Opinión
¿Qué mayor patriotismo que el de gestionar el territorio para un futuro que no arda?

La despoblación rural, la crisis del modelo agroforestal y la prevención de incendios no son fenómenos aislados, sino piezas de un mismo problema estructural. Así lo señalan las voces expertas procedentes de la universidad, del sindicalismo agrario y del sector privado, y que coinciden en un diagnóstico común: sin condiciones de vida dignas, sin acceso a la vivienda y sin un cambio profundo en el modelo productivo, el rural gallego seguirá perdiendo población y capacidad económica.

Para Mar Pérez Fra, economista especializada en política agrícola y profesora en la Universidade de Santiago de Compostela, uno de los principales obstáculos es el relato que la propia sociedad se ha construido sobre el campo. “Existe un complejo de inferioridad, una visión estereotipada del campo que sigue muy presente y que dificulta que la gente se traslade allí”, explica. Según recuerda, datos de la encuesta estructural de hogares del Instituto Galego de Estatística ya mostraban en 2019 que muchas personas residentes en zonas urbanas declaran bajos niveles de satisfacción vital, a menudo peores que en áreas rurales. Sin embargo, persiste la idea de que “los que no pueden escapar acaban quedándose en el campo”.

Pérez Fra rechaza el discurso simplista del retorno rural y prefiere centrar el foco en quienes ya viven allí y siguen marchándose, especialmente la población joven. “El nivel de satisfacción en las zonas rurales aumenta con la edad”, apunta, mientras subraya que el problema está en quienes nacen en el rural y lo abandonan al finalizar la escolarización obligatoria. “Las oportunidades de ocio que existen, los jóvenes las perciben como menos atractivas, van a la universidad y luego, al terminarla, no regresan”.

A ello se suma una imagen poco atractiva del campo, pese a que, como recuerda, muchas personas extranjeras sí valoran el rural gallego como un espacio con buena calidad de vida y oportunidades reales. “Se pueden ofrecer ingresos y trabajo en el campo, pero sin unas condiciones de vida adaptadas al siglo XXI, no se va a retener a su población”, advierte. Transporte, atención sanitaria, centros educativos y vivienda en condiciones habitables son requisitos imprescindibles incluso para quienes deciden asentarse.

En la misma línea se expresa Isabel Villalba Seivane, secretaria general del Sindicato Labrego Galego, que incide en la necesidad de garantizar un nivel de vida digno para quienes quieran desarrollar su proyecto vital en el rural. “Hay poca gente que quiera continuar con el negocio familiar, pero el relevo generacional puede cambiar a un nuevo modelo en el que venga gente de fuera de Galicia”, sostiene. A su juicio, se está desperdiciando una oportunidad de repoblación por la falta de apoyo efectivo a quienes desean instalarse en el campo, algo que resulta inviable si la vivienda es inaccesible o si los conocimientos y certificaciones para producir son difíciles de obtener. “Tenemos que preguntarnos: ¿necesitamos a estas personas en las zonas rurales?; sí, para mantener vivo el campo, entonces, tenemos que crear las condiciones”.

Villalba conoce de primera mano casos de personas procedentes de la ciudad interesadas en iniciar proyectos agrícolas que se encuentran con barreras casi insalvables. “La gente solía acceder al conocimiento de forma tradicional, a través de la práctica y la familia”, explica, pero hoy la producción para la venta exige certificaciones específicas: “Una cosa es cultivar para uno mismo y otra muy distinta es producir de forma sostenible y rentable”.

El diagnóstico compartido apunta a la necesidad de abandonar el viejo modelo de transmisión exclusivamente familiar y avanzar hacia otro que permita la incorporación de nuevas personas, tanto jóvenes como procedentes de otros sectores económicos. En ese proceso, la formación es clave: desde la educación obligatoria, incorporando el conocimiento del campo, hasta cursos específicos que acerquen esta realidad a quienes nunca han tenido contacto con ella. “Tenemos que dar un futuro a las personas con vocación agrícola, no solo mediante la inversión, sino también mediante la formación”, insiste Pérez Fra. También alerta de la escasa apuesta institucional por la producción ecológica: “Estamos a la cola en cuanto a subvenciones”, lo que dificulta la transición hacia prácticas que reducen la dependencia de la industria química y de semillas. “Si cuento con un técnico que me ayuda a optimizar la producción de pastos”, ejemplifica, “ya no me siento tan sola y el riesgo se reduce considerablemente”.

