Banca
Cómo el Banco Santander orquestó la quiebra de Puerto Rico

La deuda de Puerto Rico se encuentra en niveles insostenibles desde hace varios años. El Estado Libre Asociado se encuentra en quiebra. La situación de la isla roza la crisis humanitaria. La mitad de la población boricua se encuentra bajo el umbral de la pobreza, el 37% de los niños viven en situación extrema. Se prevé que 600 de las 1.400 escuelas que tiene la isla cierren en los próximos años y los hospitales no tienen personal ni recursos para pagar sus facturas y ofrecer un servicio sanitario, algo que está agravando la crisis del Zika. Se calcula que una cuarta parte de los habitantes de la isla podría estar infectado con ese virus.

Ante esta situación, muchos colectivos sociales investigan el proceso de endeudamiento que ha llevado a la isla a acumular una deuda de 70.000 millones de dólares. La organización Hedge Clippers, junto a Committee for Better Banks, han lanzado varios informes en los que señalan al Banco Santander y a varios de sus directivos como principales culpables de la desbocada política de endeudamiento y de la ingeniería fiscal que maquilló las cuentas estatales para saltarse los controles constitucionales de la isla, enriqueciendo al banco y a sus clientes.

Dos directivos del Santander, José Ramón González y Carlos M. García, han sido actores principales de la oscura historia del endeudamiento de Puerto Rico y el enriquecimiento de la banca privada. Estos dos ejecutivos, junto a otros directivos del Santander, han protagonizado un continuo caso de puertas giratorias entre el banco y el Banco Gubernamental de Fomento (GBF), la institución financiera pública encargada del desarrollo y fomento económico de la isla y que cumple funciones similares al Banco de España.

Las puertas giratorias del Banco Santander y el Gobierno de Puerto Rico

La historia comienza en 1996, cuando el Santander contrató a José Ramón González para dirigir Valores Santander, una de sus filiales en la isla. González, que había servido como jefe del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) entre 1986 y 1989, desarrolló el negocio de la deuda municipal en el país caribeño. También estableció una serie de fondos de inversión conocidos como “First Puerto Rico”, que invirtió principalmente en valores de deuda de Puerto Rico.

En 2002, González fue nombrado director ejecutivo del holding del Santander en la isla, donde estuvo hasta 2008. Su reemplazo como director de Valores Santander fue Carlos M. ‘Kako’ García. García había sido el pupilo de González en Valores Santander, donde entró en 1997 para orquestar las emisiones de bonos municipales.

Bajo la dirección de González y García, Valores Santander se hizo con el negocio de asegurar y suscribir bonos de deuda pública puertoriqueña. Sólo durante 2004, el Santander ayudó a emitir más de 6.100 millones de dólares de títulos de deuda pública. En 2005, los ingresos por los honorarios de la gestión de este tipo de operaciones con deuda pública ya representaban la mitad de los beneficios del holding en la isla.

En 2006 la deuda pública puertorriqueña se empezó a disparar, pasando del 63% del PIB al 100% en 2015. Durante los primeros años, Valores Santander participó en la emisión de 32.000 millones de dólares en bonos, lo que reportó unos beneficios al banco que aumentaron desde los 51 millones de euros en 2004 a 75 y 60 millones en 2008 y 2009 respectivamente.

En 2008, bajo la administración de Luís Fortuño, la puerta giratoria entre el Santander y la Administración pública empezó a girar y no ha dejado de hacerlo hasta la actualidad. El banco, que se había hecho con el negocio de la comercialización y aseguramiento de los bonos, comenzó a intercambiar directivos con la entidad pública que se encarga de elegir qué banco debe gestionar esas ventas.

Carlos García fue nombrado director del BGF en 2008. Pero no fue solo. García se llevó consigo a Jesús F. Méndez, ex director general de Valores Santander; David Álvarez, analista de Valores Santander; William Lockwood Benet, ex consultor de Santander; George Joyner, ex presidente de Santander Mortgage Corp; y Fernando L. Batlle. El hermano de este último, Juan Carlos Batlle, tomó el relevo y sustituyó como director general de Valores Santander a Méndez.

Este grupo de ex-directivos estableció un programa de emisión de bonos al mismo tiempo que implantaban medidas de austeridad presupuestaria, despedían a 30.000 funcionarios sólo en 2009, un 10% del total, además arrancar procesos de privatización de servicios públicos como el transporte y la energía.

La nueva dirección del BFG también creó y distribuyó acuerdos de bonos que incluían bonos de revalorización de capital y permutas de tipos de interés (swaps), que funcionan como cláusulas suelo y obligan a seguir pagando altos tipos de interés aunque estos hayan bajado. Banco Santander se benefició al ser asegurador y corredor de bolsa de estos bonos, tal y como hizo Goldman Sachs con la deuda de Grecia. Según The Wall Street Journal, Puerto Rico había emitido 61.000 millones de dólares en bonos desde el año 2006 a 2013, pagando 1.400 millones en honorarios a sociedades de valores y otras entidades entre los que el Banco Santander siempre fue uno de los principales beneficiados gracias al trato preferencial que bajo la dirección de García en el BGF.

