La Corona como organización criminal a título lucrativo

Si todo lo que ha insinuado la actual ministra de Justicia fuera verdad, es decir, si hubiera voluntad política de llevarlo a efecto, significaría que por primera vez en cuarenta años podría iniciarse el proceso de desconexión con el famoso “atado y bien atado” de la transición. Recordar, como ha hecho Dolores Delgado con toda la autoridad que se supone a su rango, que el Rey (emérito) Juan Carlos I de Borbón esta “aforado pero no tiene inviolabilidad”, y que el gobierno puede “anular las sentencias del franquismo”, es tanto como incitar a cuestionar la monarquía reinstaurada por aquel “Caudillo de España por la gracia de Dios”, que decían las monedas de curso legal.

Sin embargo, sin quitar un ápice de mérito a la expectativa, persisten dudas razonables para creer que lo verbalizado en sede parlamentaria por la ministra tenga el recorrido sancionador que en un Estado de Derecho merecería. Primero, porque durante los años en que el PSOE estuvo en el poder nunca intentó rectificar lo claudicado en el pacto secreto de la transición. Al contrario, fue el Felipe González quien más comulgó con el jefe de Estado designado por Franco. ¿Hablarán de eso sus archivos tan concienzudamente expurgados de cualquier materia escabrosa tipo GAL, 23-F, Filesa, etc.? De ahí la incredulidad, máxime cuando en el reciente 39 Congreso de 2017, con Pedro Sánchez ya elegido secretario general, el PSOE tumbó una ponencia de las juventudes socialistas para limitar la irresponsabilidad real a los actos políticos. Volviendo sobre sus pasos, ya que en 2014 se abstuvo en la votación para conceder aforamiento al Rey emérito tras su forzada abdicación en favor de su hijo Felipe VI.

Pero además hay otras razones de peso para considerar ambas propuestas en el capítulo de la pirotecnia utilizada por Pedro Sánchez para justificar el eslogan “somos la izquierda” con que parapetó su regreso a Ferraz. O sea, que sólo sean pronunciamientos declarativos, sin efectos jurídicos contantes y sonantes. En lo referente a los juicios de la dictadura, porque significaría desnudar la barbarie fundacional de un régimen que casó la jurisprudencia criminal del franquismo con la nueva planta de la vigente democracia. Y ello supondría, siquiera sea a nivel de rechazo social, aislar a cuantos colaboraron con esa ignominia.

Jueces, fiscales, policías y altos cargos que luego, en buena medida, fueron amnistiados por el trágala de la llamada izquierda del consenso.

Casos como el dirigente falangista Rodolfo Martín Villa, más tarde presidente de Sogecable y tertuliano de la SER, y Diego Córdoba, ex magistrado del Tribunal de Orden Público (TOP) y a continuación jefe de la asesoría del diario El País, son solo dos apuntes de una saga interminable.

De parecido rasero es lo del Rey emérito, truhan de altos vuelos a costa del dinero de todos los españoles, que de nuevo aparece en la crónica mugre donde chapotean gánsteres, oligarcas, mangantes, carteristas y demás ralea. Si en contra de lo que informa el artículo 56 de la Constitución, el anterior Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas (ambas prebendas otorga la norma suprema al monarca en plantilla) fuera un aforado más, podríamos verle en el banquillo judicial como ya ocurrió con su hija la infanta Cristina, o en la cárcel al estilo Urdangarin. El quid de la cuestión está en calibrar hasta dónde ampara ese precepto sus idas y venidas, y el blindaje que reciba de las fuerzas políticas del “patriotismo constitucional”.

Una lectura estricta del mismo enunciado implicaría que la inviolabilidad únicamente cubre los actos que el Rey realiza en el ejercicio de su cargo. De ser así, cabría llevarle ante el Tribunal Supremo para responder de ese presunto y reiterado latrocinio que diversas personalidades y documentos señalan. Pero para eso se requiere voluntad política por parte del Ejecutivo y de la variopinta mayoría parlamentaria que aupó a Sánchez a La Moncloa. Virtud que hasta ahora ni los gobiernos del PP ni los del PSOE han practicado. Lo normal ha sido extender un manto de impunidad sobre las acciones del monarca fueran de la calaña que fueran. Y en estos momentos, cabe que suceda otro tanto forzando la letra y el espíritu de la norma suprema. Como Juan Palomo.

