Catalunya
Claves del escándalo que ha acabado con una investigación a la dirección de infancia en Catalunya

El martes 14 de octubre quedó constituida en el Parlamento de Catalunya la comisión de investigación sobre las irregularidades de la DGAIA (Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia) que el pleno de la cámara aprobó por unanimidad en julio. La comisión deberá investigar la actividad de la DGAIA entre el 2011 y el 2025, después de los demoledores informes de la Sindicatura de Cuentas y los escándalos por supuestos abusos a menores de edad sometidos a alguno de los regímenes de protección de esta entidad. 

La comisión tiene como presidente al diputado socialista Jordi Riba, mientras que la vicepresidencia queda en manos de la diputada Anna Balsera de Esquerra Republicana y como secretaria ha sido elegida Àngels Planas, diputada de Junts Durante el periodo a investigar integrantes de Esquerra Republicana y de los partidos que en la actualidad pertenecen a Junts per Catalunya, han dirigido el Departamento Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de la cual depende el sistema de protección a la infancia.

El informe de la Sindicatura, realizado a pedido del Parlament, fue presentado en marzo de 2024 y recoge la existencia de contratos irregulares y prórrogas tácitas en los servicios de acogida y protección de menores de edad, realizados sin concurso público y por procedimiento de emergencia, “sin ningún amparo legal ni documental”

La explotación sexual de una niña de 12 años, bajo la guarda de la ex Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, (DGAIA) —hoy Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, (DGPPIA)— fue la gota que hace unos meses colmó el vaso de la indignación respecto al manejo del sistema de protección de menores de edad en Catalunya. El caso fue conocido en mayo y señaló a un sistema altamente cuestionado por las familias afectadas con alguna medida de supuesta protección. 

A esta grave denuncia que reveló una red de pederastia con al menos 25 menores de edad afectados y para cuyo “jefe” la fiscalía catalana está pidiendo 107 años de prisión, se suma el informe de la 3/2024 de la Sindicatura de Comptes sobre el ejercicio de 2016 a 2020 de este sistema de protección, conformado por la DGAIA y el Consorcio de Servicios Sociales de Catalunya. Una investigación del medio catalán Octuvre.cat y una investigación en curso de la Oficina Antifraude son las otras piezas del caso.

Informe de la Sindicatura: contratos irregulares, sobreocupación y pago por plazas vacías

El informe de la Sindicatura, realizado a pedido del Parlament, fue presentado en marzo de 2024 y recoge varias irregularidades. En primer lugar, la existencia de contratos irregulares y prórrogas tácitas en los servicios de acogida y protección de menores de edad, realizados sin concurso público y por procedimiento de emergencia, “sin ningún amparo legal ni documental”. El 28 de mayo, tras la presentación del informe de la Sindicatura, comparecieron ante la comisión de Derechos Sociales del Parlament el ex consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias , Chakir El Homrani y exdirectores de la DGAIA. La aplicación del 155 en Catalunya tras el referéndum independentista, la llegada masiva de menores de edad inmigrantes al territorio entre 2016 y 2018, así como la falta de presupuesto, fueron los motivos esgrimidos por los comparecientes para justificar las irregularidades señaladas en el informe de la Sindicatura. 

Ricard Calvo, director de DGAIA entre enero de 2016 y agosto de 2017, dijo en su declaración:“La disponibilidad presupuestaria para hacer nuevas contrataciones era nula. Las contrataciones tienen su origen en condiciones de desbordamiento. Como administración teníamos la responsabilidad política, social y moral de velar por la seguridad de los menores”. Antes de ser director de DGAIA, Calvo fue tesorero de Plataforma Educativa, que agrupa a las fundaciones que gestionan la mayoría de centros de DGAIA, y es su actual subdirector. 

El informe de la Sindicatura señala además que se concedieron ayudas económicas a jóvenes extutelados que no cumplían con los requisitos, la existencia de plazas vacías en los centros por las que se paga hasta en un 80% del valor de lo que cuestan cuando están ocupadas por un menor de edad y un gasto de la gestión triplicado en cuatro años, son los otros ejes del informe.

Un aspecto importante que tiene que ver con el servicio recibido por las y los menores tutelados es, según la Sindicatura, que so pretexto de la gran cantidad de menores migrantes no acompañados que llegaron al territorio, se incrementaron plazas de acogida por el procedimiento de emergencia, sin embargo, se ha detectado sobreocupación de los servicios ya contratados. “La sobreocupación consistió en dar servicio a un número de menores superior al número de plazas contratadas o del número de plazas de la capacidad de los centros, hecho que hizo empeorar las condiciones de la prestación del servicio”, dijo la síndica Maria Àngels Cabasés durante la presentación del informe ante el Parlament.

