Ganadería
Las plataformas anti ganadería industrial se plantan ante la polémica “simplista y sesgada” sobre las granjas intensivas

Las patronales agrarias han aprovechado la polémica por la entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario británico The Guardian para defender un modelo que lleva años sumando detractores y viendo aparecer decenas de plataformas vecinales contrarias al mismo. En el contexto de una problemática creciente sobre las macrogranjas, la ganadería industrial y sus impactos, la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial pedía a las patronales cárnicas Interporc, Provacuno, Unterovic, Intercun, Avianza y Asici, así como a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que se abstengan de “interpretaciones poco rigurosas y sesgadas” sobre esta problemática.

“Estas declaraciones no hacen más que enturbiar el debate y mandar un mensaje erróneo a la ciudadanía”, denunciaba la Coordinadora, a la que pertenecen a más de medio centenar de plataformas y asociaciones vecinales rurales de siete comunidades autónomas, y que se ha convertido en uno de los actores clave en el sector, consiguiendo paralizar decenas de proyectos industriales cárnicos y el anuncio por parte de varios gobiernos autonómicos de moratorias de instalaciones de nuevas granjas intensivas en su territorio.

Aunque las organizaciones que la forman “no han entrado nunca ni entrarán en luchas políticas”, critican posicionamientos como los de COAG, que acusaba a Garzón de “criminalizar” al sector con sus palabras, un término que ya usó el ex secretario general de esta organización, Miguel Blanco, quien acusaba el pasado julio a Garzón de “criminalizar la producción de carne de nuestro país” y de tergiversar los datos de emisiones y uso del agua.

Entre 2015 y 2020 el censo de cerdos en España ha crecido un 35% pero el número de granjas de menor tamaño (menos de 1.000 animales) ha descendido un 30%

En la misma línea, organizaciones como UPA o Unión de Uniones de Ganaderos y Agricultores pedían la dimisión de Garzón. La primera incluso acusaba al ministro de “vincular de forma estrecha el consumo de carne con el cambio climático y la desertificación” y negaba que en España hubiese animales maltratados.

Ganado y emergencia climática

Lejos de cuestionarse, la relación entre la ganadería y la crisis climática es clara. Así lo planteaban ya informes como los publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2006 (La larga sombra del ganado) y 2013 (Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería). Este último estimaba ya entonces que la contribución de la ganadería a la crisis climática es del 14,5% del total de gases de efecto invernadero a nivel global. Además, el peso de la producción, procesamiento y transporte de piensos, especialmente necesarios para los modelos intensivos de ganadería industrial, supone el 43% de esas emisiones, tal como recogía en 2020 Amigos de la Tierra en el informe La ganadería y su contribución al cambio climático.

“Cuanto más crece la ganadería industrial más granjas familiares desaparecen”, denuncian desde la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial

El propio Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, en su informe El cambio climático y la tierra, de 2020, señalaba que “la ganadería en pastos y pastizales gestionados representó más de la mitad del total de las emisiones antropógenas de dióxido de nitrógeno procedentes de la agricultura”, un gas con un poder de efecto invernadero muy superior al del dióxido de carbono, al igual que ocurre con el metano, que también emiten en grandes cantidades las instalaciones ganaderas. En 2018 en España, según los datos que maneja el Ministerio de Agricultura, el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero provenían del metano, el gas que supone el 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería.

Greenpeace, por su parte, añade que el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, uno de los pocos donde han crecido en 2020, y el 94% de las emisiones de amoniaco están generadas también por la ganadería.

Intensiva no es extensiva

Así, la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial carga contra lo que considera posicionamientos sesgados y simplistas de las organizaciones agrarias y del sector cárnico, que, según denuncia el colectivo, no distinguen entre el modelo de ganadería extensiva e industrial de una forma interesada. De hecho, la plataforma remarca que su objetivo es “apoyar la ganadería extensiva frente al modelo de ganadería industrial, que ni fija población, ni dinamiza las zonas rurales económicamente, ni es la solución para la España vaciada y, muy al contrario, afecta gravemente a la calidad del entorno, de las aguas y del modo de vivir de los que trabajan y pueblan el mundo rural”.

En la misma línea, Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España, pedía a la industria cárnica y sus patronales, así como a responsables políticos que se han hecho eco de la polémica, que “dejen de una vez dejar de torpedear toda y cada una de las declaraciones del ministro Garzón, asuman con valentía sus responsabilidades en los graves problemas ambientales y sociales que genera la ganadería industrial y escuchen a la ciudadanía que pide cada vez más productos verdaderamente sostenibles”.

Fuera de la realidad

Atacando la publicación de noticias sensacionalistas, la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial remarca que “se están publicando titulares que no reflejan la realidad, como por ejemplo que las explotaciones de ganadería industrial generan mucho empleo”. Con los datos del informe Principales Indicadores Económicos del Sector de la Carne en 2020, del Ministerio de Agricultura, entre el año 2015 y 2020 el censo de cerdos en España ha crecido un 35%. Sin embargo, el número de granjas de menor tamaño (menos de 1.000 animales) ha descendido un 30% en toda España en los últimos diez años. “Es decir, cuanto más crece la ganadería industrial más granjas familiares desaparecen”, denuncian. 

