Opinión
Ulm5: Los efectos de la Staatsräson en el sistema judicial alemán

Invocando la Staatsräson alemana —un concepto extralegal definido por una defensa inquebrantable de Israel, un país que actualmente está siendo juzgado en la CIJ por cometer un genocidio de manual en Gaza—, la policía alemana ha detenido a miles de personas y se están juzgando cientos de casos en tribunales penales de todo el país. Solo en Berlín, la policía afirma haber iniciado más de 11.000 procedimientos.

Las personas procesadas por delitos menores, como allanamiento, cánticos y símbolos, son tratadas como peligrosas delincuentes y sus casos se juzgan a menudo en salas de alta seguridad. Muchas de las personas activistas que han sufrido una brutalidad policial extrema se han enfrentado a juicios por agredir a agentes de policía, cargos que a menudo se desestiman si la persona acusada tiene un vídeo de su detención.

Mientras que la violencia estatal es en gran medida ignorada o incluso alentada por la clase política y una parte considerable de la población, activistas que se oponen a la complicidad de Alemania en el genocidio del pueblo palestino son criminalizados y sometidos a procedimientos largos y agotadores. Y nada representa mejor este peligroso enjuiciamiento político como el caso de Ulm5.

El 8 de septiembre de 2025, cinco activistas de diversas nacionalidades entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur de Alemania. Se grabaron con el rostro descubierto mientras, supuestamente, llevaban a cabo una acción no violenta en la fábrica de armas. Después, esperaron a ser detenidas por la policía sin oponer resistencia ni intentar huir. En varios vídeos publicados posteriormente en Internet, explican claramente su intención y sus reivindicaciones, principalmente llevar a cabo lo que la CIJ recomendó en enero de 2024 y tomar medidas para impedir que continúe el genocidio de Gaza. Desde la acción, activistas irlandeses, británicos, alemanes y argentino-españoles han permanecido en prisión preventiva.

Desde su detención, su equipo de abogados, grupos de apoyo y familiares han denunciado la denegación de derechos y una serie de abusos preocupantes. Esto llevó al equipo de abogados a presentar un comunicado de prensa que reproducimos al final del artículo.

En las primeras horas y días tras su detención fueron:

·  Obligadas a desnudarse y encerradas en una celda durante horas solo con ropa interior (sin sujetadores).

·  Retenidas durante 30 horas sin comida adecuada.

·   A una de las cinco le recetó un médico un medicamento y luego la policía le negó el acceso al mismo durante 20 horas.

·   Interrogadas por la policía sin la presencia de un abogado.

·   A las cinco personas se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de la primera vista, a pesar de las repetidas solicitudes de hablar con un abogado y de que los abogados intentaran ponerse en contacto con ellas en repetidas ocasiones.

·   En los cinco casos, solo se les asignaron abogados de oficio para la primera audiencia y, aun así, en al menos dos casos se les impidió reunirse con los abogados.

·  Al menos a uno de los activistas no se le permitió reunirse con su abogado durante dos semanas.

·  Al menos a uno de ellos no se le permitió ningún contacto con familiares y amigos durante un mes.

·   Después de la audiencia, se les separó unos de otros y se les recluyó en prisiones diferentes en cinco ciudades distintas.

Desde entonces, su situación de encarcelamiento ha sido desproporcionada. Están sufriendo graves restricciones en materia de comunicación y contacto:

·   A una persona no se le permite realizar ninguna llamada telefónica a familiares o amigos.

·   A otra se le permite llamar por teléfono solo a abogados, no a familiares.

·   Las visitas en persona están muy limitadas: una persona tiene derecho a dos visitas de una hora al mes; otra, a solo una hora al mes, dividida en dos sesiones de 30 minutos.

·   Las visitas por videoconferencia son ineficaces debido a la pésima conexión a Internet, que reduce una visita de una hora a 20 minutos.

·   Algunas visitas se realizaron durante meses detrás de un cristal que ocupa toda la altura de la pared, sin que se permita el contacto físico. Estas condiciones, tras una investigación, resultaron haber sido un error de las autoridades.

·   Las visitas son supervisadas por la policía y un traductor.

·   Existe una falta sistemática de comunicación adecuada sobre las visitas y las llamadas telefónicas, tanto a los presos como a sus familias, lo que provoca pérdidas de contacto y angustia.

·   El retraso en la recepción de las cartas (hasta dos meses) y la mala calidad de las fotocopias del correo entrante dificultan su lectura.

Sufren condiciones de detención crueles e inhumanas:

• Las personas están sometidas a 21-23 horas diarias de encierro en sus celdas.
• Una persona fue inicialmente recluida en una celda compartida que consideraba insegura y tuvo que ser trasladada.
• Recientemente se produjo un incidente en el pasillo de la prisión de otra persona en el que alguien se quitó la vida.
• Se ha informado de una alimentación inadecuada, y las personas tienen hambre.
• La calefacción y la ropa son inadecuadas, y la ropa de abrigo que envían las familias tarda mucho en llegar o es rechazada.
• Durante las vacaciones, a veces no se permite a las personas salir de sus celdas debido a la falta de personal.