Existen antecedentes de ese proceder cortesano. El último y más escandaloso fue el caso Nóos, sumario donde consta una pieza secreta, que duerme el sueño de los justos, con los emails cruzados entre la Corona y los responsables del tinglado montado para succionar dinero de las instituciones con el aval de la Casa Real. Como reconocería expresamente el propio Iñaki Urdangarin al declarar en la vista que no daba un paso sin que lo conociera el secretario de las infantas Carlos García Revenga. El mismo y heroico juez Castro ya dejó ver en una reciente entrevista televisada que por imperativo legal tuvo que limitar sus investigaciones a aquellas personas que no estaban acogidas al sagrado de la inviolabilidad. Circunstancias que adquieren nuevos bríos ante las gravísimas revelaciones de la última querida del Rey Emérito, la princesa Corinna, en el sentido de que detrás de la trama y coronándola estaba el rey de la mordida.

Si de verdad se quisiera sentar las bases de un nuevo tiempo democrático que acabe con la corrupción sistémica, las nuevas autoridades deberían instar a la fiscalía para que haga caer todo el peso de la ley sobre la Corona y sus mariachis. Y no mirar para otro lado, como hicieron las precedentes. Porque si bien es cierto que las fechorías ahora denunciadas corresponden a su etapa operativa como Jefe de Estado, también lo es que se refieren a chanchullos privados. Salvo que nos aceptemos con Mandeville aquello de que los vicios privados producen virtudes públicas.

Tirar de la manta conlleva también una exigencia de responsabilidades sobre quienes han usado las instituciones como si fueran un corralito de la Casa Real.

Ante todo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su director Félix Sanz Roldán, al que diversas fuentes señalan como el matón encargado de presionar a la denunciante para mantener a buen recaudo la trama de intereses y negocios inconfesables de Juan Carlos I. En este sentido, y en contra de lo que cabría interpretar de las manifestaciones de la ministra de Justicia, lo primero que hizo su homóloga Margarita Robles nada más aterrizar en el ministerio de Defensa fue confirmar en su puesto al jefe de los espías.

Volvemos, pues, donde solíamos. Hasta la fecha, y dada la gravedad y la persistencia de las acusaciones, nada más que el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) Alberto Garzón ha alzado la voz para solicitar que el CNI y Defensa informen al Congreso sobre los hechos publicados y que Hacienda investigue el origen de las cuentas suizas a nombre del Rey y de sus testaferros. De la voluntad política dependerá que otra vez se imponga el statu quo o se emprendan acciones para perseguir la corrupción en el nido del águila. Incluso, con la reforma del código penal de 2015 en la mano, y habida cuenta de que las sospechas alcanzan a varios miembros de la Familia Real y a su más directo entorno (ahí está la red Gao Ping, con tres Orleans, primas del Rey, imputadas), cabría asemejar la Corona a una “organización criminal”. Aunque sea a título lucrativo, de confirmarse todos los extremos estaríamos ante una “agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. La princesa Corinna no es una cualquiera. Durante sus cuatro años de romance con Juan Carlos se alojó a cuerpo de rey en el exclusivo chalet La Angorrilla, una residencia perteneciente al recinto de El Pardo con acceso directo y discreto desde el mismísimo palacio de la Zarzuela.

Aunque todo indica que el gesto de la ministra Salvador es otro ejercicio demagógico más. Como porfiar que no se aumentará la cuota de participación en la OTAN y acto seguido hacer exactamente lo contrario. Habrá que ver lo que da de sí el amago de la titular de Justicia, pero de momento la ocurrente portavoz del gobierno, Isabel Celaá, ha actuado de servicial cortafuegos. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros se apresuró a prejuzgar que las incriminadoras grabaciones “son antiguas y, por tanto, ni las consideramos”. El infantil desmarque incluía además una coda igualmente desvergonzada: el anuncio de que Hacienda no publicará la identidad de los beneficiados por la amnistía fiscal de Montoro, como solemnemente había prometido Pedro Sánchez desde la oposición. De esta manera el pueblo soberano se quedará sin saber si, como denuncia Corinna en las explosivas conversaciones, el Rey y su nutrido sequito de la estafa piramidal estaban ampliamente representados en la lista de los innombrables.

Atado y bien atado = Razón de Estado = Principio monárquico.