Derecho a la vivienda
Orden de desahucio en un edificio de la Sareb para una inquilina recién operada del corazón

Victoria fue intervenida por quinta vez del corazón el pasado 26 de junio. Esta vez, estuvo tres días con el pecho abierto y en coma inducido. La dieron de alta el día 9 de julio y el lunes 13 volvieron a ingresarla por una infección. El pasado miércoles desde el hospital avisaron a Angélica, su hija de 18 años, que de nuevo la operarán para limpiarle una infección. Ambas, junto con Lotta y Susana, habitan uno de los bloques recuperados por Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallekas, en 2014. En esta situación sanitaria, además de la pandemia mundial, el 10 de julio el juzgado les comunicó el primer aviso de desahucio para el próximo martes 21 de julio.

Todas ellas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por razones diversas. Además de su madre convaleciente, Angélica ha dado a luz a una nena en mayo, Lotta dejó de trabajar por el cierre de las escuelas y Susana, con dos niñas pequeñas a su cargo, recibe la Renta Mínima de Inserción como único ingreso.

Se conocieron en la PAH de Vallecas y, junto con sus compañeras y compañeros, van todas a una, como en otras tantas ocasiones: parar el lanzamiento para continuar negociando con Sareb, actual dueña del inmueble ubicado en la calle Callejo 13, Puente de Vallecas. No lo tienen fácil, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria —nombre completo de la Sareb— no se ha sentado con ellas a negociar un contrato de alquiler social, sino solo a través de empresas intermediarias que, hasta el momento, no les han ofrecido solución más que dejarlas sin casa la próxima semana.

"Un desahucio nunca debe de haber, pero mucho menos saliendo de una pandemia como esta”

“Me resulta terrible la falta de empatía total por parte de Sareb, forzar el lanzamiento después de una primavera de confinamiento en el que muchas personas nos hemos visto afectadas en nuestro trabajo, hemos perdido ingresos por una situación sin precedentes”, confiesa Lotta en la mañana que las vecinas de Vallecas reciben a El Salto en el patio del bajo del inmueble. Enseguida interviene Susana: “Desde que estamos aquí, siempre hemos intentado negociar de todas las maneras, por email, por teléfono... Ellos siempre se han negado. Y sí, llevamos tiempo sabiendo que esto iba a pasar porque si no se negocia, iba a llegar. Un desahucio nunca debe de haber, pero mucho menos saliendo de una pandemia como esta”.

Reconocen que están en un proceso de negociación pero nadie de la Sareb se ha sentado con ellas directamente, si no siempre a través de empresas intermediarias, o servicers, lo que ha alargado indefinidamente una solución pero sin detener la orden de ejecución del desalojo.

lA Sareb y sus servicers de gestión indirecta

La Sareb es una entidad con un 95% de financiación pública y fue creada por el Estado español y por el Consejo Europeo en 2012. Se le conoce como el 'banco malo', pero en realidad, como explica en un artículo el autor del libro Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler, Manuel Gabarre, “su naturaleza no tiene nada que ver con la de un banco. Simplemente se trata de una compañía propietaria de bienes inmobiliarios que, además, se encarga de su gestión”. Agrega que, aunque la Sareb es una entidad con una finalidad y una financiación pública, está gestionada por entidades privadas. 

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Manuel Gabarre explica en su libro Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler cómo la creación de la Sareb fue una gran estafa por la que fondos de inversión estadounidenses se han quedado con los inmuebles de la banca española quebrada a precio de saldo en una operación que costará a España decenas de miles de millones de euros.

Los activos dela Sareb son parte del rescate bancario de aquel año, es decir, son los pisos que los bancos se quedaron una vez que miles de personas no pudieron seguir pagando sus hipotecas, muchas con cláusulas abusivas.