También sufren restricciones arbitrarias en cuanto a sus objetos personales y la información:

• Una persona tiene la restricción de pedir solo tres libros desde su detención, y no se le permiten libros del exterior.
• El acceso a los periódicos y a la información sobre el sistema penitenciario es restringido o mal explicado por personal sarcástico o poco servicial.
• A las personas no se les permite hablar de su caso en absoluto con sus familiares durante las visitas, ni siquiera de las novedades que les comunican sus abogados.

En particular, tienen un acceso inadecuado a la asistencia letrada y a sus derechos, ya que las llamadas y las reuniones con los abogados han sido interrumpidas por el personal penitenciario a pesar de que no existen restricciones legales al respecto.

Algunas personas denuncian que se les niega una atención médica adecuada a pesar de tener problemas de salud potencialmente graves.

Teniendo en cuenta que su acción no violenta y altamente selectiva no supone ninguna amenaza para la sociedad, el Estado alemán parece decidido a dar ejemplo con ellos y les ha denegado la libertad bajo fianza. Tal y como están las cosas, su prisión preventiva superará el máximo estándar de seis meses sin una justificación adecuada. Su juicio se llevará a cabo en días no consecutivos a lo largo de varios meses, lo que dificultará logística y económicamente la asistencia de sus familias y abogados. Además, su prisión preventiva puede durar hasta 11 meses antes de que se dicte sentencia.

El trato desproporcionadamente punitivo al que se enfrentan estos activistas parece estar diseñado para castigarlos y aislarlos antes incluso de que comience el juicio.

Al castigar preventivamente a personas que han llevado a cabo acciones que defienden el derecho internacional, es decir, que hacen todo lo posible para impedir el genocidio, Alemania ha escrito un nuevo capítulo en su complicidad con el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel.

Alemania ha escrito un nuevo capítulo en su complicidad con el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel.

Comunicado de prensa: La defensa de los «5 de Ulm» exige la puesta en libertad inmediata de la prisión preventiva 

26/01/2026

Estimados señores y señoras:

Nosotros, los abogados defensores de los «5 de Ulm», hemos presentado hoy un recurso contra la prisión  preventiva y exigimos que nuestros clientes sean puestos en libertad de inmediato.

Los clientes llevan casi cinco meses ininterrumpidos en prisión preventiva. Las condiciones más estrictas siguen vigentes. Esto incluye el control estricto de las llamadas telefónicas, las visitas y la correspondencia, el confinamiento en sus celdas hasta 23 horas al día y el acceso restringido a libros y eventos comunitarios.

La ejecución de la prisión preventiva fue desproporcionada desde el principio. El objetivo del acto era claramente legítimo: poner fin a la matanza de civiles en Gaza. En este contexto, solo se produjeron daños materiales, no hubo heridos. Elbit Systems Deutschland GmbH & Co KG es una filial al 100 % de la empresa israelí Elbit Systems Ltd.

Esta última se beneficia considerablemente de la guerra en Gaza y suministra la mayor parte de los drones que se utilizan allí. Sin embargo, no se investigó en absoluto esta línea del equipo de abogados de la defensa basada en la ayuda de emergencia justificada, que fue ignorada por la Fiscalía General de Stuttgart. Al parecer, el objetivo principal de las autoridades investigadoras es sentar un precedente con nuestros clientes, que luchan contra la ocupación y el genocidio.

Además, tras la presentación de la acusación, el Tribunal Regional de Stuttgart está violando el principio de celeridad, que debe tenerse especialmente en cuenta en los asuntos de detención (art. 5, apartado 3, frase 2, del CEDH; artículos 121 y 122 del Código de Procedimiento Penal). El juicio principal no comenzará hasta finales de abril de 2026 y durará al menos hasta finales de julio. Sin embargo, el Tribunal Regional estaría obligado por ley a comenzar el juicio a más tardar a principios de marzo de 2026. De este modo, la situación de detención ilegal de nuestros clientes se prolonga de forma indefinida, lo que supone una nueva violación grave de su derecho fundamental a la libertad.

Por lo tanto, todos los abogados defensores han presentado hoy un recurso de apelación ante el Tribunal Superior Regional de Stuttgart.

Los firmantes están a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente

Abogada Dra. Maja Beisenherz, Múnich, Info@beisenherz.eu, 0177 / 70 95 812,

Abogado Mathes Breuer, Múnich, breuer@kanzlei-abe.de, 0175 / 52 46 963,

Abogado Benjamin Düsberg, Berlín, mail@rechtsanwalt-duesberg.de, 0157 / 30 30 8383,

Abogada Rosa Mayer-Eschenbach, MUC, eschenbach@kanzlei-abe.de, 0176 / 65 35 9443,

Abogada Christina Mucha, Memmingen, info@kanzlei-mucha.de, 08331 / 69 08 136,

Abogada Nina Onèr, Berlín, kanzlei@ninaoner.de, 01520 97 33 278

Abogado Matthias Schuster, Berlín, mail@anwalt-schuster.de, 0176 / 24 75 8230,

Abogada Martina Sulzberger, Augsburgo, kanzlei@anwaeltin-sulzberger.de; 0821 / 50 87 3850