Cárceles
22.000 personas en el corredor de la muerte

El reloj de Pablo Ibar se paró en 1994. Las manecillas siguen girando, hay pila, pero su vida se detuvo entonces, cuando tenía 22 años. Hoy, con 46, Ibar no sabe lo que es tener un teléfono móvil entre las manos. Y aunque es el menor de sus problemas, desde luego, también es un ejemplo de lo que supone la reclusión forzosa en la cárcel cuyo horizonte no podría ser peor: la ejecución de una condena a muerte.

Entre los años 2000 y 2016, este hijo de un pelotari emigrado a Estados Unidos y sobrino del boxeador Urtain estuvo encerrado en el corredor de la muerte en una prisión del Estado de Florida. En 1994 fue detenido y acusado del asesinato de tres personas. En 2000 escuchó la sentencia que le condenaba a muerte. Y el 4 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo de Florida anuló el juicio y la condena, al considerar que había tenido una defensa ineficaz y que había sido declarado culpable y condenado a muerte con pruebas escasas y débiles. Se terminaban los 16 años que Ibar pasó en la cuenta atrás, restando cada día uno a los que le faltaban no para recuperar la libertad sino por vivir.

El 1 de octubre empezó el nuevo juicio a Pablo Ibar. En el primer mes, Fiscalía y defensa seleccionarán a las 12 personas que conformarán el jurado de un proceso que se alargará medio año, hasta la sentencia, y que debería sustentarse sobre unas garantías mayores que las que protagonizaron el primer litigio.

“Si sumas indefensión, una Fiscalía muy contundente y la presión mediática, el resultado fue una condena absolutamente contra pronóstico”, afirma el periodista Nacho Carretero, autor de En el corredor de la muerte (Espasa, 2018), un trabajo en el que recrea la historia de Ibar, con la que se topó en 2012. En su opinión, hay varios factores que llevaron a esa sentencia, siendo el más importante la ausencia de una defensa eficaz por parte de un abogado de oficio cargado de problemas personales que no atendió el caso como debería. “Pablo pidió el cambio de abogado varias veces pero se lo denegaron, algo que él aún no entiende”, comenta Carretero, quien subraya que, en principio, se trataba de un escenario muy favorable para Ibar —“con numerosas pruebas que demuestran su inocencia y ninguna que demuestre su culpabilidad”— pero en el que influyó el ecosistema judicial del estado de Florida, que tilda de muy conservador.

“En el momento de su condena —recuerda el periodista—, era uno de los tres Estados del país en los que no se necesitaba unanimidad del jurado para condenar a muerte. A él le condenan por nueve votos a favor y tres en contra, algo que es tremendo: que tres miembros del jurado tengan dudas razonables o lo consideren inocente y que aun así se le condene a muerte. Eso se declaró inconstitucional hace unos años en EE UU pero en ese momento no era así y por eso pudo ser condenado a muerte”.

22.000 personas en el corredor de la muerte

Estados Unidos es uno de los 23 países en los que durante 2017 se registró alguna ejecución, concretamente fueron 23 los presos que perecieron allí —el único país en todo el continente americano que la aplica— mediante esta práctica. En total, según los datos recogidos por Amnistía Internacional (AI), el año pasado se contabilizaron 993 ejecuciones en todo el mundo y se firmaron 2.591 condenas a muerte en 53 países. China es el país en el que más ejecuciones se realizan, aunque AI no puede especificar cuál es el número total, por lo que no lo incluye en la suma.

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte el miércoles 10 de octubre, la organización ha lanzado una nueva campaña para presionar a cinco países —Bielorrusia, Ghana, Irán, Japón y Malasia— con el objetivo de que pongan fin a las condiciones inhumanas de detención de las personas condenadas a muerte y avancen hacia la abolición total de la pena capital.

“Si miramos en el largo plazo, la batalla contra la pena de muerte se está ganando”, valora para El Salto Carlos Escaño, responsable del trabajo sobre pena de muerte en Amnistía Internacional España, quien recuerda que cuando esta organización —contraria en todos los casos sin excepción, con independencia del tipo de delito o del método de ejecución que se aplique— empezó la campaña contra la pena capital en 1977, 16 estados la habían abolido. “Hoy son 142 los que la han abolido en la ley o en la práctica. Hay muchos elementos que han empujado en esta dirección”, señala Escaño, que cifra en 22.000 el número de personas en todo el mundo que esperan la muerte en un corredor.

En su acercamiento a la historia de Pablo Ibar, Carretero viajó a Florida para visitar al preso. Conocer de cerca el corredor de la muerte es uno de los aprendizajes más valiosos que ha extraído, junto a la valentía de la familia, que en un caso como este también es víctima del castigo que se inflige al reo. La privación de libertad de una persona condenada no solo afecta a quien se encuentra entre rejas. En ese sentido, el autor de Fariña destaca la fuerza de Tanya, la esposa de Ibar, que no ha dejado de estar a su lado desde la detención en 1994, cuando ella tenía 16 años, porque cree firmemente en su inocencia.

Carretero considera que en ocasiones se habla con mucha ligereza acerca de la privación de libertad: “Se dice ‘solo le cayeron 12 años, qué poco’, por ejemplo, y conviene detenerse en las historias más concretas, hacer ejercicios de empatía, y pensar en lo que supone la privación de libertad. Yo he pasado hora y media en el corredor de la muerte y ya quería salir de allí corriendo, no me imagino lo que puede ser estar allí un día entero, una semana o, qué decirte, 16 años”.