En el caso de Callejo 13, las actuales habitantes han buscado por todos los medios a su alcance negociar un contrato de alquiler social para poder conservar sus viviendas donde residen desde hace más de seis años, pero “la Sareb emplea varias empresas para este fin”, apunta Lotta. Por el momento señala que saben que Solvia, una gestora de los activos de la Sareb, contrata a Inforsa, una de las empresas de gestión de cobro o servicers que contacta con los ocupantes y recoge documentación. Esta, la pasa a Solvia y se encarga de hacer la valoración. Finalmente informa a Sareb sobre qué acciones tomar.

Para más confusión, Lotta relata en sus propias palabras que personal de otras empresas, MDP Servicios Integrales y MC Services,“llegó a visitar nuestros pisos a tomar fotos con la idea de hacer una adecuación al alquiler social”. Con todo ello, y pese al proceso de negociación a través de Solvia, la vecina considera inaudito que Sareb haya forzado una orden de desalojo de todo el inmueble “en medio de una pandemia mundial de covid-19 y conociendo la vulnerable situación de las actuales ocupantes, entre ellas, Victoria que se encuentra hospitalizada”, expone incrédula. 

Ante la duda sobre si es legítima la intermediación de las servicers en este tipo de casos, Manuel Gabarre responde que “Sareb encargó la gestión de sus pisos a diferentes servicios mediante un contrato privado, por lo que la negociación estaría dentro del ámbito de ese contrato. En todo caso, habría que ver los términos de ese contrato de gestión, pero la Sareb es totalmente opaca”.

En cuanto a Solvia, era la del banco Sabadell hasta que la compró Intrum en abril de 2019, una empresa sueca especializada en cobros de deudas. Una referencia de wikipedia  menciona a Intrum como acusada en Francia por asociaciones de consumidores, entre ellas, la Federación francesa de consumidores, por practicar 'métodos expeditivos y agresivos' que rozan la ilegalidad, y por los cuales ha sido condenada.

Para las habitantes del bloque recuperado estas empresas “sacan rédito de nuestra situación mientras no hacen para lo que han sido contratados, sino que le dan muchas vueltas. Vuelven a pedir la documentación varias veces, no respetan las leyes de protección de datos, pasan nuestros datos sensibles, informes médicos, servicios sociales, etcétera, a empresas a su antojo sin pedir nuestro consentimiento. Todo esto lo hemos permitido porque se supone que el objetivo de este proceso es el alquiler social, pero ya vemos que ese no es su objetivo”, aseguran al constatar que la amenaza de desalojo está ahí.

Ante un caso como el del próximo desahucio en Vallecas, Gabarre cree que "la Sareb debería ser una empresa pública cuyo fin no fuera el lucro, sino preservar el derecho a la vivienda”. Considera que el Estado avaló la deuda de esta entidad, por lo que todavía es responsable de casi 40.000 millones de euros, y que todo apunta a que tendrá que soportar en su mayor parte. “Dadas estas circunstancias, me parece un abuso intolerable que la Sareb funcione a través de unas empresas totalmente opacas que se están lucrando a costa de lo público”.

De Bankia a Sareb

Cuando las habitantes del inmueble de Callejo aseguran que llevan tiempo en la lucha por esta vivienda, lo dicen en toda regla. El procedimiento hipotecario por el que se les quiere desahuciar —“porque lo vamos a parar”, aseguran contundentes— viene de lejos. En 2011 vivían en el edificio personas hipotecadas que dejaron de pagar y se fueron. A su vez, la constructora Sweet Homes ML tenía un deuda con Bankia, quien le había dado el préstamo para construir. El banco denunció entonces a la empresa, les llevó a juicio y lo ganó. 

“Para cuando nosotras entramos a vivir aquí ya había una fecha de lanzamiento, pero nos permitieron meternos en el procedimiento no como demandadas sino como terceros afectados”, detallan. “Entonces el demandante cambió, y fue la Sareb quien cogió el procedimiento a su nombre de una manera que no sabemos si es habitual pero que la jueza lo permitió, y solicitó una vista de los habitantes, es decir nosotras, para verificar si teníamos título de inquilinas o no”, continúan. En diciembre de 2019 las citaron en el juzgado. "Sabiendo que no teníamos ese título fuimos al juicio con todas las cartas sobre la mesa diciendo que queríamos continuar en el bloque pagando un alquiler social”, añade Lotta, tal y como lo habían expuesto ante Sareb.

