Antimilitarismo
¿Para qué queremos bomberos si tenemos al Ejército?

Más de 1.000 jóvenes pasaron por las prisiones del Estado español en los años 90 por negarse a realizar el servicio militar obligatorio o la Prestación Social Sustitutoria. La sombra alargada de aquel hito del movimiento antimilitarista, de resonancias europeas y todavía vigente, está cada vez más desdibujada ante las sucesivas iniciativas de las Fuerzas Armadas y del complejo militar-industrial. Ahora mismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) es una de sus grandes apuestas.

La marca de la UME genera cierta simpatía entre la ciudadanía del Estado español y fuera de sus fronteras. Varios países han pedido informes al Gobierno sobre su funcionamiento para replicar el modelo. Ahora bien, ¿está dicho organismo realmente supliendo carencias en la protección civil o, de facto, lo que sobre todo supone es un ejercicio de intrusismo profesional?

Los orígenes del cuerpo se remontan a 2005, como una apuesta personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Su constitución contó con un fuerte rechazo en el seno de las Fuerzas Armadas y en la oposición conservadora. Curiosamente, convergieron las críticas de los militares y del movimiento pacifista: las Fuerzas Armadas no debían asumir funciones, como la protección civil, que no le competían.

A la conformación de la unidad, que aglutinaba personal de distintos cuerpos, se le destinó una gran cantidad de presupuesto en concepto de formación y compra de materiales (otra de las razones que generó las suspicacias de algunas facciones del Ejército). Originalmente integrada por 3.000 soldados, ha ido ampliándose hasta los más de 4.000 en la actualidad.

Para Juan Carlos Rois, abogado miembro del colectivo antimilitarista Utopía Contagiosa, la UME es, básicamente, “un instrumento de propaganda”. “El gasto militar es muy impopular, y la única forma de popularizarlo es esta”, denuncia Rois, que añade que se desconocen los recursos que se destinan actualmente a la UME, ya que los presupuestos del Ejército son “muy opacos” porque no hay partidas desglosadas. Las compras de material están más especificadas, y algunas de ellas se cargan al Ministerio de Medio Ambiente, aunque sólo puedan ser utilizadas por este cuerpo. Rois considera “desorbitada” esta inversión teniendo en cuenta las dotaciones del Estado en protección civil. “La UME se convierte en una especie de institución especializada y se le dota del mejor material, pero no al servicio de todos”, explica. Lander Aurrekoetxea, bombero navarro y miembro de LAB, denuncia que en el caso concreto de las intervenciones en fuego forestal, la UME “hace competencia directa a los retenes forestales, que están en condiciones precarias”. “Por el precio de algunos de sus equipos, como los aviones, podríamos comprar muchos camiones de bomberos que se necesitan en las agencias civiles, pero para ellos es calderilla dentro del gigantesco presupuesto de Defensa”, añade.

Muleta neocon

Desde su primera intervención en 2007, la UME ha actuado en 441 ocasiones, 71 de ellas en 2017, el año más prolífico. Este aumento no puede explicarse sin el contexto de crisis y las políticas neoliberales de ajustes estructurales. Claro ejemplo de ello es la evolución del personal del cuerpo de bomberos. En 2010, la plantilla era de 22.800 funcionarios a nivel estatal, mientras que en la actualidad ronda los 19.800, lo que ha supuesto una pérdida de 3.000 puestos de trabajo. En Nafarroa, la bajada ha sido menor, pero ha supuesto una reducción de 30 profesionales, el 8% de la plantilla. Para Aurrekoetxea, el número de militares de la UME es “desproporcionado” en relación al número de bomberos en el Estado, teniendo en cuenta que “no atienden a la emergencia diaria sino que están para salidas puntuales”. Además, actúan en su mismo campo, pero al estar dentro de las Fuerzas Armadas sus derechos “están limitados bajo la disciplina de acuartelamiento, obediencia, y reunión y sindicación prohibida”.

Los cuarteles de la UME están diseminados por siete puntos del Estado: Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza, San Andrés del Rabanedo (León), Gando (Las Palmas) y Los Rodeos (Tenerife). En teoría, esta distribución garantiza la llegada al punto de la emergencia en menos de tres horas. En la práctica, sin embargo, como son las propias comunidades autónomas las que se encargan de su activación —cuando consideran que los equipos de protección civil necesitan apoyo—, los tiempos de reacción tienden a ser elevados. Además, puede darse el caso, como ya ha ocurrido, de que se le requiera pero que posteriormente, ya sobre el terreno, sus servicios no sean necesarios. En cualquier caso, el coste de estos operativos no corre a cargo de la UME, que pasa la correspondiente factura de la intervención al gobierno autonómico de turno. La CAV es el único territorio donde no han actuado hasta el momento y con el que no han firmado ningún acuerdo de colaboración, que son independientes de las operaciones sobre el terreno.

Su integración en las Fuerzas Armadas, dada su dedicación exclusiva a la protección civil, es uno de los debates sin resolver. Desde Utopía Contagiosa aseguran que el principal motivo de su creación no fue la atención de las emergencias en el Estado, sino el “apoyo logístico en intervenciones militares en el exterior, como sucede con la unidad de sanitarios”. Aurrekoetxea, por su parte, afirma que “si realmente se quisiera tener un equipo potente de atención a las emergencias, la formación militar previa carecería de sentido”.

Anteriormente, las emergencias de mayores dimensiones eran abordadas desde la solidaridad interterritorial, algo que en los últimos años se ha perdido. “Desde Navarra se iba a Aragón a apagar fuegos a la zona de Cinco Villas pero hace bastante tiempo que no se hace”, asegura Aurrekoetxea, y añade que “si lo de Galicia hubiera ocurrido hace 15 años hubiéramos ido más de uno”.

Ciertamente, la UME es hija de las políticas de recortes, pero también de la expansión de la “idea militar de seguridad”. Así lo explican desde Utopía Contagiosa y ponen como ejemplo que “se militariza, incluso, la protección de lo que tiene que ver con la la naturaleza”. Y añaden, “en España, el principal responsable de proteger a la foca monje o el pájaro ibis es el Ejército, dado que tiene campos de entrenamiento en zonas de acceso restringido a la población civil, como en Fuerteventura. La protección de la fauna y la flora ha pasado a ser de una de las banderas de los polígonos de tiro y de los campos de maniobras. Tienen hasta programas con la UNESCO”.

En esta línea de las argumentaciones creativas, el PSOE de Ourense ha propuesto recientemente crear un batallón de la unidad en esa provincia con el fin de “luchar contra la despoblación y crear mil puestos de trabajo estables”. La batalla por la propaganda está en su apogeo y da la impresión de que los defensores de la protección civil están sucumbiendo a los titulares que acapara la UME. Habrá que ver hasta dónde llega la apuesta militarizadora.