Análisis
Policía a sueldo de las empresas mineras en Perú

En Perú, el gobierno de Pedro Castillo deberá resolver qué hacer con la legislación que ampara los convenios de seguridad que empresas privadas acuerdan con la Policía Nacional del Perú (PNP), y qué hacer con los propios convenios que están vigentes.

Estos convenios son una grave anomalía para un estado de derecho porque lo que hacen es comercializar los servicios policiales, poniéndolos al servicio no del interés general, sino de intereses particulares demasiado a menudo enfrentados a las demandas de las comunidades en defensa de su territorio.

Un reciente reportaje de investigación de las redes de periodistas Convoca y CONNECTAS ha puesto de manifiesto los últimos datos disponibles sobre el alcance de los convenios que la Policía Nacional ha firmado con distintas empresas extractivas que se dedican a la explotación de los recursos minerales y energéticos.

Los principales datos de febrero de 2003 a mayo de 2021 resaltan que en este período se firmaron 181 convenios y adendas por un valor de 18,5 millones de dólares, y que al menos 20 convenios se firmaron con 13 empresas involucradas en conflictos ambientales por sus actividades extractivas.

Los convenios de la Policía con las empresas extractivas forman parte de la política de los diferentes gobiernos peruanos para facilitar la explotación de los recursos por empresas extranjeras

Los diferentes gobiernos peruanos, al menos hasta ahora, han hecho una fuerte apuesta por el extractivismo, dando todo tipo de facilidades a las grandes empresas transnacionales para extraer los recursos naturales, minerales y energéticos de Perú, uno de los mayores productores de cobre, oro y plata del mundo. Han dado facilidades tributarias, normativas y ambientales para propiciar un crecimiento de la inversión extractiva. Las concesiones mineras abarcan 18,137 millones de hectáreas, que son el 14,8% de todo el territorio de Perú. Actividad extractiva impulsada también por la creciente demanda mundial de metales preciosos necesarios para la fabricación de dispositivos electrónicos, la multiplicación de centros de datos o la industria del automóvil. Alemania, por ejemplo, es la primera importadora de minerales de Perú y su industria del automóvil la principal consumidora. El auge del coche eléctrico también agrava los problemas por la gran cantidad de materias primas que requieren vehículos y baterías.

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Este afán extractivo es la principal fuente de conflictos sociales y ambientales en Perú. La Defensoría del Pueblo contabiliza 170 conflictos sociales, conflictividad que se mantiene desde los últimos 20 años. De estos, un 70% son conflictos socioambientales, vinculados en un 65% a la actividad minera, un 15% a hidrocarburos y un 6% a energía, entre otros. Unos son conflictos con el objetivo de que las empresas mineras tengan una actitud de respeto por los derechos de las comunidades locales y poder negociar los impactos ambientales y las aportaciones a la economía local; y otros son conflictos de resistencia a megaproyectos por su impacto en las dinámicas locales, los daños a las actividades agrícolas, la ganadería, o el turismo, o el propio acceso al agua. Conflictos en los que se reclama el derecho de las comunidades a ser consultadas y a que se respete su visión de futuro.

Pero empresas y Estado están vulnerando numerosos derechos: a recibir, buscar y difundir información, a la vida, a un medio ambiente saludable, a la salud, a la libertad de tráfico, a la protesta, a disfrutar y disponer plenamente de los recursos naturales, a la seguridad e integridad personal y ha provocado contaminación, deterioro de los recursos naturales, degradación de los recursos productivos, desplazamiento interno, muertes a consecuencia de tortura o uso excesivo de la fuerza, abusos sexuales y violaciones de mujeres. La respuesta a estos conflictos, según los registros de la Defensoría del Pueblo, ha causado entre 2006 y 2020, 289 muertos y 5.098 heridos, la mayoría civiles.

Los convenios de la Policía con las empresas extractivas forman parte de la política de los diferentes gobiernos peruanos para facilitar la explotación de los recursos por empresas extranjeras a pesar de la oposición, muy a menudo, de las comunidades locales. Forman parte de la estrategia que el estado peruano ha llevado a cabo para neutralizar y aplacar la protesta social. Estrategia que ha comportado la criminalización de la protesta social, promulgando leyes que sancionan y sobrepenalizan todo lo relacionado con el conflicto social.

El sistema judicial también toma parte activa en esa estrategia. Se judicializa con procesos interminables a quienes ostentan liderazgos sociales para desgastar el movimiento. Los procesos se trasladan a jurisdicciones muy distantes para hacer muy costosos los desplazamientos de las personas encausadas que son obligadas a asistir personalmente a los juzgados. El acoso judicial de líderes y lideresas sociales contrasta vivamente con la resistencia de jueces y fiscales a establecer responsabilidades penales por las muertes y daños a civiles en contextos de protesta socioambiental, para procesar a policías, mandos policiales y responsables políticos de las operaciones de control interno. Se hace un uso continuado de la declaración de estado de emergencia en zonas de conflictos permitiendo la intervención de las fuerzas armadas, se militariza el conflicto social con la intervención militar y policial confrontando al manifestante como “delincuente” o “enemigo”.

