Juncker quiere un nuevo "TTIP" con Australia y Nueva Zelanda

El pasado 13 de septiembre, tras el debate sobre el estado de la Unión, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró sus firmes intenciones de avanzar en una agenda comercial de apertura y eliminación de barreras comerciales mediante nuevos acuerdos de comercio bilaterales. En su discurso de clausura declaró que quiere fortalecer la agenda comercial europea y, posiblemente empujado por las críticas desde la sociedad civil hacia los tratados de libre comercio que consisten en rebajar los estándares de calidad al mínimo común, ha explicado que “el comercio se trata de exportar nuestras normas, ya sean sociales o medioambientales, de protección de datos o de requisitos de seguridad alimentaria".

Tan solo unos minutos más tarde, la Comisión Europea (CE), ha presentado un nuevo paquete de propuestas en materia comercial y de inversión que siguen la misma línea de apertura económica que los últimos acuerdos firmados con Japón, Vietnam, Singapur o el controvertido acuerdo con Cánada, el CETA.

El anuncio estrella de este paquete ha sido la recomendación al Consejo para que inicie un proceso de negociaciones para establecer acuerdos de libre comercio, similares al TTIP y al CETA, con Australia y Nueva Zelanda. La CE ha publicado el documento sobre la recomendación en el que alega que “Australia ha celebrado numerosos acuerdos de libre comercio con otros países. La UE no tiene un acuerdo de libre comercio bilateral con Australia, lo que deja a las empresas de la UE en condiciones comparativamente menos favorables para acceder al mercado australiano”. También indica que la CE ya ha mantenido activamente contactos con los socios interesados para recabar untos de vista detallados sobre las futuras relaciones comerciales y económicas entre la UE y Australia.

La Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, también ha realizado varias declaraciones al respecto, en las que se puede entender entre líneas su firme rechazo ante el proteccionismo de Donald Trump. Malmström ha propuesto que la UE siga defendiendo el comercio libre y justo y que este paquete de medidas propuestas “demuestra este liderazgo en acción”. Tras estas palabras ha declarado que trabajará estrechamente con el Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE, a través del Consejo de la UE, para hacer avanzar estas propuestas lo antes posible.

El comunicado emitido por el organismo que lidera Juncker, también anuncia que, al contrario que otros acuerdos, en este caso la Comisión ha decidido publicar todas sus recomendaciones para las directrices de negociación de acuerdos comerciales (conocidos como mandatos de negociación). Cuando se presenten al Parlamento Europeo y al Consejo, según el comunicado, estos documentos se enviarán de forma paralela y automática a todos los Parlamentos nacionales y se pondrán a disposición del público en general.

Con estas medidas, la CE pretende evitar las fuertes críticas, provenientes de gran parte del hemiciclo europeo y de campañas de movilización social, que cargaron contra el secretismo en el que se han negociados tratados de este calibre, como el TTIP y el CETA.

Un nuevo juzgado privado de inversiones

Con la excusa de “equilibrar la apertura de los mercados para el comercio y la inversión como motor clave de nuestra prosperidad con normas internacionales que respeten nuestras elevadas normas y valores comunes y protejan nuestros intereses”, el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, ha anunciado que, como parte de este nuevo paquete de medidas comerciales, proponen la creación de un tribunal multilateral permanente de inversiones para “conseguir el equilibrio adecuado entre los intereses de los Estados y de los inversores y la legitimidad democrática necesaria garantizando la independencia, la rendición de cuentas y la transparencia". 

La propuesta de este tipo de tribunales no es nueva. Los ISDS (Investor-State Dispute Settlement), que es como son conocidos este tipo de tribunales privados internacionales, son una de las primeras demandas por parte de las multinacionales y lobbies. Mediante este tipo de juzgados, las empresas pueden demandar a los Estados si realizan algún cambio en su regulación que pueda acarrearle una pérdida o simplemente lucro cesante en el futuro. Actualmente ya existe un juzgado de este tipo que depende del Banco Mundial, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). España ha recibido hace poco su primera sanción de este tribunal por el recorte en las ayudas a las renovables. Hasta 33 empresas más han demandado ante este tribunal al Gobierno español por este mismo motivo.