Agroecología
Una pesadilla de leche y mierda

La mayor instalación de vacas de Europa está en Caparroso, al sur de Navarra. Produce tanta leche como la que se consume en esa comunidad al año. Desde su puesta en marcha, Policía Foral, Guarderío Forestal, Seprona, Ganadería y Medio Ambiente le han incoado decenas de procedimientos sancionadores por incumplimientos de todo tipo. La empresa ha ganado algunos alargando los pleitos en los juzgados hasta que han acabado prescribiendo, por defectos de forma, o debido a los silencios administrativos. En el camino, las pequeñas ganaderías de vacuno, incapaces de competir, desaparecen del mapa poco a poco.

La macrogranja de Caparroso funciona desde 2009, cuando obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI) imprescindible para operar. Esta autorización fue recurrida por el Ayuntamiento de Villafranca (población situada a unos seis kilómetros de la vaquería) al considerar que la parte de biometanización destinada a producir exclusivamente energía eléctrica es una actividad industrial ubicada en zona no urbanizable. Pese a ello, se iniciaron las obras, que ya estaban terminadas cuando el Tribunal de Justicia de Navarra (TSJN) dio la razón al Ayuntamiento de Villafranca. Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló en 2014 la sentencia del TSJN en recurso de casación.

Aquella primera Autorización Ambiental daba permiso a la empresa Valle de Odieta para la explotación de 3.450 vacas adultas, 2.920 novillas y terneras de reposición, y para el tratamiento de 223.000 toneladas de residuos orgánicos en la planta de biometanización. Tras sucesivas victorias en los juzgados, a partir de 2020, la vaquería se ha ampliado a 7.200 vacas adultas y 600 novillas y terneras de hasta cuarenta días. Esto supone un consumo diario de 896.000 litros de agua y, anualmente, unos desechos de 129.274 toneladas de purín y 19.584 toneladas de estiércol bruto.

La planta de biometanización absorbe ahora 320.000 toneladas de residuos orgánicos al año. Con esos restos, que son recogidos selectivametne en origen y se procesan procedentes de varias mancomunidades navarras, podría fabricarse compost de primera calidad. En su lugar, son mezclados con lodos y otros residuos líquidos que, tras el llamado proceso de codigestión, se transforman en gas. Este procedimiento genera un subproducto denominado 'digestato', que después se vierte en suelos agrícolas del entorno de forma legal. La empresa Valle de Odieta tiene además alquiladas parcelas en 23 municipios navarros para el mismo uso. Ahora bien, el 'digestato' contiene metales pesados, nitratos y otros componentes que son acumulativos y que absorben las plantas.

Para los colectivos ecologistas, los resultados de sus peticiones de información al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente confirman que, como mínimo desde 2019, la empresa no ha cumplido con la obligatoriedad de facilitar la información sobre la composición química de los vertidos, el análisis de los suelos, o las autorizaciones por escrito de los propietarios de las parcelas. Entre 2009 y 2020, el modus operandi de Valle de Odieta ha consistido en acometer todo tipo de obras e instalaciones no previstas en la primera AAI y practicar la política de hechos consumados. Sólo entre mayo de 2014 y noviembre de 2018, durante cuatro años y medio de los trece que lleva en funcionamiento, la macrogranja recibió 19 propuestas de sanción: por depósito de purines sin respetar la distancia reglamentaria de 35 metros a los cauces y provocando encharcamientos y escorrentías, por no recoger lixiviados procedentes de los silos de alimento del ganado para su posterior conducción a la planta de biogás, por cambios del uso de parcelas y dedicarlas al cultivo siendo zonas de Valor Natural de Obligada Conservación, por tránsito excesivo de camiones en vías pecuarias, por vertido de purines que ocasionan la muerte de la vegetación y la contaminación de las aguas de varios barrancos, por no entregar en plazo el libro de gestión de estiércoles, por gestionar residuos no contemplados en la AAI, por utilizar fincas para la aplicación del 'digestato' y los cultivos declarados que figuran en el plan, por habilitar fosas de hormigón armado para el bombeo de la fracción líquida del 'digestato' a las balsas de almacenamiento sin notificarlo, por ejecutar obras e instalaciones no previstas en la AAI o por hacerlo fuera del plazo y con el permiso caducado, por ocupar 2.300 metros cuadrados de vía pecuaria con una gran montón de tierra o por tener 5.531 vacas adultas en explotación cuando el permiso era de 3.450. Según los colectivos ecologistas, la estrategia del equipo jurídico de Valle de Odieta consiste en dilatar los procesos hasta que caduca el procedimento sancionador o las administraciones no son lo suficientemente diligentes en el cumplimiento de los plazos para los recursos.

