Castilla y León
Ciudad del bienestar y la salud: un proyecto especulativo a gran escala

Este mes de septiembre la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León se reunirá para debatir la aprobación del proyecto denominado “Ciudad del Bienestar y de la Salud” en Aldeamayor de San Martín (Valladolid). Aunque su intención es aprobarlo, no tendrá fácil justificarlo, habida cuenta de que todos los informes técnicos son contrarios.

Aunque este proyecto echó a andar hace dos años, tuvo un precedente que lo explica: un Plan Parcial que recogía la pretensión de la empresa inmobiliaria Metrovacesa de construir cerca de 5.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo lo anularon declarándolo ilegal por no garantizar la obligación de abastecimiento de agua y, sobre todo, por considerarlo contrario al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, por contener previsiones en materia de crecimiento totalmente ilógicas y contrarias al bien común y al interés general, y por falta efectiva de razón o necesidad, ya que el proyecto triplicaría la población del municipio.

Ante este varapalo judicial, Metrovacesa, empresa cuyos principales accionistas son el Banco de Santander y el BBVA, tardó apenas medio año en volver a la carga.

Según ha manifestado a El Salto Susana Ordóñez, jurista especializada en temas urbanísticos y portavoz de la Asociación Ciudad Sostenible, este nuevo proyecto constituye un intento de revestir el anterior para tratar de otorgarle esa razón o necesidad y burlar así el rechazo judicial. Ese revestimiento consiste en no hablar de viviendas en sentido estricto sino de un proyecto ligado a la salud.

Así, se construirían 1.440 viviendas y 26.000 plazas residenciales que por un lado dotarían de plazas para la tercera edad y por otro potenciaría el turismo sanitario de personas extranjeras que podrían acudir buscando operaciones quirúrgicas, principalmente cirugía estética, ocular, ortopédica y cardíaca. En total 1.300.000 metros cuadrados edificables dentro de un terreno de 300 hectáreas (3.000.000 millones de metros cuadrados) de suelo calificado como urbanizable.

Para Susana Ordóñez todo ello hay que matizarlo para entender que se trata de un engaño: “Las presuntas plazas residenciales para la tercera edad convertirían la zona en un gran geriátrico. El pretendido turismo sanitario se podría entender en la Costa del Sol, o en la costa mediterránea, pero no aquí”.

De hecho la propia propuesta que baraja la Junta de Castilla y León para aprobar el proyecto indica que “esta administración admite que, si no hay oferta, es muy posible que nunca haya demanda”, lo que Ecologistas en Acción ha calificado como “una magnífica definición de la especulación que prohíben tanto la legislación urbanística como la propia Constitución Española en su artículo 47”.

Respecto a las viviendas, Susana Ordóñez aclara que “cuando hablan de 1.440 es porque es el número máximo que permitiría el Reglamento de Urbanismo ya que un PGOU ha de contemplar que al menos un 50 % de las viviendas se encuentren en el casco urbano, y Aldeamayor de San Martín ya tiene ocho sectores de suelo urbanizable, por lo que como mucho podría construir otras 1.440 viviendas”.

INTERÉS ESPECULATIVO FINANCIERO 

Aunque este proyecto, de ejecutarse, convertiría a Aldeamayor de San Martín en el segundo núcleo de población de la provincia de Valladolid, tras la capital, Susana Ordóñez sostiene que la idea que subyace detrás de este proyecto no es prioritariamente llevarla a cabo sino que responde a una operación especulativa-financiera consistente en que estas 300 hectáreas de terreno sigan teniendo la calificación de urbanizables, lo que supone un valor notablemente más alto que si son calificadas como rústicas.

Ejecutar el proyecto supondría multiplicar varias veces la población del municipio y requeriría una inversión multimillonaria sin que la oferta cuente con demanda. No en vano Aldeamayor de San Martín tiene aún sin desarrollar diversos sectores de suelo urbanizable, algunos en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB, el denominado Banco Malo), así como cientos de viviendas vacías, miles si se considera todo el alfoz de Valladolid.

En la lista de propietarios de los terrenos (Metrovacesa es la principal propietaria, pero no la única) figuran familiares directos del alcalde, Fernando de la Cal Bueno, del PSOE

Y es que todo arranca en 1998 con la Ley del Suelo promovida por el gobierno de José María Aznar, con Rafael Arias Salgado como ministro de Fomento. Esta Ley liberalizó el suelo, convirtiendo prácticamente cualquier terreno en urbanizable, con la excusa de abaratar su precio, aunque que a la larga favoreció la burbuja inmobiliaria.

Sin embargo una Disposición Transitoria de la Ley de Urbanismo de Castilla y León establece que si un terreno considerado urbanizable no se desarrolla antes del 19 de octubre de este año, con una ordenación detallada y aprobada, pasa automáticamente a ser considerado como rústico. De ahí la prisa en todo el procedimiento, con un interés puesto más en que los terrenos no pierdan la condición de urbanizables que en realizar un proyecto urbanístico concreto.

