Pensiones
Pensiones, desigualdad y futuro

En estos últimos días, la prensa que comunica ideología (en realidad, toda la prensa lo hace), nos ha machacado de una manera “científica y sociológica”, sobre la necesidad de que las generaciones de personas trabajadoras posfordistas, es decir quienes sus trabajos (empleos) necesariamente se desarrollan y desarrollarán fuera de los grandes sectores industriales y de las grandes empresas mineras, y en consecuencia sus cotizaciones sociales, no serán tan elevadas, ni en años cotizados ni en cuantías, debido a los menores salarios que se pagan y la alta rotación en los empleos, por lo cual el Estado, la patronal y los sindicatos institucionales, prevén negociar sistemas complementarios para mejor provisionar sus pensiones finales.

La lógica empleada de convencimiento es muy de “manual”: Se describe el mundo anterior de los pensionistas -hombres en un porcentaje escandaloso-, de “alta pensión” (todos aquellos adscritos a sectores industriales bien reconvertidos bien en proceso de extinción)[1] y de paso se anuncia que ese mundo “no volverá”.[2]

La brecha de género resulta escandalosa en el sector de la minería, donde las pensiones de jubilación las perciben hombres (99%), al igual que las pensiones por incapacidad permanente y las mujeres son quienes reciben las pensiones de viudedad (99%)[3], cada vez en mayor número debido a la alta tasa de mortalidad de esos trabajadores hombres, que, en su mayoría, antes o después sufren las consecuencias de las enfermedades de silicosis derivadas de sus trabajos.

Y a continuación la “gran solución”: “Sindicatos y patronal negocian planes de pensiones bajo el formato de ahorro privado para la jubilación, para más de dos millones de personas trabajadoras (sector del metal, seguros, grandes almacenes, agencias de viaje…), después de haber cerrado en el 2023 el gran plan de pensiones de empleo para el sector de la construcción.

¿Por qué ahora se quiere impulsar un sistema privado de pensiones y de capitalización?

La alternativa se impuso por parte de la Unión Europea (U€) a los estados miembros que exigía una modificación de sus Sistemas de Seguridad Social para adaptarlos a uno basado en tres pilares:

- el primero universal, público, obligatorio y de reparto que garantice prestaciones mínimas, es decir de supervivencia.

- un segundo pilar obligatorio, de capitalización y de gestión privada ligado a la negociación colectiva.

- el tercer pilar sería de capitalización, individual y voluntario, y como no, de gestión privada.

LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO, como segundo pilar obligatorio debilita el primero, el básico y suficiente, público y de reparto, y detrae parte de las cotizaciones que debieran dedicarse al Sistema Público de Pensiones, al Fondo de Pensiones de Empleo de promoción pública y gestión privada.[4]

El Gobierno de PSOE/UP, conjuntamente con los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT), en el marco de la concertación social, llegaron al acuerdo de impulsar el desarrollo de los Planes de Pensiones de Empleo a través de la Negociación Colectiva Sectorial, promulgándose la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad[5].

La Negociación Colectiva sectorial, como herramienta político-jurídica de imponer los Planes de Pensiones de Empleo y en consecuencia sistemas de capitalización, es decir, Fondos de Pensiones de gestión Privada.

Los sistemas complementarios tomen carta de naturaleza a través de los planes de pensiones de empresa o planes de empleo sectoriales, trabajadores por cuenta propia y/o autónomos y asociaciones y sociedades cooperativas y todas las AAPP y entidades mercantiles de derecho público, que confluirán en un engañoso fondo de pensiones de promoción pública pero gestionado por entidades privadas, la cuadratura del círculo, mezclar agua y aceite.

El vehículo para su impulso es la Negociación Colectiva sectorial, al cual tendrán que adherirse todas las empresas del sector a no ser que renuncien a tal adhesión por regirse por un Plan de Pensiones propio preexistente siempre que sus condiciones sean al menos iguales o superiores a las pactadas en el PPE.

Serán Planes de Pensiones de aportación definida, tanto en la parte empresarial como en la del trabajador, con el límite financiero y de contribuciones a este sistema de previsión social de hasta 1.500 € por cada persona trabajadora, siendo incrementado hasta los 8.500 € en los supuestos siguientes:

1.º En 8.500 euros anuales, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior al resultado de aplicar a la respectiva contribución empresarial el coeficiente que resulte del siguiente cuadro:

Coeficiente

Igual o inferior a 500 euros: 2,5

Entre 500,01 y 1.000 euros: 2

Entre 1.000,01 y 1.500 euros: 1,5

Más de 1.500 euros: 1

Reducciones fiscales: hasta los 8.500 € tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades.

No se sabe aún si el dinero depositado contará con el aval del Estado, pero en el caso de quiebra de estos Fondos de Pensiones, ocurrirá que el Estado tendrá que rescatarlos con el dinero de todos y todas (recordemos el rescate financiero que se llevó por delante 60.000 millones de euros sustraídos de pensiones, educación, sanidad y dependencia).

Que la rentabilidad de los planes de pensiones, sean de la naturaleza que sean (individuales, colectivos-de empleo, asociativos), llevan tiempo siendo una ruina, eso es un detalle que carece de importancia cuando nos encontramos ante un negocio tan suculento.