“La tasa de criminalidad en España es de las más bajas de Europa, no tenemos ningún problema social real de criminalidad. Pero es fácil jugar políticamente con los sentimientos de venganza”, valora Nacho Carretero

También detalla lo que supuso para Ibar el aislamiento en el corredor de la muerte, en un relato que expone el día a día y las imprevisibles secuelas de sufrir una experiencia semejante. “Cada día tomamos cientos de decisiones sin darnos cuenta, desde las más nimias como coger el teléfono, abrir una puerta o mover una silla. Durante 16 años, Pablo no pudo mover una silla, porque están clavadas al suelo, ni abrir una puerta, porque las abren los guardias cuando consideran, ni cambiar los horarios de su comida o de su higiene, ni absolutamente nada. No tomó ninguna decisión. ¿Cómo puede afectar a alguien estar tantísimos años sin poder tomar una sola decisión? La privación de libertad va mucho más allá de la imagen de estar encerrado en una celda o de la violencia de las cárceles. Todo eso ocurre, porque Pablo también lo padece, pero psicológicamente es una situación durísima. Además, en una condena ‘normal’ puedes pensar que aguantas porque en cinco o diez años sales, pero en este caso estás esperando a ser ejecutado. Es una concepción de la justicia completamente enfocada al castigo, no tiene ningún otro fin. Obviamente no existe la posibilidad de redención, reinserción o segunda oportunidad en una medida así, eso la hace extremadamente cruel”.

Si el nuevo proceso judicial dictamina que Pablo Ibar diga adiós definitivamente al mono naranja, “es muy consciente de que va a tener que aprender a vivir cuando salga”, dice Carretero. “Cuando le anulan la sentencia a muerte en 2016, le trasladan a una prisión común porque está pendiente de juicio. Y allí le costó muchísimo adaptarse, después de tantos años con la misma rutina. Solo el cambio del corredor de la muerte a una prisión común ya fue muy traumático, imagínate cuando tenga libertad completa”.

¿Quién merece morir?

“Ni siquiera Rodrigo Rato merece morir ejecutado, por supuesto, al menos si tengo que tomar yo la decisión”, responde la fotoperiodista Sofía Moro a la pregunta que da título a su más reciente publicación, un libro que ofrece retratos y testimonios en primera persona, desde distintos puntos de vista y lugares del mundo, en torno a la cuestión de la pena capital. En sus páginas conocemos a condenados a muerte que son inocentes, otros que son culpables, verdugos, familiares, abogados o activistas de la comunidad que trabaja por la abolición de la pena de muerte. Iniciado a partir de un reportaje que realizó sobre una asociación que reúne a ciudadanos estadounidenses que han sido condenados a muerte y que consiguen demostrar su inocencia mientras están en el corredor de la muerte, Moro decidió ampliar el foco y fijarse en lo que ocurre en países como Japón, Malawi, Irán y Bielorrusia.

“La pregunta es quién tiene autoridad para decidir de manera infalible quién merece morir”, explica a El Salto. Y también encuentra contestación: “Mi absoluta convicción es que nadie está capacitado para tomar la decisión de ejecutar a una persona. La pena de muerte tiene esto tan perverso que es su aparente legalidad, parece que de alguna manera lo que hace es administrar justicia valiéndose de su aprobación por un tribunal, por una constitución o una dictadura, según el caso, y parece que es una cosa legal cuando es una violación absoluta de los derechos humanos, y una violencia radical y cruel que no tiene nada de justicia y mucho de venganza”.

Moro reconoce que lo que ha aprendido con este trabajo es la imposibilidad de crear “un sistema limpio y justo que administre la pena de muerte. Y esto vale tanto para países muy desarrollados, como para otros muy míseros, para países de religión musulmana o de religión católica”.

Los atentados de Daesh en territorio occidental durante los últimos años y el auge de discursos populistas basados en la mano dura como solución son dos motivos que podrían explicar un hipotético giro a favor de la reimplantación de la pena de muerte en países que la abolieron hace décadas. Pero pese a esa atmósfera conservadora, no parece que ese paso atrás esté sobre la mesa. “El apoyo público a la pena capital en EE UU ha ido reduciéndose del 80% en los años 90 al 50% en la actualidad —afirma Escaño—. Declaraciones como las de Donald Trump cuando se cometió un atentado terrorista en Nueva York diciendo que esas personas deberían ser ejecutadas no son acertadas ni contribuyen a un debate más racional sobre la pena de muerte. No hay ningún informe que demuestre que la pena capital disuada más de la comisión de delitos que otras medidas como la cárcel”.

Por su parte, Carretero opina que en España hay un intento por crear la percepción de que se necesita un Código Penal más duro. “Pero como suele suceder con las percepciones —añade el periodista—, no se corresponde con la realidad. La tasa de criminalidad en España es de las más bajas de Europa, no tenemos ningún problema social real de criminalidad que necesite una respuesta en forma de contundencia. Pero es fácil jugar políticamente con los sentimientos de venganza, el enfado o con las víctimas, porque es algo muy pasional, es una pulsión humana. Yo entiendo que alguien a quien le han hecho algo horrible a un familiar desee incluso la muerte de esa persona. Es un sentimiento humano, pero no es justicia. Se aproxima a la venganza. Y la justicia, como institución, ha de mantenerse alejada de las pulsiones humanas. Pero creo que en España no hay un debate sobre la pena de muerte, hasta la mayoría de la gente conservadora es contraria a la pena de muerte”.

Para el responsable de Amnistía Internacional, “el compromiso contra la pena de muerte en España es algo firme, que se mantiene con independencia de la orientación política de los distintos gobiernos”. Y, además, explicita una exigencia: “Sí pedimos al Gobierno que sea proactivo y que ponga sobre la mesa la cuestión de la pena de muerte en sus relaciones con otros países”.