Sanidad pública
Denuncian a la Consejería de Sanidad de Madrid por el abuso de contratos menores

Trocear un gran contrato en varios mini contratos para evadir concursos públicos y poder ser concedidos “a dedo”. La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid, junto con Audita Sanidad y la Cooperativa de abogados CAES sospechan que este es el modus operandi de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Según los dos informes de 2017 y 2018 realizados por Audita Sanidad, el 99,7% de los contratos que ha adjudicado esta consejería han sido contratos menores. Y, por ello, hoy han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas del Estado. Una denuncia que se emitía al mismo tiempo que médicas y médicos de Atención Primaria atravesaban la calle Fuencarral en una manifestación que exhibía músculo en su cuarta semana de huelga y que ha confluido con la entrega de esta demanda.

Según la revisión realizada por esta plataforma de auditoría ciudadana durante los años 2017 y 2018 se adjudicaron un total de 1.026.323 contratos menores, frente a 3.720 adjudicados por licitación pública. Una práctica “abusiva” que pone en posición de “ventaja” a determinados proveedores. “Existen muchos tipos de contratación pero fundamentalmente hay dos figuras: la contratación mediante concurso de licitación y la figura del contrato menor”, ha explicado tras la presentación de la denuncia Vicente Losada, de Audita Sanidad. Según su denuncia, entre 2017 y 2018 la Consejería ha emitido más de un millón de contratos menores que suponen un volumen de más de 1.500 millones de euros. "No estamos hablando de una presunta comisión del hermano de la señora Ayuso, eso es una mera partícula de la punta del iceberg que se ve por la superficie”, ha avisado Losada. Así, la figura de contratación mediante concurso público tan solo representa entre el 0,3 y el 0,5 %. “Esto, desde nuestro punto de vista, es algo inadmisible porque es un despilfarro de recursos, cuanto menos”, ha zanjado.

La figura de contratación mediante concurso público tan solo representa entre el 0,3 y el 0,5 %. “Esto es algo inadmisible porque es un despilfarro de recursos”

Para Concha Pérez, integrante de la Coordinadora de Barrios y Pueblos en Defensa de la Sanidad Pública, este miércoles era un día “importante”,  para la ciudadanía en su conjunto por haber apoyado y financiado esta investigación y de “alegría y satisfacción al llegar el momento de presentar esta denuncia para que la Consejería de Sanidad rinda cuentas”. “La política sanitaria de la Comunidad de Madrid está orientada a garantizar el beneficio de las empresas privadas sean sanitarias, tecnológicas, constructoras o fondos de inversión pero no está enfocada al cuidado de las personas ni pretende garantizar nuestro derecho a la salud”, ha asegurado.

Desde Audita Sanidad insisten en que no están cuestionando la figura del contrato menor, recogida y reconocida en la legislación, “lo que estamos cuestionando es el uso abusivo y reiterado de este contrato para tratar de adjudicar un volumen del 99,7% de los contratos a dedo”.

La actual ley de contratación pública acota los contratos menores y establece un tope de 40.000 euros para contratos de obras y para el resto de los contratos, suministros y servicios, establece un tope de 15.000 euros. Todos los demás deberían de pasar por un concurso público. Sin embargo, tal y como han denunciado los colectivos hoy presentes, la sombra del fraccionamiento para eludir concursos se posa sobre el modus operandi de la Consejería de Sanidad. 

Entre marzo y diciembre de 2018 se adjudicaron 229 contratos menores a la empresa Siemens Health Care para la compra de material de laboratorio por importe de 1,6 millones de euros

Losada pone como ejemplo los contratos de suministros en el Hospital de la Paz. Entre marzo y diciembre de 2018 adjudicó 229 contratos menores a la empresa Siemens Health Care para la compra de material de laboratorio por importe de 1,6 millones de euros. "¿Por qué tengo que hacer 229 contratos de material de laboratorio si puedo hacer un concurso de licitación por un importe de 1,6 millones?”, se pregunta Losada. El integrante de Audita Sanidad ha añadido además que, cuando se hace un concurso al haber concurrencia de empresas se ahorran costes sustanciales. “Además, la consejería tiene una central de compras y a través de ella se podría centralizar las compras y se podrían obtener mayores ahorros que podrían dedicarse a la inversión en la sanidad pública que tanto necesitamos”, ha concluido.

