Tribuna
Unión Europea: malos tiempos para los derechos humanos

A menos de dos meses de unas elecciones al Parlamento europeo, las instituciones comunes nos acaban de dejar otras dos señales preocupantes sobre la deriva de la Unión Europea que podemos esperar en los próximos años.

La primera fue el pasado 24 de abril con la aprobación en el Parlamento europeo, en el tiempo de descuento, de una irreconocible Directiva sobre “debida diligencia en materia de sostenibilidad para las empresas” para el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales en sus actividades en el exterior.

Justamente otro 24 de abril, de 2013, se produjo uno de los casos más impactantes, cuando se vino abajo el precario edificio de ocho plantas Rana Plaza en la capital de Bangladesh, con fábricas de ropa que servían a diferentes empresas multinacionales, algunas españolas, provocando la muerte de 1.135 personas y heridas a otras 2.500. Antes y después de este caso la lista, tanto de vulneraciones flagrantes de derechos como de desastres ambientales, es interminable.

De las cenizas de Rana Plaza a las huelgas salvajes

Saurav Sarkar

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Bangladesh

De las cenizas de Rana Plaza a las huelgas salvajes

Saurav Sarkar

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El Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad ha favorecido las condiciones de salud de las miles de personas que trabajan en el sector textil. Sin embargo, el movimiento obrero de esta potencia exportadora quiere ir más allá en la conquista de sus derechos y ha planteado este año varias huelgas con las que pretenden una equiparación salarial a las condiciones de vida del país.

Por este motivo centenares de organizaciones, comunidades y países afectados del Sur Global, en alianza con organizaciones europeas, llevaban mucho tiempo reclamando a la comunidad internacional llenar el vacío jurídico que permite la impunidad con que se suceden estos casos. El principal referente de este movimiento ha sido la Campaña Global Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.

Con el cepillado final de gobiernos como el de Alemania o Italia, se ha dado luz verde a una Directiva que ha ido perdiendo prácticamente todas sus plumas

Un año después de Rana Plaza, en julio de 2014, el Consejo de DDHH de Naciones Unidas se hacía eco de esta demanda iniciando el proceso para la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y otros negocios y derechos humanos”. Si diez años después ese proceso sigue enredado en el tortuoso laberinto de la ONU ha sido precisamente por la postura entorpecedora de delegaciones como las de los países miembros de la Unión Europea.

Mientras bloqueaban el proceso de Naciones Unidas, las instituciones europeas decidieron hace dos años tomar la iniciativa con una propia Directiva europea sobre la materia, que obedecía tanto a dar respuesta a la demanda de buena parte de la sociedad civil, como a poner techo estableciendo sus propias reglas frente al proceso de la ONU.

Como era de temer, el texto inicial de la propuesta ya era bastante limitado y no garantizaba el acceso efectivo a la justicia a las comunidades del Sur Global afectadas. Pero, pasado por todos los filtros y con el cepillado final de gobiernos como el de Alemania o Italia para que se pudiera aprobar en esta legislatura, se ha dado luz verde a una Directiva que ha ido perdiendo prácticamente todas sus plumas.

Ya empezó mal enmarcando el debate el término de “debida diligencia” en lugar de los derechos humanos. Este concepto, manejado en la gestión empresarial, ha llevado la discusión al terreno de la autorregulación empresarial, en lugar de a un escrutinio público efectivo. Según el comunicado de la Campaña Global Desmantelar el Poder Corporativo:

“(…) la agenda de la UE pasa por proteger los intereses de las grandes empresas transnacionales europeas y, al mismo tiempo, ofrecer una pseudorregulación sobre los efectos de sus operaciones que carece de efectividad real (…) la directiva deja mucha libertad a las empresas para definir el contenido concreto de estos planes, lo cual va a obstaculizar su eficacia. De la misma manera, las propias compañías (o las auditoras que estas subcontraten) harán, al final, las evaluaciones periódicas de sus planes de acción. De esta manera, la directiva arrastra el paradigma de la autorregulación que ha acaparado la agenda regulatoria sobre el tema de empresas y derechos humanos durante al menos 15 años”.

Pocos días antes de la aprobación de esta Directiva, se produjo un segundo acontecimiento menos conocido, pero muy revelador de la estrategia en que se enmarca. El 18 de abril Político Europe filtraba a la opinión pública un texto mucho más preocupante aún: el borrador del libro informativo de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la UE, en el que se orienta la estrategia Global Gateway (la “ruta de la seda” europea) definiendo las prioridades para la próxima Comisión.

En su página nueve propone acelerar el cambio de paradigma de la cooperación internacional de la Unión Europea, reorientándola explícitamente hacia “los intereses económicos, las inversiones y la competitividad”. Señala que la iniciativa Global Gateway debería apuntar a una “combinación de políticas impulsada más por el interés económico y menos por enfoques de política exterior y de desarrollo más tradicionales y estrechos”, y hace énfasis en la relevancia de asociarse con el sector privado, la banca y las instituciones financieras en estos esfuerzos.

La protección de las inversiones y las empresas europeas en el exterior se sitúan por encima de la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y el clima

En su apartado sobre América Latina, por ejemplo, se subraya la relevancia estratégica de la región en cuanto a asegurar el suministro de materias primas para Europa y la importancia crítica de involucrar al sector privado, proponiendo incluso un foro de empresas EU-LAC como primera prioridad dentro del próximo mandato.

La plataforma europea de ONG CONCORD ha calificado el texto como “Una traición a la cooperación internacional”, considerando que “la DG INTPA, encargada de apoyar a sus países socios en su camino hacia el desarrollo sostenible, reducir la pobreza y promover los derechos humanos, ha dado un giro sorprendente hacia la priorización de la competencia y los intereses centrados en la UE, particularmente en la obtención de materias primas críticas”.

A la luz de un diseño estratégico como este, cobra todo su sentido el desplumaje de la Directiva de debida diligencia. Ya sin disimulos, la protección de las inversiones y las empresas europeas en el exterior se sitúan por encima de la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y el clima. Una huida hacia delante neoliberal frente a la crisis global, impulsada por los lobbys de las multinacionales que gobiernan la UE.

Conforme se acercan las próximas elecciones europeas, se está construyendo un clima de fatalidad y resignación ante una próxima legislatura con un gran crecimiento de capacidad de influencia por parte de la extrema derecha. Quienes entraron en sociedad por su antieuropeísmo, llaman ahora a las puertas de la Comisión Europea. Pero ¿para qué esperar a junio si ya ahora estamos asistiendo a posicionamientos como los mencionados, o como el Pacto de Inmigración y Asilo, o la posición sobre el conflicto de Palestina?

Es evidente la tendencia a un cierre económico, político y cultural de la Unión Europea, así como al rearme de su papel recolonizador en la esfera internacional. Pero el movimiento por la Justicia Global no debe abandonar por ello ninguna de sus posiciones y reivindicaciones, sino todo lo contrario, por encima de la coyuntura actual, frente a la distopía de lo que Varoufakis denomina “tecnofeudalismo”, el futuro de la humanidad sigue demandando una amplia alianza que impulse políticas solidarias, cooperativas y democráticas, comprometidas en reconocer y hacer frente a los grandes retos sociales y ecológicos que enfrentamos.