Es en este contexto de criminalización de la protesta social que las empresas extractivas, mineras, petroleras y gasísticas han estado firmando convenios de servicios extraordinarios con la Policía Nacional de Perú. Como ejemplo se pueden señalar algunas de las principales empresas que han firmado convenios y los conflictos que protagonizan.

El marco legal peruano permite que la PNP pueda pactar acuerdos con empresas privadas para que efectivos policiales hagan de agentes de seguridad privada

Yanacocha, la mayor mina de oro de América Latina y la segunda más grande de todo el mundo, propiedad de la multinacional norteamericana Newmont Míning, firmó 4 convenios y 12 adendas. La oposición a la explotación del Cerro Quilish y al proyecto Conga, ambos en la región de Cajamarca, por la afectación a lagunas y fuentes ubicadas en las cabeceras de cuenca hídrica generaron contundentes acciones de protesta. Durante la vigencia de los convenios con la policía en julio de 2012, la actuación policial causó la muerte de 5 manifestantes, decenas de heridos de consideración y cientos de personas procesadas. Cabe destacar también la persecución de la líder Máxima Acuña y su familia, desalojada ilegalmente repetidas veces, condenada injustamente por denuncias de la empresa, y a la que se le niega, a ella y sus acompañantes, el libre acceso a las lagunas.

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Southern Perú Copper Corporation ha firmado 11 convenios de seguridad, entre los que se involucra el proyecto de Tia Maria, en Arequipa. En 2009 comenzó la oposición a este proyecto por el temor a los daños ambientales y la afectación a la agricultura que provocaba, reiniciándose en 2014 después de aprobarse el estudio de impacto ambiental. En abril de 2011 la represión contra manifestantes dejó cuatro muertes, varios heridos de gravedad y 16 detenidos. Las protestas de 2015 se saldaron con un fallecido y 11 personas heridas. En 2018 líderes y alcaldes del Valle del Tambo fueron denunciados por asociación ilícita para delinquir y continúa la persecución política y detención de opositores en el proyecto de Tia Maria.

La Minera Las Bambas lleva firmados cinco convenios con la policía. Es propiedad de la china MMG desde 2014 cuando fue traspasada por la suiza Glencore. Las Bambas produce el 18,8% del cobre peruano y el 2% de total mundial. A pesar de la oposición de las comunidades, el estado peruano sigue apoyando la construcción de este proyecto. Desde 2011 Las Bambas mantiene un conflicto con las comunidades del Corredor Minero del Sur, que atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas de Apurímac, Cusco y Arequipa. En 2015, mientras estaba vigente el convenio de seguridad, la modificación por la minera del estudio de impacto ambiental y la negativa a construir un mineroducto para dejar de llevar los minerales por carretera hizo que estallara uno de los conflictos más graves. El gobierno envió a 1.500 policías para dispersar las manifestaciones, y tres manifestantes murieron por el impacto de proyectiles de la policía. Un año más tarde otro manifestante moría por impacto de bala.

También Minera Antapaccay ha firmado convenios con la policía. Antapaccay continúa el proyecto Tintaya, minería de cobre a cielo abierto, en Espinar, departamento de Cuzco, que ha ido cambiando de manos: de la australiana BHP Billiton, pasando por la suiza-británica Xstrata, que en 2013 se fusionó con Glencore. Tres décadas de minería en la zona han generado contaminación ambiental y desplazamiento de comunidades. En 2012 dos campesinos fueron muertos y varios heridos por la policía en Espinar. En 2018 efectivos policiales de Espinar y la minera Glencore agredieron a mujeres de la comunidad de Alto Huarca; el gobierno peruano declaró el estado de emergencia a todo el corredor minero, tres dirigentes serán juzgados por las protestas ambientales, y también existe acoso social y político contra la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K'ana de Espinar .

¿En qué consisten los convenios firmados con la Policía?

A pesar de que varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos lo habían solicitado repetidamente no fue hasta primeros de 2017 que la PNP empezó a dar información sobre los convenios. De estos datos el informe Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú de 2019 analizaba las principales características de los 138 “convenios de prestación de servicios policiales extraordinarios”, tal y como los llama la ley General de la Policía Nacional de Perú, concertados con empresas extractivas hasta el año 2018.

El marco legal peruano permite que la PNP pueda pactar acuerdos con empresas privadas para que efectivos policiales hagan de agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de las empresas extractivas, a cambio de una contraprestación económica.

Esta contraprestación, desde 2017, se paga a la PNP la que después hace el pago a cada efectivo policial que realizó el servicio, al tiempo que se queda una parte. Primero se estipulaba un tanto en el convenio que podía oscilar al equivalente entre el 2 y el 20% pagado a los efectivos policiales y a partir de 2017 se reguló en un pago fijo por cada hora de trabajo de cada policía que prestara un servicio extraordinario.

