Opinión
Más allá de la descarbonización: nuevas industrias para nuevos tiempos

La industria cumple un papel clave en la gran mayoría de las sociedades actuales, su aparición ha transformado enormemente las relaciones entre las personas y los recursos naturales. Sin ella sería difícilmente asumible que cerca de 8.000 millones de seres humanos estuviéramos hoy aquí; pero ha sido un crecimiento en base a la extracción continua de materiales y energía que nos ha conducido a una crisis social y ambiental sin precedentes. 

Transporte, comunicación, medicina, energía, agricultura, educación… todas las áreas se ven atravesadas, de una forma u otra, por el sector industrial. Un somero análisis de nuestro día a día nos empuja a pensar que la descarbonización de la industria es necesaria, pero la complejidad del sector, la tremenda especialización y la diversidad de fuentes energéticas, materiales y procesos explican la magnitud del problema. Si bien es cierta la necesidad de que desaparezcan todos los sectores petroleros u otros sectores innecesarios, no lo son menos los dilemas a abordar en sectores esenciales, como el médico, el alimentario o el de la construcción. Afrontar la dificultad de la descarbonización del sector huyendo de grandes y falsos titulares es urgente si queremos llegar a tiempo de evitar las peores consecuencias del cambio climático.

Este es el momento clave

Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial español, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, representaron un 22,4 % del total en 2021. Un elevado volumen de emisiones que muestra la necesidad de tomar medidas urgentes para alcanzar la descarbonización en 2040, incluso mucho antes. Dibujar un nuevo escenario respetuoso con el planeta implica un análisis profundo de las necesidades reales y una planificación viable a largo plazo. Confiar únicamente en el cambio de fuente energética solo perpetuaría un modelo contrario a los límites del planeta y que busca favorecer la concentración de la riqueza en las mismas empresas, responsables de la crisis climática.

Racionalizar la demanda, situándola dentro de las capacidades reales del planeta, es la única garantía para no comprometer la capacidad de las generaciones presentes y futuras de alcanzar una vida digna

Nos encontramos en un momento clave a nivel regulatorio, tanto en España como en Europa, con la aprobación de diversos reglamentos europeos y el incremento de objetivos de reducción de las emisiones industriales en el nuevo Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC). Unas medidas que será fundamental vigilar para prevenir impactos, burbujas especulativas y falsas soluciones, pero que podrían ofrecer la oportunidad de realizar algunos de los cambios necesarios para dar respuesta a la crisis ecosocial en la que estamos inmersas, en todas sus dimensiones. Si queremos luchar por una transformación justa —no solamente energética, sino también ecosocial—, es urgente atender sus especificidades, así como dar respuestas técnicas y ambientalmente viables caso a caso. Ya no vale con plantear enmiendas a la totalidad; es necesario descender a debates complejos. Ejemplo de ello es el sector del hidrógeno: por su gran coste de producción y reducida eficiencia no puede sustituir aquellos procesos que puedan ser electrificados directamente, pero producirlo parece imprescindible para sustituir el actual consumo de hidrógeno proveniente de gas fósil como materia prima para generar productos importantes en industrias como las de fertilizantes, la siderurgia o la química. 

Para que esa transformación justa se concrete, necesitamos entender que sustituir combustibles fósiles por energías renovables sin reducir la demanda supondrá agravar el problema, ya que obtener la misma cantidad de energía con eficiencias más bajas requeriría de una gran cantidad de recursos o de ocupación del territorio. Por ejemplo, para la industria siderúrgica europea, el enfoque de descarbonización propuesto requeriría cuatro veces su consumo de electricidad actual para reemplazar los vigentes niveles de producción convencional, según los datos de CAN Europe. Racionalizar y contener la demanda, situándola dentro de las capacidades reales del planeta, es la única garantía para no comprometer la capacidad de las generaciones presentes y futuras de alcanzar una vida digna. 

La respuesta a la transformación industrial es compleja y multidimensional, va más allá de lo tecnológico, pero esto no debe ser excusa para retrasar la toma de medidas urgentes. Para conseguir limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5 grados centígrados, las diferentes industrias tienen que abordar una transformación sin precedentes que alcance sus cadenas de valor, procesos de producción, tecnologías empleadas, modelos de negocio y hasta cuestionar la propiedad de las mismas. 

Priorizar para vivir mejor

En el escenario al que nos dirigimos, necesitaremos alcanzar un consenso social que jerarquice los consumos energéticos y determine qué actividades y servicios son prioritarios para nuestras sociedades. Podemos imaginarlo como una balanza en la que, en un platillo, colocamos los recursos disponibles y, en el otro, sus posibles usos. Se trata de buscar el equilibrio. ¿Qué actividades colocamos en el segundo platillo sabiendo que esa elección, a su vez, supone dejar otras fuera? Esto es: ¿qué necesidades consideramos esenciales en nuestras sociedades y qué actividades las cubren? Responder estas preguntas no solo requiere un debate ciudadano que goce de todas las garantías democráticas, sino también un conocimiento honesto y profundo de la actividad industrial, accesible para todas las personas. 

