América Latina
Un mes atrapados en el desierto de la Concordia o el precio de cruzar la frontera

El Punto de la Concordia es una extensión desértica de más 37.000 metros cuadrados que ha generado disputas entre los gobiernos de Chile y Perú desde la firma del Tratado de Lima en 1929. Este páramo de tierra baldía situado entre las ciudades de Tacna y Arica se convirtió el pasado 13 de abril en el escenario de una crisis humanitaria en la que centenares de personas se vieron atrapadas tras intentar ingresar sin éxito en territorio peruano. Resueltos a seguir su camino, y ante la falta de recursos o de alternativas seguras, los migrantes improvisaron un campamento con tiendas y mantas para pernoctar en el desierto hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte de los gobiernos implicados.

Según la carta abierta publicada por Amnistía Internacional y destinada a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y al presidente de Chile, Gabriel Boric, muchas de las personas encalladas en la Concordia “estarían tratando de salir de Chile para regresarse a Perú, Venezuela, o ir hacia Estados Unidos ante las precarias condiciones económicas de estancia en el país, así como la discriminación y la imposibilidad de poder regularizar su situación migratoria”. La mayoría de ellas no cuenta con la documentación requerida dado que optaron por cruzar la frontera de manera irregular ante el endurecimiento de las normas de acceso al territorio chileno.

Angelo Gaitza es uno de los jóvenes venezolanos que quiere retornar a su país y demanda a las autoridades peruanas que “se abra el paso a los que quieren cruzar porque nadie tiene la culpa de nacer en Perú, en China o en la Cochinchina”. Tras varias semanas a la intemperie, el Gobierno de Venezuela estableció comunicación con su homólogo chileno para fletar un vuelo humanitario con el que repatriar a 115 ciudadanos venezolanos. Seis días más tarde, varias familias en condiciones críticas fueron trasladadas a un refugio habilitado por la municipalidad de Arica, pero cientos de personas se han visto empujadas a caminar cientos de kilómetros a través de los Andes para llegar a Bolivia y atravesar la frontera de Perú.

Carla Scavo, cuyo rostro revela las inclemencias del sol y el viento nocturno, se lamenta de que “las noches son muy frías y, por el día, el calor es insoportable”

El pasado lunes, finalmente, la delegación presidencial de Arica anunció que tras haber registrado picos de 450 migrantes acampados, “se ha logrado que la totalidad de las personas hayan dejado el lugar”. Ricardo Sanzana, representante de la institución chilena, dio a entender con sus declaraciones que el desenlace se vio favorecido por ciertos protocolos implementados por resolución de las instituciones chilenas y peruanas. Sin embargo, los testimonios recogidos entre los desplazados revelan que la desesperación también jugó su papel.

La hostilidad del desierto

“Las noches son muy frías y, por el día, el calor es insoportable”, describe Carla Scavo, cuyo rostro revela las inclemencias del sol y el viento nocturno. La venezolana de 36 años se desplaza con su madre y dos niños y precisa que todos los días se desvelaban a las cinco de la mañana “forradas por las moscas”. Ramsés Hernández, por su parte, salió de Venezuela hace cuatro años para costear el tratamiento de salud de su madre pero, a la hora de regresar en compañía de su esposa embarazada y de sus sobrinos, se topó con un “muro de policías peruanos”.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), una de las principales entidades desplegadas en la zona, llegaban todos lo días nuevos grupos de perfiles vulnerables como “familias separadas, niños, niñas y adolescentes no acompañados, y también personas con enfermedades críticas y crónicas”. Hernández tiene solo 26 años pero afirma que debe armarse de valor para velar por el bienestar de sus familiares: “Es especialmente difícil para los niños, todos los días preguntan cuándo nos vamos a casa”.

Los rigores del entorno y la escasez fueron mitigados por el apoyo mutuo entre los desplazados y la acción espontánea de congregaciones religiosas y vecinos de Arica y Tacna, quienes trajeron mantas, agua, comida y productos de higiene personal. Asimismo, instituciones chilenas y organismos intergubernamentales de Naciones Unidas como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la ya citada Acnur se encargaron de reforzar la asistencia en el terreno mediante la distribución de kits de emergencia, ropa, alimentos e hidratación, la organización de actividades lúdicas para menores y la identificación de personas y familias vulnerables a las que ofrecer alojamiento y asistencia sanitaria.

