Desahucios
El BBVA desahucia en pandemia: 22 familias en La Línea, al borde del desalojo

Hasta el 4 de marzo. 22 familias que iban a ser desahuciadas el pasado 28 de enero de la urbanización 'El Patio', en calle Poeta Juan Ramón Jiménez de La Línea, han visto aplazado el lanzamiento gracias a las gestiones de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca del Campo de Gibraltar, que ya consiguió otro aplazamiento sine die hace un año exacto.

A pesar de ganar apenas un mes de margen, las 22 familias respiran aliviadas al evitar verse en la calle cuando La Línea enfrenta al peor momento de la pandemia de Covid-19 con una incidencia acumulada de 1.700 puntos, por encima de los 2.000 hace escasos días.

Sin embargo, Mari Carmen Pérez, portavoz de la PAH Campo de Gibraltar, considera muy grave lo ocurrido “porque se está vulnerando el derecho”. Se refiere al decreto-ley del 23 de diciembre que prohibía los desahucios y los cortes de suministros, incluido cuando se trate de familias vulnerables y sin alternativa habitacional que hayan ocupado viviendas vacías de bancos y grandes tenedores. Una medida muy peleada por Unidas Podemos en el seno del Gobierno y que sin embargo encuentra dificultades de aplicación, como pone de manifiesto este caso.

El simulacro de desalojo comienza a las 10:30, cuando hasta ocho furgones de la Policía Nacional y más de una treintena de agentes hacen aparición. Las visitas de la comitiva judicial se alargan hasta pasadas las 14.00 horas, algo lógico habida cuenta de que son tres bloques de pisos y varias plantas bajas. Sin acción de resistencia pacífica que lo impida, el dispositivo policial perimetra las entradas a los soportales de las viviendas alejando a la prensa y al grupo de familiares y curiosos que se congrega alrededor del edificio. No hay ningún altercado con ninguno de los vecinos, algunos incluso habían comenzado a desalojar sus enseres antes de la llegada de los agentes esperando lo peor.

La primera en enfrentarse al trámite es Vanesa Torralbo, portavoz de las vecinas. Asegura que se mostró colaboradora con la secretaria judicial y los procuradores del banco. “No tenemos luz en el rellano, así que les invité a pasar a la casa sin problema”. Explica que “todas lo estamos pasando muy mal”. Habla en femenino, dado que muchas de las familias son mujeres con menores a su cargo. También hay una pareja de ancianos, en el que el marido es enfermo del Alzheimer. En la urbanización, que quedó vacía tras la crisis inmobiliaria de 2008, solo hay tres propietarios y la relación con los ocupantes es buena tras casi una década de convivencia. “Todos nos hemos convertido en una familia”. Una vecina de la zona, que pasa en el momento del desahucio, se muestra sorprendida “ni si quiera sabía que eran bloques ocupados, no han dado ningún ruido”.

La madre de Vanesa, muy nerviosa antes de conocerse el aplazamiento, había explicado de viva voz en la calle, captando la atención de la prensa, la precaria situación de su hija y señalando lo injusto del trato recibido por el Ayuntamiento. “No tengo recursos y tengo tres niñas, una de ellas confinada con Covid y una discapacidad psíquica. Yo además tengo un tumor benigno en la pierna, en el nervio ciático central” informaba a la prensa la propia Vanesa tras poder salir de su casa una vez recibida la visita de la comitiva judicial.

En Asuntos Sociales solo les constan dos hogares vulnerables. La PAH les enmienda y los eleva a 17.

La portavoz de las vecinas asegura que Ayuntamiento les ha dicho que “no pueden hacer nada, que no tienen viviendas sociales” y que la entidad bancaría “se ha negado a negociar con nosotros un alquiler social, se han negado en todo momento”. Torralbo afirma que “no nos queremos quedar con lo que no es nuestro pero tampoco queremos vernos en la calle. Estas casas se van a cerrar. Y se van a seguir quedando vacias hasta que las vendan. ¿Las van a vender ahora en plena pandemia?” lamenta, para reclamar más tiempo para encontrar una alternativa habitacional, como exige el decreto-ley. “Ahí sí actua Asuntos Sociales, porque no podemos hacernos cargo de nuestros hijos si no tenemos dónde vivir. Pero no te dan opción a una vivienda digna, como pone en la ley. Todos tenemos derecho a una vivienda digna”.

La concejala de Asuntos Sociales, Zuleica Molina, asegura que el Ayuntamiento ante casos de ocupación ilegal “no se hace nada, no tenemos competencias”. “La PAH o la misma persona nos solicita los informes de vulnerabilidad y se tramitan”. Sin embargo la portavoz de la plataforma del Campo de Gibraltar acusa al consistorio de “tardar una eternidad” en emitir dichos informes, y en dejar fuera, como mínimo, a otras tres familias que sí tienen informes de exclusión social emitidos por organizaciones sociales “que no pueden dar el costo, la ayuda alimentaria, por la cara”, documentación que ha sido presentada en el juzgado. Molina asegura que a Asuntos Sociales solo le constan dos hogares vulnerables, uno de ellos el de Vanesa y otro tramitado con urgencia. La PAH le enmienda y los eleva a 17.

La activista reconoce que ha podido existir dejadez por parte de las familias a la hora de certificar su situación de vulnerabilidad, pero “desde luego también ha existido dejadez de las administraciones y el consistorio”, al que acusa de falta de sensibilidad social. “2020 ha sido un año muy malo. La pandemia, todo cerrado hasta mayo, luego la saturación de la Seguridad Social, en la tele pone que los desahucios no se van a dar, ¿cómo nos van a echar en pandemia si nosotros estamos en exclusión social?. Pero lo tienes que demostrar. La ignorancia les ha matado” lamenta Pérez.