Mientras en cuatro años los centros que dan servicio a DGAIA cuasi se triplican, el ingreso de menores de edad en estos recursos, según las memorias de la propia DGAIA, contando incluso el ejercicio de 2021, no se incrementaron en la misma proporción

El informe de la Sindicatura confirmó que los centros de atención a menores de edad y a jóvenes extutelados son todos de gestión indirecta y en su mayoría privados concertados, es decir, gestionados por fundaciones del tercer sector, que supuestamente no tienen ánimo de lucro. Según el documento, además, mientras en 2016 había 189 centros, en 2020 la cifra era de 580. Y he aquí otra desproporción, pues mientras en cuatro años los centros que dan servicio a DGAIA cuasi se triplican, el ingreso de menores de edad en estos recursos, según las memorias de la propia DGAIA, contando incluso el ejercicio de 2021, no se incrementaron en la misma proporción: en 2016 eran 6,927, mientras que a diciembre de 2021 llegaron a 7,798, es decir 871 menores de edad más en 5 años. 

La Sindicatura también reveló que entre 2016 y 2020 el sistema de protección catalán ha realizado pagos por un monto de 944.46 millones de euros y aquí el crecimiento también ha sido exponencial, sobre todo, por parte de DGAIA, pues mientras que en 2016 hizo pagos por 95.703 millones de euros, en 2020 la cifra sube a 219.658 millones. En cambio, en el mismo periodo, el Consorcio de Servicios Sociales de Catalunya subió su gasto de 28 millones a 30.

El gasto que también ha aumentado superlativamente es el de primera acogida. Si en 2018 costaba 15.000 mil euros por plaza y mes, la cifra se eleva a 56.672 en 2020. También llama la atención el aumento del gasto en pisos asistidos. En 2019, el gasto mensual de cada piso fue de 36.000 mil euros, mientras que en 2020, la cifra subió a 50.000. La cantidad de pisos también ha aumentado de manera vertiginosa, pues mientras en 2016 eran 11 y los usuarios 177, en 2021 pasaron a ser 166 y atendieron a 1.268 jóvenes. 

La investigación de Octuvre.cat

Este festival de números llevó a una investigación al medio Octuvre.cat. Este medio dio a conocer que Plataforma Educativa, a través de sus fundaciones, entre 2016 y 2023 ha gestionado más de 300 millones de euros de dinero público, provenientes del sistema de protección a la infancia, pero también de otras entidades del gobierno catalán y de los fondos Next Generation. Plataforma Educativa está dirigida por 12 personas que controlan 47 cargos, entre ellos Ricard Calvo.

Una de esas fundaciones que integra Plataforma Educativa es Resilis, contratada por DGAIA para gestionar las ayudas a jóvenes extutelados y servicios de acogida de menores, plazas de urgencia y pisos sociales. En marzo de 2024, esta fundación fue denunciada ante sus dirigentes por un trabajador que se negó a elaborar informes en los que le ordenaban omitir que muchos de los jóvenes que las recibían no cumplían con los requisitos. “Si gestionas prestaciones te toca hacer mucho trabajo sucio”, fue la respuesta de la jefa cuando el trabajador se negó a poner su firma avalando el supuesto fraude. 

En marzo de 2024, una de las fundaciones que integran la plataforma que ha gestionado 300 millones en protección a la infancia fue denunciada ante sus dirigentes por un trabajador que se negó a elaborar informes en los que le ordenaban omitir que muchos de los jóvenes que las recibían no cumplían con los requisitos

Resilis negó esta actuación en enero de 2015, tras la publicación del reportaje sobre esta denuncia, pero el trabajador contaba con grabaciones que avalan sus afirmaciones. El caso está siendo investigado por la oficina Antifraude, y el trabajador acabó dejando su puesto. Tras esta primera denuncia otros trabajadores denunciaron a Octuvre.cat los mismos hechos. 

Semanas después de la presentación del informe de la Sindicatura y mientras la investigación continúa, el Departamento de Servicios Sociales e Inclusión renovó contrato con Resilis hasta diciembre de 2026 para que continúe gestionando el pago de ayudas a jóvenes extutelados, porque “el servicio se ha de dar de forma continuada”, dicen desde el Departamento. Los pagos irregulares por este concepto, hasta el momento han costado 4,7 millones de euros del dinero público catalán, según consta en el informe de la Sindicatura.

Además, en su auditoría de 2023, Resilis deja constancia de que, a través de un convenio con la Agència Catalana d’Habitatge y el Institut Català de Finances, ha adquirido el derecho de uso de 500 viviendas por 75 años, además de dinero para rehabilitarlas y mejorarlas. La adquisición de esas viviendas tiene un valor de 30 millones de euros de dinero de los contribuyentes catalanes, además de lo que cueste ponerlas a punto para su uso. 

