Análisis
Feminismos antipunitivistas para ‘otra’ agenda de seguridad

La tendencia hoy es construir nichos de seguridad, ya sea en forma de privilegios, ya sea en formas de ideologías e identidades bien establecidas y cerradas. Pero es obvio que la búsqueda de seguridad alimenta la guerra y siembra minas en el campo de batalla en que se ha convertido la realidad mundial. Frente a ello, recuperar la idea de mundo común no es una forma de escapismo utópico. Todo lo contrario. Es asumir el compromiso con una realidad que no puede ser el proyecto particular de nadie y en la que, queramos o no, estamos ya siempre implicados.

(Marina Garcés, Un mundo común)

Como si el 2019 y el estallido social en Chile fueran un espejismo, un recuerdo onírico lejano en el tiempo. Lo que ocurrió en ese entonces, el entusiasmo por cambiarlo todo, sentir la red popular nacional como un tejido indestructible, avanzando en conjunto. Los carabineros del otro lado atacándonos. Los pacos mandados a disparar al “enemigo poderoso e implacable”. Más de 11.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la revuelta. Las feministas, inspiradas por el Colectivo las Tesis y el himno que nos congregó a manifestarnos juntas, paradas frente a cada comisaría del país, de Arica a Puerto Williams, denunciando a los cuerpos policiales. Nos han obligado a olvidar.

Hoy, como ayer y mañana, como feministas tenemos algo que decir. Hoy, cuando existe un homenaje sin reparos hacia la institución de carabineros. Cuando han promovido la ley Naín-Retamal, llamada también “gatillo fácil”, que establece la “legítima defensa privilegiada” para los cuerpos de policía, fortaleciendo y dándole mayores atribuciones al cuerpo policial y de Gendarmería de Chile. Cuando hay un amplio sector político que clama por un estado de excepción en las ciudades. Cuando nos encontramos a 50 años del golpe de Estado cívico-militar y pareciera que no hay memoria. Las feministas nos manifestamos y no lo hacemos desde un punto de vista teórico, simplista ni idealista, sino al contrario: crítico, cuestionador, con horizonte de transformación de esta sociedad que nos interpela, cuando nuestras vulnerabilidades están en disputa. Nuestra seguridad, nuestro deseo de sentirnos protegidas, cuidadas. Porque aunque nos la quieren arrebatar, la agenda de seguridad también es de nuestra incumbencia. Como mujeres y disidencias necesitamos promoverla, pero desde nuestra vereda, desde lo que pensamos, sentimos y establecemos como necesario de debatir. Desbinarizando la seguridad con otros conceptos que pensamos van de la mano: interdependencia, apoyo, cuidado mutuo, comunidad.

La seguridad nació como preocupación en las políticas públicas desde la noción de ‘seguridad social’, en el sentido de afrontar colectivamente las eventuales dificultades de la vida a través de los recursos públicos

Porque no siempre la seguridad se asoció a esta dimensión de indemnidad personal, “guerra contra la delincuencia”, ante este estado en que cualquiera puede ser una potencial víctima. La seguridad nació como preocupación en las políticas públicas desde la noción de ‘seguridad social’, en el sentido de afrontar colectivamente las eventuales dificultades de la vida a través de los recursos públicos. El giro ante los riesgos de la victimización de la delincuencia, se desarrolla en los años ochenta desde el desarrollo de un gran mercado de la seguridad, a través del surgimiento de tecnologías de vigilancia y la proliferación de policías privadas. A su vez, los discursos públicos empiezan a relevar la importancia de las fuerzas policiales. La campaña para recuperar la legitimidad de Carabineros de Chile durante estos años, vino de la mano del lema Un amigo en tu camino y figuras como el perro Don Graf, cuyo lema “darle un mordisco a la delincuencia”, invitaba a niños, niñas y adolescentes a confiar en las fuerzas policiales y alejarse de la marihuana como “puerta de entrada a otras drogas”. La pedagogía securitaria de la transición se basa en la desconfianza: seguir al grupo es exponerse a las conductas de riesgo. El mérito individual está en no ser como los demás, salir de la población, cambiar de comuna.

La securitización de la agenda pública comienza a presentarse como una propuesta de la derecha que busca totalizar la discusión sobre las problemáticas sociales actuales, pero que tiene su punto de tope en la herida dictatorial aún abierta. Las reformas impulsadas desde los gobiernos concertacionistas en los noventa, debían ir en la línea de reducir lentamente el poder político de las Fuerzas Armadas y de Orden, en la medida posible que estableciera su poder fáctico. Si bien se presenta en menor medida que en la experiencia argentina, como señala Ileana Arduino: el andamiaje normativo fue montado, en gran medida, para neutralizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Así, la reforma constitucional del 2005 del otrora presidente Ricardo Lagos se impulsa como un cambio de Constitución, que permite eliminar su influencia política formal a través del Consejo de Seguridad Nacional. La agenda securitaria se topa, entonces, con militares y carabineros cuestionados por los crímenes de la dictadura, y por los sucesivos casos de corrupción que van desde el mismo Pinochet hasta el bullado caso de corrupción dentro de la institución de Carabineros, conocido como Paco-Gate. Por otro lado, los movimientos sociales por la educación pública, gratuita y de calidad, las pensiones dignas, la salud, la vivienda, generan en el debate un contrapeso al individualismo con el cual se piensa la gestión de los delitos, poniendo de relieve la desigualdad estructural que perpetúa el neoliberalismo, y evidenciando abusos policiales contra quienes se manifiestan a favor de transformaciones sociales.

