Ciencia
Investigación y neoliberalismo progresista: sobre la modificación de la ley de ciencia

El 30 de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de tramitación de la modificación de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En rueda de prensa, Pedro Duque, ministro de Ciencia, presentó las líneas básicas de la reforma. Con el objeto de disimular la falta de publicidad previa del anteproyecto (que tan solo había pasado por una consulta pública a finales del año pasado), el ministerio anunció la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, en la que se convocará a diversas asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, así como a las Comunidades autónomas y los agentes sociales. Las modificaciones propuestas serán sometidas a audiencia pública antes de retornar al Consejo de Ministros para su aprobación.

En los días previos a la comparecencia ya se habían producido reacciones críticas, como las cartas enviadas desde los sindicatos CGT y CC.OO. al ministro. Además, saltó la noticia según la cual el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, había bloqueado el anteproyecto debido a la vulneración de derechos laborales y al posible carácter inconstitucional del texto. La rueda de prensa confirmó las informaciones que durante las últimas semanas habían circulado en torno al anteproyecto. Este profundiza la precarización de la carrera investigadora. El anteproyecto refuerza el marco de excepcionalidad laboral que acompaña a las figuras contractuales vigentes en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) e impulsa fórmulas que permiten incrementar el trasvase de fondos públicos para investigación a manos privadas. Por ese motivo, sindicatos y colectivos de investigadores se manifestaron el pasado miércoles a través de las redes sociales mediante una campaña de twitter.

El modo de actuar del ministerio redunda en la ausencia de transparencia que suele acompañar a las modificaciones y propuestas legales que afectan al mundo de la investigación. En realidad, aquí lo procedimental se entremezcla con la orientación ideológica de lo legislado. La opacidad en los modos de deliberación privatiza asuntos que deberían responder a la negociación colectiva, al tiempo que las propuestas, lejos de redefinir el sentido social de la investigación como un bien público, responden ante todo a la privatización más o menos encubierta del sistema científico. Esta tendencia se sitúa en la línea marcada por el Pacto por la ciencia, un documento que, pese a su sedicente carácter consensual, muestra una importante presencia de empresas privadas.

La ciencia española está aplicando la receta neoliberal de la “colaboración” público-privada, cuyo subtexto real es el drenaje de fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los mecanismos de mercado. Lo público se somete de ese modo a la lógica de acumulación de beneficios.

La ciencia española está aplicando la receta neoliberal de la “colaboración” público-privada, cuyo subtexto real es el drenaje de fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los mecanismos de mercado. Lo público se somete de ese modo a la lógica de acumulación de beneficios.

         El “progresismo” del anteproyecto defiende el modo en que la modificación de la ley facilitará la estabilización de los investigadores post-doctorales, como si se tratara de una alternativa real al encadenamiento de contratos temporales, precarios y tremendamente competitivos que caracteriza en la actualidad a la carrera investigadora. El anteproyecto, lejos de atajar esa dinámica, la consolida, al proponer como alternativa a las figuras funcionariales de estabilización del trabajo investigador (como la de Científico-Titular), una nueva modalidad de contrato, conocida como Tenure-Track. Este contrato, de cuatro años de duración, facilitaría sobre el papel la incorporación a los OPI del personal investigador posdoctoral, reduciendo el tiempo medio transcurrido desde la lectura de la tesis de trece a nueve años. 

Pese a tratarse de un contrato indefinido con una apariencia cool (el ministro, de modo vergonzoso, afirmó lo atractivo de la denominación anglosajona del contrato), esta fórmula revalida la temporalidad en el sector científico y consolida el marco de inseguridad jurídica de los trabajadores, al situarse “fuera de convenio”. El Tenure Track que propone el ministerio estaría sujeto a evaluación por parte de agencias externas (cuyos baremos de puntuación habitualmente responden a criterios determinados por las empresas y las corporaciones de las publicaciones científicas) y la estabilización del personal investigador dependería en última instancia del OPI en que se radicara, que podría proceder a la resolución de la relación laboral de acuerdo a “causas objetivas”.

Pero incluso si los investigadores se convierten en personal laboral estable, las condiciones en que lo harían serían igualmente cuestionables. Además de ver perjudicados sus intereses, pues al convertirse en personal laboral no podrían obtener el reconocimiento de antigüedad (quinquenios y sexenios) de los funcionarios, esos trabajadores se encontrarían mucho más expuestos a un posible despido, o a sufrir en carne propia las consecuencias de los recortes estructurales futuros. Esto reduciría la autonomía de su trabajo de investigación debido a dos factores. En primer lugar, por su mayor sometimiento a las lógicas de la productividad dictadas por la captación empresarial de la ciencia. En segundo lugar, por su supeditación a la elite de los funcionarios de carrera (mucho más reducida al desaparecer la figura de los Científicos Titulares), cuyo poder de mando y capacidad de explotación del personal subalterno se verían reforzados.