La refundación: de DGAIA a DGPPIA

La denuncia del trabajador de Resilis y el informe de la Sindicatura de Comptes presentando en noviembre de 2024 en el Parlament originó tal terremoto en la política catalana que en junio de este año el Govern anunció la refundación de DGAIA: se nombró una nueva dirección y se produjo el cambio de nombre a DGPPIA. Además, se elaboró un plan de trabajo de 91 páginas donde se subraya el objetivo de cuidar la transparencia y se anuncia una dirección doble para mejorar la fiscalización de los gastos: una que se ocuparía de los planes de protección y otra del manejo del dinero. 

Sin embargo, las fundaciones implicadas en el caso de la DGAIA siguen trabajando con la ahora DGPPIA. Y esto ocurre a pesar de la afirmación de la síndica Maria Àngels Cabasés, que aseguró que las contrataciones del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, del que depende DGAIA, no había sido adecuada: “La gestión y la duración de los contratos de gestión de los servicios públicos por parte del departamento no ha estado la adecuada para permitir una buena gestión del procedimiento de contratación en la práctica totalidad de contratos que, previendo una duración de dos y hasta de un año, se han prorrogado luego hasta el máximo de ocho años”. Cabasés además manifestó que toda contratación y gasto realizado de esta manera es nulo. 

“Reformaremos la DGAIA, pero no miraré atrás. No señalaré a nadie, pero llegaré hasta el final”. Esas fueron las palabras de Salvador Illa, president de la Generalitat, en el Pleno del Parlament, en mayo de este año, cuando saltó el problema a la opinión pública. El mando del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, ha estado durante más de 6 años —y justo durante el periodo que abarca el informe de la Sindicatura— en manos de Esquerra Repúblicana,, partido que da apoyo a la legislatura del PSOE tanto en Catalunya como en España. 

Aprodeme y Madrecitas piden que se investigue más allá del dinero

Siendo las irregularidades económicas extremadamente graves, asociaciones como Aprodeme, que se encarga de la defensa de menores de edad tutelados, espera que la comisión investigadora del Parlament “aborde también las retiradas innecesarias de menores y las formas que siguen usando los técnicos de la nueva DGAIA”, así lo manifiestan en un comunicado en su web. 

Y es que, aunque la palabra “expediente” aparece 74 veces en el documento de 91 páginas que establece la guía de la nueva DGAIA, ahora DGPPIA, en ninguna de ellas se habla de la necesaria revisión de expedientes de las y los menores de edad arrancados de sus familias, a fin de determinar si sus tutelas han sido bien dictaminadas, y se limita a definir cómo ha de ser la nueva gestión. La revisión, además, debería hacerse a través de una auditoría independiente. 

Aunque la palabra “expediente” aparece 74 veces en el documento de 91 páginas que establece la guía de la nueva DGAIA, ahora DGPPIA, en ninguna de ellas se habla de la necesaria revisión de expedientes de las y los menores de edad arrancados de sus familias, a fin de determinar si sus tutelas han sido bien dictaminadas

En agosto de 2025, existían un total de 19.861 niños, niñas y adolescentes, bajo alguna medida de protección en Catalunya, lo que supone 15 menores de edad por cada mil de los que viven en Catalunya; en 2021 eran 11 por cada mil.. 

Según la Ley de Protección del Menor de 2015 y la Convención de los Derechos del Niño, sólo se debe de separar a un menor de su hogar en caso de maltrato y de agresión sexual. Sin embargo, en Catalunya y España, conocidas son las denuncias de madres y padres que a través de asociaciones como Madrecitas y la ya mencionada Aprodeme, así como de publicaciones en redes sociales y en algunos medios, explican cómo sus hijas e hijos les son retirados en algunos casos con informes que no se ajustan a la realidad y por situaciones comoacoso escolar, vulnerabilidad económica, ser progenitor extutelado y hasta por violencia de género. Algunas madres incluso han denunciado agresiones sexuales del progenitor contra sus hijas e hijos y la respuesta de la justicia, basada en informes de la administración, es ingresarlos en centros. 

Las familias arguyen que las tutelas son un negocio por la cantidad de dinero que las diferentes administraciones pagan a las entidades del tercer sector para el cuidado de las y los menores de edad. Según el informe de la Sindicatura de Comptes, entre 2016 y 2020, DGAIA pagó de 108 y 134 euros diarios por cada menor de edad ingresado en un centro residencial de acción educativa (CRAE), lo cual significa que al mes por cada plaza en esta modalidad pago 4.020 euros, es decir poco más de 3 salarios mínimos interprofesionales; con la mitad de ese dinero y con ayuda profesional una familia podría cuidar perfectamente del bienestar de sus criaturas. 

El Salto se ha puesto en contacto con la DGPPIA para recabar su versión, y varios días después su respuesta ha sido que contestarán a nuestras preguntas “pronto”.