sobre cómo abordar este conflicto. Nosotros siempre decimos que esto no es una discusión del derecho penal, es una discusión agraria. Hay que determinar quién es realmente el usurpador, el empresario finquero que registró su tierra ayer pero que tiene un documento, o una comunidad que lleva 70, 100 años viviendo ahí”.

Otra demanda de los pueblos indígenas es que se discuta el modelo energético y la presencia de hidroeléctricas transnacionales en sus territorios. En Guatemala no existen empresas estatales, todas fueron privatizadas durante la década de los 90. “Hay un alto porcentaje de las comunidades que no tiene energía eléctrica. Y son las mismas comunidades afectadas con la instalación de una hidroeléctrica. Incluso muchas han sido desplazadas de sus hogares por la instalación de este tipo de proyectos. Todos los gobiernos mencionan la necesidad de la electrificación rural, pero nadie lo ha hecho”, dice Jovita Tzul. 

Un respiro

Hasta 2023, más de 200 comunidades indígenas fueron desalojadas de sus tierras. A la par, se abrieron procesos judiciales a lideresas y líderes indígenas por defender sus territorios. En este sentido, la abogada considera que el gobierno de Bernardo Arévalo puede parar este tipo de arbitrariedades. “Veníamos con mucho miedo de que nos fueran a criminalizar porque estábamos apoyando una lucha. Ahora, con muchísima cautela, decimos que es como que nos dieron un suéter con una talla más grande, porque sabemos que de alguna manera va a haber un respiro”.

El 15 de febrero, unas horas después de haber asumido el gobierno, el presidente Arévalo ordenó quitar las vallas de seguridad que rodeaban el Palacio Nacional de Cultura y la Casa Presidencial. Las cercas metálicas habían sido colocadas por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), para “defender” las instituciones de las protestas y se mantuvieron durante el período de Alejandro Giammatei. Para algunos, su desmantelamiento representó una forma de tender puentes con la ciudadanía. 

“A los 40 años, con las cosas que hemos vivido, tampoco es que espere que el gobierno haga mucho en cuestiones materiales, pero sí simbólicas que contribuyan a disputar el relato”, dice a El Salto Flor de María Calderón, integrante de Hijxs Guatemala, organización de derechos humanos que desde hace años denuncia la impunidad imperante en el país. 

Cuando Flor de María habla de sus sensaciones con el nuevo gobierno se pone la mano en el pecho y suspira hondo. Su cuerpo responde antes que sus palabras. “La verdad que es un respiro. Cuando era joven había una consigna que decía: ‘a mayor represión, mayor organización’. Y es mentira. Creo que ahorita que nos dejen de reprimir un poquito y podamos volvernos a juntar, vamos a tener la oportunidad de repensarnos y vernos un poquito más a largo plazo”.

Un proyecto plurinacional

En la costa sur de Suchitepéquez, departamento ubicado al suroeste del país, Thelma Cabrera, lideresa indígena, se conecta con su móvil. Está en el medio de un bosque y la conexión es intermitente. Tiene unos minutos para conversar en medio de una pausa de la reunión de coordinadores del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una organización que surgió en 1992 en defensa de los territorios y la lucha por el acceso a servicios básicos de las comunidades campesinas. 

En 2019, Cabrera se presentó a la presidencia por el brazo político del comité, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos.​ Fue la única candidata indígena. Ese año salió cuarta. Obtuvo el 10.37 % de los votos. En 2023 también presentó su candidatura, pero el Tribunal Electoral negó su inscripción alegando una supuesta infracción de su compañero de fórmula Jonas Rodas. “No se permitió nuestra participación por todo el resultado que hubo en el 2019”. Thelma no fue la única que no pudo participar. Otros dos candidatos de sectores opositores también fueron inhabilitados con recursos espurios. 

El Codeca formó parte de las organizaciones que exigieron que se respetara el triunfo del nuevo gobierno. “Ahora le damos el beneficio de la duda. Pero así como está conformado el gabinete no creemos que genere cambios. Arévalo llegó, pero está amarrado de las manos. Tuvo un discurso anticorrupción, pero vemos que en el equipo hay exfuncionarios de los gobiernos salientes. Entonces, cómo va a llevarlo a la práctica si va a gobernar con gente que está manchada por la corrupción”, dice a El Salto la lideresa indígena. 

Arévalo llegó al gobierno aupado por el voto joven urbano. Desde su perfil en Tik Tok, la red social más influyente entre los más jóvenes, captó más de un millón de seguidores

Ahora, la organización se encuentra abocada a trabajar con las comunidades en un proceso de discusión para convocar a una asamblea constituyente para el “buen vivir” que permita cambiar la Constitución. Desde 2013, Codeca propone la creación de un Estado plurinacional que contenga a todos los pueblos indígenas. “Hoy es un modelo de Estado centralizado, mestizo, donde no hay participación de los pueblos. Pero antes de proponer este cambio de la Constitución hay que organizar al pueblo, para que sea el mismo pueblo el que pueda asumir la responsabilidad de reivindicar sus derechos”, explica Thelma.

La Guatemala de los jóvenes

Arévalo llegó al gobierno aupado por el voto joven urbano. Desde su perfil en Tik Tok, la red social más influyente entre los más jóvenes, captó más de un millón de seguidores. Una cuenta que sigue alimentando y tiene miles de comentarios: “No le falle al pueblo”, “Señor presidente no caiga en lo mismo de pagar favores políticos”, “Disculpe presi pero cómo planea resolver el asunto de los hospitales que están al borde del colapso”.  

“Las expectativas y cambios que nosotros esperamos como juventud son muy altas. Nosotros de verdad esperamos ver políticas que reflejen valores de equidad, de justicia social y de sostenibilidad ambiental”, dice Julissa De La Paz, de 25 años, integrante de Jóvenes por la Transparencia del Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC), una agrupación ciudadana que promueve la pedagogía anticorrupción entre las juventudes y otros sectores de la sociedad guatemalteca. 

A poco más de un mes en el gobierno, Semilla todavía enciende el brillo de los ojos de muchos de los jóvenes que lo votaron. “No te digo que no he criticado algunos desaciertos que ha tenido. Pero consideramos que ahorita pesa más lo bueno que lo malo de lo que ha podido hacer”, dice Julissa.

En una Guatemala con necesidad de cambios inmediatos, Arévalo camina por suelo minado. La mayoría de la población sabe que la situación del país no cambiará de un día para otro 

Mariana Rohrmoser trabaja junto a Jóvenes por la Transparencia como coordinadora del FCCC, y también vislumbra buenas intenciones por parte del nuevo gobierno. “Eso hace mucha diferencia respecto a otros en los cuales esta voluntad no ha existido y, por el contrario, se han dedicado a la práctica de actos fraudulentos”. Aunque también cree que el voto de confianza desaparecerá tan rápido como llegó si el gobierno no logra desarmar la trama de corrupción. “Esos círculos siguen activos, viendo la forma de no perder sus privilegios. Y no podemos olvidar que el Estado se compone de tres órganos, y todavía el órgano legislativo es un órgano que está bastante corrompido”, dice a El Salto Mariana.

En una Guatemala con necesidad de cambios inmediatos, Arévalo camina por suelo minado. La mayoría de la población sabe que la situación del país no cambiará de un día para otro, pero confía en quien después de mucho tiempo se atreve a enfrentar a una élite mafiosa enriquecida con las arcas del Estado, en un país con el 60% de la población en situación de pobreza.