“Vamos  a seguir el recorrido de la investigación en el Tribunal de Cuentas e instamos a las autoridades a que tomen medidas porque sino acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción para que se fiscalice y se controle el gasto”

Carlos Castillo Solano, abogado de CAES, ha asegurado que la denuncia ante el Tribunal de Cuentas es el primer paso. “Creemos que existe un claro abuso de la figura del contrato menor dentro de la sanidad madrileña y que ese claro abuso está rompiendo los principios de publicidad y de concurso público que debería guiar todo tipo de contratación pública”, ha afirmado Castillo. “Vamos  a seguir el recorrido de la investigación en el Tribunal de Cuentas e instamos a las autoridades a que tomen medidas porque sino acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción para que se fiscalice y se controle el gasto”, ha avisado el abogado de CAES, quien no ha cerrado la puerta a otras vías legales.

“No es que se incumpla la ley de manera ocasional, es que el incumplimiento es sistemático, permanente, continuado, consciente, consentido y promovido por las propias autoridades”

“La ley establece que el contrato menor debe de ser la excepción.— añade Javier Rubio, también abogado de CAES— Sin embargo, en la práctica de la sanidad madrileña la norma es el contrato menor. No es que se incumpla la ley de manera ocasional, es que el incumplimiento es sistemático, permanente, continuado, consciente, consentido y promovido por las propias autoridades”.

Empresas beneficiarias

La gran mayoría son contratos de suministros: 540.627 por un valor de 720.553.662 en 2017 y 438.202 por un valor de 737.746.141 en 2018. En el año 2018, 3.860 empresas fueron beneficiarias de contratos menores. De éstas, las 20 primeras suponen el 40% de dichos contratos y el 31,81% del importe total de contratos menores, lo que da señales de la concentración del reparto en manos de unos pocos proveedores.  Johnson & Johnson SA, y Medtronic Ibérica SA, las primeras empresas en la lista de beneficiarias en los años analizados.

Desde Audita Sanidad han estudiado de manera pormenorizada el caso de dos empresas por sospechas de fraccionamiento: el Grupo Siemens y Medtronic Ibérica

Desde Audita Sanidad han estudiado de manera pormenorizada el ejemplo de dos empresas por sospechas de fraccionamiento. Este es el caso, en primer lugar, del Grupo Siemens: en 2018 de los 1.308 contratos menores adjudicados, 733 se han identificado como de posible fraccionamiento, es decir el 56% del total.

En segundo lugar se ha estudiado el caso de Medtronic Ibérica, segunda en el ranking de adjudicaciones de contratos menores, con un total de 11.985 contratos, y primera según importe, por valor de 32.550.610 euros. Según el informe de Audita Sanidad, de los 11.985 contratos menores adjudicados a Medtronic Ibérica SA, 6.341 se han identificado como de posible fraccionamiento, es decir el 53% del total.

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En este contexto, cabe señalar que la empresa privada sigue haciendo caja con las arcas públicas madrileñas. Según el informe El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña de Audita Sanidad presentado hace un año, analizando el gasto sanitario en el trienio entre 2015 y 2018 (últimos datos disponibles) se descubre que en 2018 el 49,4% del presupuesto sanitario fue a parar a manos privadas.

Escenario que puede ampliarse con la nueva Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus y aprobada el pasado 15 de diciembre. Esta ley "supone para la sanidad pública la creación de una agencia de contratación sanitaria en la Comunidad de Madrid cuya finalidad no puede ser más que la intensificación de la privatización de la sanidad pública madrileña, al mismo tiempo que llevan décadas reduciendo la inversión necesaria para garantizar una sanidad pública, universal y de calidad”, ha avisado Concha Pérez.