En este sentido, el discurso de la excelencia y la calidad científica, que legitima ideológicamente el anteproyecto, corre el riesgo de convertirse en una forma de meritocracia invertida, al consolidar la posición de científicos que no siempre acreditan una carrera investigadora más sólida que la de los investigadores más jóvenes. Aquellos simplemente se estabilizaron antes, lo que les permite manejar los espacios de la ciencia a su antojo, con un grado de nepotismo y arbitrariedad normalizado internamente, pero que no por ello deja de representar una expresión de corrupción institucional. Frente a este modelo, sería conveniente apostar por una democratización del sistema científico que empodere al conjunto de los investigadores y equipare trabajos y salarios.

Todo ello resulta especialmente inquietante si tenemos en cuenta que la modificación de la ley no especifica con claridad ni los criterios de evaluación, ni las condiciones de contratación, ni las partidas presupuestarias que deberían acompañar la extensión de esta controvertida modalidad contractual. Se trata de una estrategia típica del marketing neoliberal, tendente a presentar una carcasa atractiva con un contenido que vacía los derechos de los trabajadores. Sería preferible que el ministerio pensara en algo más seductor que convertir la carrera investigadora en una start-up permanente.

Como sucede en otros ámbitos de las políticas públicas, el problema del sistema científico español no reside tanto en su diseño (que, por supuesto, es mejorable), como en su falta de financiación. El anteproyecto de ley, con su apuesta por la desfuncionarización de la carrera de la carrera investigadora, representa un paso más en el desmantelamiento del sistema público de ciencia y universidades. Al contrario de lo que nos quiere hacer creer el ministro, esta reforma no persigue asimilar el sistema científico español a los “punteros” estándares de la Unión Europea, sino consolidar el carácter periférico de la ciencia española en ese espacio geopolítico (no existe un modelo de carrera investigadora como el aquí descrito en otros países del entorno), así como su valor secundario dentro de un modelo productivo basado en los servicios y el turismo.

         Por otra parte, el anteproyecto relaja el régimen de incompatibilidades en la transferencia de los conocimientos financiados con fondos públicos al sector privado. Así, la Ley 53/ 1984 de incompatibilidades de los empleados públicos no sería aplicable “al personal investigador que preste sus servicios en las sociedades o empresas innovadoras de base tecnológica”. Una vez más el lenguaje de la innovación y la transferencia actúa como pantalla cosmética de la apropiación por parte del sector privado del trabajo y los conocimientos procedentes de la investigación pública, en la medida en que no se establecen limitaciones precisas entre los intereses, a menudo contrapuestos, de ambos sectores.

El borrador tampoco contempla planes específicos en relación al personal técnico y de gestión, cuyo trabajo es esencial para el desarrollo de los proyectos de investigación. Con frecuencia, las figuras contractuales técnicas enmascaran la precarización y la falta de reconocimiento de un trabajo de investigación que desborda ampliamente lo técnico. En cuanto al ámbito de la gestión, el colapso y la demora en la tramitación burocrática de muchos proyectos no se relaciona con la falta de cualificación de los empleados, sino con la inestabilidad y la escasa cantidad de personal contratado para realizar de forma digna esas tareas. Este es un aspecto especialmente crítico en un país como España, uno de los más ineficaces históricamente en la ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea, lo que supone un hándicap ante la necesidad de disponer de ese personal para canalizar las ayudas a la investigación en el contexto post-pandemia. Para concluir, el anteproyecto tampoco se hace eco de las demandas relativas a la necesidad de contemplar indemnizaciones por finalización de los contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario y de otras convocatorias del ministerio.

         Dada la dinámica de recortes a los que ha estado sometido el trabajo investigador durante las últimas décadas, es obvio que esta propuesta profundizará la sensación de inestabilidad que ha afectado a los trabajadores del sector. Esa inestabilidad genera una fuerte supeditación laboral de los investigadores, cuyo grado de sindicalización es bajísimo y cuya capacidad de movilización se ve dificultada por las estructuras jerárquicas (en algunos casos, neo-feudales) que priman en los centros de investigación. Es necesario promover aquellas movilizaciones destinadas a contener la hipocresía de las políticas públicas en el campo de la investigación. Si bien desde los espacios mediáticos nuestros gobernantes recalcan una y otra vez la importancia de la ciencia como semilla de un nuevo modelo productivo, en la práctica sus decisiones intensifican la explotación de los investigadores, quienes a menudo experimentan las consecuencias físicas y mentales de esta situación con impotencia y en soledad.  

La organización sindical de los investigadores, técnicos y personal de gestión es una urgencia ineludible no solo para resguardar sus legítimos intereses como trabajadores, sino para asegurar la producción de un conocimiento científico socialmente relevante.

La organización sindical de los investigadores, técnicos y personal de gestión es una urgencia ineludible no solo para resguardar sus legítimos intereses como trabajadores, sino para asegurar la producción de un conocimiento científico socialmente relevante.

Para hacer buena ciencia, en definitiva. El binomio ciencia-capital no es garantía ni de innovación ni de calidad, sino de cooptación del trabajo cooperativo por los intereses especulativos del sector privado. Si los trabajadores de la ciencia están mejor organizados, su intelecto general será más potente y repercutirá más adecuadamente en el bienestar común del conjunto de la sociedad. En este sentido, desde la CGT apostamos por una defensa de los derechos del personal investigador que no sea meramente corporativa, sino que refuerce la concepción del sistema científico como un bien público y que fomente la igualdad de acceso a los frutos de la producción de conocimiento.