“A la hora de llevar a cabo obras e instalaciones sin autorización previa, la empresa Valle de Odieta practica una política de hechos consumados”

Nitratos hasta las orejas

El 11 de agosto de 2021, el Ayuntamiento de Marcilla remite un informe al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, que dirige Geroa Bai. El expediente (denominado 0002-0204-2021-000130) contiene análisis llevados a cabo por la asociación ambientalista marcillesa Alnus en cinco puntos del Barranco de la Valtraviesa. Dicha depresión orográfica nace en el Monte Plano de Tafalla y baja, de norte a sur, atravesando la Venta de San Miguel hasta adentrarse en las vegas de Caparroso y Marcilla, donde sus aguas se filtran en el freático, en la margen derecha del río Aragón. Algunas de las parcelas del barranco están arrendadas a la empresa Valle de Odieta. La media de las tres mediciones realizadas en cada lugar arroja datos que desaconsejan el consumo humano: 64, 65, 77, 110 y 220 miligramos de nitrato por litro (mg/l). La Organización Mundial de la Salud establece que el nivel máximo permitido en agua es de 50 mg/l. Estudios epidemiológicos internacionales aconsejan reducirlo a 10 mg/l. En cualquier caso, los valores inadecuados de nitrato desencadenan la producción de metahemoglobinemia, que en sintomatologías graves puede provocar arritmias, convulsiones, coma y hasta la muerte.

La respuesta oficial a estos análisis, sin firma de ninguna clase, pone en duda el procedimiento llevado a cabo, señalando que “en los trabajos de campo, la valoración del nivel de confianza en lo referente a la toma de muestras está condicionada por la habilidad y experiencia del muestreador, el uso de protocolos oficiales, y la acreditación conforme a la Norma UNE 17025 u otras normas internacionales equivalentes”. La respuesta gubernamental explica también que “los valores de los medidores portátiles deben considerarse únicamente orientativos, que la situación de contaminación es conocida por ese departamento y que, de hecho, el término municipal de Marcilla fue declarado zona vulnerable en la Orden Foral 247/2018 de la Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, lo cual supone que “se revisan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias”.

A continuación, la Consejería apunta que “este problema es complejo, debido a la mezcla de diferentes factores como la fertilización química de los campos, sobre la que no existe control, el efecto de las transformaciones agrarias en el entorno del canal de Navarra, la aplicación de purines y/o digestatos sobre el terreno, las variables condiciones hidrogeológicas del suelo, etcétera”. Y, más adelante, subraya que “el Departamento está evaluando cómo realizar una modelización de los mecanismos que tienen relevancia en la presencia de nitratos en las masas de agua de la zona, no sólo en Marcilla, y los diferentes pesos que tienen las diversas fuentes que aportan nitrógeno con el fin de establecer medidas adicionales para mejorar la situación”.

Las dudas sobre los impactos de la macrogranja no deben de ser pocas para el funcionario anónimo que ha redactado el informe cuando remata las conclusiones con esta observación: “Por último, sería recomendable que, ante esta situación, dada la incertidumbre de que los niveles de nitratos se reduzcan en breve plazo, ese Ayuntamiento hiciera uso de la opción de abastecimiento de agua de origen embalse de Itoiz, que tiene actualmente disponible, lo que redundaría en disponer de un agua con garantía de calidad a largo plazo”.

En resumen, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra recomienda al Ayuntamiento de Marcilla que se suministre agua de boca almacenada en el pantano de Itoiz, a setenta kilómetros de distancia y para la construcción de cuya presa se derribaron siete pueblos y se anegaron los valles del Irati y del Urrobi. Y cierra el asunto con un, “por todo lo expuesto anteriormente, procede finalizar el expediente y remitir al Ayuntamiento de Marcilla el informe para su conocimiento”.

“Algunas de las parcelas presentan valores de nitratos desaconsejados para el consumo humano, muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”

La asociación Alnus comunicó al Gobierno de Navarra unas medidas de 380 mg/l en un punto de escorrentía por riego de los campos de Villafranca, aguas abajo de Marcilla, pero no ha obtenido ninguna respuesta administrativa. Por su parte, la alcaldesa de Villafranca, María Carmen Segura Moreno, emitió un bando el pasado 6 de septiembre en el que “por motivos sanitarios se solicita a los vecinos de Villafranca que no consuman agua de la red hasta nuevo aviso”.

Consumo desaforado de agua

En abril de 2021, Urbizi, el organismo ecologista que promueve una nueva cultura el agua en Navarra, solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre la concesión de aguas a la macrogranja. En respuesta, recibió quince días después un documento, firmado por el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica el Ebro (CHE), en el que se informa de que existe un expediente de concesión de aguas que se encuentra en fase de tramitación y que la presidenta de la CHE ha emitido una resolución de concesión de aguas para usos ganaderos de 3.450 cabezas de ganado vacuno.

