Casa Real
El rey hace público su patrimonio y el Gobierno anuncia un decreto de “transparencia” de la Casa Real

El rey Felipe VI tiene un patrimonio personal de 2.573.392, compuesto por más de 2,2 millones de euros en depósitos y cuentas bancarias y 300.000 euros en joyas y obras de arte. La Casa Real ha hecho pública esta información, en la que se añade que el monto de los depósitos procede de las asignaciones acumuladas de su actividad como príncipe de Asturias y, en la actualidad, como jefe de Estado, una vez deducidas sus contribuciones con Hacienda.

Pocos minutos después de que se hicieran pública estas cifras desde la Zarzuela, el Gobierno ha anunciado que presentará mañana el contenido de un nuevo Decreto en el que se plantea una reforma de “la estructura y el funcionamiento de la Casa de SM el Rey” en lo tocante a transparencia y rendición de cuentas.

Se produce así un comienzo de desbloqueo de una circunstancia que ha marcado el mandato de Felipe VI, una vez que se conocieran detalles de la actividad como comisionista del anterior jefe de Estado, Juan Carlos I. El 29 de diciembre de 2020, después del discurso navideño, el Gobierno anunció que se trabaja en una ley de la Corona basada en los conceptos de renovación y “rendición de cuentas“, pero la cobertura de uno de los principales ángulos muertos de la Constitución, en su artículo 56.3, se ha hecho esperar hasta abril de 2022.

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La salida por piernas de Juan Carlos de Borbón, con el apoyo de la plana mayor del Partido Socialista, reabre la crisis institucional que está vigente desde hace una década en España. Representantes de Unidas Podemos, Más País, las CUP, ERC, EH Bildu y Anticapitalistas valoran en este reportaje la posibilidad de un nuevo “momento republicano” en España.

Dicho artículo establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, un hecho que hasta ahora había servido para que el jefe de Estado se amparase en la no obligatoriedad de la rendición de cuentas. En marzo de este año, la ministra de Justicia Pilar Llop defendió que no creía que en ese momento hubiera “las mayorías suficientes para abordar cualquier reforma que tuviera que ver con la inviolabilidad”.

El escueto comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación no detalla cómo se organizará ese decreto, que, a priori, no puede suponer un cambio en el texto constitucional para el que se necesitaría un acuerdo de tres quintas partes de las cámaras. Es más probable que se opte por una reforma de la ley orgánica del poder judicial que permita acotar el alcance del artículo 56.3 —que nunca ha sido testado en la alta magistratura— y establezca una serie de compromisos para hacer público que informaciones como la que hoy ha emitido la Casa Real sean más frecuentes.

El 2 de marzo, la Fiscalía ordenó el cierre de las diligencias que se habían abierto para investigar a Juan Carlos I en los casos de las comisiones del AVE Medina-Meca, el de las “tarjetas opacas” y el de dos trust abiertos en paraísos fiscales. La justificación de ese archivo se basó en que los posibles delitos del rey Juan Carlos I han prescrito o se produjeron en el momento en que era inviolable.