Nos encontramos ante un cambio radical de modelo: pasamos de garantizar un sistema público de pensiones como un derecho de ciudadanía a negociar con un producto más del mercado. Mercantilizando derechos se consigue que estos cambien de naturaleza y dejen de ser tales, se privaticen. Una campaña francesa de apoyo a lo público lo define en una sola frase: “Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo”.

Llevan lustros cuestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones y cuando el sentido común demanda que para asegurar su viabilidad la solución pasa por conseguir más recursos, se opta, por lo contrario, aumentar las cuotas, pero no para mejorar el sistema público sino para privatizarlo.

Restar recursos al sistema público para alimentar el denominado segundo pilar del sistema: los planes y fondos de empleo.

Acudiendo a esta lógica inhumana, insolidaria y carente de “sentido común”, es fácil concluir que los planes de pensiones alcanzarán un mayor beneficio a costa de degradar las condiciones laborales, sociales o medioambientales de personas y lugares que se encuentran a miles de kilómetros, que no se vea, que no salpique.

Estos productos son también expertos en eludir obligaciones fiscales, son enemigos del bien común y fieles amantes de atesorar cada vez más recursos en menos manos. Solo una de esas empresas, BlackRock, supera en casi seis veces el PIB español. Planes de pensiones y reparto de la riqueza son conceptos antagónicos

Se quiere alejar del ámbito político el tema de las pensiones públicas como si se tratara de algo meramente técnico, de una herramienta de un solo uso, y para ello se muestra un consenso parlamentario y “social”[6], el cual, con una gran dosis de cara dura, se quiere imponer a la sociedad: esto ya no hace falta votarlo, las pensiones son así y no pueden ser de otra manera.  

Quienes a ello nos conducen no creen en lo público. Si creyeran en el sistema público de pensiones el camino solo puede pasar por conseguir sumar más recursos al mismo. Ya existe, si se quiere, la posibilidad de potenciar la suscripción de convenios especiales con la propia seguridad social con el fin de aportar recursos a la caja única, sin intermediarios, ni comisiones, pero entonces no habría negocio, seguirían fuera del mercado y no es esto lo que buscan.

En el Estado español, desde la década de los 90 del siglo pasado, los políticos de cualquier color “político” y los “agentes sociales”, especialmente los sindicatos institucionales, han pactado la ruptura con lo público y han ido entregando al “negocio privado” todos los comunes: educación, sanidad, vivienda y ahora, los sistemas públicos de pensiones.

La clase obrera asalariada, esa que está “empleada” precariamente en la nueva “economía” y, en la de siempre, coexiste con un modelo de relaciones laborales y sociales, donde la lógica de la “normalidad del sistema de explotación y expropiación” de casi todos sus derechos fundamentales, son violentados a diario y parece que se deja (una vez más) en manos de quienes dicen representar el “interés general”, su futuro.

Las pensiones privadas, la expropiación de rentas salariales para entregárselas al mercado privado, es un buen negocio para capitalistas, patronos, sindicatos institucionales y a la vez una garantía de paz social, donde las víctimas, aunque sean miles y miles, carecen de conciencia social suficiente, como para interrumpir esta barbarie.

[1] Sectores industriales que sufrieron la gran reconversión en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado (acero, altos hornos, sector naval, minería, etc.). Estas reconversiones se llevaron por delante 1,7 millones de empleos, se les prometió reincorporarlos a nuevos sectores, nunca fue posible, pues el capitalismo así lo diseñó y en consecuencia se les convirtió en prejubilados para posteriormente percibir pensiones significativamente en la escala alta.

Las mayores pensiones (de cuantía más alta), se sitúan en los distintos territorios que sufrieron las reconversiones.

[2] Las prejubilaciones fueron a cambio de acabar con los sectores y que la población mantuviera “la paz social” y pasará por alto, destrucción del tejido industrial, a la vez que el tejido social y el abandono de los territorios iría “in crescendo”, ante la nula voluntad política de fijar gentes en los territorios por medio de alternativas económicas sostenibles.

[3] A enero 2024, existían 1.529.500 pensiones de viudedad, de las cuales, solamente 63.700 pensiones eran percibidas por hombres, el resto son mujeres y además dichas pensiones se encuentran en su cuantía, casi el 70% por debajo del SMI, cuando la media por pensiones de todo tipo (contributivas, viudedad, incapacidad, etc.) percibidas por mujeres, solamente es el 54,4% de mujeres que perciben cuantías menores del SMI.

[4] El ejemplo del sector de la construcción: CC.OO, UGT y la patronal de la construcción (CNC), crearon un plan de pensiones de empleo donde en el 2022 se destinó un 1% del salario a este plan, en el 2023 se destinó otro 1% y un 0,25% del salario se destina para 2024.  Las personas trabajadoras asalariadas afectadas serán 1,1 millones y también casi 400.000 trabajadores autónomos. Este fondo privado en unos 10 años alcanzará los 3.000 millones de euros.

[5] Para un mejor conocimiento de los Planes y Fondos de Pensiones de capitalización ir al Boletín Jurídico Sindical 171 de CGT que encontrareis en la web de cgt en in-formacion

[6] Existe “consenso social” en esta democracia representativa, siempre que los agentes sociales (patronales y grandes sindicatos), así lo declaren.