La securitización de la agenda pública comienza a presentarse como una propuesta de la derecha que busca totalizar la discusión sobre las problemáticas sociales actuales, pero que tiene su punto de tope en la herida dictatorial aún abierta

Sin embargo, en los últimos meses la seguridad ha totalizado el debate público. El tono de amenaza, urgencia, emergencia nos sitúa frente a una realidad inexorable, cuyas múltiples causas se reconducen, por los medios de comunicación, linealmente al estallido social de 2019 y a la responsabilidad política de quienes denunciaron los abusos policiales, manifestándose “en contra de Carabineros”. El aumento de la sensación de victimización en conjunto con la espectacularización de los homicidios, se conjugan con la atribución de responsabilidad a quienes impulsaron esta supuesta campaña de desprestigio, configurándose un deber de reparación a la imagen de Carabineros a ser asumido por el gobierno: la asunción de la falta de política en la izquierda para ‘los temas’ de seguridad, las políticas de municipios emblemáticos para combatir el comercio ambulante, la normalización del estado de excepción constitucional en el Wallmapu y ahora en el norte, porque “no se puede hacer nada más”.

Los partidos tradicionales se adueñan del proceso constituyente en Chile

Jaime Bordel Gil

América Latina

América Latina Los partidos tradicionales se adueñan del proceso constituyente en Chile

Jaime Bordel Gil

Medio año después de la estrepitosa derrota de la propuesta constitucional, un nuevo proceso constituyente ha arrancado en Chile. Esta vez las reglas serán muy distintas.

En la tibia discusión constitucional de la Comisión de Expertos (dentro del actual proceso constituyente), el rol de las Fuerzas Armadas marcó la pauta de las primeras semanas, mientras que la pregunta por las medidas que pueden tomarse por una nueva Constitución para mejorar la seguridad, ha sido uno de los temas que más han relevado las candidaturas al Consejo. La necesidad de más cárceles, más policías, más especialización contra el crimen organizado, activan mecanismos de exclusión de ‘grupos sociales peligrosos’, con importantes tintes de clasismo y racismo. Por supuesto, nada de esto es novedoso, pero pareciera ser que la derrota del plebiscito del 4 de septiembre trajera consigo la premisa de que “la derecha siempre tuvo razón”, y enfrentarse al eufemismo del crimen organizado, pero en general, a “los delincuentes”, es un lugar común e ineludible para la política. ¿Es posible retomar colectivamente una perspectiva otra, que vuelva a traer al debate dimensión social del problema de la seguridad?

La derecha ha querido convertir a las fuerzas policiales en una especie de identidad, como sujetos de especial protección, mediante los cuales el aparato represivo estatal se protege a sí mismo de sus normas, proponiendo instituciones que apuntan a una mayor reproducción de la violencia como la legítima defensa privilegiada o el proyecto de reforma constitucional que establece un estado de excepción constitucional “de riesgo”. Creemos que una de las hebras que nos toca repensar, en este difícil contexto, es el provecho que el discurso securitario obtiene de las campañas contra la violencia de género. La consolidación del sujeto carabinero-víctima, se nutre de los procesos de identificación que mujeres y disidencias nos hemos dado en tanto víctimas de la violencia machista. La analogía que se traza con la utilización de la consigna “ni uno menos” y el escudo de Carabineros, así como la interpelación a las feministas ante la muerte de una carabinera, nos han abierto preguntas difíciles y muy dolorosas sobre el rol del poder punitivo del Estado.

Nosotras nos paramos desde el antipunitivismo, que al día de hoy es una aproximación analítica, un posicionamiento político que no ofrece fórmulas concretas inmediatas ni una guía de respuestas fáciles ante las violencias

Nosotras, entonces, nos paramos desde el antipunitivismo, que al día de hoy es una aproximación analítica, un posicionamiento político que no ofrece fórmulas concretas inmediatas ni una guía de respuestas fáciles ante las violencias, como dice la abogada penalista Laia Serra. Sin embargo, desde este lugar, recalcamos como imprescindible la necesidad de complejizar las reacciones, causas y consecuencias de los actos, reconociendo que la seguridad ante las agresiones trasciende la política del Estado, los dispositivos penales, las policías y cárceles. Porque el ejercicio punitivo responde, en la gran mayoría de las veces, a violencias estructurales de género, raza y clase, generando un círculo vicioso sin salida para los más oprimidos de la sociedad.

La historia nos enseña, desde genealogías feministas negras, transfeministas y desde conocimientos de la criminología crítica, que la opción represiva no sólo no resuelve las opresiones de base, sino que las reproduce y siembra más y mayores violencias. Aún así, sabemos la complejidad de las posibles soluciones. Porque, además, comprendemos el miedo, la rabia y el dolor que siente nuestra comunidad. También la vivimos. Pero insistimos en que estos sentires no son los que deben regir a la hora de construir políticas securitarias. Nos inclinamos, con obstinación, a buscar otras estrategias de no- violencia, una que “apunte al cielo y no al dedo”, que trascienda y amplíe la mirada y la escucha para reconocer la necesidad de un análisis estructural en el que nos co-impliquemos, que sintamos que podemos ser parte de las soluciones en la comunidad interdependiente que somos.