Análisis
Accidente ferroviario en Grecia: entre lo previsible y lo criminal

El accidente de tren en Grecia del pasado martes 28 de febrero por la noche provocó la muerte de 57 personas —en su gran mayoría jóvenes y estudiantes— y decenas de heridos y, ha provocado cualquier sentimiento entre la población griega salvo el de la sorpresa.

El pasado 7 de febrero, tres semanas antes de la tragedia, el sindicato de trabajadores ferroviarios (DESK) emitió un comunicado casi profético, de hecho pocos días antes ya habían sucedido dos accidentes que se sumaban a una larga lista de problemas de seguridad que afectaban tanto a los trabajadores como a los pasajeros. Para los trabajadores, las responsabilidades son compartidas por los distintos gobiernos que ha tenido el país desde que debido a la crisis, el estado griego, obligado por los paquetes de rescate impuestos por la troika privatizó el sistema ferroviario vendiendo el servicio de operación y mantenimiento de los trenes (TRAINOSE) a la empresa italiana “Ferrovie dello Stato” por 45 millones de euros, mediante un contrato que todavía no ha sido publicado. Mientras tanto, el gobierno griego ha subvencionado a la empresa italiana con 50 millones de euros para el mantenimiento de ciertas lineas. Según los trabajadores, su filial griega “Hellenic Train” y la empresa reguladora de las infraestructuras estatal se lanzan la pelota de las culpabilidades sin asumir responsabilidad alguna.

Para los trabajadores, las responsabilidades del accidente son compartidas por los distintos gobiernos que ha tenido el país, desde que el estado griego, obligado por los paquetes de rescate impuestos por la troika privatizó el sistema ferroviario

El traspaso a Ferrovie Dello Stato supuso importantes recortes dejando al operador de red (OSE) con 880 empleados, un ratio de empleados por kilómetro de vía inferior a la media europea. La antigua OSE empleaba a 12500 empleados mientras que en la actualidad la nueva OSE (red) y TRAINOSE (operación y mantenimiento de trenes) emplean aproximadamente a 2000 personas en total. En el año 2019 el gobierno griego solicitó la exención de cinco años de la aplicación del Reglamento Europeo 1371/2007 que protege los derechos de los pasajeros. Lamentablemente, TRAINOSE se ha asegurado una exención del reglamento de derechos de los pasajeros de la UE, que obligaría a compensar a los pasajeros en caso de accidente, hasta el año 2024. 

A través de su denuncia, los trabajadores reclamaban la contratación de personal fijo, con derechos consolidados para cubrir las “muy grandes y graves carencias en todas las áreas” con su “correspondiente especialización y certificación del personal”.

Students protest outside the Transport Ministry in Athens with 57 empty chairs. #GreeceTrainCollision pic.twitter.com/KiiEvmNlxu

— Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) March 6, 2023

A las quejas del personal se suman también las de la Comisión Europea que hace dos semanas remitió a Grecia ante el tribunal de justicia de la Unión Europea en relación a la infraestructura ferroviaria. Una directiva europea establece la obligación de los estados miembros de garantizar un acuerdo contractual entre el estado y la empresa administradora de la linea ferroviaria para garantizar “la transparencia de los próximos proyectos en la red de infraestructuras ferroviarias”. A pesar del intercambio de cartas dicho acuerdo sigue sin haberse cumplido. Por ello ya en el 2020 la comisión había empezado un proceso de infracción contra Grecia por este asunto.

Las denuncias de los maquinistas vienen respaldadas también por las investigaciones periodísticas, los ferrocarriles griegos han estado operando todo este tiempo sin señalización fotográfica ni control remoto pese al desembolso de decenas de millones de euros para tal cometido

Las denuncias de los maquinistas vienen respaldadas también por las investigaciones periodísticas, los ferrocarriles griegos han estado operando todo este tiempo sin señalización fotográfica ni control remoto pese al desembolso de decenas de millones de euros para tal cometido. Según reveló el Instituto Mediterráneo de Periodismo de Investigación en su informe “Atención no hay señal” del año 2020, el entonces presidente de los maquinistas Kostas Genidounias declaraba que “no existe un sistema de protección contra los errores humanos como el SECT (Sistema Europeo de Control de Trenes)” que establece una especie de red de protección ante este tipo de fallos. Grecia se ha mantenido establemente en el primer puesto de muertos en proporción a los trenes-kilómetro recorridos y el segundo en heridos graves. Los proyectos de instalación del SECT se remontan al 2007 cuando se firmaron los primero contratos, pero a día de hoy los maquinistas siguen informándose del estado del tráfico en cada estación en la que paran y dependiendo de semáforos que en muchas situaciones no funcionan correctamente. En otras palabras: arrancan a ciegas sin saber lo que pueda ocurrir.

Si para Alexis Tsipras, se trataba de un accidente perfectamente predecible, para Dimistris Koutsoumpas, secretario general del Partido Comunista Griego, se trata de un acto criminal. Las movilizaciones frente a las oficinas del organismo ferroviaro griego no se salvaron de la represión con gases lacrimógenos por parte de la policía y el mismo día 1 de marzo, con más razón todavía, se celebró una huelga previamente anunciada de los trabajadores del metro de Atenas por sus condiciones laborales y de seguridad.

Durante la crisis de deuda el director de documental Aris Jatsistefanou publicó una serie de documentales de investigación sobre las consecuencias de los ajustes. Tras su primer éxito Debtocracy presentó Catastroika que dedicó un extenso reportaje al aumento de casos de accidentes ferroviarios tras los agresivos procesos de privatizaciones de los ferrocarriles en el Reino Unido. Si bien el jefe de estación de Larissa ha sido detenido con cargos criminales y el ministro de transporte ha presentado su dimisión, los árboles de la responsabilidad personal esconden una selva de problemas sistémicos de fondo que han terminado por afectar a los usuarios más necesitados de un transporte público y barato, ya que el 80% de los viajeros tenían menos de 30 años.