Uno de los momentos más terribles de la crisis humanitaria se vivó cuando una joven de apenas 21 años sufrió el aborto de su bebé de tres meses como consecuencia del estrés acumulado

Pese a todo, los días seguían pasando en el desierto sin una respuesta concreta por parte de las autoridades estatales competentes. La desesperanza cundía entre los acampados, lo que derivó en acciones de protesta y enfrentamientos con la policía peruana y los carabineros chilenos. Tras una petición directa por parte de los migrantes varados en la Concordia, la municipalidad de Arica dispuso la instalación de seis baños químicos y de una carpa alimentada con un tanque de agua para el aseo general.

El primer domingo de mayo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Chacalluta —cercano a la frontera chileno-peruana— la aeronave destinada a repatriar más de un centenar de venezolanos y ello suscitó durante los siguientes días la llegada de decenas de personas a la Línea de la Concordia con la ilusión de embarcar en otro vuelo hacia su país de origen, el cual no llegó nunca.

El viernes, 12 de mayo, se vivió uno de los momentos más espantosos de la crisis humanitaria cuando una joven de apenas 21 años sufrió un aborto como consecuencia del estrés acumulado. La mujer se encontraba muy debilitada y en estado de shock, por lo que fue trasladada horas más tarde a un centro sanitario, tal y como pudieron confirmar fuentes de la policía militarizada de Chile.

Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han anunciado en numerosas ocasiones que las mujeres desplazadas son uno de los colectivos más susceptibles de sufrir violencia y discriminación por razones de género. El campamento de la Concordia no es una excepción, como evidencia la denuncia de cinco casos de abuso sexual efectuada por la Defensoría del Pueblo de Perú el pasado 8 de mayo.

En la tarde del sábado, Carla Scavo y Ramsés Hernández se mostraron aliviados de ser trasladados junto a otras familias vulnerables al albergue de Nuestra Señora del Carmen en la localidad de Arica, donde permanecerán por un plazo de 15 días mientras reciben apoyo y asesoramiento para la gestión de su estado migratorio. Sin embargo, más de un centenar de migrantes quedaron desamparados en el desierto de la Concordia y hubieron de partir para tomar otras sendas que implican mayores peligros pero son, después de todo, la única forma de llegar a su destino.

“Nosotros, que no tenemos recursos económicos para seguir, optamos por la mochileada, por ir paso a paso y cruzar Perú de otra manera”, confiesa Alberto Casanova, un venezolano que comparte una cocina improvisada con María Ángela Ruiz, el esposo y el hermano de ésta. Todos ellos se decantaron por subir las pendientes andinas a pie, cruzar la frontera con Bolivia e ingresar en Perú para seguir su camino.

Entre el domingo por la tarde y el lunes por la mañana, los últimos grupos de desplazados dejaron la Concordia y Sanzana pudo decretar que el imperio de la ley se había restablecido en el lugar. Yanet Rodríguez pasó más de una semana en este erial fronterizo con la intención de perseverar en su cometido de regresar a Venezuela y visitar a su hermana enferma. Finalmente, su salud se vio resentida y tuvo que regresar a Arica, donde cuenta con una vivienda en la que descansar y el apoyo de conocidos y amigos. El martes por la noche recibió la terrible noticia del deceso de su hermana.

El criterio Valencia y la militarización de las fronteras

El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, anunció el pasado 4 de abril la entrada en vigor de una nueva directriz que impele a los fiscales de la nación a solicitar prisión preventiva inmediata para todos los extranjeros que cometan un delito y carezcan de un documento de carácter nacional que permita establecer su identidad.

A su vez, el Ejecutivo chileno aprobó el 20 de febrero el Decreto con Fuerza de Ley (DFL no. 1) para el resguardo de las áreas y la militarización de las zonas fronterizas. La medida estará vigente durante 90 días en determinadas zonas del norte del país y concede a los militares la facultad de realizar controles de identidad para verificar el ingreso autorizado de migrantes y de efectuar registros y detenciones en caso de sorprender a una persona extranjera sin la documentación en regla.

