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“Andalucía no puede esperar más”, gobernar desde los Derechos Humanos

La foto fija de Andalucía lleva siendo protagonizada año tras año por la falta de empleo, el empobrecimiento y el recorte en los servicios sociales. La comunidad sigue estando por encima de la media en cuanto al desempleo en cinco puntos con respecto al resto del estado español, según los datos de EPA presentados a finales de abril. Hay poco empleo, además el que existe no cuenta con la calidad deseable para que la vida sea posible, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT, señalaba en su estudio económico anual que los trabajadores andaluces cobran 10.513 euros menos que las personas que trabajan en Madrid, situándose como la segunda comunidad, tras Extremadura, con los sueldos más bajos.

“Son muchas las cosas que pueden hacerse desde nuestros ayuntamientos para garantizar los Derechos Humanos en toda Andalucía“, sostiene Macarena Olid vicecoordinadora de la APDHA

El desempleo y los bajos sueldos, además de la falta de ayudas al alquiler y de promoción de vivienda pública, unida a la subida de precios provocada por la turistifación en todo el territorio andaluz, hace que la población no pueda disfrutar del derecho a techo blindado por la constitución española. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España, en su informe realizado en 2021, los jóvenes en Andalucía dedican un 79% de su sueldo a poder costearse una vivienda. Una de las consecuencias más negativas de esta situación con la vivienda es el repunte de desahucios que se realizan en la comunidad una media de 17,3 diarios, según datos publicados en 2022 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por si la precarización del empleo no fuese suficiente para vislumbrar un panorama desolador durante los últimos años, se ha sufrido un corte en los servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo y sanitario que está repercutiendo a toda la sociedad. Las políticas privatizadoras del gobierno andaluz han suprimido un total de 1.457 aulas ubicadas en centros educativos públicos desde 2019. Esta situación es la que se ve reflejada en lo cotidiano de las calles de los 787 municipios que componen Andalucía, en los que este próximo 28 de mayo, como en los del resto del estado, decidirán en las urnas la composición de sus gobiernos.

La importancia de los gobiernos locales

Para instar a los próximos gobiernos locales a revertir la situación de los municipios en Andalucía, la APDHA ha presentado Municipios Andaluces y Derechos Humanos, una guía con las exigencias que “hacemos a quienes pretenden gobernar los municipios de Andalucía durante los próximos cuatro años”. Un compromiso de las diferentes candidaturas por mejorar la situación de los municipios de Andalucía y, por tanto, por respetar los Derechos Humanos”, comenta Diego Boza, coordinador general de la APDHA. En este documento, bajo el lema de ‘Andalucía no puede esperar más’, la asociación analiza distintas temáticas como los servicios sociales, el empleo, las migraciones y el acceso a la vivienda, exponiendo sus propuestas y exigencias a los gobiernos locales. Macarena Olid, vicecordinadora de la APDHA, pone el foco sobre la importancia de la política municipalista “son muchas las cosas que pueden hacerse desde nuestros ayuntamientos para garantizar los Derechos Humanos en toda Andalucía”.

En cuanto al acceso a la vivienda, en la guía se propone la creación de un Parque Público de Vivienda Municipal en régimen de alquiler social que garantice el acceso a la vivienda de toda la población y además exige el compromiso de los ayuntamientos a no vender el suelo público a terceros para evitar la especulación. Unas operaciones que han crecido de forma exponencial desde que se puso en marcha la Ley LISTA del gobierno andaluz que facilita la construcción en suelo público. En cuanto al sinhogarismo, la propuesta de la asociación es la creación de un plan para erradicar el sinhogarismo que cuente con las propias personas en situación de calle y además exigen la municipalización y el cese de las externalizaciones de los servicios que las atienden. En Andalucía se encuentran más de 8.000 personas en situación de sinhogarismo, según los datos de 2022 del INE.

Entre las otras medidas que defiende la guía está garantizar en todos los municipios el acceso efectivo al empadronamiento a las personas extranjeras, independientemente de su situación administrativa y socioeconómica, tal como obliga el ordenamiento jurídico vigente. También la municipalización de servicios públicos, la planificación urbanística para evitar la gentrificación y la turistificación y que el municipio sea el encargado de garantizar la asistencia a la sanidad pública de las vecinas. Sin embargo, desde APDHA son conscientes de que muchas medidas dependen del gobierno autonómico y del gobierno nacional pero insisten “Es necesario, que los ayuntamientos andaluces se posicionen claramente y exijan al resto de administraciones la adopción de estas medidas”.