Análisis
Dina Boluarte: un régimen contra el pueblo peruano

“La aristocracia y la burguesía criollas no se sienten solidarizadas
con el pueblo por el lazo de una historia y de una cultura comunes.
En el Perú, el aristócrata y el burgués blancos, desprecian lo popular, lo nacional.
Se sienten, ante todo, blancos”.
José Carlos Mariátegui (1929)

El 7 de diciembre de 2022 el rumbo político del Perú cambió de forma dramática. Según buena parte de los medios de comunicación del país andino, Pedro Castillo —entonces presidente de la República peruana— habría impulsado un “autogolpe” para gobernar el país por decreto y reformar el poder judicial. La cascada de acontecimientos no se hizo esperar: Castillo fue rápidamente apresado y encarcelado, teniendo su familia que buscar refugio en la embajada de México. Sin ningún tipo de debate, Dina Boluarte, vicepresidenta y ex Ministra de desarrollo e inclusión social, fue designada presidenta de la República —algo que consiguió tras pactar con la derecha y la extrema derecha—. La indignación comenzaba a prender a lo largo y ancho del país.

Los titulares de los medios españoles reprodujeron punto por punto este relato, saludando también la rápida designación de Boluarte. Bajo la retórica del “autogolpe”, Pedro Sánchez condenó al día siguiente las acciones de Castillo y manifestó su apoyo a la nueva presidenta. Del mismo modo, la Unión Europea avaló la línea de gobierno el 15 de diciembre, cuando la gestión de la crisis peruana por parte de Boluarte y Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros, se había cobrado ya 25 vidas en las manifestaciones que inundaban Perú. Y cuyo reclamo no era otro que el cierre del congreso, nuevas elecciones y una asamblea constituyente. En esas mismas movilizaciones se exigía también la liberación de Pedro Castillo, cuyo encarcelamiento se había producido de manera totalmente opaca y sin garantías.

Es ridículo achacar a Castillo un movimiento golpista: a nadie se le escapa que los golpes de Estado precisan de alianzas profundas con sectores militares, mediáticos, empresariales y de la burocracia estatal, algo con lo que el ex presidente nunca contó

A finales de enero el relato del autogolpe ya sólo encuentra legitimidad en los medios de la derecha peruana y en sus aliados fuera de la República. A la luz de los cerca de 70 manifestantes asesinados, de la extensión en el tiempo del estado de emergencia, de los últimos incidentes en la Universidad Mayor de San Marcos —con cerca de 200 detenidos y denuncias por vejaciones— y de la militarización actual de la región de Puno, parece claro que el golpe en Perú vino de otra parte. Es ridículo achacar a Castillo un movimiento golpista: a nadie se le escapa que los golpes de Estado precisan de alianzas profundas con sectores militares, mediáticos, empresariales y de la burocracia estatal, algo con lo que el ex presidente nunca contó. De hecho, su gobierno no ha dejado de estar asediado política y mediáticamente por los herederos del fujimorismo y su racismo criollo.

En realidad, lo que hubo desde el principio fue un golpe parlamentario contra el presidente legítimo de Perú, Pedro Castillo, coordinado por la derecha peruana y con un apoyo resuelto de las fuerzas armadas —como estamos pudiendo comprobar—. El actual gobierno peruano está sosteniéndose únicamente en una dinámica represiva contra quienes se manifiestan o critican a Boluarte, siempre bien engrasada con el consabido “terruqueo”, que consiste en revivir perpetuamente el fantasma del terrorismo de Sendero Luminoso y justificar así la violencia del Estado. Lo cierto es que ninguna de las personas asesinadas por las fuerzas policiales y militares –entre ellas varios niños– tenía antecedentes, simplemente fueron masacrados por protestar. Todo ello revela los resabios fujimoristas de una oligarquía blanca y tremendamente anti democrática.

Deslegitimación internacional

Tras la reedición de la “Marcha de los cuatro Suyos” —inspirada en la marcha contra Alberto Fujimori del año 2000— y el paro nacional del pasado 19 de enero, la fuerza destituyente del movimiento popular que pide la dimisión de Boluarte no ha dejado de crecer. En la “Toma de Lima” se dieron cita miles de personas movilizadas desde Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, Huancavelica o Arequipa, entre otros lugares, cuyo objetivo era poner fin al régimen de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones. La Policía Nacional del Perú (PNP) reprimió duramente las protestas, dando lugar a acontecimientos impropios de una democracia, como los vividos en la Universidad Mayor de San Marcos el día 21 de enero. Todos estos acontecimientos no han dejado de tener eco en la esfera pública internacional.

El pasado 24 de enero, en Buenos Aires, durante la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), varios presidentes y líderes gubernamentales latinoamericanos criticaron duramente la dirección política que está tomando el Perú. Así, por ejemplo, Gabriel Boric, presidente de Chile, comentó: “No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el Gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas“. “Es inaceptable también que las Universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos”, agregó.

La marcha de las provincias

Mauricio Morales

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Perú

Perú La marcha de las provincias

Mauricio Morales

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La violencia y la crisis se agudiza mientras el Congreso y las calles del centro de Lima continúan con movilidad restringida.

La presidenta la República de Honduras, Xiomara Castro, fue todavía más expeditiva en sus palabras que el mandatario chileno: “Condenamos el Golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el Presidente legítimo, electo, Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación“. En este mismo sentido se expresaron los dirigentes Gustavo Petro (Colombia) o Manuel López Obrador (México). Mientras tanto, la derecha peruana no ha dejado de incrementar las tensiones diplomáticas con Bolivia. Inicialmente el gobierno de Boluarte acusó sin fundamento al expresidente boliviano Evo Morales de financiar las protestas que estaban teniendo lugar en territorio peruano. Recientemente, tras unas declaraciones de Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia —mencionaba el esfuerzo del pueblo peruano por recuperar su democracia—, la situación se ha recrudecido y se ha acusado a Bolivia de “injerencia”.