Los efectivos policiales para realizar el servicio extraordinario son policías fuera de servicio, ya estén de vacaciones, o de permiso, aunque algunos convenios señalan que personal de servicio regular podrá prestar simultáneamente servicios policiales ordinarios y servicios policiales extraordinarios en favor de las empresas extractivas.

La mayoría de convenios señalan el número exacto de efectivos policiales asignados, entre dos y 32 en la mayoría, pero seis convenios establecen de 50 a 140 efectivos y 19 más que el número señalado puede aumentar en función de las necesidades de la empresa; 35 no precisan número dejándolo al albedrío y necesidades de la empresa, como el firmado por Minera Las Bambas en agosto de 2016.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales de la Comisión interamericana de Derechos Humanos ya expresó en 2018 su preocupación por estos convenios

Las mineras y petroleras que solicitan estos servicios también especifican, en muchas ocasiones, el tipo de policías que quieren, prefiriendo a los que provienen de unidades con alta capacitación y especialización en acciones antiterroristas e inteligencia, patrullaje en zonas de conflicto, con experiencia en enfrentamiento armado y táctico contra grupos subversivos o de narcotráfico.

La mayoría de convenios establecen que en la prestación del servicio extraordinario los policías harán uso de su uniforme y armamento reglamentario de la PNP. Y en algunos se estipula que se podrá utilizar, junto con el reglamentario, armamento de propiedad particular del efectivo policial, y en los menos sólo armamento particular.

El servicio extraordinario se prestará en la empresa contratante y en las zonas de influencia que estipule el convenio. En convenios más antiguos no habían tenido ningún reparo en incluir en las zonas de influencia vías públicas, comunidades o distritos enteros.

El ejército peruano también ha firmado convenios con compañías mineras, como el “convenio de colaboración recíproca” que firmó con la Compañía minera Afrodita SA, el 3/5/2010 donde se comprometía al transporte de personal a la zona de concesiones, a seguridad y a comunicación.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales de la Comisión interamericana de Derechos Humanos ya expresó en 2018 su preocupación por estos convenios, y en 2020 el relator especial de Naciones Unidas para la situación sobre los defensores y defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, calificó directamente estos convenios como una “comercialización” de la fuerza policial.

Las consecuencias de esta mercenerización de la fuerza pública atentan directamente contra los derechos humanos y las comunidades que se oponen a los proyectos extractivos que destrozan su territorio. Se genera una forma de protección del interés privado, el de las empresas extractivas, en detrimento de la independencia e imparcialidad que debería tener la fuerza pública, tal y como se ha visto en los conflictos sociales producidos en las zonas de influencia directa o indirecta de los proyectos extractivos.

La misma naturaleza de muchos de los convenios expresa que se hacen para contrarrestar la oposición social a proyectos extractivos, por lo que las empresas especifican que quieren policías con experiencia de conflicto, de lucha antiterrorista, de las unidades más especializadas, de unidades de control de multitudes.

Al permitir el uso del uniforme y el armamento reglamentarios para realizar los “servicios extraordinarios” o incluso que se puedan simultanear servicios extraordinarios con servicios ordinarios se fomenta una confusión que presenta agentes privados al servicio de intereses privados como agentes de la autoridad estatal.

Los policías que prestan los servicios extraordinarios cobran de la empresa, la relación de trabajo que se establece les vincula a ellas y a sus puntos de vista, poniéndolos de parte de los intereses de la empresa frente al derecho a la protesta de la ciudadanía, de las comunidades que se oponen al expolio de su territorio y a la destrucción del medio ambiente. Al permitir estos convenios el estado peruano adopta el punto de vista de los intereses de las empresas extractivas en lugar de dar protección a la población local frente a los daños que sufre y los ataques a sus territorios. Las empresas extractivas, a su vez, en lugar de resolver el fondo de los conflictos, responden con la presión y la violencia policial poniendo el estado de su parte.

Pedro Castillo, prometiendo el cambio contó para ser elegido presidente de Perú con buena parte del voto de las poblaciones más afectadas por la minería, y Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros desde el pasado 6 de octubre, fue la abogada de Máxima Acuña en su lucha en defensa de las lagunas contra la minera Buenaventura y criticó duramente la política de criminalización de la protesta social. Será necesario ver que hacen con la utilización privada de la Policía Nacional que permiten los convenios con las empresas y cómo acaban con la prioridad de la minería por encima de la salvaguardia de los pueblos y el medio ambiente. De momento la CONFIEP, principal asociación empresarial y las empresas extractivas, en la voz de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ya han empezado a maniobrar para impedir que se atiendan a las demandas de las comunidades afectadas por la minería queriendo excluir la renovación de las concesiones mineras de las potestades gubernamentales.