Asturias
¿Por qué Asturias lidera la tasa de pobreza del norte de España?

Asturias lidera la tasa de pobreza del norte de España y se sitúa justo por encima de la media nacional. Uno de cada cuatro asturianos está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Sin la protección social de las administraciones, el 52% de los asturianos estaría en este momento en riesgo de pobreza. Estos tres titulares pueden resumir algunas de las conclusiones que se han presentado esta semana en el informe AROPE (acrónimo del inglés At Risk of Poverty and Exclusion) realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS). Con el título de XIII Informe El Estado de la Pobreza en España y Asturias. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015-2022, este documento fue presentado en la Junta General del Principado por la presidenta de la red, Elena Rúa, y las secretarias técnicas Sofía Moreno y Mariluz Rivero quienes, aunque reconocieron una ligera mejora en los indicadores durante los dos últimos años, admitieron que aún es pronto para saber si se trata de “una tendencia o una mera fluctuación estadística” y reconocieron que la tasa AROPE “no se está reduciendo a la velocidad que tendríamos que hacerlo para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030”.

¿Qué es la tasa AROPE?

El informe AROPE está considerado como una de las mejores herramientas de investigación que se emplean a nivel europeo y que permite hacer una comparativa entre países sobre pobreza y exclusión social. Nació tras la crisis económica de 2008 y sus datos son obtenidos de fuentes oficiales. En España bebe de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este informe no atiende solo a aspectos puramente económicos, sino a otros que son considerados relevantes para hacer una fotografía adecuada del problema, por lo que utiliza tres indicadores. En primer lugar, la tasa de riesgo de pobreza, que mide los ingresos de renta; en segundo lugar, la Privación Material y Social Severa (PMSS), cuya medida es el consumo básico que se realiza en los hogares y que muestra una situación de pobreza más intensa que la mostrada por la tasa de riesgo de pobreza; y en tercer lugar, la Baja Intensidad de Trabajo por Hogar (BITH), que cuantifica el número de personas que trabajan solo un 20% de lo que podrían hacerlo.

La tasa AROPE supone tener en cuenta estos tres indicadores, de forma que al hablar de una persona “en situación de AROPE” puede estar incluida en uno solo o en más de los tres indicadores.

Situación en España

Los datos arrojados según el último informe, con datos de 2022, ofrecen una tendencia positiva, pero Elena Rúa habló de “prudencia” el pasado lunes porque “el objetivo es la Agenda 2030”, algo que no está claro que aún pueda llegar a conseguirse.

De los 27 miembros de la Unión Europea, España se encuentra en la quinta posición de la tasa AROPE, solo por debajo de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Letonia

De los 27 miembros de la Unión Europea, España se encuentra en la quinta posición de la tasa AROPE, solo por debajo de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Letonia. La situación española está peor que la media europea, tanto en la tasa AROPE como en el indicador de la tasa de riesgo de pobreza. Aun así, en el último año ha habido una ligera mejoría: el año pasado estaba en cuarta posición.

En 2022, el 26% de la población española (12,3 millones de personas) estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social. En comparación con 2015, cuando el 28,6% de la población estaba en esta situación, España se encuentra mejor, pero aún peor que en 2008, cuando el porcentaje de la población en situación de AROPE era de un 23,8%.

No obstante, hay una clara desigualdad territorial que puede verse claramente sobre el mapa. Las regiones del norte de España tienen las cifras más bajas de tasa AROPE con números homologables a los países más desarrollados de la Unión Europea. En cambio, en las regiones y ciudades del sur (Canarias, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Ceuta y Melilla) las tasas están muy elevadas. De igual forma, también hay una pequeña distribución desigual entre el oeste y el este de España a favor de este último.

El informe también revela que existe una brecha de género a nivel estatal. Mientras que en los últimos años la tasa masculina se ha reducido casi un 3%, la tasa femenina solo ha descendido un 0,7%. En este sentido, durante la presentación de informe se puso de manifiesto, atendiendo a los datos y a su evolución en la última década, que “solo se ha reducido la brecha de género cuando la situación de los hombres se ha deteriorado drásticamente”, como ocurrió en 2020 durante la pandemia.

