Represión
Piden un año y siete meses de cárcel contra un activista por intentar parar un desahucio

Un año y siete meses por tratar de parar un desahucio. Es la pena de prisión que la Fiscalía pide contra Jorge Aranda, un conocido activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la Asamblea de Carabanchel (Madrid) y de la Marea Blanca sanitaria, al que acusan de haber agredido a un policía antidisturbios el 12 de mayo de 2017, cuando intentaba paralizar el desahucio de una familia con dos menores a su cargo en el distrito de Vallecas. El juicio se celebrará el próximo 11 de junio.

Según relata Aranda, durante el stopdesahucios todo fue tranquilo hasta la llegada de la comisión judicial, cuando, durante una discusión verbal entre un policía y otro activista que se encontraba a su lado, “en un determinado momento el policía salió del perímetro y lo agarró, y también me detuvieron a mí”. “La detención fue bastante violenta, a Fernando [el otro activista detenido] lo golpearon”, indica Aranda. Aunque ambos fueron liberados horas más tarde, la mañana de aquel día finalizó también con la ejecución del desahucio de la familia a la que habían ido a apoyar, que ocupaba una vivienda de Bankia y que no disponía de alternativa habitacional.

Un año después, y a pesar de que el caso contra el otro activista fue sobreseído, las acusaciones de atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia que pesan contra Aranda siguen adelante. Para él está claro que con estos procesos “intentan reprimir a la gente que trata de visibilizar que hay desahucios, que hay familias a las que se niega un derecho fundamental, incluso cuando se trata de bancos rescatados, como en este caso”.

“El objetivo es que haya desmovilización y que se invisibilice los desahucios”, añade Aranda, que también hace referencia a la represión de la Ley Mordaza, que se está aplicando a muchos activistas. “Han metido mucho miedo a la gente, han llovido multas, ponen el énfasis en las concentraciones no comunicadas, en la ocupación de sucursales bancarias, en castigar los métodos de desobediencia civil que usan el movimiento de vivienda y el 15M, y se está pudiendo desahuciar más y atacar a quien defiende los derechos humanos”, dice este activista.

No es la primera vez que Aranda es detenido por su activismo social. En 2013 fue acusado de agredir al consejero de Sanidad de Madrid, pero la grabación de una cámara demostró que las acusaciones eran un invento de la policía. En esta ocasión no hay cámaras, pero sí numerosos testigos que denuncian la falsedad de las acusaciones.

Para dar apoyo a Jorge Aranda, las redes se están movilizando estos días con el hashtag #JorgeAbsolución, y se ha convocado a una concentración en la mañana del juicio frente a los Juzgados de lo Penal de la calle Julián Camarillo, 11.