Referéndum del 1 de octubre
El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesa a 30 personas por la organización del 1-O

El auto de procesamiento les acusa de malversación, falsedad documental y prevaricación entre otros delitos, descartando el de sedición.

1 Octubre 2018 Catalunya 1
Manifestación en Barcelona el 1 de octubre de 2018. La Directa

publicado
2019-04-09 14:15:00

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha acordado hoy el procesamiento de 30 de las 45 personas investigadas en relación a la organización del referéndum del 1 de octubre. El auto de procesamiento, emitido al finalizar la instrucción —que comenzó en febrero de 2017 a raíz de una denuncia contra el exsenador Santiago Vidal y que en buena parte ha servido para el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo— acusa a los 30 imputados de delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, falsedad de documentos públicos, revelación de secretos y prevaricación, dejando fuera el delito de sedición.

La titular del juzgado, Alejandra Gil —que tomó el relevo al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, que murió en noviembre de 2018 a causa de una enfermedad— afirma en el auto de procesamiento que había un “plan común” y una “estrategia” para celebrar la consulta y declarar la independencia, según adelanta El Periódico. También fija una responsabildiad civil de 5,8 millones de euros, que es el monto que considera que se malversó para la organización del referéndum.

Entre los 30 procesados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se cuentan Antonio Molons —secretario de Difusiçó i Atenció Ciudadana del Departament de Presidència de la Generalitat—, Joaquim Nin Borreda —secretario general de esta misma conselleria—, entre otros altos cargos del Govern. TambIén a nombres de los medios de comunicación como Saul Gordillo —director de Catalunya Radio— o Vicent Sanchis —director de TV3—.

Entre las 15 personas investigadas y que finalmente no han sido imputadas están el exsenador y exjuez Santiago Vidal, cuya denuncia ocasinó el inicio de la causa, o Carles Viver Pi-Sunyer, que en febrero de 2013 fue designado para presidir el Consejo Asesor para la Transición Nacional, creado por decreto por la Generalitat de Catalunya y declarado ilegal en mayo de 2017 por el Tribunal Constitucional.

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El objetivo de la infiltración durante la primavera y el verano de 2017 era conseguir datos concretos sobre la organización del referéndum del 1 de octubre. El agente que intentó la infiltración es conocido con el apodo de ‘Jordi’, quien investigó los movimientos sociales en la década de los 90 y los primeros 2000, también implicado en el intento de captación de un activista de Gràcia en el caso Estado Infiltrado destapado por la Directa. Durante el 1-O fue el responsable de liderar a los “funcionarios intervinientes de investigación”, que se encargaron de “la aproximación, entrada, recogida de efectos, identificación de personas y levantamiento de actas en los espacios públicos utilizados para la votación”.

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15

Lo que cuestiono es el “no soy independentista”. ¿Por qué os parece tan importante hacer esa aclaración? Claro que no lo eres, no puedes serlo, pero tampoco no serlo.

1 Comentario
Desde el Baix 21:42 9/4/2019

Aquí tenéis a la vanguardia revolucionaria del Procés:

Entre los procesados figuran Antoni Molons, secretario de Difusió i Atenció Ciudadana del Departamento de Presidència de la Generalitat; Joaquim Nin Borreda, secretario general de esta Conselleria; Jaume Clotet Planas, director general de Comunicació; la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, Saul Gordillo, director de Catalunya Radio y Vicent Sanchis, director de TV3.

Los otros procesados son:

Josep Ginesta Vicente, secretario general de Treball, Afers Socials i Família; David Palanques Bonavia; responsable del área TIC de esta Conselleria; David Franco Sánchez, responsable del área TIC de Treball; Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimoni (Vicepresidència, Economia i Hisenda); Aleix Villatoro Oliver, secretario general d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència de la Generalitat; Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegación del Govern en la Unió Europea; Albert Royo Marine, secretario general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat); Natalia Garriga Ibáñez, directora de serveis integrada a la secretaria general dependiente de la Vicepresidència d’Economia; Pablo Raventós, director general d’Unipost; Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de servicio de T-Systems; Francesc Fabregas Bonet, administrador de la publicación El Vallenc; Josué Sallent, director d’Estratègia i Innovació en el Centre de Telecomunicación y Tecnología de la Informació (CTTI), y Xavier Puig Farré, responsable del área TIC del Departament d’Acció Exterior.

En la lista también figuran Meritxell Massó Carbó, secretaria general del Departament de Governació; Nuria Llorach Boladeras, vicepresidenta i administradora única de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); Frederic Udina Abelló, director de l’IDESCAT; Montserrat Vidal Roca, àrea de Processos Electorals i Consultes Populars; Martí Patxot, director corporativo y comercial de CCMA; Mercedes Martínez, encarregada de supervisar las obras de una nave que debía ser centro de recogida de datos; Joan Manel Gómez Sanz, jefe de riesgos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya; Josep Masolivé Puig, trabajadora de Fundacio.cat; José María Gispert Giménez, gerente de Indugraf Offset SA; Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la delegación del Govern de la Generalitat, y Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tratamiento de ficheros de datos del registro de participantes en consultas no referendarias.

Como dice la CUP: la qüestió nacional i la de classe van juntes.... Sí, claro, pero no os han contado de qué clase están hablando.
Ahora ya lo sabéis.

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