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Consejeros y miembros de la alta dirección del banco malo se embolsan más de 5 millones de euros públicos al año, sin contar la retribución variable.

Finalmente, la sentencia se se emitió el pasado 7 de febrero a favor de la Sareb, desestimando por tanto, los argumentos de las también activistas de PAH Vallekas. Se daba así vía libre para que el banco malo solicitara la orden de desalojo. Desde entonces sabían que la orden de desalojo podría darse en cualquier momento, hasta que llegó el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Toda tramitación de desahucio quedó detenida, hasta hace tan solo unas semanas en que se han reactivado los procesos judiciales.

Para Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, el procedimiento judicial es de ejecución hipotecaria de la Sareb contra una constructora, y una pieza separada en la de 'incidente de ocupantes'. En febrero de este año, en Pikara Magazine Jacinto argumentaba: “Si la Sareb, desde que se convirtió en propietaria de la finca de Bankia en subasta judicial dejó transcurrir más de un año para instar al desalojo de las personas que allí vivían, la Sareb ya no podía atenerse a este procedimiento, y debía optar por desahucio por la vía precaria, un procedimiento también por la vía civil, pero que dilataría el proceso de desalojo y ofrecería a las inquilinas más tiempo para intentar regular su situación”. Pero esto no ha sucedido.

“Nuestra manera de defendernos se ha visto limitada porque no somos las demandadas, si no una constructora que no tiene nada que ver ni con nuestras vidas, ni con este inmueble, desde hace más de una década. Creemos que ese procedimiento tendría que haberse cerrado y archivado"

Las vecinas de Callejo consideran que al forzar el desalojo dentro del mismo procedimiento “nuestra manera de defendernos se ha visto limitada porque no somos las demandadas, sino una constructora que no tiene nada que ver ni con nuestras vidas, ni con este inmueble, desde hace más de una década. Creemos que ese procedimiento tendría que haberse cerrado y archivado cuando veían que no podían tener este inmueble porque ya no estaba en manos de la constructora”.

El movimiento vecinal de Carabanchel impide por segunda vez el macrodesahucio de Sareb

Alberto Azcárate

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Los vecinos de tres bloques de viviendas de la calle María Guerrero, 11, 13 y 15, conmemoran haber evitado —por segunda vez— el desahucio que la Sareb se proponía consumar, sin solución habitacional.

Últimas instancias para suspender el desahucio

El lunes, la abogada solicitó al juez la paralización del desahucio que se había instado tan solo días antes. “Era lo último que teníamos pendiente que sucediera, esperaba que esperarían a después de verano considerando la situación de las familias y en pleno aumento de rebrotes, pero a la Sareb no le ha temblado el pulso y al juez tampoco”, afirma la abogada a El Salto.

“El espíritu de la norma debe ser la misma por analogía, situación de vulnerabilidad, precariedad y, además, de salud, ya que se juega la vida por quedarse en la calle”

En el escrito de suspensión detalló la vulnerabilidad en las que se encuentran las ocupantes, particularmente la de Victoria, todavía convaleciente de la operación. Jacinto insiste en que hay normativa para no desahuciar en pandemia cuando no existe alternativa habitacional, aunque reconoce que los reales decretos del estado de alarma dejaron al margen a mucha casuística y, en principio, solo es aplicable a desahucios con alquiler. Sin embargo, alega que estas mujeres “llevan desde 2014 ahí e intentando conseguir, precisamente, un contrato de alquiler. El espíritu de la norma debe ser la misma por analogía, situación de vulnerabilidad, precariedad y, además, de salud, ya que se juega la vida por quedarse en la calle”. El juez no está obligado a responder al escrito de la letrada.

