Asturias
Siete muertes en la minería, después del fin de la minería en Asturias

El 2025, con siete fallecidos, ha sido el peor año de la minería asturiana en muertes desde 1995, cuando un accidente en el Pozu Nicolasa (Mieres), uno de los más devastadores de la historia del cabrón asturiano, segó la vida de 14 trabajadores. La gran diferencia es que en los 90 la minería de carbón todavía empleaba a 20.000 asturianos, mientras que hoy poco más de un centenar de mineros siguen trabajando en el sector.

Si el 31 de diciembre de 2018 Asturies terminaba su traumático adiós al carbón, el mineral que moldeó su historia y su sociedad desde finales del siglo XIX, en 2025 nadie esperaba estar lamentando siete fallecidos, cinco en Zarréu, Degaña, el 31 de marzo de este año, a consecuencia de una explosión de gas grisú, y otros dos el 21 de noviembre en Vega de Rengos, Cangas del Narcea, por un derrumbamiento.

En ambos casos se trata de minas privadas que reabrieron explotaciones clausuradas en 2018, año en que toda la minería de carbón asturiana echó el cierre dentro de un plan estatal que entregó grandes cantidades de dinero público a los empresarios mineros que se acogieron a él. Todos.

¿Qué posibilitó sin embargo este discreto goteo de reaperturas desde la pandemia? Por un lado el aumento del precio del carbón, que ha vuelto a hacer atractiva su extracción, sobre todo de cara a la siderurgia, un sector altamente contaminante, y que sigue sin hacer inversiones en descarbonización y transición a las renovables. Por otro, el deterioro de las condiciones laborales con respecto a épocas anteriores. Ya no hablamos de mineros pagados con los buenos sueldos que se llegaron a cobrar en la minería. Por último, la vista gorda de una administración autonómica empeñada en dar respiración artificial al carbón, y que posibilitó que las minas pudieran reabrir sin devolver las ayudas recibidas para su cierre.

Minas reabiertas por la puerta de atrás

Tanto la mina de Zarréu como la de Vega de Rengos formaron parte del plan de Cierre de la Minería de Carbón en España, el millonario programa del Estado para acabar con las explotaciones de carbón deficitarias, unas minas subvencionadas con dinero público durante décadas hasta que la UE, por razones económicas, liberales, y no medioambientales, obligó a cerrar. Acogerse al plan era voluntario, ya que ninguna ley impide extraer carbón en España, pero si se tomaban las subvenciones del Estado había que dejar de extraer mineral el 31 de diciembre. Punto.

Dado que en España no está prohibido extraer carbón las minas pueden reabrir, pero de hacerlo es obligatorio pasar por caja y devolver las ayudas públicas recibidas para financiar su cierre. Así lo deja claro el Artículo 29 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. El artículo que alguien decidió saltarse a la torera.

¿Cómo logró burlar la administración autonómica la legislación para favorecer a los nuevos empresarios del carbón? A través de una figura muy discutida: el permiso de investigación complementario. Este fue el subterfugio usado por la ex directora general de Minas, y más tarde Consejera de Industria, Belarmina Díaz (PSOE), para permitir la reapertura de las minas, pero sin llamarlo reapertura. ¿Cómo? Para que nos hagamos una idea el permiso de investigación de Zarréu permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón, y el de Vega de Rengos, eleva la autorización a 90.000 toneladas. Es decir, auténticas explotaciones carboníferas disfrazadas de otra cosa. Un secreto a voces tolerado en comunidades en las que el empleo para los jóvenes escasea, y la reapertura de las minas se vio como una oportunidad laboral.

Viejas heridas

El accidente de Zarréu resucitó viejos traumas y heridas de la sociedad asturiana, y supuso un auténtico escándalo político que obligó a la dimisión de la consejera Belarmina Díaz. También motivo una comisión de investigación parlamentaria, presidida por la diputada Covadonga Tomé (Somos Asturies), en la que está quedando de manifiesto el trato de favor prestado por el departamento de minería e industria del Gobierno asturiano a la compañía minera Blue Solving, propiedad de empresarios leoneses con un historial especialmente escandaloso a sus espaldas, y que incluye entre sus actividades pasadas el tráfico de cocaína. Está por ver qué motivos tenía la ex consejera, ingeniera de minas, y muy relacionada familiarmente con el sector, para haberse “mojado” de un modo tan abierto por unos empresarios que pagaron casi un millón de euros por una mina que en teoría no podía abrirse.

Si bien tras la tragedia de Zarréu el Principado suspendió cautelarmente durante dos meses la actividad minera en Vega de Rengos, la presión conjunta de ayuntamiento, empresarios, sindicatos y trabajadores, hizo al nuevo consejero de Industria, Borja Sánchez retirar la suspensión en junio de este año.  

Desde el Principado se ha señalado que en contraposición a Zarréu, en Vega de Rengos, escenario del último accidente, la empresa sí cumplía con todas las medidas de seguridad.

Bonus track: las 9.000 horas extras no pagadas de la Brigada de Salvamento Minero

El último accidente minero ha coincido con el conflicto abierto en la Brigada de Salvamento Minero. Tan solo un día antes de la tragedia, los 19 miembros de este cuerpo de elite especializado en rescates peligrosos presentaban su renuncia voluntaria y solicitaban su regreso a su puesto de trabajo original ante la acumulación de horas extraordinarias no pagadas: 9.000.

Fundada en 1912, la Brigada ha sobrevivido al final de la minería, ofreciendo asesoramiento y formación especializada en trabajos en espacios confinados y en atmósferas explosivas, microvoladuras o extinción de incendios, entre otros, y colabora habitualmente con otros organismos como Protección Civil (112), Bomberos de Asturias, Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias. En 2019 recibió la Medalla de Oro de Andalucía y de Asturias por su labor en el rescate del cuerpo de un niño fallecido al caer en un pozo en Málaga.

La Brigada forma parte de la empresa pública Hunosa, el antiguo gigante minero que en los años 80 empleaba a más de 20.000 trabajadores. Hoy apenas llegan a 600, dedicados sobre todo a labores de mantenimiento de su enorme patrimonio industrial, así como a explorar nuevas fuentes de energía de carácter renovable.

Lo único que no parece haber disminuido en Hunosa es el sueldo de su presidente: 161.000 euros al año, más que Pedro Sánchez o Adrián Barbón, presidente de Asturies. El cargo lo ocupa en la actualidad el socialista Enrique Fernández, anteriormente consejero de Industria, muy cuestionado por una gestión que coincidió con el cierre y deslocalización de emblemáticas empresas como Alcoa.

Tras la noticia del accidente los brigadistas hicieron un alto en el conflicto laboral para enfundarse el mono, ponerse el casco y correr a socorrer a los mineros accidentados. Este viernes una concentración en Llangréu les respaldaba en la lucha por el reconocimiento de sus derechos laborales.