Mari Carmen Pérez explica que el 14 de enero se presentaron tres expedientes de oposición al desahucio, señalando la vulnerabilidad social de otras tres familias de la urbanización. Estos obtuvieron respuesta negativa apenas un día antes de la fecha prevista para el lanzamiento, sin posibilidad de presentar recurso. “El juzgado tiene la obligación de preguntarle al ayuntamiento si han recibido alguna notificación de que esas familias han solicitado un informe social. ¿Quién ha tenido la culpa ahí? No quiero pensar que el juzgado se ha saltado ese paso”. Asegura la portavoz de la PAH que “aquí pasa algo, porque se han cometido una serie de irregularidades”.

A pesar de que el decreto-ley paraliza los desahucios de esta clase durante todo el estado de alarma, es decir, hasta el 9 de mayo, la prórroga solo alcanza un mes, hasta el 4 de marzo, dos meses antes. “Estar hasta marzo e intentar solucionar las cosas” afirma resignada Vanesa, que a pesar de todo se muestra “contenta de que nos den ese tiempo” pero lamenta la decisión “porque nadie se merece estar en la calle en plena pandemia”. La PAH asegura que dará la batalla por un nuevo aplazamiento porque “han violado un decreto-ley”.

El Plan Municipal de Vivienda, publicado en julio de 2018 con datos de los propios asuntos sociales municipales, cifra en 857 las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial

Los inmuebles pertenecen a la empresa inmobiliaria Divarian, sociedad desde la que el BBVA gestiona su negocio inmobiliario. Recientemente, en octubre de 2018, el banco cerraba la operación de venta del 80% del capital de Divarian al fondo de inversión estadounidense Cerberus, conservando el 20% restante. La firma con sede en Nueva York también ha comprado activos del ladrillo español al Santander, Liberbank, Bankia y Sabadell como parte de una estrategia para crear su gigante inmobiliario, Inmoglaciar.

Vivienda cara en una ciudad empobrecida

La presión de Gibraltar encarece los precios de la vivienda en la vecina La Línea, en especial, en los alquileres, muy demandados por los más de 5.000 trabajadores fronterizos extranjeros que tienen su puesto en Gibraltar pero su residencia en la ciudad andaluza. Según el portal Idealista, en diciembre de 2020 el metro cuadrado estaba a 7,5 euros, un punto por encima que Algeciras y Jerez y tan solo un punto por debajo que Sotogrande. La edil linense reconoce que en la ciudad “hay un problema de vivienda porque los alquileres son sumamente elevados y las hipotecas no se la dan a cualquiera”.

El Plan Municipal de Vivienda, publicado en julio de 2018 con datos de los propios asuntos sociales municipales, cifra en 857 las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial. 455 de ellas se deben a inseguridad jurídica o económica, es decir, peligro de desahucio, pero solo cinco de ellas es fruto de un desahucio por impago de hipoteca o alquiler. El resto es por ocupación ilegal o sin título. Sin embargo, en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida, a fecha de diciembre de 2020, había 1.168 inscripciones. De estas, solo 307 están activas. Esto se debe a que la inscripción permanece activa tres años, pero los largos periodos de espera provocan que muchas personas no la renueven. Solo 104 se cancelaron por adjudicación, exactamente el mismo dato que en enero de 2020. Vanesa Torralbo, que lleva ya un año en dicho registro, confía en que con la notificación de este nuevo lanzamiento “el ayuntamiento se ponga las pilas”.

Tradicionalmente, por su situación socioeconómica, La Línea ha sido una gran demandante de vivienda social. De hecho, cerca del 25% del parque residencial es de gestión pública. 1.786 municipales y 4.125 autonómicas, siendo las primeras mayoritariamente de alquiler y las segundas de venta. Emusvil es la empresa pública linense que gestiona las viviendas de titularidad municipal. “Nosotros recurrimos al recurso de Emusvil, porque no tenemos otras viviendas. Actualmente están todas habitadas pero el mes pasado se quedaron dos vacías” asegura Zuleica Molina, situando el alquiler de las viviendas más baratas en 180 a 200 euros. La portavoz de la PAH lamenta la política de vivienda del consistorio y asegura que no hay en Emusvil viviendas por debajo de los 300 euros “¿es eso un alquiler social?”.

Además de con el decreto de moratoria de desahucios del Gobierno Central, este lanzamiento choca con la declaración del Ayuntamiento como municipio “libre de desahucios” de 2016. Entonces ya gobernaba el actual partido que gestiona el consistorio, La Línea 100x100. La moción fue presentada por IU y Podemos y aprobada por amplia mayoría para impulsar una serie de medidas de protección. Sin embargo, la concejala de Asuntos Sociales argumenta que ese apoyo alcanza a los desahucios por impago de hipoteca o alquiler, muy minoritarios en el municipio según los datos, pero no “cuando son ocupaciones ilegales, porque incurre en un delito y no podemos darle vía a nada que sea ilegal”. Aunque en el texto recogido en el acta de pleno se explicita que “el ayuntamiento se opondrá a cualquier desahucio de vivienda en la que se encuentren viviendo menores” como es el caso de muchas familias de 'El Patio'.

Calmada la situación en la calle Poeta Juan Ramón Jiménez, las vecinas agradecen la presencia de la prensa y la presión de la PAH “si no ya estaríamos en la calle”. Un vecino grita “¿dónde está el alcalde?”. Agotada, Vanesa Torralbo entra en casa, esperando dormir después de una noche de tensión e insomnio “estoy agotada”. El 4 de marzo quizás se repita el día, con peor desenlace.