Análisis
Un asombroso error del abogado de Trump en el alegato ante el Tribunal Supremo

¿Tienen los estados la responsabilidad constitucional de aplicar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense a la forma de organizar las primarias presidenciales? El juez Samuel Alito formuló explícitamente esta pregunta a Johnathan Mitchell, abogado de Donald Trump, quien respondió: «No que yo sepa». La respuesta me pareció asombrosa, ya que existe un precedente fundamental del Tribunal Supremo, que resuelve explícitamente la cuestión: Smith vs Allwright, 321 US 649, 1944. Los juristas suelen llamarlo el caso de las «primarias blancas», ya que se refería a una norma vigente en Texas, que autorizaba al Partido Demócrata del estado a permitir que sólo los blancos votaran en sus primarias políticas.

Cuando los funcionarios electorales de Texas siguieron la decisión del Partido y se negaron a permitir que los negros votaran en sus primarias, el Tribunal Supremo repudió su decisión. El dictamen afirma explícitamente que la Decimocuarta Enmienda restringe la autoridad de los estados para determinar las cualificaciones de los candidatos. A los efectos actuales, basta con citar sus párrafos finales:

Estados Unidos es una democracia constitucional. Su ley orgánica concede a todos los ciudadanos el derecho a participar en la elección de los cargos electos sin restricción alguna por parte de ningún estado por motivos de raza. Esta concesión al pueblo de la oportunidad de elegir no debe ser anulada por un estado mediante la conformación de su proceso electoral de modo que permita a una organización privada practicar la discriminación racial en la elección. Los derechos constitucionales tendrían poco valor, si pudieran denegarse indirectamente de este modo.

El privilegio de pertenecer a un partido puede no ser, como dijo este Tribunal en Grovey v. Townsend, asunto de un estado. Pero cuando, como en este caso, ese privilegio es también el requisito esencial para votar en unas primarias para seleccionar a los candidatos a unas elecciones generales, el estado convierte la acción del partido en la acción del estado. Smith vs Allwright, 321 U.S. 649, 1944 (énfasis mío)

No cabe duda de que los Demócratas sureños utilizaron otros medios de supresión para excluir a la población negra de las primarias blancas hasta que la revolución de los derechos civiles permitió al presidente Lyndon B. Johnson obtener el apoyo decisivo del Congreso para aprobar la Voting Rights Act en 1965. No obstante, si el Tribunal Supremo no aplica los términos de la sección tercera de la Decimocuarta Enmienda y no confirma la descalificación de Trump por parte de Colorado, estaría repudiando la decisión del Tribunal Supremo, que marcó el inicio de la lucha por la igualdad del derecho al voto en el siglo XX.

Como mínimo, los jueces del Tribunal Supremo no deberían dejarse cegar por la profesión de ignorancia de Mitchell y no reconocer el poder del argumento de Smith v. Allwright sentado por el mismo. Es cierto por supuesto que el Tribunal se ocupaba en este caso de la violación por parte de Texas de la garantía de «protección igual» contenida en la primera sección de la Decimocuarta Enmienda y no de las disposiciones de descalificación contenidas en la sección tercera. Esto no debería suponer una diferencia, sin embargo, como explicó la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, al decidir seguir los pasos de Colorado y descalificar a Trump de las primarias republicanas celebradas en su estado:

Soy consciente de que ningún Secretario de Estado ha privado nunca a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la sección tercera de la Decimocuarta Enmienda. También soy consciente, sin embargo, de que ningún candidato presidencial ha protagonizado nunca una insurrección.

El Tribunal Supremo tiene la obligación fundamental de seguir el precedente establecido por Smith v. Allwright y explicar al país por qué Bellows tiene toda la razón al considerar el aliento de Trump a la invasión del Capitolio por los Proud Boys como una «insurrección» violenta, que casi impidió a Mike Pence presidir la elección legal del presidente de los Estados Unidos.