Brasil
Brumadinho: del luto a la lucha

“Iba al río a nadar, me hacía bien para mi columna y para aliviar la trombosis en mis piernas. Ahora no puedo ir y estoy triste”, cuenta Erliete Rocha en el Asentamiento Queima Fogo, a 245 kilómetros de Brumadinho. Está abrazada por sus nietos Luis y Pietro, de siete y cuatro años.

Hasta este rancho con techo de teja, paredes de palos y piso de tierra, y más allá, hasta el embalse Tres Marías, llegan los impactos del lodo tóxico que se derramó sobre la ciudad de Brumadinho el 25 de enero de 2019 y avanzó por el cauce de los ríos Paraopeba y San Francisco. En la zona viven unas 945.000 personas.

270 personas murieron bajo 12 millones de metros cúbicos de desechos mineros contenidos en las represas de la mina Córrego de Feijao. La represa I, de mayor tamaño, tenía 87 metros de alto construidos con la técnica “montante”, que aumenta la altura del primer dique de contención de residuos con nuevos muros hechos por la acumulación de residuos tóxicos.

El barro es una mezcla de la tierra sacada de la mina contaminada con plomo, mercurio, cadmio y zinc. Dentro quedan once personas que no fueron halladas. Los familiares piden que no se detenga la búsqueda.
Ese lodo aplastó a Sueli Marcos que trabajaba en el depósito de la mina desde hacía doce años. Tenía 40 y dos hijas, de nueve y 19 años, que ahora viven con su abuela. Los bomberos encontraron su cuerpo 15 días después del colapso de la represa. Encontraron la mitad de ella, de la cintura para abajo.

“La Vale [propietaria de la mina] hizo el funeral a cajón cerrado y puso una foto encima. Duró media hora. No permitió que fuera mucha gente. Fue muy triste. Nadie merece morir de esa forma tan trágica. Ahora van a hacer un memorial, el nombre de Sueli va a estar ahí, y ni siquiera nos avisaron —cuenta Michelle Rocha, prima de Sueli—. Es un acto de un mercenario para otro mercenario. La Vale y el gobernador tienen en común que no les interesa el pueblo”.

Este 23 de enero, la Asamblea Legislativa de Minas Gerais realizó un homenaje a las víctimas. Para los afectados, familiares, vecinos y habitantes de zonas cercanas a la mina, esto no es algo ni parecido a la reparación que esperan. Quieren justicia, no disculpas.

Un mes después del mayor crimen ambiental de Brasil, 108.000 personas —40.000 de Brumadinho— lograron ser reconocidas como afectadas gracias al trabajo del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB, por sus siglas en portugués). Vale pretendía limitar la reparación solo para la “zona del barro”.

Desde fines del año pasado la empresa comenzó a suspender los pagos de esas “ayudas de emergencia”. Como pasó con Eliana Marques, de 50 años, que dejó de cobrar en septiembre, sin ninguna explicación. Esta pescadora artesanal de Cachoeira do Choro, cerca de Tres Marías, no ha sido reparada en absoluto: por la contaminación del río ya no puede vender pescado en su comunidad, ni los turistas visitan las cascadas en la zona, lo que ha acabado completamente con dos décadas de trabajo.

Las ayudas se han entregado de manera incompleta, asignadas muchas veces solo a un miembro por núcleo familiar, tal como denuncian a El Salto durante la marcha contra la impunidad de Vale que el MAB encabezó esta semana por Minas Gerais.

Una de las hijas de Eliana, que trabajaba con ella, se mudó con su marido a 200 kilómetros de Cachoeira do Choro en busca de trabajo. Todavía no lo ha conseguido. La hija de ambos quedó a cargo de Eliana.

La pescadora denunció que Vale obligó a varias personas de la comunidad a firmar acuerdos extrajudiciales y criticó que no existan alertas oficiales sobre el estado de contaminación del río: “Algunas personas igual se bañan, no se dan cuenta del riesgo”.

Recientemente, la empresa fue obligada por la justicia a seguir pagando ayudas de emergencia por diez meses más, aunque solo 15.000 personas seguirán recibiendo el monto acordado de un sueldo mínimo si son adultas, medio salario si son adolescentes y un cuarto si son niños. El resto cobrará la mitad.

“La gente necesita la ayuda de emergencia para comprar comida; están pasando hambre porque han perdido sus trabajos. No vamos a parar hasta que haya una reparación completa”, señala Joceli Andrioli de la Coordinación Nacional del MAB.