El informe también señala que un tercio de los niños, niñas y adolescentes están en situación de AROPE, algo que se agrava en el caso de la familias monoparentales, con un porcentaje que alcanza el 40%.

Otro colectivo vulnerable es el de las personas con discapacidad. De estas, alrededor del 30% están en situación de AROPE frente al 22,7% del resto de la población. Aquí la brecha de género también se acentúa. Solo el 16,3% de las mujeres con discapacidad recibe algún tipo de ayuda, mientras que el 23% de los hombres sí la reciben.

Otro aspecto destacado de la situación general es que ha habido un incremento de las personas pobres con empleo y con estudios medios o universitarios. En palabras de Elena Rúa, “ya no es suficiente con tener empleo o estudiar para no ser pobre”, por eso “los empleos han de ser de calidad”, algo que se ve confirmado con un dato: el 18% de la población pobre tiene estudios universitarios.

Situación en Asturias

El Principado tiene la tasa AROPE más alta del norte de España, de forma que 254.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone el 25,3 % de la población.

Tradicionalmente, Asturias había tenido una de las tasas de AROPE más bajas, muy por debajo de la media nacional, pero la situación empeoró a partir de 2017 y, aunque en los dos últimos años se ha mejorado, aún no se ha vuelto a los niveles de 2015 ni, como en el resto de España, a los de 2008.

En Asturias ha habido en los últimos años una bajada de ingresos medios. Según el INE, Asturias y Ceuta son los lugares donde la renta por hogar ha descendido más en los últimos años

Una de las posibles causas de este empeoramiento tiene que ver con que en Asturias ha habido en los últimos años una bajada de ingresos medios. De hecho, según datos proporcionados por el INE, Asturias y Ceuta son los lugares donde la renta por hogar ha descendido más en los últimos años.

Una de las cosas que más sorprende del caso asturiano es la franja de los menores de 18 años. Desde 2016 hasta ahora se ha duplicado. A nivel estatal está en un 32,2%, en Asturias en un 40,1%.

Al mismo tiempo, Asturias siempre se ha caracterizado por que la situación de los mayores de 65 años era de las mejores desde el punto de vista socioeconómico, pero en los últimos años ha empeorado, pasando del 8,4% en 2015 al 14,4% en 2022.

“Ese porcentaje es muy difícil levantarlo”, subraya Héctor Colunga, director de la fundación asturiana Mar de Niebla, impulsora de proyectos sociales en la región, “porque los jubilados son personas que no pueden volver al mercado de trabajo”. Cree que las ayudas no son suficientes: “El salario social o el ingreso mínimo vital, que complementan en la mayor parte de los casos a pensiones no contributivas, no sacan a las personas del umbral de la pobreza relativa y estas personas no pueden hacerlo ya por sí mismas. Están condenadas a estar en esta situación hasta que estas rentas aumenten sus cuantías”.

Para Colunga, aquí está una de las claves para explicar una tasa de pobreza tan elevada en Asturias: “Las cuantías del salario social y el ingreso mínimo vital están por debajo del umbral de la pobreza relativa.” Están por encima, eso sí, de la pobreza severa por lo que “Asturias está mejor en el indicador PMSS y mucho mejor que en regiones del sur de España”. Solo el 4,4% de la población se encuentra en situación de pobreza severa según el informe.

Sin embargo, el indicador BITH es uno de los que peor funcionan en Asturias con respecto al resto de España. El 12,7% de la población asturiana menor de 65 años vive en hogares donde se trabaja solo un 20% de lo que se podría trabajar. La media nacional es del 8,6%. En este indicador Asturias es la cuarta peor autonomía, solo por delante de Ceuta, Melilla y Canarias y con una situación desfavorablemente diferente con respecto a sus vecinas Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Según Colunga, “uno de los sectores que más empleo ha ido generando es el de servicios. Y aquí, como en la hostelería, no hay contrataciones muy continuadas o con muchas horas de trabajo, muchas veces son estacionales”. Algo que también se ve confirmado según datos del SEPE, que en su Informe del Mercado de Trabajo de Asturias para 2022 señalaba que, desde 2017, la población ocupada había aumentado en el sector servicios, pero había descendido en sectores tan tradicionales como el de la industria o la agricultura.

