Brasil
Michel Temer: del golpe institucional a la cárcel

Menos de tres meses después de dejar el cargo, el expresidente Michel Temer fue detenido este jueves 21 de marzo en su domicilio de São Paulo por orden del juez Marcelo Bretas, así como de su colega y ex ministro de Minas y Energía, Moreira Franco. Escoltado por agentes de la policía federal hasta el aeropuerto, fue trasladado a Río de Janeiro y detenido en prisión preventiva.

Temer llegó al poder en agosto de 2016 tras la brutal destitución de la presidenta Dilma Rousseff, y es objeto de unas diez investigaciones por corrupción. Se sospecha que es el “jefe de una organización criminal” que malversó hasta 1.800 millones de reales (unos 415 millones de euros) en el contexto del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, el “Lava Jato”. Michel Temer fue arrestado por recibir un soborno de un millón de reales en 2014 de un empresario para obtener un contrato de la empresa estatal Eletronuclear para la central nuclear Angra 3, cuya obra comenzó en 1984 y nunca se ha terminado. Es el segundo presidente del país que está tras las rejas en menos de un año, después de que Luiz Inácio Lula da Silva fuera arrestado y sentenciado a 12 años y un mes de prisión.

Este arresto, que sacude a la opinión pública y al índice bursátil de Sao Paulo Ibovespa, es una oportunidad para revisar la presidencia del jefe de Estado más impopular de la historia de Brasil.

El golpe institucional de Temer en 2015 marcó el inicio de un ascenso gradual de un régimen autoritario acompañado de un resurgimiento del papel político de los militares

En Brasil, el país más poblado del continente, con más de 200 millones de habitantes, la oligarquía logró deponer a la presidenta en ejercicio Dilma Rousseff a través de un golpe de Estado institucional y colocar a su vicepresidente, el altamente reaccionario Michel Temer, en el poder sin ir a las urnas en 2016. En un contexto de antítesis de la democracia, empantanado en una grave crisis económica, el Gobierno de Temer dirigió con mano de hierro la octava potencia económica más grande del mundo. Inició la militarización del poder, aumentó el presupuesto del Ministerio de Defensa y entregó el Estado de Río al ejército. Convertido en el presidente interino más impopular de la historia postdictatorial de Brasil, llegó el momento de olvidar estos inconvenientes y hacer hablar a las urnas... para legitimar lo ilegítimo: el ascenso gradual desde 2015 de un régimen autoritario acompañado de un resurgimiento del papel político de los militares tras un golpe de Estado parlamentario.

Del golpe militar al golpe institucional

La historia del continente está llena de golpes de Estado, pero desde hace algún tiempo los servicios de inteligencia de las potencias imperialistas han comprendido que ya no es necesario enviar al ejército para alcanzar sus fines. En concreto, desean evitar la repetición del fracaso del golpe militar de 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela, cuando aceptó ser encarcelado para evitar un baño de sangre. La gente se trasladó en masa al palacio presidencial de Miraflores para exigir su regreso, que obtuvieron el 14 de abril.

Corromper la justicia y asegurarse el apoyo de los principales medios de comunicación y parlamentarios puede resultar suficiente a la oligarquía para lograr cambios de régimen a un menor costo, sin tener que temer tanto a una posible honda de países aliados o conmocionar demasiado a la opinión internacional. En Brasil, el último “golpe”, de carácter institucional, sustituyó a Dilma Rousseff por Michel Temer. Es similar al que derrocó a Fernando Lugo en Paraguay el 22 de junio de 2012, tras un proceso de destitución iniciado seis días antes, con el pretexto de incitar a la violencia campesina contra grandes terratenientes.

El político que encabezó la destitución de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, fue condenado el 30 de marzo de 2017 a 15 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión ilegal de divisas

Después de un juicio político expreso que duró unas horas en el Senado, el presidente de izquierda —elegido democráticamente en 2008 tras 61 años de gobierno de derecha encarnado por el Partido Colorado— y su proyecto de reforma agraria fueron definitivamente desestimados. Tres años antes, en Honduras, otro presidente de izquierda elegido democráticamente organizó una consulta para saber si se debía instalar o no una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009 “para permitir que el pueblo vote sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”. Ese día, el 28 de junio de 2009, el ejército irrumpió en la casa del presidente Manuel Zelaya, le sacó de la cama mientras aún estaba en pijama, le secuestró y le expulsó manu militari del país. La oligarquía recuperó el control.

Cambio de régimen

La destitución de una presidenta en ejercicio elegida y reelegida democráticamente al final de su primer mandato no es un asunto menor. Liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enredado en casos de corrupción, esta destitución no es más que un golpe de Estado institucional que permitió a la derecha volver al poder tras cuatro derrotas electorales consecutivas en 2002, 2006, 2010 y 2014. El propio Eduardo Cunha fue condenado el 30 de marzo de 2017 a 15 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión ilegal de divisas. Cínica ilustración del cazador cazado... Una vez que Dilma Rousseff es depuesta, su vicepresidente conservador y reaccionario Michel Temer toma el poder sin pasar por elecciones, y toma las riendas del país más grande del continente el 1 de septiembre de 2016.