En 2011, Juan Carlos Batlle, hasta entonces director de Valores Santander, remplazó a Carlos García como director del BGF mientras que su hermano Fernando dejó el BGF para convertirse en el presidente ejecutivo de Valores Santander. Cuando Carlos García dejó el BGF, regresó al banco Santander, donde se convirtió en vicepresidente ejecutivo del holding bancario en Estados Unidos.

La deuda municipalista, el maquillaje de las cuentas puertoriqueñas

Para poder mantener la clasificación crediticia de Puerto Rico y asegurar un mercado de deuda externa muy saludable que siguiera dando pingües beneficios al Santander, García y su equipo empezaron a comercializar unos bonos de deuda municipal llamados COFINA (siglas de Corporación del Fondo de Interés Apremiante).

COFINA funciona como un mecanismo de externalización de la recaudación de impuestos. Estos impuestos pasan por la banca privada, ésta la distribuye entre los acreedores y lo que sobra -en caso de que sobre- va a las arcas públicas. El gobierno de Puerto Rico accedió a esta privatización de la recaudación para poder financiarse más allá de su presupuesto inicial, algo prohibido por su Constitución.

Esta deuda está asegurada para el acreedor, ya que la puede cobrar directamente de los impuestos recaudados. Además, los ex-directivos del Santander consiguieron también que los bonos estuvieran exentos del pago de impuestos locales, regionales y estadounidenses, lo que los convertía en un producto “seguro” y muy atractivo para los clientes del Santander y otras entidades financieras.

El dinero que obtenía Puerto Rico por la emisión de esa deuda fue usado para pagar deuda pública anterior y para financiar el déficit del Estado, en una operación de maquillaje de cuentas muy similar al realizado por Grecia para mantener su calificación frente a inversores externos.

En 2009, Carlos García pudo vender 5.300 millones de dólares en bonos COFINA con dos emisiones en las que el Banco Santander participó como principal vendedor y asegurador. Dichos bonos fueron usados para pagar la deuda ya existente. “Deuda para pagar deuda, pero nunca utilizada para reactivar la economía puertoriqueña o paliar las necesidades sociales”, tal y como reclama la organización que ha publicado el informe de Hedge Clippers. Bajo la dirección de García y Batlle, se emitieron 10.800 millones de dólares de deuda de COFINA. Gran parte de ella tiene vencimientos de entre 32 y 39 años, pese a que la Constitución de Puerto Rico prohíbe que se emita deuda con vencimientos superiores a 30 años.

El informe de Hedge Clippers, que analizó más de 90 emisiones en las que el Banco Santander estaba implicado, destapa operaciones de bonos de recapitalización de capital y permutas financieras (swaps). Una de estas operaciones analizada llegó a pagar 730 millones de dólares por una emisión de 139 millones, debido a los altos tipos de interés, la capitalización de esos intereses y los largos plazos.

Otra remesa denunciada en la investigación fue emitida en 2011 con bonos de revalorización de capital, con periodos de vencimiento de 35 a 37 años y una tasa de interés del 7%, lo que hará que el pueblo puertoriqueño devuelva hasta 13 veces la cantidad prestada. Esta emisión fue aprobada por el BGF con Juan Carlos Batlle a la cabeza, otorgando un descuento en la suscripción de 2,7 millones de dolares al Santander liderado en ese momento por su hermano, el cual lideró la venta de los bonos.

Con la creación de “La Junta” la economía de la isla está en las mismas manos de aquellos que crearon la burbuja de la deuda

Actualmente la deuda de Puerto Rico, de cerca de 70.000 millones de dólares, parece insostenible. La Administración estadounidense no parece tener ninguna solución para la isla más allá de exigir políticas de austeridad y recortes que no hacen más que empeorar la situación económica y humanitaria de los puertoriqueños. Su PIB ha disminuido un 14% en los últimos 10 años, con un fuerte retroceso en los últimos dos años.

Como golpe final a esta historia de puertas giratorias, García solicitó a Washington en 2016 la imposición de una junta con poderes ejecutivos y legislativos sobre Puerto Rico. En junio se creó una junta de control fiscal llamada PROMESA, conocida como “La Junta”. Este grupo de siete personas, al igual que la Troika en Grecia, tienen toda la autoridad y poder para decidir cómo reestructurar la deuda de Puerto Rico, qué poseedores de deuda cobrarán y cuánto. En agosto, José Ramón González y Carlos García fueron elegidas entre esas siete personas, dejando el futuro de la economía de la isla en las mismas manos de aquellos que crearon la burbuja de la deuda, maquillaron las cuentas con productos financieros tóxicos y se enriquecieron con la venta de esos bonos que hipotecaron el futuro de los puertoriqueños. Mientras tanto, el Banco Santander negocia acuerdos de exenciones contributivas con el gobierno de Puerto Rico y subvención de sus gastos en nóminas.