Abusos a la infancia
El Gobierno concede el indulto parcial a María Sevilla

María Sevilla podrá salir en breve de prisión. El Gobierno ha concedido su indulto parcial en el Consejo de Ministros de este martes, asumiendo la solicitud de juzgado y Fiscalía, y rebajando la pena de prisión en cuatro meses, tal y como refleja el BOE de este miércoles. Así pues, el cómputo final de la condena queda en dos años, dándole la posibilidad de pedir una suspensión de la pena al carecer de antecedentes penales. Además, el ejecutivo ha acordado conmutar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, que era de cuatro años, por ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad. Tal y como refleja el BOE, la ministra de Justicia, Pilar Llop, considera que concurren razones de “justicia y equidad” para conceder dichas medidas de gracia.

El 21 de febrero la expresidenta de Infancia Libre entraba en prisión para cumplir una pena de dos años y cuatro meses, acusada de un delito de sustracción de menores en una sentencia de octubre de 2020. Sevilla asegura que lo único que hizo fue intentar alejar a su hijo de unos supuestos abusos sexuales por parte de su padre que el menor denunciaba.

El juez y la Fiscalía piden el indulto parcial de María Sevilla

Sara Plaza Casares

Infancia libre

Infancia Libre El juez y la Fiscalía piden el indulto parcial de María Sevilla

Sara Plaza Casares

La expresidenta de Infancia Libre se encuentra en prisión cumpliendo una pena de dos años y cuatro meses. El Ministerio Público se muestra a favor de un indulto parcial, medida que también ha apoyado el juzgado.

La Fiscalía esgrimía como razones para rebajar la pena privativa de libertad dos aspectos: se trata de su primer delito y, además “ha mostrado asumir sus responsabilidades abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado, e ingresando voluntariamente en el centro de cumplimiento, encontrándose así a disposición judicial, y para no perjudicar las relaciones materno-filiales con su hija”.

Una carpeta de informes

En la madrugada del sábado 30 de marzo de 2019 y a punta de pistola, Sevilla era detenida en Villar de Cañas, Cuenca, donde vivía con sus hijos y su pareja. Su caso acumula una carpeta de sentencias judiciales, informes de psicólogos, psiquiatras y médicos de la sanidad pública, a los que ha tenido acceso El Salto, en los que intervienen una decena de profesionales. En 2012 fiscalía llegó a abrir un procedimiento contra el padre de su hijo para investigar los supuestos abusos sexuales. Un procedimiento que quedó sobreseído.

Sevilla perdió la custodia de su hijo, que hoy reside en Málaga, y antes de entrar en prisión le veía una vez al mes durante un par de horas en un punto de encuentro

Sevilla perdió la custodia de su hijo, que hoy reside en Málaga, y antes de entrar en prisión le veía una vez al mes durante un par de horas en un punto de encuentro. “El último día que nos vimos estaba muy enfadado, ya nadie le va a proteger. La persona que le ha dicho que me iba a meter en la cárcel ha cumplido todas sus promesas, ya no tiene nadie en quien confiar”, expresaba Sevilla a El Salto nada más entrar en prisión.

La inminente entrada en la cárcel de Sevilla desató la campaña 'Yo también lo haría' en la que personalidades de las artes, activistas, médicos, profesoras,  psicólogas o abogadas hacen piña para explicar el “perverso” entramado al que se enfrentan las madres protectoras cuando deciden denunciar los abusos que denuncian sus hijos.

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Sara Plaza Casares

Violencia machista

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Un grupo de expertos de Naciones Unidas alerta de que el Gobierno debe hacer más para proteger a los niños y niñas de la violencia machista y los abusos sexuales, y para garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres, que acaban perdiendo la custodia de los menores en favor de sus supuestos abusadores.

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Amparándose en esa campaña, la Fiscalía se opone a un indulto total para María Sevilla. Por un lado aseguran que “no se objetiviza por parte de la penada un arrepentimiento en el sentido de reconocimiento expreso y claro en relación con los hechos objeto de la condena”. Y por otro alegan además que en la sociedad civil se están alentando campañas que "parecen fomentar actuaciones similares”.