Economía
Presupuestos Generales del Estado… ¿de reparto de la riqueza social? (II)

Los impuestos, directos e indirectos, se encuentran diseñados para que quienes menos “tienen” aporten más y quienes más “posen”, aporten menos a la caja común y se apropien de la mayor parte.

Los ingresos tributarios, -es decir los que se recauda a través de los impuestos (directos e indirectos, impuestos especiales y otros tributos)-, que se esperan ingresar ascienden a 262.781 millones de euros en el 2023.

Si la cuasi absoluta recaudación a través de los impuestos directos (IRPF y Cotizaciones sociales), es hecha por las personas asalariadas o pensionistas (casi el 90%), a través de los Impuestos Indirectos, el IVA, fundamentalmente, quienes más “soportan” y “aportan” son las mismas personas (asalariadas y pensionistas) y, especialmente quienes se encuentran en tramos salariales y pensiones medios, bajos[1].

El IVA es un impuesto que se encuentra en cualesquiera de las mercancías o servicios ligadas a las necesidades vitales y esenciales de las personas (alimentación, casa, transporte, ocio, etc.), y todas ellas contribuimos abonando un determinado porcentaje según el tipo de gravamen que tiene el producto o servicio que adquirimos.

Pero un IVA del 4%,10% o 21%, no tiene la misma repercusión sobre un salario/pensión de 1.050 €[2], que sobre un salario de 800.000 €[3].

Y donde el cuento se convierte en auténtica crueldad del sistema tributaria capitalista lo encontramos en el Impuesto de Sociedades.

“El Impuesto de Sociedades ha caído un 21,3%, debido a que el fraude en las grandes empresas, puede suponer hasta un 77% de todo el fraude que, según GESTA, suponen más de 80.000 millones de euros.

El truco no se encuentra sólo en la menor actividad empresarial (consecuencia de la recesión económica y gran depresión), sino, sobre todo se halla en la estructura jurídico política de este Impuesto, tanto en el Impuesto de Sociedades, como en el de Capital.

El tipo nominal de Sociedades es el 30% (para las grandes empresas), pero el tipo real sobre los beneficios es tres veces menor (el 10%).

La estructura del Impuesto permite a las empresas aplicarse mecanismos de reducciones y deducciones sobre sus impuestos, cuando las mismas obtienen beneficios fuera del estado español (lo que ocurre con todas y cada una de las grandes empresas de cualquier sector, energético, construcción, telecomunicaciones, transportes, financiero, etc.), y, de esta manera reducen sus contribuciones en tres veces, lo cual significa 'ningunear' legalmente a los millones de personas que habitamos este Estado, a la vez que se traslada la carga del pago de la 'factura solidaria', esencialmente a las rentas medias y bajas[2].” (Artículo de Alkimia en El Salto).

La Agencia Tributaria, en las últimas estadísticas, vuelve a mostrar el verdadero rostro de las Empresas capitalistas y, especialmente de las grandes empresas por facturación[4]: quienes más facturan son quien menos aportan a la Caja Común y, en consecuencia, quien más se “apropia” de la “tarta” y quien más expropia para su propio beneficio.

La inflación, la subida de los precios de todas las mercancías y servicios, tiene un efecto “recaudatorio” balsámico para el estado: suben significativamente los ingresos (pagamos más por cualquier mercancía o servicio en impuesto indirectos) y se dispone de un colchón añadido de recaudación.

Este efecto positivo en general, deja de ser tan positivo y balsámico, si consideramos que quienes aportan más, seguimos siendo las clases asalariadas y pensionistas, y quienes no reciben la parte justa que reequilibre sus rentas[5], a la vez que quienes aportan menos, se benefician doblemente: ingresan menos a lo común y obtienen más.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en sus informes acerca del “gobierno corporativo y sus retribuciones de las Empresas y Corporaciones que cotizan en bolsa, hace un análisis de los datos de estas compañías correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, mostrando nítidamente, como las políticas fiscales, más las políticas retributivas, no hacen sino agrandar la brecha existente entre las personas asalariadas (trabajador/a medio) y quienes ocupan puestos ejecutivos.

Con anterioridad a la pandemia (2019), la diferencia se establecía en 47 veces lo que “obtenían” las personas ejecutivas, sobre las personas trabajadoras medias. Pues a 2021, esta diferencia se ha situado en 60 veces.

Un ejemplo ilustrativo: un consejero ejecutivo del Ibex 35, percibe de media 3,3 millones de euros, mientras el salario medio de una persona trabajadora de esas compañías del Ibex 35, percibe 55.000 € al año, que, representando gráficamente en años, esta persona trabajadora media tendría que trabajar 60 años, para percibir la misma cantidad que ese ejecutivo recibe en un año.

[1] “La energía es, junto con la alimentación, el capítulo de gasto más transversal a toda la escala de renta, en el que los hogares de ingresos bajos gastan un porcentaje mayor de sus ingresos y en el que menos se puede reducir el gasto: la necesitan para cosas tan básicas como calentar sus hogares o cocinar. 'Aunque [en términos absolutos] gastan menos que los más ricos, la proporción sobre su renta es mayor', constatan los técnicos de Cambridge Econometrics. Según las estimaciones de la consultora británica, los hogares que están en el último quintil de renta destinarán este año casi el 9% de sus devengos a pagar recibos de energía, más de tres puntos porcentuales más que hace dos años. En contraste, el quintil más acaudalado solo se dejará el 5% de sus emolumentos” (de la prensa diaria).

[2] SMI

[3] Salario medio de los consejeros ejecutivos de las Empresas del IBEX 35.

[4] Las 205 empresas que facturan más de 1000 millones de euros anuales apenas contribuyen con un 5,11% de sus beneficios. El conjunto de las empresas lo hacen con el 10,12%.

[5] Subidas e incrementos de sus rentas salariales y/o pensiones conforme al IPC real y medidas intervencionistas reales que frenen la “ganancia” sin límites de las empresas energéticas, alimentarias, inmobiliarias (a través de sus dos mercados el de la propiedad y el alquiler), para asegurar una vida digna cierta de la mayoría social.