Michel Temer deleita a la oligarquía

Los medios de comunicación dominantes están encantados. El periódico Folha de São Paulo afirma en un editorial que percibe la marcha de Dilma Rousseff como una “oportunidad”. A nivel internacional, aparte del New York Times y The Guardian, pocos medios de comunicación denuncian la medida. The Washington Post (25 de marzo de 2017) y The Economist (26 de marzo de 2016) piden al presidente que dimita, mientras que el periódico francés Le Monde titulaba su editorial “Brasil: esto no es un golpe de Estado”. Al leerlo, nos enteramos de que Dilma Rousseff había sido “mal reelegida”... Sin embargo, se trataba de una reelección para un segundo mandato con el 51,6% de los votos. Michel Temer, que ha estado actuando en nombre de Dilma Rousseff desde su suspensión, puede ahora “implementar una de sus principales promesas: una enmienda constitucional que elimine cualquier aumento en el gasto público durante 20 años”, aprueba el Financial Times. La congelación del gasto durante 20 años fue adoptada a finales de 2016, para gran disgusto de los servicios públicos, especialmente en salud y educación.

El Gobierno de Temer llevó a cabo profundas reformas estructurales, entre ellas la laboral, criticada por la OIT, que flexibiliza aún más la mano de obra, con una jornada laboral legal ampliada a 12 horas diarias

Temer tomó posesión en mayo de 2016, sustituyendo a todos los ministros de Estado de Dilma Rousseff, y formó su primer gobierno, formado exclusivamente de hombres blancos. Ninguna mujer o afrodescendiente fue nombrada ministra. En el Gobierno saliente había 15 mujeres. El número de Ministerios se redujo de 32 a 23.

El Gobierno de Temer llevó a cabo profundas reformas estructurales, entre ellas la laboral, criticada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que flexibiliza aún más la mano de obra, con una jornada laboral legal ampliada a 12 horas diarias. Una reforma que tiene similitudes con la llamada Ley Trabajo o Ley de El Khomri impuesta en Francia: uno de los aspectos más criticados se refiere a los convenios colectivos o de empresa que prevalecen sobre la legislación nacional. Una ley que también se parece a la que Viktor Orbán intenta imponer en Hungría, que da a las empresas tres años para pagar las horas extras.

Resistencia social a Temer

El exfiscal de São Paulo Michel Temer hizo de la reforma de las pensiones uno de los principales proyectos de su mandato. En un principio, el objetivo era elevar la edad de jubilación a 65 años. Luego, Temer tuvo que revisar su copia antes de considerar aumentarla a 62 años para las mujeres y 65 para los hombres. Lejos de una posible distribución del tiempo de trabajo en un país donde el desempleo afecta al 13% de la población, es decir, a casi 13 millones de personas, esta medida quiere acompañar la tendencia de otras “reformas” en el resto del mundo, que pretenden explotar cada vez más la mano de obra sacrificando el acceso a una jubilación merecida.

Los movimientos de protesta que se sintieron especialmente a partir de marzo de 2017. A pesar de una intensa campaña televisiva para popularizar esta reforma, se llevaron a cabo huelgas nacionales y cortes de carretera. Un eslogan se extendió como un reguero de pólvora: “¡El derecho a la jubilación debe permanecer! ¡Temer tiene que irse!”. Las manifestaciones se reanudaron en abril de 2018 y, al no poder obtener los votos necesarios en el Parlamento, la reforma fue finalmente abandonada un mes después. La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings reaccionó rápidamente y rebajó la calificación soberana de Brasil de BB a BB— el 23 de febrero. Ya a mediados de enero, Standard and Poor’s había rebajado la calificación del país a BB—, debido a un primer aplazamiento de la votación de la reforma, prevista inicialmente para el 1 de diciembre.

Llamada al orden del Banco Mundial

El abandono de este austero programa no contentó a los mercados y la llegada al poder del nuevo Jefe de Estado, Jair Bolsonaro, ha sido visto como una oportunidad para llamar al orden. No es de extrañar que el Banco Mundial, a través de su director de Operaciones para Brasil, Martin Raiser, recordara el 21 de noviembre de 2018 el programa que Bolsonaro, elegido un mes antes, iba a poner en práctica: “Lo importante es llevar a cabo una reforma [de las pensiones] rápidamente, el próximo año, para preservar al menos los ingresos fiscales previstos por el Gobierno Temer. Sin una reforma, el Estado quebrará y el riesgo es que la inflación vuelva”. En ese momento, el ganador de las elecciones del 28 de octubre de 2018 aún no había empezado a asumir oficialmente su cargo.