Un estudio del Institute for Agriculture and Trade Policy afirma incluso que este tipo de ganadería industrial destruye el triple de empleos de los que generan, al ser instalaciones automatizadas con empleos precarios y mal remunerados. “Hay infinidad de pueblos en España donde la ganadería industrial no ha frenado la despoblación, sino que la ha agravado. Por ejemplo, en el municipio albaceteño de Balsa de Ves con 131 vecinos, donde se crían unos 100.000 cerdos al año y que ha perdido un 40% de sus vecinos desde que se instaló la macrogranja en 2006”, denuncia la Coordinadora.

Se trata de unas cifras que van en la línea contraria de lo que señalan organizaciones agrarias como COAG, cuyo ex secretario general defendía al sector señalando que “en España, el 90% de las granjas de producción animal son pequeñas o medianas” y que “no es aceptable argumentar contra la ganadería tomando como modelo las macrogranjas de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina, o las participadas por fondos de inversión especulativos”.

Proliferación y moratorias

Lo cierto es que mientras el sector cárnico señala cifras como las que plantea Blanco, en apenas unos años han proliferado plataformas ciudadanas que se han organizado contra un crecimiento exponencial de las granjas intensivas, lo que ha impulsado a Gobiernos como los de Castilla-La Mancha o Catalunya a promulgar moratorias que prohíben la instalación de nuevas instalaciones de este tipo.

Inma Lozano, agricultora y portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, indica a El Salto que los afectados piden que “se mida el efecto acumulativo” de la suma de explotaciones pequeñas y medianas en una misma área. “No puede ser que se autorice una a un kilómetro, otra a dos kilómetros y al final bordeen todo el pueblo pero no se mida el impacto acumulativo. Solo se mide el individual, pero están bebiendo agua del mismo acuífero, unas cantidades bastante importantes además, y tienen animales cagando, claro. Todo eso se tiene que utilizar y verter en el mismo sitio, y hay que frenarlo, porque no caben”.

Lozano hacía referencia a la situación de su pueblo, Pozuelo (Albacete), de 500 habitantes, donde la lucha de una plataforma local ha conseguido paralizar temporalmente una macrogranja cuya suma de núcleos supone 85.000 cerdos. La empresa responsable, Cefusa-El Pozo, ya intentó hacerlo en 2017, con un proyecto inicial que fue rechazado y que planteaba traer 140.000 cerdos. Es solo un ejemplo de una situación que se está dando por toda la geografía española, con especial relevancia en Catalunya, Aragón, las dos Castillas, Extremadura, la Región de Murcia y Andalucía.

Asimismo, son conocidos casos como los de la vaquería más grande Europa, sita en Caparroso, en la Rivera navarra, con 7.200 vacas adultas y 600 novillas y terneras de hasta 40 días —lo que supone un consumo diario de 896.000 litros de agua y, anualmente, unos desechos de 129.274 toneladas de purines y 19.584 toneladas de estiércol bruto— o Noviercas, en Soria, donde la empresa Saiona pretende levantar una instalación industrial para 23.500 vacas.

Regulación nacional

“Ni estamos en contra de la ganadería ni nada de eso, pero hay que regular todo esto y ver lo que cabe y lo que no cabe, porque va en contra de resto de actividades económicas”, expone Lozano. Mediante un comunicado, la Coordinadora de la que es portavoz denunciaba este 5 de enero que “el modelo de ganadería industrial agrava la despoblación de zonas rurales al generar muy pocos puestos de trabajo y provocar un gran impacto ambiental, especialmente a través de la contaminación del agua con nitratos”. Esto último es algo que evidencia el anuncio por parte de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no adoptar medidas suficientes contra la contaminación por nitratos. No en vano, la Coordinadora recuerda asimismo que pueblos segovianos como Ochando o Lastras de Cuéllar, con explotaciones intensivas en sus inmediaciones, tienen que abastecerse con garrafas de agua ya que sus acuíferos están contaminados por nitratos.

Por último, en lo respectivo a las palabras de Garzón sobre la calidad de la carne, la Coordinadora recuerda que, “es algo obvio” que la carne procedente de explotaciones intensivas son de peor calidad respecto a las extensivas. “Nadie pone en cuestión que la carne que se exporta desde España cumple los requisitos legales y sanitarios, como se está malinterpretando. Simplemente que hay una carne barata procedente de ganadería industrial cuya calidad nutricional es menor respecto a la carne de ganadería extensiva”, afirman.

Por todo ello, las organizaciones rurales de afectados por la ganadería industrial, al igual que las ecologistas, piden una nueva normativa estatal que regule el sector y una moratoria en todo el territorio español tanto para nuevas explotaciones intensivas como para ampliaciones de las existentes, así como un mayor apoyo y una apuesta por la ganadería extensiva.