Ningún integrante de Vale ha sido juzgado

A cuatro días del aniversario, el Ministerio Público de Minas Gerais presentó en la Sala 2ª de la Justicia Criminal de Brumadinho una denuncia contra 16 personas por 270 “homicidios dolosos doblemente calificados y crímenes ambientales” por el rompimiento de la Represa I en la mina Córrego de Feijao, que causó la pérdida de la agricultura en la zona, la destrucción de especies de flora y fauna nativas, así como de fauna acuática y vegetación del Bioma Mata Atlántica, y una contaminación hídrica que provocó el desabastecimiento de agua potable para las comunidades de la región. Entre los denunciados hay once integrantes de Vale SA, entre directivos, gerentes de planificación y geotecnia; y cinco de la empresa alemana Tüv Süd Bureau Proyectos y Consultoría, el gerente general y consultores técnicos.

El Ministerio Público y la Policía Civil de Minas Gerais tomaron declaración a 183 personas, entre investigados, testigos y víctimas sobrevivientes, y analizaron 94 dispositivos electrónicos que contenían casi seis millones de archivos digitales. La información recabada demuestra “una promiscua relación entre las dos corporaciones denunciadas, en el sentido de esconder del poder público, de la sociedad, de accionistas e inversores la inaceptable situación de seguridad en varias de las represas de minería mantenidas por Vale. Con apoyo de Tüv Süd, Vale guardaba en una 'caja negra' la información sobre riesgos geotécnicos de sus represas de residuos para mantener una falsa imagen de seguridad como empresa de minería, evitar —a cualquier costo— impactos en su reputación y, consecuentemente, alcanzar el liderazgo mundial en su valor de mercado”, dice el Ministerio Público en un comunicado emitido el 21 de enero.

El año pasado los ingenieros de Tüv Süd declararon a la policía —y se filtró a la prensa— que habían sido “presionados” para firmar estudios que garantizaban la seguridad del relave y que habían solicitado a Vale que ”intensificaran el monitoreo” y aumentaran las sondas para verificar la humedad del suelo en la represa.
“La Justicia no sabe qué hacer en estos casos”, dice Tchenna Masso, del área de Derechos Humanos en MAB, quien estudia especialmente cómo lograr procesos de justicia cuando el poder corporativo está implicado.

Brumadinho es un caso emblemático para enjuiciar a una empresa por violaciones a los derechos humanos, algo difícil sin un Tratado Vinculante de Naciones Unidas que dé un marco legal para juzgar estos crímenes a nivel nacional e internacional. “Los accionistas escuchan a los CEO y los CEO dicen que las empresas hacen todo bien, les convencen de que están dando reparación a las víctimas, pero no es así. Los movimientos sociales debemos estudiar más al sistema financiero, que parece abstracto pero está presente todos los días en nuestras vidas, controlando cómo trabajamos, nos alimentamos, nos medicamos. Los accionistas deben conocer en qué tipo de empresas están invirtiendo y dejar de creer en el greenwashing”.

Vale es la cuarta empresa minera en el mundo. En Brasil maneja el 70% del mercado, con 133 mineras de hierro. Un mes antes del colapso de la Represa I había logrado una licencia del Consejo Ambiental de Minas Gerais para reactivar las operaciones en Córrego do Feijao, que no recibía desechos desde 2015. En coincidencia con el aumento del precio del hierro vendido por Vale, que superaba los 90 dólares por tonelada, pretendían “recuperar” esos residuos y pasar de diez a 17 millones de toneladas por año.

Están pendientes la aprobación de dos proyectos de ley (estatal y federal) para crear una Política Nacional de Derechos de las Poblaciones Afectadas por Represas y el cumplimiento del fallo judicial de 2019 que ordena crear una Asesoría Técnica Independiente para reunir pruebas de las afectaciones y monitorear que Vale cumpla con el programa completo de reparación integral, que incluye abordar los problemas de salud física y mental provocados hace un año.

Esto implicaría considerar las alergias en la piel por el contacto con el barro tóxico; casos de asma, rinitis y otros problemas respiratorios por el polvo; aumento de abortos espontáneos; aumento de cáncer y de problemas cognitivos en el sistema nervioso central al consumir o estar en contacto con agua contaminada.

Zé Geraldo, a cargo de la atención en salud del MAB, también está pendiente de los cuadros depresivos, por el shock que genera haber perdido a un ser querido, el hogar, el trabajo, la vida cotidiana. Dice que su función es acompañar, escuchar, orientar y darles ánimo transformando “el luto en lucha”.

“Toda la familia está pasando por tratamiento psicológico. Fernando, que trabajaba allí, ve el uniforme y se pone mal —dice Michelle sobre otro familiar vinculado a Vale—. Para nosotros no pasó un año. Fue ayer”.

Sentada en la cocina del rancho, Erliete dibuja olas con sus manos: “Cuando veía el río pasar parecía que los problemas se iban”. Ahora ese río está quieto, marrón, lo que a veces se mueve son pescados que flotan.