Desde una perspectiva histórica, el catedrático de Historia Contemporánea de la USC Lourenzo Fernández Prieto pone el acento en los relatos que se han construido sobre el rural. “La mentalidad y el discurso que nos contamos a nosotros mismos son muy importantes”, afirma, antes de desmontar algunos de los mitos más extendidos: el atraso secular, el aislamiento o la supuesta miseria inevitable de la agricultura de subsistencia. “Estos mitos no son historia, son la memoria (interesada) que se nos ha transmitido”. Recuerda que Galicia fue y sigue siendo una gran productora de alimentos y que la autosuficiencia agraria otorgó durante décadas soberanía e independencia a la población.

El abandono de esa diversidad productiva está ligado, en buena medida, al avance del monocultivo forestal. Desde el ámbito de la ordenación territorial, Emilio Díaz Varela, catedrático de la USC, señala que una de las razones que explican su expansión es cultural: “la gente no quiere ver sus tierras en barbecho, quiere que se cultiven”, un sentimiento que las grandes empresas madereras han sabido explotar. La protección de las tierras agrícolas resulta esencial no solo para prevenir incendios, sino también para planificar el desarrollo económico del país.

Villalba denuncia, además, la falta de aplicación efectiva de la prohibición de forestar tierras agrícolas vigente desde 2007. “Las personas que se supone que deben actuar no tienen directrices de ningún tipo”, lamenta, lo que deriva en una ausencia de control administrativo. A ello se suma una visión reduccionista del sector primario. “Cuando un ministro de Agricultura viene a Galicia, solo ve Coren, la leche y el vino Albariño, nunca se fijan en el resto de la agricultura”, critica, pese a la existencia de experiencias exitosas de producción diversificada que generan empleo estable y riqueza local.

La apuesta por un uso multifuncional del territorio aparece como una de las grandes alternativas. “Debe entenderse como un sistema complejo”, explica Díaz Varela, “aprovechar los servicios de los ecosistemas”. Frente a paisajes simplificados y continuos que favorecen incendios y plagas, la multifuncionalidad rompe esa lógica y multiplica los beneficios ambientales y económicos. Proyectos como CAPRIF-CC, centrados en la gestión sostenible de los montes y en la participación de la población local, demuestran que existen modelos viables basados en la diversificación productiva, la ganadería extensiva, el cultivo de plantas aromáticas o la formación en oficios rurales.

Otro de los grandes retos es movilizar la tierra abandonada en manos de propietarios que viven en zonas urbanas. Para Villalba, ofrecer alternativas económicas estables, como arrendamientos periódicos, permitiría sustituir el monocultivo forestal por usos más sostenibles. En este contexto, el Banco Público de Tierras de Galicia podría ser una herramienta clave, aunque su funcionamiento actual genera desconfianza por la lentitud y la burocracia.

Desde el sector privado, la ingeniera forestal Sandra Otero advierte de las dificultades que afrontan los pequeños productores. “A una pequeña granja de verduras ecológicas le resulta muy difícil mantenerse a flote”, señala, especialmente por la competencia de productos importados sin los mismos controles. También denuncia una fiscalidad que no distingue entre pequeños y grandes productores. “Se puede producir, siempre y cuando se pueda vender”, resume, alertando de que sin apoyo a la comercialización y sin incentivos fiscales, muchos proyectos no son viables.

La conclusión es clara: la gestión del territorio no es solo una cuestión ambiental, sino un eje central para garantizar derechos básicos como la alimentación, la vivienda o los servicios públicos. Expertos y expertas coinciden en que invertir en economía local, diversificación productiva y condiciones de vida dignas no es un gasto, sino una apuesta estratégica con beneficios sociales, económicos y ambientales a medio y largo plazo, especialmente en la prevención de incendios y en la lucha contra la crisis climática.