Derecho al agua
“El agua no se negocia”: Mendoza se planta contra Milei

La mañana de la votación comenzó con un murmullo que crecía mientras columnas de jóvenes, familias y personas mayores avanzaban hacia la Legislatura. La consigna que encabezaba la marcha —“El agua no se negocia”— no era nueva, pero esta vez sonaba como advertencia. Miles de personas rodeaban el edificio mientras, dentro, los legisladores aprobaban —con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención— la Declaración de Impacto Ambiental que habilita el proyecto megaminero San Jorge. La escena coincidía con una de las movilizaciones más grandes desde 2019, cuando la defensa de la Ley 7722 obligó al Gobierno a retroceder en su intento de flexibilizar la actividad minera.

Fuera, la multitud advertía que el proyecto amenaza la cuenca del río Mendoza. Todo vibraba: los bombos golpeaban como un corazón multiplicado; los tambores marcaban un ritmo que guiaba la marcha; las voces se deshacían en cánticos; las banderas atravesaban el aire caliente. Había bailes, risas, abrazos y lágrimas. Una energía potente, colectiva, que sólo aparece cuando la gente siente la causa en la piel. Cuando se conoció el resultado, la marcha se volvió más densa y decidida. Desde Plaza Independencia avanzó por el centro y terminó cortando el Nudo Vial, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Para muchos, lo de hoy no fue una protesta más: fue una defensa del futuro.

La escena de la calle se entiende en un contexto mucho mayor: Mendoza atraviesa una crisis hídrica sostenida. Sequías prolongadas, retroceso glaciar y una acumulación de nieve muy inferior a los promedios históricos, han reducido de forma crítica el agua disponible para riego, consumo y energía. En una provincia donde cada metro cúbico cuenta, la escasez dejó de ser excepcional: se volvió estructural. En este marco, el gobernador Alfredo Cornejo se ha convertido en el principal impulsor político del proyecto San Jorge, que defiende como motor económico para la provincia. Su apuesta contrasta con la fragilidad del sistema hídrico y con la resistencia social.

En ese escenario avanza el proyecto San Jorge, que prevé extraer cobre y oro en también en Uspallata. El propio expediente oficial confirma que la explotación demandará 12.000 m³ de agua diarios, el equivalente al 20% del consumo de la ciudad de Mendoza. En los pueblos cordilleranos, la preocupación es tangible: ríos más bajos, terrenos cuarteados y restricciones que se repiten año tras año. La consigna —“No vale el oro, vale el agua”— resume el temor a sumar presión a un sistema hídrico ya exigido.

Porque en Mendoza, al final, todo se reduce a esto: el agua no es negociable porque es lo único que no se puede reemplazar. Lo demás, sí

El conflicto no quedó solo en la calle, también alcanzó al ámbito científico. La eliminación de un informe técnico del Conicet Mendoza, el cual presentaba una evaluación crítica del impacto ambiental del proyecto, fue denunciada como un “bochorno” y un acto de censura. Dirigentes políticos y fuentes internas señalaron presiones de autoridades provinciales y del Ministerio de Energía y Ambiente. Tras el escándalo, el organismo publicó un comunicado institucional de tono mucho más prudente, sin cuestionamientos directos a la mina. Para amplios sectores científicos, la maniobra dejó al descubierto la tensión entre el rigor técnico y las presiones políticas que rodean los proyectos extractivos en la provincia.

La movilización de este 9 de diciembre puede entenderse como la reactivación de un movimiento socioambiental que forma parte del ADN político mendocino. Su fuerza no reside solo en la cantidad de asistentes, sino en la persistencia: la defensa del agua es un eje identitario que atraviesa generaciones y territorios. Y hay un hilo común que aparece en todas las voces: la desconfianza. No solo hacia las empresas mineras, sino hacia un sistema político que vuelve a avanzar a contramano de la sociedad. La distancia entre la calle y las instituciones se ensancha una vez más.

Pero cuando el recurso en juego es el agua, la ecuación es simple. No hay economía sin agua. No hay agricultura sin agua. No hay vida sin agua. Mendoza enfrenta una decisión histórica: avanzar hacia un modelo extractivista que la empuja a un futuro más seco y desigual, o proteger el agua como el bien estratégico que sostiene a toda la provincia.

La política tomó un camino. La calle tomó otro. Y entre ambas posiciones hay un río —cada vez más delgado— que define quién tendrá futuro y quién no. Porque en Mendoza, al final, todo se reduce a esto: el agua no es negociable porque es lo único que no se puede reemplazar. Lo demás, sí.