La granja tiene ahora más de 5.000 vacas lecheras, sin contar otras 2.000 novillas y terneros. Por tanto, la macrogranja de Caparroso está consumiendo mucha más agua de la permitida. En concreto, y desde 2009, toda la que no procediera del pozo de la Finca del Olmar, con capacidad de suministro para 320 vacas (si, tal y como parece, la CHE hubiera tramitado el permiso deprisa y corriendo tras la pregunta oficial del colectivo ecologista).

Ayudas públicas sin parar

El coste del proyecto global de la macrogranja y de la planta de biometanización colindante en la que se tratan los residuos de su vaquería, junto con 49 tipos de residuos industriales orgánicos de otras empresas (mataderos, lodos de depuradoras, quinto contenedor de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona…), ascendió a 16 millones de euros, de los que el Gobierno Foral ha aportado casi cuatro. Las últimas dotaciones han costado otros cuatro millones, de los que el Gobierno desembolsó 1,8 millones en ayudas a la inversión en explotaciones ganaderas. Con respecto a las subvenciones europeas de la Política Agraria Comunitaria, solo en el año 2019 la empresa Valle de Odieta recibió 341.983 euros. El sindicato EHNE ha denunciado que, considerando el importe unitario adjudicado a las zonas peninsulares que no son de montaña, en las que encajaría Caparroso, que supone 129 euros para las primeras 75 vacas y 64,5 euros para el resto, Valle de Odieta ha recibido ayudas correspondientes a 5.077 vacas. Sin embargo, ese año tan solo contaba con autorización para estabular 3.500 animales. Las ayudas millonarias ininterrumpidas a Valle de Odieta llegan de todo el escalafón administrativo.

La industrialización de la agricultura y la ganadería provoca grandes cambios ecológicos, económicos, sociales y culturales. Concentra la riqueza en pocas manos, produce residuos tóxicos de forma antinatural, desestructura el tejido social del campo y fomenta la desaparición de las pequeñas explotaciones familiares. La imparable desertización demográfica del mundo rural corre en paralelo a la puesta en marcha de macrogranjas, vertederos o pantanos. Y, por sorprendente que parezca, la respuesta de los poderes públicos cuando estas grandes empresas quebrantan la ley suele ser, por acción u omisión, un ejercicio de incompetencia, impotencia y connivencia.

“La macrogranja de Caparroso solo habría tenido permiso para consumir agua del pozo de la Finca del Olmar, con capacidad para 320 vacas”

Empresario de éxito

En sus orígenes, Valle de Odieta era una explotación familiar ganadera situada en el concejo de Ciáurriz, del municipio de Odieta, en el navarro Valle de Ulzama. Oficialmente, comenzó en 1950 su actividad ganadera. En 2002 se fusionó con Sociedad Agraria de Transformación Lantegi, manteniendo el domicilio fiscal, y en 2009 se trasladó a Caparroso para aumentar su capacidad de explotación. Actualmente es una sociedad cooperativa limitada en la que participan quince ganaderos.

Su máximo responsable, además de apoderado y socio, es Alberto Guerendiáin Azpíroz. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Guerendiáin, además de gerente en esta empresa, es administrador mancomunado en Roncalast, administrador solidario en las empresas La Quesería Vasca y en Solar Fotovoltaica Navarra, secretario, apoderado solidario y consejero en Olvega Lácteos Naturales, consejero en Tortillas a tu gusto, consejero delegado en Copos Ulzama, administrador único en Lechería Soriana y apoderado, consejero y presidente en Hibridación Termosolar Navarra. También es administrador solidario, representante y gestor en Saiona, empresa que pretende construir otra macrogranja de 23.500 vacas en Noviercas (Soria). La empresa compró 900 hectáreas para esta vaquería en la comarca del Moncayo en 2017 y pagó un 10% del valor. En aquel momento se comprometió a que al cabo de tres años abonaría el 90% a los 94 propietarios de los terrenos, o devolvería la tierra a los propietarios, cosa que no ha hecho. El tema está en los juzgados.

La empresa Saiona es también copropietaria de Aldanondo, el mayor fabricante de quesos con denominación de origen Idiazabal y propietario de marcas como Lana, El Pastor Vasco y La Quesería Vasca. Saiona fue noticia en los telediarios de agosto de 2018 por el incendio que arrasó su fábrica en Salvatierra-Agurain Poco después, la aseguradora italiana Generali denunció que no se trataba de un accidente y que los propietarios habían quemado su propia nave vertiendo gasolina comercial y acelerantes de combustión sobre una máquina barredora en carga para cobrar la póliza. El hecho de que el sistema contraincendios de las instalaciones y el mecanismo de aviso inmediato a los equipos de extinción estuvieran inutilizados avalarían la hipótesis de que se trato de un hecho no fortuito. La agencia de seguros, que en primera instancia fue condenada a pagar 29 de los 40 millones que le reclamaba Aldanondo tras el incendio, ha recurrido y el pleito sigue su curso. Los incendios, cuando son intencionados, tal y como afirma Generali, son una manera impecable de sanear balances contables.