Industria alimentaria
La huella territorial de la industria cárnica española

Análisis detallado de un productor e investigador agroecológico sobre el impacto de la producción y consumo de carne, reflexionando sobre la naturaleza del propio debate abierto y contrastando la realidad última de sus cifras.
Bandejas de carne en un supermercado
Carne envasada en bandejas de plástico en un supermercado. Laura Muñoz

@EugenioRomeroB

Productor e investigador agroecológico.

Productor e investigador agroecológico.
17 ene 2022 12:54

De todo se ha dicho y escrito estos días sobre la carne, y al hilo de ello me gustaría añadir al debate algunos impactos que no suelen incluirse y que me parecen fundamentales, como es el caso de la demanda de tierra de la industria cárnica española.

Partimos de que está claro que la carne producida en extensivo tiene unas cualidades organolépticas que la hacen más saludable que la producida por ganaderías intensivas, además de los beneficios sociales y ambientales que aporta en los territorios en los que se desarrolla. Así lo muestra el comunicado de la Federación Española de la Dehesa, la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo y la Asociación Ganaderas En Red. Desde el Proyecto europeo Life LiveAdapt también han elaborado unas infografías muy esclarecedoras. La ciencia y la evidencia le dan la razón al ministro en este sentido.

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Crisis climática El lobby cárnico azuza la polémica de Garzón
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En  el caso de Extremadura, si bien la ganadería extensiva tiene un peso importante, como decía en su entrevista el ministro Garzón, está sufriendo un progresivo y preocupante proceso de intensificación. Podemos ver todos los meses en el Diario Oficial de Extremadura solicitudes de instalación o ampliación de explotaciones intensivas,  sobre todo avícolas y porcinas. En el caso del porcino, con datos del Ministerio de Agricultura para el año 2020, de las 13.368 explotaciones porcinas extremeñas el 55,7% de ellas se encuentran en régimen intensivo frente a un 44,3% extensivas.

Soy de la opinión de que la sostenibilidad de la ganadería depende, entre otras cosas, del manejo, fuentes de alimentación, prácticas veterinarias y destino final de la carne, teniendo en cuenta el ciclo completo, lo que se llama del campo a la mesaEs aquí donde entran esas cuestiones que no se suelen incluir en los debates. Como explico en este artículo, Extremadura tiene una demanda de tierra de 3 millones de hectáreas para satisfacer sus necesidades de biomasa (materia prima de origen vegetal y animal). La alimentación de la desmesurada cabaña ganadera extremeña es el factor decisivo en esta realidad. Ello requiere un consumo anual de 8,4 millones de toneladas de materias primas (cereales y leguminosas principalmente) o, lo que es lo mismo, demanda una superficie cultivada de 2,18 millones de hectáreas. En Extremadura tenemos 278.000 hectáreas ocupadas por estos cultivos,  por lo que importamos el equivalente a 1,9 millones de hectáreas para la alimentación animal.

La sostenibilidad de la ganadería depende, entre otras cosas, del manejo, fuentes de alimentación, prácticas veterinarias y destino final de la carne, teniendo en cuenta el ciclo completo, lo que se llama “del campo a la mesa”. Es aquí donde entran esas cuestiones que no se suelen incluir en los debates

Parece dramático que, mientras se abandonan miles de hectáreas y cierran cientos de explotaciones familiares cada año en esta tierra, externalicemos la producción de cereales y leguminosas a otros territorios con las consecuencias sociales y ambientales que tienen tanto aquí como en las zonas exportadoras. Sin embargo, no hay voluntad política para revertir esta situación. Aquí pueden leer mis aportaciones a la cuestión.

Dicho esto, es importante añadir que la situación en otros territorios con mayor presencia de macrogranjas es peor que la de Extremadura. Son los casos de Aragón, Cataluña, Castilla y León o Galicia, entre otras. Veamos algunos datos de esta demanda de tierra a nivel estatal.

La cuestión a nivel estatal

En una investigación de la Universidad de Córdoba, Universidad de Jaén y Universidad Pablo de Olavide dirigida por Juan Infante-Amate, se ha estudiado la demanda de tierra necesaria para cubrir el consumo de biomasa de la sociedad española. Con 17,3 millones de hectáreas cultivadas en España en 2008, tenemos que importar 10,2 millones de hectáreas de otros países. De ellas 2,3 millones de hectáreas (el 26,1%) son sólo para producción de soja y 4,7 millones de hectáreas (42,6%) para la producción de cereales (principalmente maíz) y otras leguminosas; materias prima, todas, dedicadas en su mayor parte para alimentación animal.