Comprender estas complejidades ayuda, en primer lugar, a forjar una conciencia colectiva que afronte cuestiones como el decrecimiento frente a quienes intentan defender un capitalismo basado en un crecimiento ilimitado. El decrecimiento es un concepto mucho más complejo de lo que las burdas e interesadas simplificaciones neoliberales nos quieren hacer creer. Emprender ese camino de descenso implica deshacerse de un modelo basado en producción creciente de bienes y servicios a un alto coste social y ambiental. Medidas como trabajar menos horas, realizar otros  trabajos  fundamentales para la reproducción de la vida, relocalizar, rediseñar y racionalizar la producción, comer productos de temporada y de cercanía… Se trata de ajustar nuestros consumos a lo que está verdaderamente disponible, repartirlos de forma justa, no sobrepasar los límites del planeta y dejar de depender de la explotación y el extractivismo de muchas comunidades del Sur Global. 

En materia industrial, podemos tratar de elaborar tres columnas: las industrias que es necesario mantener, las que es necesario eliminar y aquellas que tendrán que flexibilizarse para producir distintos bienes, dependiendo de las necesidades de cada momento. En este panorama, habría que reestructurar la construcción social del empleo para paliar los posibles efectos negativos que tendría esta transformación a nivel laboral. Desde hace tiempo, se han elaborado diferentes estudios que ofrecen escenarios y alternativas para hacer frente a esta situación. Sin ir más lejos, Ecologistas en Acción publicó en 2019 el estudio Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030, en el que se describen con detalle tres escenarios diferentes a los que podemos llegar en base a las decisiones que tomemos en esta materia. El modelo informático que diseñaron para esa investigación apuntaba, por ejemplo, a un incremento de los empleos en el sector industrial para 2030 en cualquiera de los dos escenarios decrecentistas planteados.

Un marco regulatorio que proteja a la ciudadanía

Hasta el momento, se ha evidenciado una clara incapacidad de los gobiernos y las instituciones europeas para desarrollar una regulación armonizada y coherente en esta materia, con normas inconexas entre sí y escasa concordancia entre fines y medios, y confiando exclusivamente en medidas basadas en mercados como el de carbono. Es necesario poder asegurar que los fondos públicos europeos vayan a proyectos verdaderamente sostenibles y huir de la tendencia marcada por determinadas normas, como el Plan Industrial del Pacto Verde (GDIP), la Ley sobre industria de cero emisiones netas (NZIA) o la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales (CMR), que parecen más orientadas a incrementar la competitividad empresarial y asegurar la acumulación capitalista que a alcanzar los objetivos medioambientales. 

Las subvenciones deben estar condicionadas a determinados criterios, como límites a la descentralización de los procesos, programas de buenas prácticas o la estabilidad en el empleo -con programas de reciclaje para mantener la plantilla-, tanto en el momento de la adjudicación como durante el posterior control de los proyectos beneficiarios. Para ello, debe configurarse un sistema de indicadores claros y estrictos e implantarse un instrumento independiente que audite el cumplimiento de los mismos. 

Para acercar la industria a los puntos de consumo-generación y evitar que industrias se asienten en otros países con una regulación medioambiental y social más laxa o inexistente, deben implantarse mecanismos de ajuste de carbono en las fronteras y establecerse por ley un sistema de trazabilidad que permita a los consumidores conocer el origen, proceso e impacto de los productos o servicios que está adquiriendo. También debe ponerse en marcha un sistema de sanciones que desincentive las posibles fugas y que proteja a la ciudadanía, ofreciendo herramientas de denuncia y compensación que pueda dirigir tanto a las empresas contaminantes como a las administraciones que han posibilitado esa contaminación. 

Este componente de protección civil es especialmente relevante dada la elevada complejidad del sistema industrial y la desigualdad patente en la relación ciudadano-empresa industrial, lo que facilita la adulteración de los fines de las diferentes políticas e iniciativas. Por ejemplo, la guerra de Ucrania y los problemas de abastecimiento del carbón han desembocado en medidas “de emergencia” que derivan importantes sumas de fondos públicos a rescatar a los operadores industriales más afectados por esta situación. En 2020, se destinaron a estos fines 384.000 millones de euros de ayuda estatal (casi la mitad corresponde a empresas alemanas), según los datos que maneja CAN Europe. Estas medidas de emergencia se están normalizando, lo que es contrario a los objetivos europeos de descarbonización y, por tanto, a los compromisos de reducción de emisiones. Prorrogar la utilización industrial de combustibles fósiles en el marco de una crisis climática que se agrava por días es completamente irresponsable y nos aleja peligrosamente de los objetivos marcados para 2030. La urgencia de estas medidas, además, acorta unos plazos necesarios para asegurar los diferentes hitos del procedimiento democrático, afectando especialmente a la participación de la sociedad civil.

En este contexto, es necesario exigir a las instituciones europeas que cuenten con la participación de expertos independientes y organizaciones de la sociedad civil en el proceso regulatorio, que faciliten a la ciudadanía el acceso a información y datos armonizados de los diferentes Estados miembros y que se garantice la máxima transparencia en este procedimiento, especialmente en lo referido en la asignación y posterior fiscalización de fondos públicos. 

Una industria que ponga la vida en el centro

Centrar el debate en “industria sí” o “industria no” no tiene cabida. Ahora bien, poner el foco en el aspecto tecnológico como culpable o salvador también es errar el tiro. Es el sistema el responsable de la crisis socioecológica global que estamos viviendo. La industria, que no es más que una herramienta, es necesaria y tiene el potencial de mejorar nuestras vidas, pero debe respetar las dinámicas de los ecosistemas y contribuir a un reparto de la riqueza que permita que todas las personas vivan con dignidad. Es el momento de construir una industria que ponga a la vida en el centro.