Ley de Seguridad Ciudadana
La comisión de Interior dictaminará si descarrila la reforma de la Ley Mordaza ordenada por Europa

La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha pasado esta mañana de la ponencia a la comisión de Interior. Se trata de un paso para que el Congreso cambie una de los textos más polémicos de la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. La abstención de Esquerra Republicana de Catalunya ha sido definitiva para que el texto de la reforma sea estudiado y prosiga su camino parlamentario.

ERC ha defendido esa abstención para “dar margen” a las negociaciones, en las que se ha mostrado muy crítico con el PSOE. EH Bildu, sin embargo, ha votado en contra tras la última sesión de la ponencia. En declaraciones a los medios, el diputado de la organización vasca Jon Iñarritu ha criticado el nulo acuerdo en los aspectos más enquistados de la Ley, también los que más se sancionan: las faltas de respeto a la autoridad, la consideración de “desobediencia”, la prohibición de las balas de goma y las devoluciones en caliente.

“De mantener el texto como está, seguiría manteniéndose una Ley Mordaza light, que EH Bildu no lo apoyará”, ha advertido Iñarritu, quien confía en que en comisión se produzcan avances aunque, alerta el diputado por Gipuzkoa, hay un riesgo cierto de que el texto actual decaiga en la comisión. El reloj de la legislatura, que apura sus últimos meses hasta la previsible convocatoria de elecciones a finales de este año, juega en contra de una revisión más garantista de la norma.

El paso aprobado hoy se produce después de más de un año de discusiones y más de cien enmiendas pactadas de antemano. El Partido Popular y sus socios júnior han votado en contra de elevar a comisión el texto de ponencia, que deberá ser estudiado en un periodo corto de tiempo antes de su traslado, o no, al pleno del Congreso.

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Abuso de la ley en los últimos años

La conocida como Ley Mordaza ha sido criticada duramente por las ONG y las instituciones de la Unión Europea. En 2018, el Consejo de Europa remitió una carta al Gobierno español en la que pedía modificaciones para garantizar el adecuado respeto a los derechos de reunión y de expresión. Para la entonces comisionada de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, la imposición arbitraria de sanciones era un aspecto a corregir de la Ley. 

El requerimiento se ha repetido en el año 2022, después de un estallido del uso y abuso de la Ley de Seguridad Ciudadana durante la actuación de Interior en la pandemia del covid-19, en el que se emplearon como motivación de las propuestas de sanción: el 36.6, de desobediencia o resistencia a la autoridad y el artículo 37.4, que refleja sanciones por faltas de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un tipo cuyo uso no ha dejado de crecer: en 2021 se produjeron 26.254 propuestas de sanción, cinco mil por encima de la media de los años anteriores.

Amnistía Internacional destaca otros dos artículos que “han impactado decisivamente sobre el derecho a la protesta pacífica”, el 37.1 de manifestaciones espontáneas y el 36.23 (uso de imágenes de las fuerzas de seguridad). La combinación de esos cuatro puntos genera casi ocho de cada diez propuestas de sanción lanzadas por los cuerpos policiales desde la aprobación de este texto hace más de siete años.

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