Los datos son demoledores y mucho me temo que en estos trece últimos años esas cifras sean bastante superiores. Con ellos encima de la mesa ¿debe España reducir el consumo de carne para mitigar el cambio climático como dice el ministro Garzón? Mucho me temo que no, o que va a influir muy poco.

A nivel global España está —según la fuente que se consulte— en el puesto 13 de consumo de carne per cápita del mundo, siendo los principales consumidores EE.UU, Argentina, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda y Australia

Según el último informe de consumo del Ministerio de Agricultura, en 2020 se consumieron en España 2,3 millones de toneladas de carne (un 10,5% más que el año anterior). Es Extremadura la comunidad que tiene el menor consumo de carne, con 41,74 kilos por persona y año (un 15% menos que la media nacional) seguida de Canarias con 44,99 kilos. ¿Por qué tendríamos que reducir en Extremadura y Canarias el consumo de carne?.

A nivel global España está según la fuente que se consulte en el puesto 13 de consumo de carne per cápita del mundo, siendo los principales consumidores EE.UU, Argentina, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda y Australia, por citar sólo algunos. Ahí es donde se tendría que reducir el consumo, pero ni así, porque incluye países con gran desigualdad social.

Industria alimentaria
En manos del lobby cárnico
El informe “El poder en la sombra. Apuntes sobre el lobby cárnico” desesmarcara la forma de actuar de esta industria para anteponer sus intereses.

El propio informe mencionado anteriormente destaca que en España son los hogares de clase alta y media alta los que tienen un mayor consumo de carne per cápita, con 57,53 kilos por persona (un 15,4% más que la media nacional) y, por el contrario, la clase baja tiene un consumo inferior al promedio en un 10,8 %, con 44,5 kgs por persona y año. Deben ser los grupos sociales más consumidores de cada país los que reduzcan la ingesta de carne. Eso sería lo justo.

Eso en cuanto al consumo de carne pero, para ser realistas, la forma en la que España contribuiría realmente a mitigar el cambio climático, como decía antes, no es disminuyendo su consumo sino su producción de carne y que ésta se realice con manejos más sostenibles. Según la propia ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España) la producción de carne en España alcanzó una cifra récord en 2020, registrando un total de 7,6 millones de toneladas de carne, lo que supone un incremento del 5,1% en comparación con 2019.

En España son los hogares de clase alta y media alta los que tienen un mayor consumo de carne per cápita, con 57,53 kilos por persona (un 15,4% más que la media nacional) y, por el contrario, la clase baja tiene un consumo inferior al promedio en un 10,8 %, con 44,5 kgs por persona y año

Con 2,3 millones de toneladas consumidas en nuestro país, en 2020 se exportaron 3,07 millones de toneladas de carne según la citada ANICE,  siendo Francia, Alemania, Portugal e Italia los principales clientes. Destaca China como principal importador de carne de porcino española con 1,3 millones de toneladas.

Por eso señalo que de poco sirve comer menos carne en España si somos de las principales potencias en su producción que es lo que contamina sin un manejo adecuado y sólo consumimos una tercera parte de la carne que producimos. No es cuestión de no exportar, sino de exportar menos, de comer menos carne y mejor carne a nivel internacional.

Con el sector lácteo la cuestión es diferente. Según FENIL (Federación Nacional de Industrias Lácteas), en 2020 se entregaron en España 8,3 millones de toneladas de leche. Ese año consumimos 5,3 millones de toneladas de leche y derivados lácteos y se exportaron 0,3 millones de toneladas.

Unos datos más compensados hacia el consumo interno que en el caso de la carne. Si fuera necesario reducir el consumo de leche, esta no debería hacerse de forma lineal, sino darse también en los grupos sociales que más consuman. De nuevo la clase alta y media alta, según el Ministerio, se encuentra a la cabeza en el consumo de leche, con 173,3 kg-litros al año (un 16,1 % más que la media nacional). Son los individuos de clase baja quienes realizaron un menor consumo per cápita con una ingesta de 105,70 kilos-litros por persona y año.

Mirar al futuro

Toda la polémica en torno a las macrogranjas se podría haber evitado hace mucho tiempo si desde el Gobierno (éste y los anteriores) se hubiese hecho una campaña informativa que, a estas alturas, hiciera a la población tener clara la diferencia entre ganadería extensiva e intensiva. Es un debate que ya debería estar más que superado hace años pero donde, sin embargo, la definición legal oficial sigue en el limbo. Por otro lado, hace mucho tiempo que desde los ministerios competentes se debería haber apostado por un etiquetado diferenciado de los productos de ganadería extensiva. Ahora parece que se van a poner a ello.

