Elecciones
Censos ideológicos: el panóptico partitocrático

Treinta años después del nacimiento de la red global de internet World Wide Web, sus utilidades más obtusas comienzan a prefigurar el nuevo panóptico del siglo XXI. La web se ha consagrado por mérito propio en la principal herramienta de comunicación mundial. Una innovación cibernética que reduce a nada las distancias y nos aproxima en una realidad virtual donde casi todo está permitido al simple alcance de un clic. El problema a semejante dechado de ventajas en clausura es que al mismo tiempo que la red de redes autogestiona contactos, información y consumo, confisca nuestro ADN digital en todo tipo de itinerarios y plataformas (Google, Facebook, Twitter, Whatsapp, etc.). Una densa huella curricular donde se almacenan bancos de datos que expropiados de su autor cabe ser utilizada para fines espurios de comercialización, control, segregación y dominación. La alarma ha saltado en España cuando todos los grupos parlamentarios han aprobado una modificación de la Ley de Protección de Datos para rastrear la red y hacer perfiles ideológicos de los ciudadanos al margen de su voluntad. Un paso más al servicio de un despotismo representacional elevado al rango de chequismo institucional.
“Me gusta cuando votas porque estás como ausente”. Con ese aroma poético a lo Pablo Neruda mostraba su indiferencia ante el evento electoral una pintada callejera en las pasadas elecciones europeas de 2014. Las primeras que se celebraban después del atraco austericida perpetrado por la Troika (CE, FMI y BM), con la lógica cosecha de un abstencionismo consecuente: más del 56 por 100 de los convocados dieron la espalda a las urnas. Una reacción normal en cualquier persona razonable es no besar la mano que te abofetea. Ya van 42.621 millones de euros procedentes del dinero público enterrados en el rescate financiero.

Esta flagrante desafección resulta poco asumible por un sistema político, teóricamente democrático y formalmente representativo, que se legitima en el consentimiento expreso de los gobernados. Una golondrina no hace verano, pero que en una consulta no y en otras cinco sí los electores se queden en casa y que el quorum sea un desideratum, es harina de otro costal. Por más que los así ungidos se sientan elegidos a divinis, el efecto gota malaya del desplante se acusa sin miramientos cuando desde arriba se piden sacrificios y comprensión a los propios damnificados.

Para jalear a los perezosos recalcitrantes el sistema lo ha intentado casi todo. Desde presentar los comicios como la gran fiesta de la democracia hasta espabilarlos con derroche de purpurina mediática.

“Vota pueblo, vota”, y tiro porque me toca. Algunas tretas fueron tan obscenas que no tuvieron más remedio que poner límite a su impudicia. Se inauguraban obras públicas y se utilizaba la publicidad institucional, a nivel de Estado y de Comunidades Autónomas, para famosear a las insípidas candidaturas afines. Quien hace la ley suele hacer la trampa. El gobierno de Pedro Sánchez, para muestra vale un botón, aprobó una inversión de 1.100 millones de euros para el Campo de Gibraltar a una semana vista de la cita electoral en Andalucía.

El confesionalismo institucional llega al punto de considerar el sufragio como una obligación y no como un derecho.

Ocurre en países como Grecia, Bélgica, Chipre, Italia o Luxemburgo, donde incluso se puede multar a los infieles que osan apostatar de las urnas. Un conflicto entre libertades positivas (las que se originan en la razón de Estado), en plan supremacista, y las libertades negativas (el ámbito de autonomía del individuo), que Isaac Berlín nunca valoró. Un buen ciudadano, como probo feligrés, es aquel que santifica las instituciones con su óbolo. Los que prefieren no hacerlo brillan como apestados. Aunque también contribuyan a través de los presupuestos a la caja de los partidos concursantes con ese nuevo diezmo que se paga por escaños logrados y votos recibidos.

Por esas rarezas de la vida, el caso español era hasta ahora un oasis entre tanto integrismo de-voto. Hasta el punto que en las pasadas elecciones europeas Bruselas tuvo que retirar vallas y carteles que animaban a votar aquí dado que nuestra legislación lo prohíbe, en una interpretación extensiva del sufragio como derecho y no como obligación. Es lo que prescribe la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General. La propaganda desplegada por todos los actores durante el periodo electoral, sostiene la LOREG, deberá ser informativa “sin influir en ningún caso en la orientación del voto de los electores” (Art.50, 1).

Pero en eso llegó el spam partitocrático. Para paliar la indiferencia y el abstencionismo activo con que la gente responde al actual matarile social propiciado por el neoliberalismo, el parlamento se ha inventado la dialéctica del spam. Ha aprobado una ley que permite a las formaciones políticas acceder a los dispositivos electrónicos de los ciudadanos para enviar mensajes a móviles y correos sin su autorización. Con la posibilidad añadida de crear archivos con los antecedentes ideológicos de la población. Un paso más en la videovigilancia masiva (ensayada por vez primera con el panóptico carcelario), por más que el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, asegure que se trata de una norma garantista que respeta la Ley de Protección de Datos. Orwell nunca pensó que su distopía seria moneda de curso legal en las democracias digitales del Estado de partidos. Por cierto, el 25 de mayo entró en vigor en toda la UE el Reglamento para la Protección en el Tratamiento de Datos de las Personas Físicas (RGPD) a cargo de empresas y organizaciones “con el consentimiento de los afectados”. Veto del que ahora se exime a los partidos.

De seguir así, pronto todos estaremos fichados y atrapados por el ogro filantrópico del lado oscuro de la red. Libertad, divino tesoro…