La abogada incide en que para los contratos de alquiler, el estado de alarma fijó la suspensión de desahucios hasta octubre. "Desde la PAH demandamos modificación de esa normativa, para aplicarla a cualquier tipo de desahucio”.

En la interlocución que El Salto ha podido mantener con la Sareb, la entidad ha respondido: “Nos gustaría dejar claro que estamos analizando esta situación con mucho detalle, y que en cada situación de este tipo siempre actuamos de la mano de los Servicios Sociales”. “Desde la Sareb, no somos ajenos al drama de la vivienda de este país, y tenemos multitud de convenios sociales con ayuntamientos y comunidades autónomas para facilitar una vivienda digna a un precio adecuado”, contunúan. Por su parte, desde la PAH recuerdan que el pasado noviembre se desahució en Lleida un edificio de la Sareb con 13 familias, de las cuales solo cuatro fueron realojadas. El resto, quedó en la calle.

Lo que preocupa a la abogada de la plataforma, y por supuesto a las familias habitantes de Callejo 13, es que aunque es el primer aviso de desahucio, el escrito indica un llamado explícito a las fuerzas de seguridad.

Hace unos días solicitamos al Juzgado la suspensión del desahucio señalado para el próximo martes 21 de #CallejoSeQueda.

¿Sabéis que ha respondido #SarebSinCorazon? 👇🏻

Les da igual la pandemia, les da igual la vivienda y la salud.

Sus beneficios son nuestras vulneraciones. pic.twitter.com/P1MaxsuB3z

— Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) July 16, 2020

Organizarse y resistir 

Ya en diciembre de 2019 cuando las citaron en el juzgado, las vecinas de Callejo, 13 venían informando con gran detalle a la opinión pública sobre los motivos de su lucha. Durante las última semanas la asamblea de PAH Vallekas ha intensificado su estrategia y echado a andar sus protocolos para parar este desahucio. Desde las asambleas presenciales, sus dispositivos de apoyo mutuo, así como en redes sociales vienen realizando una intensa campaña de visibilización. Hace tan solo unos días lanzaban una vídeo carta dirigida a todos los afectados por la Sareb para que las acompañen el próximo día previsto para el desahucio: “Lo único que nos ha quedado es pelearlo desde la plataforma y movilizarnos con otras personas afectadas de la Sareb, que son muchísimas”. 

El jueves lanzaban también un contundente comunicado. Y, ¿qué apoyo esperan para el próximo martes? “Que estemos mucha gente junta ese día, que nos apoyemos, esto no lo voy a pedir, si es que eso somos”, apura a contestar Susana. Mientras que Angélica, con su hija en brazos se aventura a decir que espera “que nos den la oportunidad de quedarnos con alquiler social, creo que nos merecemos esta oportunidad“. Por su parte, Lotta subraya eso de 'aquellos barros estos lodos': "En España todas somos afectadas por Sareb, porque todos los recortes que se han hecho por el rescate bancario en educación, en sanidad pública y en tantas otras cosas están muy relacionadas con ese despilfarro de recursos comunes que supuso en vez de rescatar a la gente, que es lo que realmente se necesitaba”.

En fin, aquí lo dejamos por hoy. Quedan muchas horas hasta #CallejoSeQueda. En manos de @Sareb queda ahorrar sufrimiento (a cambio de qué, Sarebcita) y detener esta barbarie #SarebSinCorazón https://t.co/iNzlB63Unc

— PAH Vallekas (@pahvallekas) July 16, 2020

“Y es que lo vamos va a pelear y a luchar, claro que sí”

Todas concuerdan en apelar a que la Sareb se atreva a dar un aplazamiento que permita continuar con las negociaciones de contratos con alquiler social, si no, dice Angélica con cierta desazón, “en sus conciencias quedará dejar en la calle a unas familias que no tiene recursos”. “De conciencia nada”, replica Susana más animada, “y es que lo vamos va a pelear y a luchar, claro que sí”.