De poco sirve comer menos carne en España si somos de las principales potencias en su producción —que es lo que contamina sin un manejo adecuado— y sólo consumimos una tercera parte de la carne que producimos

Aparte de esto, en septiembre de 2021 desde FEDEHESA se enviaron una serie de reclamaciones al ministro Planas en torno a la Política Agrícola Común que olvida, margina y castiga a la ganadería extensiva. Al mismo tiempo, apuntan, los pastos, la dehesa y la ganadería extensiva están aportando a España unos 2.000 millones de euros al año, a través de medio ambiente (de acuerdo con el funcionamiento medioambiental emergente europeo y la tendencia actual del mercado de compraventa de Derechos de Emisión de CO2).

Se necesita, en esta dirección,  una legislación clara que apoye decididamente la ganadería extensiva de calidad. Y, así, no son buenos precedentes iniciativas recientes como la Norma de Calidad del Ibérico, que no ayudan en este sentido ya que está haciendo pasar por ibérico animales que ni son ibéricos ni se comen una bellota en toda su vida. Por otro lado, la diversidad de colores en el etiquetado está generando el efecto contrario, siendo a menudo un factor de confusión a la hora de comprar un producto de cerdo ibérico.

Los intereses de las grandes empresas en el mercado internacional parecen imponerse tanto en esta cuestión como en la intención de crear una IGP (Indicación Geográfica Protegida) de Jamón Serrano sin ajustarse, según diferentes organizaciones del sector, a los estándares mínimos de una producción de calidad diferenciada más allá del propio jamón curado.

Se necesita, en esta dirección,  una legislación clara que apoye decididamente la ganadería extensiva de calidad. Y, así, no son buenos precedentes iniciativas recientes como la Norma de Calidad del Ibérico, que no ayudan en este sentido ya que está haciendo pasar por ibérico animales que ni son ibéricos ni se comen una bellota en toda su vida

Tanto la PAC como el resto de políticas públicas, en España como en la mayoría de países del mundo, son las que impulsan y financian un modelo agroalimentario (agrícola, ganadero y alimentario) intensivo que vacía los territorios rurales y enriquece a las minorías empresariales. Este trato preferente es la principal razón de que los productos agroganaderos intensivos sean, en teoría, más baratos que los ecológicos o de ganadería extensiva. Pero no, no son más baratos. Son más subvencionados. Es más, son más caros aunque no lo ponga el ticket de compra. Por cada euro que cuestan estos productos se gasta otro euro en solucionar problemas medioambientales y de salud derivados de su producción y consumo, que además pagamos todos y todas a través del presupuesto público.

Son los costes ocultos de la producción intensiva de alimentos de los que nunca se habla. La FAO demuestra en un estudio reciente que, si la población se orienta hacia dietas saludables, se prevé que los costos sanitarios directos e indirectos se reduzcan hasta en un 97 %, y que el costo social de las emisiones de gases de efecto invernadero disminuya entre un 41 % y un 74 %. La propia Agencia Europea del Medicamento afirma que España está a la cabeza en el consumo de antibióticos veterinarios críticos para la salud humana.

No es sostenible un modelo de producción animal si trae el cereal y la leguminosa de Argentina, Brasil o EE.UU. No es sostenible un modelo de producción animal si el 66% se acaba exportando a miles de kilómetros. No es sostenible un modelo de producción animal que hace desaparecer cada año miles de hectáreas y empleos en nuestro país.

No es sostenible un modelo de producción animal si trae el cereal y la leguminosa de Argentina, Brasil o EE.UU. No es sostenible un modelo de producción animal si el 66% se acaba exportando a miles de kilómetros

Las declaraciones del ministro Garzón son ciertas en algunos puntos, matizables en otros y fruto de su inacción y de la del Gobierno en otros. Lo que sí es cierto es que ha generado un debate que ha servido para visibilizar un problema que está vaciando nuestra tierra. Han sido numerosas organizaciones sociales, vecinales, ganaderas, etc. las que se han pronunciado en defensa de la ganadería extensiva y los peligros de la ganadería industrial. Es como poner un Primark al lado de un comercio de barrio, leía en un artículo reciente.

La intención de este artículo es aportar datos que sirvan para aclarar ideas y desmontar bulos. La ganadería y agricultura sostenibles son fundamentales para nuestros pueblos y de su defensa depende el futuro de nuestra tierra. Nos va la vida en ello.

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