Derecho a la vivienda
Solo en el día de hoy se ejecutarán 163 desahucios en toda España

Desde que comenzó 2018 se han producido 44.606 desahucios en España. Son 163 cada día. La proyección con datos de años anteriores indica que 2018 puede terminar por encima de los 60.000 lanzamientos, como en los últimos cinco años. Los datos del Consejo General del Poder Judicial, publicados la semana pasada, indican que, de esos cuarenta mil largos, 27.728 son lanzamientos practicados en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, derivados del impago del alquiler.

La modificación de esta normativa en 2012 facilitó la vida de los arrendadores y empujó al alza los precios de los alquileres en prácticamente toda España. En cuatro años, el precio de los alquileres ha aumentado un 49% en Catalunya y un 25% en la Comunidad de Madrid, según el informe de Fotocasa, empresa del sector.

Aumento de precios igual a más desahucios por alquiler. La fórmula, inexorable, funciona también aunque los precios se estabilicen. Así lo denuncia Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, que recuerda que la caída real de los salarios lleva a la población a dedicar cada vez más proporción de sus ingresos al pago del alquiler y esto provoca que cada vez más personas entren en situación de impago de la renta. “En los países donde sí se garantiza el derecho a la vivienda y el mercado del alquiler es accesible, estable, asumible y asequible es donde menos cantidad de desahucios por impago de alquiler hay”, remarca Gil.

La vía española no ha sido esa. El 10 de diciembre, Fotocasa publicaba una actualización de precios del mercado. Los alquileres subieron un 0,6% respecto al año pasado y acumulan 45 meses de subida con una sola excepción, el pasado mes de agosto, cuando se produjo un descenso respecto a agosto de 2017. El alquiler se sitúa en 8,18 euros el metro cuadrado en toda España, y en ciudades como Barcelona —la más cara, con 16,02 euros— y Madrid (15 euros) no es posible —a efectos estadísticos— encontrar un piso en alquiler por menos de diez euros el metro cuadrado. Da igual en el barrio que sea.

“Los desahucios por impago de alquiler son una consecuencia de la burbuja inmobiliaria —explica Gil—, entonces, si lo que queremos es que no se caiga en impago de alquiler, lo que necesitamos son precios de los alquileres que sean reales y que no sean precios fijados bajo los efectos de la burbuja”.

ejecuciones hipotecarias

Junto al aumento de los lanzamientos por impago del alquiler, el informe del Consejo General del Poder Judicial evidencia que las ejecuciones hipotecarias se mantienen en los mismos niveles que en 2017. En lo que va de año se han contado casi 15.000 ejecuciones provocadas por el impago de créditos hipotecarios pese a que, como señala Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Pedro Sánchez dijo, en “una intervención solemne, que iba a proteger el derecho a la vivienda… pero no ha hecho nada”.

Lo que sí ha hecho el PSOE, con el apoyo de PP, PdeCat y PNV en la Comisión de Economía del Congreso, ha sido “blanquear”, a juicio de Paco Morote, cláusulas que eran abusivas. Este portavoz de la PAH denuncia cómo la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, que tiene que pasar por el Congreso y el Senado, y está previsto que se apruebe en marzo, rechaza —o hace voluntaria para el banco— la llamada “dación en pago”, para que los hogares se liberen de la deuda con la entrega de la vivienda y mantiene la obligatoriedad de cubrir posibles impagos con bienes futuros.

Así, según explica Morote, en los últimos años “ha habido avances en materia de derechos de los consumidores, pero ninguno de esos avances ha sido por un cambio legislativo, todos han sido consecuencias de la acción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: ningún Gobierno ha tenido la osadía de actuar contra intereses de la banca”. Tras el fiasco en forma de corrección de la decisión respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el Tribunal Supremo debe posicionarse sobre la cláusula de vencimiento anticipado, lo que se anuncia como un nuevo conflicto entre la banca y las familias hipotecadas, y una nueva prueba para el poder judicial y político.

Burbuja y afectadas

El Fondo Monetario Internacional advierte en su último informe de que hay signos de un repunte de la burbuja inmobiliaria. Si bien el ajuste llevado a cabo en los años 2011 y 2012 hizo caer los precios un 11 y un 12% anual, y redujo diez veces el número de viviendas completadas respecto a 2007, año de referencia, el FMI reseña un aumento del precio de la vivienda del 7,2% en 2017, el mayor en la última década. La subida de precios de vivienda nueva y en alquiler se producen en un contexto de crecimiento económico, lo que apunta a que el problema del encarecimiento es estructural y no depende del ciclo.

Durante la última década, el movimiento por la vivienda, representado por la PAH y por proyectos como el Sindicato de Inquilinos, ha paralizado miles de desahucios y negociado con bancos e instituciones soluciones para cientos de familias. Junto a ello, la PAH consiguió que una ley que garantizase el derecho a la vivienda, el del artículo 47 de la Constitución Española, vaya a ser debatida en el Congreso, pese a que, según denuncian, la técnica parlamentaria está impidiendo que se haga efectivo el proceso. La PAH ha anunciado una gran movilización por el derecho de la vivienda en España que se llevará a cabo a partir de enero de 2019.