Los anfitriones de Airbnb en Barcelona demandan a la compañía por prácticas desleales

El Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona ha admitido a trámite una demanda colectiva presentada por la Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (ACABA) contra la compañía estadounidense por prácticas desleales. Desde Acaba señalan que el objetivo de la demanda es conseguir la “reparación de los perjuicios originados por la plataforma en Barcelona”, en referencia a las multas recibidas por los usuarios que anunciaban su vivienda habitual, y que se prohíba a la compañía publicar anuncios de alojamiento turístico sin habilitación.

Según informan la asociación, el juzgado ha emitido un auto por el que reclama al Ayuntamiento y a Airbnb, en un plazo de 30 días, el listado de todos los usuarios de la empresa que han sido multados por el Consistorio en los últimos dos años para poder representar a todos los afectados. Desde la asociación, integrada por 102 anfitriones de Airbnb que han sido multados por alquilar su vivienda habitual a través de la plataforma, cifran en 5.077 los usuarios sancionados —2.500 con multas de 30.001 euros, importe contemplado hasta marzo de 2017, y 2.577 con multas de 60.001 euros—. “La cifra la conseguimos a partir de una solicitud de información por la Ley de Transparencia”, explica el abogado de la asociación, Dylan Tarín, quien subraya que el objetivo de conseguir este listado es averiguar cuántas de las personas multadas anunciaban en Airbnb el domicilio en el que vivían y no otras viviendas.

“Estas cifras estratosféricas evidencian que, de forma masiva y bajo la apariencia de una práctica colaborativa no profesional, las graves prácticas desleales perpetradas por Airbnb están poniendo en un elevado riesgo a miles de personas”, señalan desde Acaba.

Tarín afirma que Airbnb se ha aprovechado de una ventaja competitiva, derivada de infringir la ley publicando ofertas turísticas sin la correspondiente habilitación. Pero sobre todo, el abogado apunta como lo más grave que la compañía “ha cometido prácticas desleales contra los consumidores, induciéndoles a incumplir la ley en beneficio propio y a sabiendas de su ilicitud, creando la impresión y dando a entender que podía alquilarse la residencia habitual de forma turística sin la correspondiente habilitación”. La asociación subraya también la estrategia promocional de Airbnb, que, con eslóganes como “Querer Barcelona es compartirla con el mundo”, “te ayudamos a llegar a fin de mes” o “democratizamos y redistribuimos la riqueza del turismo”, ha “inducido a confusión a miles de ciudadanos para que se registraran en una comunidad de oferta y demanda de alojamientos turísticos no profesionales bajo el concepto de home-sharing, incumplieno la normativa turística de Barcelona”.

Tarín también hace referencia a la actuación del Ayuntamiento, que tacha de “indiscriminada” al multar igual a las personas que han anunciado su propia vivienda y que no tienen el hospedaje turístico como actividad económica, y a grandes tenedores o empresas camufladas que sí se dedican a la vivienda turística, anunciando en Airbnb viviendas no habilitadas para esta actividad.

Ley de Turismo de Catalunya

Desde el Ayuntamiento de Barcelona señalan que la Ley de Turismo establece que las viviendas de uso turístico requieren la correspondiente comunicación previa de inicio de actividad al ayuntamiento competente y marcan los requisitos a cumplir. El artículo 89 de esta ley indica que "son infracciones muy graves prestar o ejercer actividades o servicios turísticos sin disponer de los requisitos o de las condiciones legalmente establecidas para obtener la habilitación correspondiente". El artículo 92, que las infracciones graves tienen "una multa entre de 30.001 y 600.000 euros", importe que, desde febrero de 2017 aumentó a un mínimo de 60.000 euros.

Desde el inicio del plan de choque contra el alojamiento turístico ilegal que el Ayuntamiento de Barcelona emprendió en el verano de 2016 hasta hoy, el número de sanciones ha alcanzando las 5.503 y se han emitido 4.148 órdenes de cese, según detallan fuentes del Ayuntamiento.

“La actividad de plataformas como Airbnb y otras, que han facilitado y promocionado el alquiler de la vivienda habitual sin poner ningún impedimento técnico y sin pedir el correspondiente número de registro, no ha ayudado a clarificar la situación y ha contribuido a generar esta problemática”, explican las mismas fuentes en relación a las quejas de la asociación Acaba. “Aunque el desconocimiento de la ley no exonera de su cumplimiento, el Ayuntamiento ha trabajado a fondo con las plataformas para que todas operen de acuerdo con la legalidad. La gran mayoría de ellas ya sólo anuncian pisos legales, y con Airbnb está trabajando para garantizarlo”, añaden.