Cómo alcanzar los objetivos de la Agenda 2030

Elena Rúa destacó que “es importante no fijarse en los datos de forma comparativa entre territorios, sino compararlos con los objetivos de la Agenda 2030”. Es por esto que mostró su preocupación al resaltar que “en Asturias no solo no se está cumpliendo la Agenda 2030, sino que se está alejando de los objetivos marcados o, al menos, no se está haciendo a la velocidad necesaria para alcanzarlos”. Tal es así que, aunque a nivel estatal el porcentaje del 26% de personas en situación de AROPE es mejor con respecto a 2015, según los compromisos adquiridos España debería estar en un 22%. Es decir, hay alrededor de 1,8 millones de personas por encima de esos compromisos.

Las transferencias de las administraciones y el “escudo social” son “cruciales”. Elena Rúa afirmó que “de no ser por ellas, la tasa de pobreza se situaría en más de un 40% en España.” Por eso cree que “la acción del Estado es primordial”, si bien opina que “no está siendo suficiente para alcanzar los objetivos” y abogó por cambios de estrategia. Héctor Colunga cree, además, que “se debe simplificar los procedimientos burocráticos, no hacerlos tan farragosos; se debe aumentar las cuantías, por supuesto; y se debe concienciar a la gente de que no se puede estigmatizar a la gente más pobre y que necesita ayudas para salir de la pobreza”.

Estas opiniones se complementan con la opinión mayoritaria en Europa. La última encuesta del Eurobarómetro sobre equidad y desigualdad muestra que un 81% de los europeos cree que las diferencias de ingresos son demasiado grandes en sus países y el 78% cree que el gasto público en salud, dependencia, educación, pensiones, vivienda, garantía de ingresos, y apoyo al desempleo (por ese orden) debería aumentarse.

Héctor Colunga añade que “hay un discurso instaurado en la sociedad de que las personas que perciben un salario social básico tienen que tener un empleo y se tiende a criminalizarlas de alguna forma. Por no hablar de que a veces sale la patronal y dice que la gente no quiere trabajar. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta que está subiendo el número de trabajadores pobres”. En este sentido, subraya cómo “mucha gente formada se va de Asturias ante la falta de oportunidades y de trabajos de calidad”.

En cuanto a los objetivos de la Agenda 2030, Colunga afirma que “para alcanzar un objetivo, primero hay que reconocer que hay un problema. Desde las esferas políticas y públicas no se está reconociendo en muchas ocasiones. Mucha gente en España cree que no hay pobreza en este país porque tienen asociada la pobreza a determinadas imágenes de otros países. La pobreza es algo comparativo. Si tú tienes unos niveles adquisitivos muy inferiores a los que predominan en la sociedad en la que vives eso te sitúa en una situación de exclusión social porque no puedes vivir ni hacer las cosas que hace la mayoría de la gente y eso tiene una serie de consecuencias en las personas. En realidad, la pobreza está muy vinculada con la desigualdad y, en general, creo que la gente no es consciente de lo que es estar en un estado de pobreza. Como no vemos gente muriéndose de hambre por las calles, se niega la evidencia”.

Más allá de los datos, Elena Rúa cree que “la responsabilidad de la inclusión no debe recaer en las personas que están situación de pobreza e exclusión social. La responsabilidad, como bien dice la Agenda 2030, es de toda la sociedad en su conjunto. De las administraciones públicas y de la sociedad”. Por eso hace un llamamiento: “Cada persona, desde nuestro ámbito profesional y personal, tenemos que contribuir al cumplimiento de esta agenda y a bajar las tasas de pobreza”.