Banco Popular
La Audiencia Nacional llama a declarar a los expresidentes del Banco Popular por su hundimiento

Se investigará la ampliación de capital y si los directivos difundieron información falsa para enriquecerse con la caída de la entidad.

Cajero del Banco Popular
El Banco Popular fue intervenido y vendido por un euro al Banco Santander Lito Lizana

publicado
2017-10-04 12:01:00

La Audiencia Nacional ha decidido investigar el hundimiento del Banco Popular. En tres autos diferentes, el juez Fernando Andreu, el mismo que investigó el caso Bankia, cita a declarar a una veintena de exdirectivos de la entidad financiera. Entre las personas que tendrán que responder a las preguntas del juez se encuentran los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

El juez Andreu también ha reclamado documentación a la CNMV, Banco Popular, FROB y Banco de España para determinar si la información contable en el folleto y la documentación de la ampliación de capital ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación. Hechos que, según el juez, serían constitutivos de un delito relativo a los mercados y los consumidores, competencia de la Audiencia Nacional, así como por la grave repercusión del tráfico mercantil, dado el montante de la ampliación de capital, así como por los miles de accionistas que perdieron su inversión.

El primero de los autos se centra en la ampliación de capital realizada por la entidad en 2016. Aquella operación captó 2.505 millones de euros de inversores que perdieron todo el día que la entidad fue intervenida. El segundo se encargará de investigar si hubo acciones que pudieran constituir una manipulación del mercado mediante la publicación de noticias falsas con la intención de rematar a la entidad y hacerla quebrar. Este auto también estudiará si los directivos acusados utilizaron información privilegiada para poder enriquecerse con la caída del que era el sexto mayor banco del Estado español.

El juez ha querido hacer una diferencia clara entre la etapa de la entidad en la que estuvo presidida por Ángel Ron, hasta el 20 de febrero de 2017, y la parte posterior en la que Emilio Saracho condució la entidad hasta el día que fue intervenida. En cuanto a la época de Ángel Ron, se denuncia una posible campaña de desprestigio del Banco Popular mediante la publicación de noticias e informaciones falsas para obtener beneficios, hechos que podrían constituir un delito de manipulación del mercado.

La sindicatura de accionistas BPE y la Unión europea de inversores, dos de los grupos directamente relacionados con el Opus Dei y que acumularon un mayor número de acciones de la entidad, también han sido llamados a declarar. La exdirectiva y consejera del Banco Popular María Reyes Calderón, una de las artífices del cambio de rumbo del Banco Popular al sustituir a Ron por Saracho, también se encuentra en la lista. 

Por último, la lista incluye también a la empresa auditora que realizó el informe sobre la solvencia y la liquidez del banco y que nunca se ha hecho público. PriceWaterHouseCoopers y el auditor Pedro Barrio son también llamados a declarar. Además el auto solicita que la empresa presente dicho informe. 

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