Según Amnistía Internacional, el endurecimiento del control migratorio favorece el aumento de los flujos migratorios por rutas que comprometen la seguridad de los migrantes

Adeline Neau, investigadora en México y Centroamérica de Amnistía Internacional (AI), advierte que las autoridades chilenas también han estado fomentando otras reformas normativas que conculcarían los derechos humanos de refugiados y otras personas desplazadas. Según afirma, la más reciente es el proyecto de ley contenido en el boletín 15261-25, cuyo trámite avanza y conlleva que “una persona que entra ilegalmente podría ser enviada a la cárcel de manera sistemática por considerar que ha cometido un delito por no tener la documentación en regla”.

El Gobierno peruano, por su parte, declaró el 26 de abril un estado de emergencia (decreto supremo Nº 055-2023-PCM) de 60 días que supone la restricción de la libertad de tránsito en los distritos fronterizos de siete regiones, entre las que se incluye Tacna, así como la intervención de las Fuerzas Armadas en colaboración con la Policía Nacional.

Frente a este endurecimiento repentino del tránsito entre ambas naciones, AI invoca los tratados internacionales ratificados por los Estados de Chile y Perú, que exhortan a sus gobiernos a cumplir con ciertas obligaciones establecidas en materia de protección de personas desplazadas, “en particular aquellas relativas a las que tienen necesidad de protección internacional, al uso de la fuerza y participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad”. Neau precisa que, según la Declaración de Cartagena, tanto la población venezolana como la haitiana deben tener acceso a mecanismos para la adquisición del estatus de refugiado “dado que la vida y los derechos de estas personas están peligro debido a las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se han registrado en dichos países”.

La organización no gubernamental incide, además, en que el despliegue de efectivos militares para operaciones de control migratorio supone abordar el fenómeno como un mero problema de seguridad y conlleva “un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función”.

De esta forma, la implementación del DFL no. 1 por parte de las autoridades chilenas y del decreto supremo del Gobierno de Dina Boluarte, así como las dificultades en el acceso a protección internacional, favorecen el aumento de los flujos migratorios por rutas que comprometen la seguridad de los migrantes debido a la actividad de redes criminales dedicadas a la trata y el tráfico de personas. Estas normativas son contrarias a los principios establecidos por tratados de derecho internacional ratificados por Chile y Perú como la Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 1951, que prohíbe responder con medidas penales a la entrada irregular de personas solicitantes de asilo o refugiadas.

Todo ello se ve potenciado la extensión y promoción de discursos de estigmatización y criminalización de las personas extranjeras por parte de los principales medios de comunicación y las instancias del poder político, que los presentan como la principal fuente de inseguridad. “Hemos podido ver recientemente un ejemplo de estas narrativas de exclusión en las declaraciones de la presidenta peruana para justificar el estado de excepción”, recalca Neau.

“No somos delincuentes, somos personas trabajadoras y estamos cansados de ser pisoteados porque somos pobres”, dice Emilson Machado

La población venezolana es uno de los colectivos más afectados por el endurecimiento de las fronteras en buena parte del territorio latinoamericano y, según denuncian varios organismos internacionales y regionales en defensa de los derechos humanos, es especialmente susceptible de sufrir episodios de discriminación y xenofobia. De acuerdo con la información manejada por estas entidades, para un migrante venezolano que ingresa a Chile de manera irregular es casi imposible conseguir asilo o regularizarse. “No somos delincuentes, somos personas trabajadoras y estamos cansados de ser pisoteados porque somos pobres”, concluye Emilson Machado, uno de los venezolanos que se vio expulsado de Chile por la situación económica del país y el creciente rechazo de la población extranjera.

Según los cálculos de AI, más 440.000 venezolanos residen en territorio chileno, cifra superada por los datos recogidos en otros países como Perú, Colombia o Ecuador. “Por eso”, arguye Neau, “llama la atención que Chile sea el único país de la región andina que no cuenta con sistemas de asilo para la regularización de personas de origen venezolano”. Para la investigadora, se disponía de los medios para realizar un mejor abordaje de la problemática.

De acuerdo con la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, más de siete millones de venezolanos tuvieron que abandonar su país en los últimos años para buscar mejores condiciones de vida, por lo que se trataría de una de las mayores crisis de movilidad a nivel global, junto con los éxodos provocados por los conflictos acontecidos en países como Ucrania, Siria o Afganistán.