Ernesto Bustamante, congresista del partido peruano derechista Fuerza Popular, echó más leña al fuego hace unos días al exigir a Bolivia el cese de su supuesta “financiación del terrorismo”, llamando al ingreso del ejército peruano en la frontera de Bolivia si no se escuchaban las demandas de Perú. Estas disputas fronterizas tienen lugar en un momento en el que Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, ha declarado sin ambages en un evento del Atlantic Council su interés por los recursos de Latinoamérica, especialmente por el triángulo del litio que comprendería Bolivia, Argentina y Chile —aunque también la región peruana de Puno, actualmente militarizada—. Por otro lado, el apoyo de Estados Unidos a Boluarte desde la embajada estadounidense ha sido reiterado, emitiendo en un comunicado la necesidad una tibia “rendición de cuentas” sin condena alguna por lo acontecido las últimas semanas.

El régimen de Boluarte en España

La presidenta de FEMUCARINAP (Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú), la líder indígena Lourdes Huanca, ha viajado recientemente por Europa y España explicando en diversos foros la dramática situación en que se encuentra pueblo peruano. La federación que preside Huanca, y que agrupa a más de 126.000 mujeres, promueve la soberanía alimentaria, el empoderamiento de las mujeres indígenas, la lucha contra el neoliberalismo y el racismo, y forma parte de La Vía Campesina. Su figura es odiada por la derecha peruana, principalmente por su apoyo a Pedro Castillo y su denuncia de las violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en Perú bajo el régimen de Boluarte.

En una reciente conversación en el programa “En clave internacional”, conducido por el eurodiputado de Unidas Podemos y Anticapitalistas, Miguel Urbán, Lourdes Huanca afirmaba sobre la destitución golpista de Castillo: “A él lo mandan preso [a Pedro Castillo] por estar al lado de su pueblo, porque es un provinciano, un profesor rural, porque ha sido elegido desde las provincias”, pero lo que tampoco le perdona la oligarquía peruana es que en 2023 se propusiese revisar las concesiones a las grandes empresas mineras y petroleras extranjeras que actualmente explotan los recursos del Perú de manera depredadora y extractivista. Además de señalar el racismo de la oligarquía peruana, que siempre ha contrapuesto Lima y la costa a lo que han denominado con desprecio como “las provincias”, lo que parecía estar en juego era un cambio de modelo económico. Algo que no podían permitir.

Diversos colectivos y parte importante de la comunidad peruana en España ha lanzado un comunicado contra las declaraciones oficiales de la embajada peruana que atacaban a la líder indígena Lourdes Huanca —quien ha visitado el estado para denunciar las vulneraciones de derechos en Perú

Al hilo de la gira de Huanca por España, la Embajada del Perú ha salido al paso con un comunicado criticando las supuestas falsedades que la líder campesina habría difundido sobre Dina Boluarte, el golpe parlamentario contra Castillo y la situación del país andino. Toda la nota de prensa de la embajada no es sino un calco del discurso oficial de Boluarte sobre Perú, incluyendo la alerta contra “grupos de personas que buscan acrecentar el caos social a través del ejercicio de la violencia indiscriminada” en un claro ejercicio de terruqueo. Diversos colectivos y parte importante de la comunidad peruana en España ha lanzado un comunicado contra las declaraciones oficiales de la embajada peruana, situándose del lado de la democracia y los derechos humanos.

Así, en dicho comunicado se afirma que “Boluarte habla de ‘paz’ pero al mismo tiempo promueve el relato de un enfrentamiento entre Estado y terroristas, poniendo la supervivencia de su gobierno por encima de las vidas de nuestros hermanos peruanos y peruanas”. Además de subrayar que el Congreso peruano actual tiene un 88% de desaprobación popular, el texto afea la hipocresía de la embajada al “lamentar” las vidas arrebatadas en las manifestaciones “sin asumir la responsabilidad política con dichos hechos que recaen directamente sobre el gobierno en funciones del que depende”. Asimismo, las personas firmantes apelan a la comunidad internacional para exigir la defensa de los derechos humanos en el Perú, la protección de los derechos de las comunidades campesinas que están movilizándose en las protestas y las garantías de participación política e integridad de Lourdes Huanca.

El clima de represión en Perú es cada vez mayor, con detenciones arbitrarias de manifestantes, allanamientos de sedes de sindicatos y un estado de emergencia que permite una total impunidad a las fuerzas armadas y a la policía peruanas. Está claro que el gobierno de Dina Boluarte no representa más que los intereses de la élites y de las empresas que acaparan de forma colonial los recursos del Perú, gobernando no sólo a espaldas de la mayoría de peruanas y peruanos, sino contra ellas y ellos. Lo terrible es que ni la Unión Europea, ni España ni la comunidad internacional estén haciéndose el eco debido del autoritarismo desplegado por Boluarte. Un régimen democráticamente insostenible. Resulta incomprensible la poca visibilidad mediática que tiene un conflicto en el que se violan los derechos de la ciudadanía de manera tan flagrante. Sólo unas nuevas elecciones democráticas y una asamblea constituyente diversa y plurinacional podrán sacar de este callejón sin salida al país. Y así poner fin a treinta años de neoliberalismo e injusticia social contra el pueblo peruano.