En esta carrera a toda prisa se han dado diversas irregularidades. En primer lugar, en la lista de propietarios de los terrenos (Matrovacesa es la principal propietaria, pero no la única) figuran familiares directos del alcalde, Fernando de la Cal Bueno, del PSOE.

Ecologistas en Acción ha denunciado conflicto de intereses, que inhabilita y exige abstención del alcalde en cualquier votación en el pleno municipal referida al tema, abstención que no se ha producido, por lo que esos acuerdos podrían ser considerados nulos. La organización ecologista también exige transparencia para conocer si otros concejales pudieran incurrir en idéntico motivo de conflicto de intereses.

Sin embargo el alcalde cesó a sus socios del equipo de gobierno, formado por PSOE, IU-Toma la Palabra y Somos Aldeamayor de San Martín, en el que el PSOE ostenta la alcaldía, IU-Toma la Palabra la concejalía de Urbanismo y Somos Aldeamayor de San Martín la concejalía de Servicios Sociales, por la intención manifiesta de estos dos grupos de oponerse al proyecto.

Posteriormente, según los grupos de la oposición, de la Cal convocó un pleno con un solo día de antelación, pese a que es obligatoria una antelación mínima de 48 horas, con intención de que los concejales opuestos al proyecto no tuvieran tiempo de obtener permiso en sus puestos de trabajo para acudir, y mucho menos de preparar sus intervenciones. Por ello el grupo Candidatura Independiente-Ciudadanos de Centro Democrático presentó recurso de reposición contra la convocatoria, desestimado por el alcalde, y estudia presentar un contencioso administrativo

Ese pleno, celebrado el 26 de julio, dio el visto bueno al proyecto, con los votos favorables de PSOE y PP. Para ello se ignoraron los informes contrarios al mismo del propio arquitecto municipal y de la Diputación Provincial, así como las alegaciones de grupos como Ecologistas en Acción.

En concreto el informe de la Diputación Provincial, firmado por el Jefe de la sección de Urbanismo, califica el proyecto como “ciudad fantástica innecesaria, sin interés público, carente de justificación y sin encaje legal”.

En cuanto a las alegaciones de carácter medioambiental, se indica que se trata de terrenos inundables (reconocido por la Confederación Hidrográfica del Duero), que lindan con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Salgüeros de Aldeamayor que alberga unos de los criptohumedales salinos de mayor interés regional, incluidos en la Red Natura 2000. Además se vería afectado por el paso de 15.000 vehículos diarios en una zona que ya incumple la normativa sobre contaminación por ozono troposférico.

Estas alegaciones, presentadas por grupos como Ecologistas en Acción, Asociación Ciudad Sostenible o Acenva, han sido soslayadas también por la Declaración Ambiental Estratégica de escasamente tres folios, favorable al proyecto, emitida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

CONNIVENCIA ADMINISTRACIONES-METROVaCESA

Tan solo un día después del visto bueno municipal, la Junta de Castilla y León convocó una reunión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, presidida por el delegado Territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo-Figueroa, para aprobar el proyecto por parte de la administración regional, sin atender los informes contrarios del arquitecto municipal, la Diputación Provincial y las anteriores resoluciones judiciales. Tanta prisa tenían en aprobarlo que la reunión se fijó para el día 31 de julio, incumpliendo el plazo mínimo de tres días que debe mediar entre la convocatoria y la celebración. Por ello se tuvo que retrasar un día, y no se pudo aprobar de forma definitiva, por falta de algún requisito formal, por lo que finalmente se tuvo que posponer para septiembre. A esa reunión el alcalde de Aldeamayor de San Martín acudió acompañado de representantes de Metrovacesa.

No es la única connivencia entre Metrovacesa y las administraciones que tienen que decidir un asunto en el que tiene interés. El propio proyecto de Ciudad del Bienes y de la Salud presentado por la empresa ha sido elaborado por Luis Álvarez Aller, arquitecto imputado en el caso del PGOU de Valladolid y la vivienda del anterior alcalde de la capital, Javier León de la Riva. 

El informe con el que Metrovacesa postula el proyecto ante la administración ha sido redactado por Tomás Nevado-Batalla Moreno. Este profesor de la Universidad de Salamanca ha sido Consejero de Administraciones Públicas de la Junta de Extremadura con el PP, y desde noviembre de 2017, por decisión del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, fue nombrado miembro de la Comisión de Ética Pública de Castilla y León.

Una Comisión que tiene como función velar por la transparencia, la objetividad la ejemplaridad, la observancia de un código ético y la austeridad de los cargos públicos de la Comunidad Autónoma.

Como última irregularidad, hasta ahora, Susana Ordóñez afirma que “la envergadura del proyecto supone un vuelco absoluto al modelo territorial del municipio, lo que requiere no una mera modificación puntual del PGOU como se está haciendo, sino una revisión integral del mismo, por tanto con otras exigencia legales, lo que le convierte en radicalmente ilegal”.